Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131367
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 11 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Pettigiani, Negri, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.367, "Olivera Escalante, Nicolás Orlando s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 87.320 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV".
La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 13 de marzo de 2018, rechazó el recurso homónimo deducido por la defensa oficial de Nicolás Orlando Olivera Escalante contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata que lo condenó a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas, declarándolo reincidente, como autor del delito de homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa.
El señor defensor oficial adjunto ante esa instancia -doctor Nicolás Agustín Blanco- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 67/77 vta.), el que fue concedido por el órgano inferior (v. fs. 82/83).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 88/92), dictada la providencia de autos (v. fs. 93), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Contra la sentencia de la que dan cuenta los antecedentes, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que invocó como único agravio la errónea aplicación del art. 80 inc. 1 del Código Penal, así como la violación a los principios de legalidad y máxima taxatividad de la ley penal (v. fs. 69/77).
Básicamente sostuvo que, en el caso, no se había configurado entre víctima e imputado una "...relación de pareja", ello a fin de aplicar correctamente la figura agravada (art. 80 inc. 1, Cód. Penal, ley 26.791).
Indicó que esa defensa había planteado ante la instancia casatoria acotar el alcance de aquella expresión, argumentando que debía recurrirse para ello a las prescripciones del Código Civil, sin embargo el tribunal a quo se desentendió del reclamo sin brindar una respuesta adecuada, lo que atentó -a su entender- contra la seguridad jurídica y el principio nullum crimen sine lege certa , además de resultar arbitraria (v. fs. 69 vta. y 70).
En sustento de su postura citó un precedente de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional (causa 38.194/2103/TO1/CNC1 "E., D. S/ Recurso de Casación"), en la cual se sostuvo que resulta "... una necesidad que se apoya en el mandato de certeza que surge del nullum crimen sine lege (art. 18, CN), alcanzar una definición de 'relación de pareja' que supere la multiplicidad de vínculos a los que se podría estar haciendo referencia. Hablar de pareja, de manera global e indeterminada, afecta el principio de máxima taxatividad legal, y puede permitir ampliar o reducir la gama de situaciones incluidas en la agravante, de acuerdo a la interpretación que los juzgadores efectúen a partir de su propia valoración cultural" (fs. 70 vta.; el destacado figura en el original).
Seguidamente, razonó en torno a la "relación de pareja" y dijo que "...hace alusión a los vínculos reglados en el art. 509 y ss. del CCyC, y que la norma penal alcanza incluso a aquellas relaciones que hubieran cesado, pero siempre y cuando en algún momento hayan reunido los elementos necesarios como para poder constituirse en una unión convivencial". Aclaró que ello no implicaba que "...el homicidio del novio/a ocasional quedará impune, porque le corresponderá la pena del homicidio simple de 8 a 25 años de prisión o, incluso, de darse las características del caso, la agravante introducida por la misma reforma en el inciso 11 del art. 80, CP, pero no se aplicará la agravante por 'la condición de pareja' en casos donde ella no llegó a consolidarse en la forma que lo establece el Derecho Civil para generar obligaciones y derechos entre los que la integran" (fs. 74 vta. y 75).
Afirmó que "...sólo podremos hablar de 'relación de pareja', actual o pasada, a los fines previstos por el inc. 1ro del art. 80, CP, cuando entre víctima y victimario exista o haya existido un vínculo afectivo de carácter singular, público, notorio, estable y permanente, en el que mediare o hubiese mediado convivencia. Y además, de acuerdo a lo previsto por el art. 510 del CCyC, esa convivencia tiene que mantenerse por un período no inferior a dos años, siendo también exigible que los integrantes de la pareja sean mayores de edad", y refiriéndose al caso en concreto la relación vincular que mantuvieron C. y Olivera Escalante no llegó a constituir una "unión convivencial" en el sentido antes indicado (v. fs. 76 y vta.).
Por todo lo dicho, solicitó que se declare erróneamente aplicada la norma y se encuadre la conducta de su pupilo en los términos de los arts. 42 y 79 del Código Penal (v. fs. 77).
II. Siguiendo el dictamen del señor Procurador General (v. fs. 88/92), considero que el recurso extraordinario en estudio debe rechazarse.
III.1.a. El tribunal del juicio tuvo por acreditado que el día 7 de mayo de 2016, siendo aproximadamente las 5:00 hs., el aquí imputado se hizo presente en la vivienda de residencia de la señora J. D. C., quien había sido su pareja y con la evidente intención de darle muerte a aquella, mediante la utilización de tres bombas del tipo molotov, y tras referirle "...te voy a matar", las arrojó al interior de la vivienda provocándole quemaduras de segundo grado en ambas piernas, pestañas y rostro, no consiguiendo en definitiva consumar su designio criminal por razones ajenas a su voluntad (v. fs. 8 y vta.).
El hecho fue calificado como homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa (art. 80 inc. 1 con relación al 42, Cód. Penal).
En el abordaje de la acreditación de la agravante aplicada, el doctor Carnevale -quién votó en primer término- sostuvo que "...se trató de una relación de pareja que se fue formando durante más de dos años mediante comunicaciones por mensajes y telefónicamente y que en un momento determinado se concretó presencialmente hasta manteniendo relaciones sexuales en el ámbito carcelario, sobre todo cuando la víctima no mantenía otra relación con ninguna otra persona más que con Olivera" (fs. 13).
Refirió que ese vínculo era conocido por el entorno de la víctima, que "...era una relación afectiva, de mutua satisfacción, confianza y compromiso que excedió los límites de la intimidad tomando un estado público y notorio (lógicamente dentro del ámbito donde pudieron hacerlo), existiendo un certificado de convivencia (al que hoy se lo pretende vincular exclusivamente al ámbito sexual) y hasta hubo una propuesta del encausado de irse a vivir con la víctima, la que no se concretó por los tres hijos menores de C." (fs. 13 y vta.). Concluyó que, en ese contexto, no corresponde negar la existencia de tal relación de pareja "...más aún cuando la negativa de la víctima a volver a estar con Olivera fue el desencadenante del suceso que hoy se está juzgando" (fs. 13 vta.).
III.1.b. En el recurso de casación la defensa de Olivera -en lo que aquí importa- denunció la errónea aplicación de los arts. 42 y 80 inc. 1 del Código Penal, la inobservancia del art. 79 del mismo plexo normativo y absurdo en la valoración de la prueba sobre el vínculo de pareja (v. fs. 23 vta./34 vta.).
III.1.c. El tribunal a quo abordó tales planteos y los descartó.
Sostuvo que el órgano de juicio "...acreditó la relación de pareja existente entre Nicolás Olivera Escalante y J. C., no solo apoyándose en los dichos de la víctima, sino también sobre la base de la declaración testimonial brindada por María de los Ángeles Barone, quien contundentemente dio cuenta de dicho vínculo" (fs. 55).
Recordó que la víctima y el imputado "...comenzaron su relación mediante comunicaciones telefónicas y el intercambio de mensajes, para luego concretar el vínculo -el cual duró cinco años aproximadamente- con encuentros sexuales en el ámbito penitenciario", siendo esa relación conocida por el entorno de la víctima, a lo que debe añadirse el referido certificado de convivencia y la propuesta del encartado para su materialización (v. fs. 55 vta.). De igual modo, coincidió con el órgano de juicio en que "...la negativa de la víctima de volver a estar con Olivera fue el desencadenante del suceso materia de juzgamiento, lo cual resulta ser un indicador más que abona el temperamento asumido en la instancia" (fs. cit.).
Se refirió luego a la supuesta superposición temporal entre el lazo que unía a la damnificada con Olivera y la relación que ésta mantenía con C. C. -padre de sus tres hijos-; y estimó que "...no es más que una elucubración ensayada por el impugnante, sin correlato probatorio con las constancias de la causa" (ibíd.).
Con relación a la calificante aplicada, expresó que "...corresponde intentar definir el concepto de 'pareja' consignado en la manda de cita", en razón de advertirse que la fórmula empleada resulta excesivamente amplia e indeterminada, correspondiendo a los jueces una interpretación respetuosa de la taxatividad (v. fs. 56).
En este intento por precisar los alcances del precepto legal en cuestión, consideró que "...las relaciones humanas signadas por el afecto y el amor se estructuran en un sistema escalonado de categorías o fases por las que transitan dos seres humanos que se encuentran en esa situación, donde van aumentando las perspectivas de vida en común. Cuando dos personas se conocen y nace entre ellos el afecto de neto corte amoroso, comienza un primer estadío como lo es la 'pareja' o 'noviazgo', que luego puede avanzar a una 'unión convivencial' o bien traslucirse en un 'matrimonio' [...], los dos últimos tienen reconocimiento en la ley (art. 509 citado y en el Libro Segundo, Título I respectivamente) mientras que el restante concepto debemos labrarlo, por lo menos, en lo que en materia penal compete" (fs. cit.).
Agregó que aun cuando no estamos ni en presencia de un matrimonio ni de las "uniones convivenciales" consagradas en el art. 509 del Código Civil y Comercial de la Nación que las define como aquella "... unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida en común, sean del mismo o de diferente sexo ", ese texto transcripto "...nos da algunas pautas a tener en cuenta a la hora de definir los alcances de la 'pareja' objeto de la tutela de la norma penal" (fs. 56 vta.). Aclaró que como punto de partida deberá tratarse de "...una relación signada por el afecto entre dos personas, que puede o no presuponer convivencia o vida en común [...] conteniendo las notas que distinguen a una pareja como lo es el vínculo sentimental que es común a sus integrantes y que apunta a un proyecto común. Esto no quiere decir que esa proyección implique algún tipo de construcción de una familia o un hogar, más sí el sostenimiento de la relación amorosa compartiendo momentos y circunstancias de la vida misma como integrantes de ese conjunto de personas". Desde tal perspectiva señaló que el término "pareja" empleado en la figura penal sirve para distinguirlo de otras relaciones construidas desde el afecto, como puede ser la "amistad" (v. fs. cit.).
Añadió que debía sumarse a esa relación el carácter de notoriedad, cierta estabilidad y permanencia; tener trato propio de un verdadero vínculo afectivo entre dos personas que se comportan como pareja, presentándose así en público. En esa línea prosiguió que no debe tratarse "...de una unión casual resultando que debe sostenerse en el tiempo, más la intensidad del vínculo puede demostrar el 'affectio' que resulte comprendido dentro de una 'pareja' alcanzada por el tipo penal en trato. Finalmente la estabilidad relativa nos habla de cierta continuidad en el sostenimiento del vínculo, más allá de los alejamientos temporales por divergencias en la pareja..." (fs. 56 vta. y 57).
Por último, señaló además que "...estos caracteres obedecen a la necesidad de prueba de este tipo de relación informal. Es que, a diferencia del matrimonio (motivo de alcance expreso de la agravante contenida en el inciso 1 del art. 80 del Código Penal desde antaño) que se instituye a partir del hecho formal de su celebración (es decir, posee fecha cierta y documentos que lo avalan), la pareja y la unión convivencial no requieren formalidad alguna; por tanto; siendo un hecho netamente fáctico, requiere de elementos objetivos para su constitución, como ser la notoriedad y la relación pública [...] las parejas no requieren la diversidad sexual de sus miembros, lo cual va en sintonía con el avance legislativo en materia de igualdad y no discriminación instaurado con la sanción de la ley 26.618, y en consonancia con el principio de no regresividad en materia de derechos humanos" (fs. 57).
Así, sostuvo "...que las conclusiones de la sentencia impugnada se basaron en un lógico razonamiento que no presenta fisura alguna de prueba pertinente, seria, decisiva y convincente, luciendo el reclamo insuficiente", por lo cual debía ser confirmada (v. fs. 58).
III.2. De la reseña transcripta, se puede colegir que el recurrente no rebate eficazmente los argumentos que brindara la casación al desestimar análogas críticas a las aquí formuladas, adoleciendo su recurso de insuficiencia (art. 495, CPP).
III.3. El tribunal intermedio coincidió con el órgano de juicio en cuanto se tuvo por acreditada la relación de pareja existente entre la damnificada y el imputado; en que la negativa de la víctima de volver con Olivera fue el desencadenante del hecho. Luego precisó en extenso el alcance del precepto legal de "pareja" puesto en discusión y lo diferenció del de "uniones convivenciales" que establece el art. 509 del Código Civil.
Recordemos que la hipótesis del recurrente estuvo centrada en la demostración que entre víctima e imputado no existió una "relación de pareja" acorde al sentido de la figura agravada, achacándole al tribunal revisor falta de delimitación en su alcance (v. fs. 70), cuando esa cuestión fue zanjada por el a quo al resaltar las diferencias entre uno y otro concepto, acotando de ese modo la objetada imprecisión de la norma.
Frente a ello, la parte no se encarga de controvertir dichos argumentos y se limita a oponer su posición personal y discrepante con lo decidido, sin lograr demostrar que el modo en que resolvió el a quo a tenor de las circunstancias concretas del caso haya sido arbitrario o hubiese vulnerado alguno de los principios que estimó conculcados (arg. art. 495, CPP).
La delimitación que pretende la parte del alcance del término "relación de pareja", merced a su remisión al art. 509 del Código Civil y Comercial de la Nación, que regula las "uniones convivenciales", no parece una hermenéutica sostenible, porque se desentiende que esa "unión" del derecho privado expresamente establece como uno de los requisitos de esa institución legal, la "convivencia" entre sus integrantes (en cuanto la define como la "...unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo"); en tanto la "relación de pareja" que mantiene o ha mantenido el autor, a la que alude el Código Penal -y tal como se desprende de los fundamentos de la ley 26.791 que dispuso el nuevo texto del actual art. 80 inc. 1 del Código Penal- al regular la agravante en cuestión específicamente expresa que no depende de que, entre ellos "medie o haya mediado convivencia".
Quien aquí recurre no aporta ninguna explicación que permita superar ese matiz diferencial a efectos de limitar el alcance del texto penal al del régimen civil, en virtud de las diferentes situaciones que se pretenden legislar y proteger (conf. causa P. 128.437, sent. de 8-VIII-2018).
III.4. Por lo demás, cabe recordar que la cita de fallos de otros tribunales (v. fs. 73/74 vta.) no constituye la "doctrina legal" a la que alude el art. 494 del Código Procesal de la materia (conf., por todas, causa P. 128.437, cit.).
IV. Finalmente, cabe decir que con lo resuelto precedentemente, quedó implícitamente descartado el pedido de la defensa de encuadrar la conducta de su pupilo en los términos de los arts. 42 y 79 del Código Penal (v. fs. 77).
Por lo expuesto, voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Pettigiani, Negri y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia