Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 129238
En la ciudad de La Plata, a 16 de octubre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Pettigiani, Negri, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 129.238, "G., H. E. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 1.859 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Necochea".
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Necochea, mediante el pronunciamiento del 4 de mayo de 2017, hizo lugar al recurso de la especialidad interpuesto por la agente fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Azul contra la sentencia dictada por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1 departamental que había dictado veredicto absolutorio en el punto I respecto de H. E. G. en orden al delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Gustavo Galván, y había condenado al nombrado, en el apartado II, a la pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo y accesorias legales por resultar autor del delito de tentativa de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego en detrimento de Eduardo Araujo (arts. 41 bis, 42, 54 y 80 inc. 6, Cód. Penal). En consecuencia, revocó la sentencia aludida en lo concerniente al acontecimiento del que resultara víctima Gustavo Galván, por considerarlo coautor penalmente responsable de este suceso; y rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa del imputado, confirmando el veredicto en su punto II. De resultas, condenó, en definitiva, a G. a la pena de diez años de prisión y costas (arts. 1, 61 y concs., ley 13.634; 4, ley 22.278; 29 inc. 3, 40, 41, 42, 44, 45, 55, 56 segundo párrafo, 80 inc. 6, Cód. Penal; 210, 373, 440, 441, 530, CPP; v. fs. 595/608).
Frente a lo así decidido, la titular de la Defensoría Oficial n° 7 del Fuero de Responsabilidad Juvenil de Azul interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 617/642), que fue concedido a fs. 744/745 vta. por la Cámara recurrida.
Mediante sentencia del 13 de junio de 2018 esta Corte resolvió hacer extensivo al fuero de la especialidad, el criterio adoptado en la causa P. 108.199, "Carrascosa" (resol. de 24-VI-2015), en el cual a raíz de lo fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el expediente "Carrascosa, Carlos Alberto s/ recurso de casación", C.382.XLIX (sent. de 27-XI-2014), se decidió que una nueva Sala de la Cámara sea la que deba llevar a cabo la revisión integral de la primera sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Alzada (conf. causa P. 126.036-RC, resol. de 6-IV-2016).
Así se remitió la causa a la presidencia de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Necochea para que jueces hábiles que conformen la nueva Sala revisora -y de acuerdo con los lineamientos allí trazados- lleve a cabo a la brevedad el examen integral del tramo de la sentencia correspondiente al hecho del que resultó víctima Gustavo Galván merced a los agravios postulados y las reglas que la gobiernan (v. fs. 771/776).
En virtud de ello, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores, previa celebración de la audiencia prevista por el art. 60 de la ley 13.634 con el joven H. M. G. y su defensa (v. fs. 811 y vta.), mediante decisorio del 5 de diciembre de 2018, confirmó dicho fallo en cuanto dispuso condenar a H. E. G., en orden al delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, como coautor penalmente responsable por el hecho del que resultó víctima Gustavo Galván (arts. 45, 80 inc. 6, Cód. Penal y 373, CPP) y, en consecuencia, modificar la pena impuesta por la de diez años de prisión y costas (arts. 1, 61 y concs., ley 13.634; 4, ley 22.278; 29 inc. 3, 40, 41, 42, 44, 45, 55, 56 segundo párrafo, 80 inc. 6, Cód. Penal; 210, 373, 440, 441, 530, CPP; v. fs. 815/822).
Contra esta última decisión no interpuso ni el imputado ni la defensa recurso alguno.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 829/830 vta.), habiéndose, en su oportunidad, dictado la providencia de autos (v. fs. 764) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Contra el pronunciamiento del 4 de mayo de 2017 reseñado en los antecedentes se alzó la defensa oficial interponiendo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que planteó tres agravios.
I.1. En primer lugar denunció violación y errónea valoración de la prueba conforme lo dispuesto en los arts. 210, 373 y concordantes del Código Procesal Penal e inobservancia del art. 1 del mismo digesto (v. fs. 626). Reputó arbitraria la ponderación de la producida en el debate al dictar veredicto condenatorio en lo que respecta al imputado como coautor del delito de tentativa de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Eduardo Araujo en función del principio in dubio pro reo (v. fs. cit.).
En esa senda aludió a la nula apreciación que merecieron los testimonios brindados por los familiares de G. que -según entiende- sustentan la postura defensista, efectuando un recorte de la prueba testimonial (v. fs. 627/628).
Indicó que las conclusiones de las pericias de dermotest efectuadas en las manos de los intervinientes en el suceso, arrojaron resultado positivo en las de Araujo y Galván y negativo en las del imputado G..
En su opinión quedó acreditado que las víctimas esa noche estaban armadas y que Galván se hallaba en el domicilio de Araujo, que no hay certeza acerca de cómo sucedieron los hechos y, por ende. tampoco para acreditar la coautoría de G. en virtud del principio in dubio pro reo .
Alegó que la Cámara arribó a una conclusión sin motivar sus afirmaciones, dado que no explicitó la interpretación efectuada, ni el procedimiento lógico seguido. Solicitó se revoque la resolución atacada respecto del hecho que resultó víctima Araujo (identificado por la sentencia de grado como hecho I) y se absuelva a su pupilo (v. fs. 632 y vta.).
I.2. De seguido invocó errónea aplicación de los arts. 80 inc. 6 y 42 del Código Penal, por absurda valoración de la prueba producida durante el juicio y la incorporada por lectura, que conlleva al dictado de una sentencia arbitraria (v. fs. 632 vta. y 633).
Señaló que el a quo arribó a un veredicto condenatorio en virtud de no advertir motivo alguno con relación a la coautoría del encausado para concluir de manera distinta en los dos hechos respecto a su intervención. Ello, "...sin tener en cuenta que -más allá de la unidad de contexto temporoespacial en que ocurrieron los acontecimientos- se tratan de hechos distintos que deben ser probados con distintos elementos probatorios, o por lo menos, deben explicitarse las pruebas que específicamente valora para demostrar la imputación de este resultado mortal" (el destacado figura en el original; fs. 633 y vta.).
Alegó sobre la importancia de determinar de qué arma de fuego provino el disparo que alcanzó el cuerpo de Galván, lo que en su parecer, no se encuentra demostrado en autos, pues ninguna de las secuestradas en poder de los agresores disparó el proyectil que impactó sobre la cabeza del nombrado (v. fs. 634 y vta.).
Aseveró que Araujo ocultó información "...como es la circunstancia de que tanto él como Galván portaban armas de fuego y efectuaron disparos el día del hecho, descartándose inmediatamente de dichas armas (las cuales nunca pudieron ser peritadas)" (fs. 635).
Adunó que no se alcanzó convicción suficiente para imputarle objetivamente el resultado mortal como obra propia de H. E. G. ante la falta de acreditación de la trayectoria y la distancia del disparo, posición de la víctima Galván al momento del impacto; y el resultado negativo del dermotest efectuado en las manos del imputado (v. fs. 635 vta.).
Expresó que no resulta suficiente para atribuir la coautoría funcional la sola convergencia intencional, ya que debe probarse con certeza quien fue el autor material del disparo (v. fs. 636) y que, a todo evento, lo único que podría imputársele a su defendido es el delito de homicidio en riña o agresión.
I.3. Por último, denunció "...errónea aplicación del art. 4 de la ley 22.278 e inobservancia de los arts. 40.1 de la Convención de los Derechos del Niño, art. 1 de las Directrices de RIAD, art. 1 de las Reglas de Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad, art. 17.1 de las Reglas de Beijing" (fs. 636 vta.).
Luego de transcribir las previsiones de la normativa referida, explicó que la Cámara "....ha incurrido en un grave defecto de fundamentación ya que no se puede conocer cuál ha sido el juicio lógico seguido por los magistrados para revocar el veredicto absolutorio y modificar la pena impuesta por el tribunal de juicio, elevándola a 10 años de prisión, sin efectuar el correspondiente reenvío del expediente ante el órgano de juicio, a los fines de garantizar el contradictorio y debatir la necesidad de pena " (el destacado figura en el original; fs. 637). Así, estima que se determinó el nuevo quantum de pena vulnerando "...los principios de bilateralidad, discusión y contradicción, excediéndose [...] en sus facultades decisorias", lo que torna arbitrario el pronunciamiento (fs. 639).
Solicitó su revocación, y la absolución del imputado respecto del delito de homicidio agravado en perjuicio de Gustavo Galván en resguardo de las garantías constitucionales que se denuncian vulneradas (v. fs. 641 vta. y 642).
Subsidiariamente, peticionó se anule parcialmente la sentencia en crisis y se devuelva "...para el tratamiento de las cuestiones respecto de las cuales la ley le confiere competencia, conformando a tales fines, el tribunal a quo por jueces hábiles" (fs. 642 cit.).
II. El señor Procurador General dictaminó a fs. 758/763 vta. y posteriormente a fs. 829/830 vta. donde consideró que los agravios relativos al suceso en el que resultó víctima Gustavo Galván han perdido virtualidad (v. fs. 830).
III.1. Preliminarmente, cabe aclarar que en la sentencia dictada por el Tribunal de Responsabilidad Juvenil n° 1 de Azul se identificó al suceso del que resultó víctima Eduardo Araujo como hecho I y al acontecimiento que implicó la muerte de Gustavo Galván como hecho II (v. fs. 643/644), mientras que la Cámara de Apelación y Garantías de Necochea invirtió -en el dispositivo de su fallo- el orden de la numeración (v. fs. 595/608), es decir, consideró como hecho I al suceso en que resultó muerto Galván, yerro que fue arrastrado por este Tribunal (v. fs. 771/776), suceso este que, por decisión de esta Corte, fue revisado por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores (v. fs. 815/822).
III.2. Esclarecido ello, corresponde recordar que ante la vía recursiva extraordinaria deducida contra el primer pronunciamiento de condena, esta Corte juzgó su admisibilidad en términos de garantizar la amplitud revisora que reclama el derecho a la doble instancia judicial consagrado en el bloque de constitucionalidad vigente (v. sentencia de fs. 771/776). Así, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores en cumplimiento de lo establecido (v. fs. 815/822) dictó sentencia (v. fs. cits.), que no mereció ninguna impugnación por las partes (v. notificaciones de fs. 823/826 vta.).
Por ello, los planteos traídos a esta instancia referentes al fallecimiento de Gustavo Galván, que fueron abordados por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores en su tarea revisora (v. fs. 815/822) han perdido virtualidad toda vez que, con posterioridad a la sentencia allí impugnada se dictó nuevo pronunciamiento judicial modificando el cuadro de situación jurídica del accionante.
Lo mismo sucede con los planteos referidos a la errónea aplicación del art. 4 de la ley 22.278, arbitrariedad de la sentencia al determinar el quantum punitivo de la pena en contradicción con los principios de bilateralidad, discusión y contradicción, toda vez que no ha sido impugnado el fallo supra citado (v. especialmente fs. 821 vta. y 822).
En tales condiciones, corresponde declarar abstracto el tratamiento del tramo del recurso extraordinario interpuesto contra un pronunciamiento dictado con anterioridad por la Cámara citada, en tanto los fallos deben atender a las condiciones existentes al momento en que se los dicta (conf. doctr. art. 488, CPP; Ac. 99.581, sent. de 7-II-2007; Ac. 96.013, sent. de 6-II-2008; Ac. 102.372, sent. de 16-IV-2008; Ac. 97.456, sent. de 27-VIII-2008; entre muchos otros).
IV. Sentado ello, coincido con la Procuración General en cuanto aconsejó rechazar la queja deducida en lo que respecta a los agravios que involucran el hecho del que resultó víctima Eduardo Araujo (v. fs. 758/763 vta. y su remisión en el dictamen de fs. 829/830 vta.).
IV.1. Como hecho I el tribunal de origen tuvo por probado que "...el día 13 de febrero de 2014 entre las 22:50 y las 23:45, al menos cinco personas, una de ellas de sexo masculino menor de edad, quienes previamente se habían puesto de acuerdo para ello, y repartiéndose tareas en un plan conjunto pergeñado durante el trascurso de ese día y motivado por una venta de la vivienda sita en calle 11 N° 4330 de la ciudad de Olavarría, en cuyas inmediaciones se hicieron presentes, lugar en que se hallaban Gustavo Galván y Eduardo Araujo en su interior. Que al advertir que ladraban los perros, Eduardo Araujo salió al exterior de la vivienda, momento en el cual observó que el grupo de personas mencionado pasaban caminando por su domicilio circunstancia en la que una de las personas mayores de edad efectuó un disparo con una escopeta tipo pistolón en la cabeza de Eduardo Araujo, causándole herida de arma de fuego en macizo facial, lesión ella de carácter grave. Que inmediatamente después de ello la persona menor de edad junto con dos de las personas de sexo masculino mayores de edad (siendo uno el que le había efectuado el disparo a Araujo), siempre en cumplimiento del acuerdo previo y todos portando armas de fuego sin contar con la debida autorización para ello, efectuaron de manera conjunta y coordinada múltiples disparos, desde las distintas posiciones en las que se encontraban, con las armas de fuego que portaban, contra Gustavo Galván y contra Eduardo Araujo quienes se encontraban en el exterior del domicilio mencionado y con la finalidad de quitarles la vida, impactando un segundo disparo en el muslo derecho de Eduardo Araujo causándole una herida en cara anterior de 1/3 medio y otra en 1/3 superior cara interna, lesiones de carácter graves".
A su vez tuvo por acreditado como hecho II, que en el mismo contexto temporo-espacial en que acaeció el hecho anteriormente descripto, resultó la muerte de Gustavo Galván por herida de arma de fuego en zonas vitales que provocaron su deceso (v. fs. 434/435), sobre el que -como se anticipara- no corresponde expedirse.
IV.2. Ante los planteos llevados por la defensa del imputado, la Cámara de Necochea resaltó que no estando cuestionado por el apelante la existencia del hecho en su materialidad "...con relación a la autoría penalmente responsable la encuentro acreditada por las siguientes pruebas: declaraciones testimoniales de Guillermina Galván, Fabiana Galván, Marta Beatriz Jara, Eduardo Araujo, Carlos F. Urzanqui, Mónica Luján Jimpson, Elsa Susana Espinoza, Barbara Mariana Lora, Gastón Fabrizio Acosta, María Cristina Bertulo, Héctor Daniel Martín, empleados policiales Adrián Cruz, Julio Enrique Landoni, Luis Roberto Albertario, Juan Alberto García, José Ignacio Hoffer y de Néstor Rogelio Ordoqui" (fs. 597). Tuvo especial consideración de los dichos de Elsa Susana Espinoza, por ser coincidentes con las manifestaciones vertidas por Lora y Galván en relación con la participación activa del imputado en las "...peleas, amenazas, discusiones previas y corridas", habiendo "...puntualizado las dos primeras haber visto a E. G. participar de todas ellas en forma activa" (fs. cit. y vta.). También ponderó los dichos de Bárbara Mariana Lora, Marta Beatriz Jara y Guillermina y Fabiana Galván quienes respecto al hecho que nos ocupa afirmaron "...haber visto a H. E. G. y [a] otras personas disparando con dirección a la casa donde se encontraban las víctimas de autos"; de la testigo Espinoza corroborando estas expresiones, del Teniente Julio Enrique Landoni quien manifestó en el debate que al llegar al lugar del hecho los vecinos le indicaron como uno de sus autores al ahora imputado lo que resulta coincidente con las declaraciones de los empleados policiales Albertario, García, Borgui, Hoffer y Ordoqui (v. fs. 597 vta.).
Aseveró que la cantidad de testigos que dicen haber observado a G. formar parte del grupo de personas que agredió a las víctimas y el haberlo visto empuñando un arma "...le quita relevancia al dermotest negativo, cuyo resultado puede deberse a múltiples circunstancias" (fs. 598). Aditó que el conocimiento de "...los motivos reales por los cuales se pedía la devolución de (la) vivienda" alegado por la defensa "...no es un elemento que descarte la coautoría de G. en el hecho consistente en integrar un grupo de agresores que dispararon contra las víctimas" (fs. 598 vta.).
Coincidió con el tribunal de origen en la existencia de coautoría por dominio funcional ya que "...los individuos que actuaron en el hecho lo hicieron con conocimiento de la acción que emprendían asumiendo cada uno una parte del plan existiendo una decisión mancomunada de realizar la conducta típica..." (fs. 599).
Exteriorizó que con el cuadro probatorio reunido y analizados sus extremos, el accionar del imputado encuadraba en los arts. 42 y 80 inc. 6 del Código Penal (arts. 210 y 373, CPP; v. fs. cit.).
Explicó que el indicado como hecho I debe tomarse como una unidad, "...y en el mismo se describe que las personas efectuaron de manera conjunta y coordinada múltiples disparos uno de los cuales le causó una herida en el muslo derecho a la misma víctima" (fs. 599 vta.).
Afirmó que del cuadro probatorio resulta que varias personas dispararon con armas de fuego contra otras, "...en el caso que nos ocupa sobre la humanidad de Araujo impactando primero un disparo en su cara y después otro en su muslo" (fs. cit.); y que si al describir el suceso se hace mención a un primer disparo y luego a los demás "...debe entenderse como la dificultad existente en [...] traducir hechos en palabras sin que quepa darle a ello una importancia decisiva para resolver la cuestión" (fs. cit.).
Reputó relevante que no existió entre ese primer disparo que impactó en la cara de Araujo y los demás, uno de los cuales impactó en su muslo, una separación en el tiempo que haga sostener la existencia de dos hechos distintos, que de ser así deberían calificarse este hecho 1 como tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y el segundo como tentativa de homicidio agravado por el concurso de dos o más personas y por el uso de arma de fuego, en concurso real, lo que a contrario del interés del recurrente agravaría aún más la situación del imputado (v. fs. 600).
Finalmente destacó que el encuadre legal y la intención homicida se establecen "...de la corta distancia a la que se efectuó el disparo que impactó en Araujo y el lugar donde se le causó la herida, su cara un lugar vital en tanto forma parte de la cabeza, además de los disparos que [le] causaron lesiones...", siendo que no fueron los únicos efectuados (fs. cit.). Aseveró que el resultado del suceso que culminó con el deceso de Galván, que se produjo en las mismas circunstancias de lugar y tiempo demuestran la intencionalidad homicida del evento en el que resultó víctima Araujo (v. fs. ci
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