Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 132753
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en causa P. 132.753, "Moretti, Alejandra Marcela -Fiscal Adjunta ante el Tribunal de Casación Penal- s/ Recurso extraordinario de inconstitucionalidad en causa 86.552 del Tribunal de Casación Penal seguida a Imas, Lucas Matías" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, el 7 de junio de 2018, rechazó el recurso de la especialidad presentado por el Ministerio Público Fiscal contra la sentencia de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín que revocó la declaración de inconstitucionalidad del art. 41 bis de la ley 12.256 (v. fs. 81/85 vta.).
Contra lo así decidido, la señora fiscal adjunta ante la aludida instancia, doctora Alejandra Marcela Moretti, el 23 de agosto de 2018, presentó recursos extraordinarios de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 66/70 y 74/77 vta.).
El Tribunal de Alzada, el 3 de febrero de 2019, por un lado, admitió el carril extraordinario de inconstitucionalidad por considerar cumplidos los recaudos del art. 489 del Código Procesal Penal en tanto se confrontó el citado art. 41 bis con los arts. 1, 3, 45 y 14 inc. 4 de la Constitución provincial. Por otra parte, desestimó la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley (v. fs. 81/85 vta.).
El Ministerio Público Fiscal dedujo queja (v. fs. 124/127).
Esta Corte, el 16 de octubre de 2019 -en legajo P. 132.161, acollarado al presente-, hizo lugar a la queja y concedió la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley. Pues, estimó, que las cuestiones federales aducidas (legalidad de las penas, distribución de las atribuciones entre la Nación y las provincias, arbitrariedad y debido proceso; conf. arts. 16, 18 y 75 inc. 22, Const. nac.) se plantearon con la suficiencia y la carga técnica necesarias para superar la etapa de admisibilidad (v. fs. 129/131).
La Procuración General, cumplida la certificación sobre el estado actual que reclamó (v. fs. 135/139 y 146, 148/152), dictaminó que no correspondía adentrarse al tratamiento de los referidos recursos extraordinarios, por carecer de virtualidad (v. 155/156 vta.).
La señora defensora adjunta a cargo interinamente de la Defensoría de Casación Penal, doctora Ana Julia Biasotti, al presentar el memorial respectivo, también coincidió en que debían declararse abstractos (conf. art. 488, CPP; v. fs. 161).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª ¿Deben declararse desistidos los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley interpuestos por la señora fiscal ante el Tribunal de Casación Penal?
Caso negativo:
2ª ¿Son fundados los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctora Soria dijo:
I. Previo a resolver, es preciso una breve reseña de los antecedentes del caso.
Según surge de las piezas del legajo casatorio reconstruido, el 25 de agosto de 2016, se practicó cómputo de pena respecto de la condena a siete años de prisión, accesorias legales y costas oportunamente impuesta a Lucas Matías Imas en el que se estableció que su vencimiento operará el 4 de julio de 2020 y la caducidad registral el día 4 de julio de 2030 (v. fs. 15/16).
Ante un pedido de la defensa oficial de aplicar el régimen de "estimulo educativo" (cuyo requerimiento no obra en el legajo reconstituido), el Juzgado de Ejecución n° 2 de San Martin, con fecha 31 de mayo de 2017, luego de aclarar que en la ejecución de la pena en el ámbito de la provincia de Buenos Aires debe aplicarse la ley 12.256 por ser materia no delegada a la Nación, declaró la inconstitucionalidad del art. 41 bis del citado cuerpo normativo (conf. arts. 3, 45 y 144, Const. prov.; 1, 31, 99 inc. 5 y 75 inc. 22, Const. nac.).
Luego, ante el acogimiento del recurso de la defensa, el 13 de julio de 2017, la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín, revocó la referida declaración de inconstitucionalidad (v. fs. 23/26), lo cual motivó la articulación por parte de la fiscalía del recurso casatorio (v. fs. 30/31 y 44/49 vta.), rechazado por el a quo , según lo reseñado en los antecedentes.
En dicha decisión, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal al confirmar la constitucionalidad del art. 41 bis de la ley 12.256 en disputa, aclaró que la pena que alcanza autoridad de cosa juzgada es inalterable, permitiendo el "régimen de recompensas", a la luz de lo establecido en la ley 24.660, modificaciones en la modalidad de su cumplimiento, como verbigracia, la incorporación anticipada a los distintos institutos que ofrece el tratamiento penitenciario (v. fs. 54/62).
II. En los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley concedidos, el Ministerio Público Fiscal insistió en la inconstitucionalidad de ese precepto de la ley de ejecución penal provincial.
En la vía prevista en el art. 489 del Código Procesal Penal, confrontó dicha norma con los arts. 1, 3, 45 y 144 inc. 4 de la Constitución provincial (v. fs. 66/70). Mientras que en el carril gobernado por las reglas del art. 494 del mismo ritual, denunció arbitrariedad, y merced a los aludidos motivos de pretensa índole federal, reclamó por la tantas veces referida declaración de inconstitucionalidad de aquel dispositivo (conf. arts. 16 y 18, Const. nac. -v. fs. 74/77 vta.-).
III. Tras la primera vista conferida a la Procuración General, en la cual solicitó la suspensión del trámite del expediente y la certificación de la situación de Imas por considerar que el pedido del "estímulo educativo" se vinculaba con una libertad anticipada (v. fs. 135/138), el Juzgado de Ejecución Penal n° 2 de San Martín informó que el 6 de junio de 2019 se le había concedido al causante la libertad condicional y que durante el trámite impugnativo de dicha decisión (la Cámara la revocó y la defensa presentó recurso de casación), con fecha 4 de julio de 2020, había indefectiblemente operado el vencimiento de la pena (v. fs. 146/152).
Corrido nuevo traslado en los términos del art. 487 del Código Procesal Penal, el señor Procurador General manifestó que "...en vista de que el pedido de estímulo educativo se encontraba vinculado a una petición de libertad es que el agravio presentado originariamente se vuelve abstracto en virtud de que la pena se ha agotado". En función de ello, dictaminó que esta Corte debía "...declarar abstractos los recursos extraordinarios presentados por la Fiscal Adjunta ante el Tribunal de Casación Penal" (fs. cit.).
IV. Sentado ello, tal lo señalado en la causa P. 84.702 (sent. de 29-III-2006) y reiterado en pronunciamientos posteriores (ver P. 88.980, sent. de 8-III-2007; P. 99.516, sent. de 15-X-2008; P. 105.957, sent. de 30-III-2011; e.o.), a tenor de las normas relativas a la actuación del señor Procurador General en el trámite de los recursos extraordinarios ante esta Corte -art. 487, Código Procesal Penal, según ley 11.922 y sus modificatorias-, en materia penal y en cuanto actúa en cabeza del cuerpo de fiscales, según se encuentra discernida en el art. 21 inc. 8 de la actual ley 14.442, su intervención se endereza a: "...Sostener los recursos interpuestos por el Ministerio Público Fiscal o desistir de ellos mediante dictamen fundado, y recurrir y actuar ante los tribunales superiores cuando lo estime pertinente". Ello, en virtud del valor primordial asignado a la función requirente, en la que prevalece el principio "acusatorio" y el de "unidad" del Ministerio Público (art. 3, ley cit.).
En ese entendimiento, frente a un recurso fiscal, el superior, en el caso el señor Procurador General ante la Suprema Corte, debe expedirse sobre si: 1) lo sostiene (pudiendo incluso mejorarlo), abriéndose recién allí la jurisdicción del Tribunal; o, 2) lo desiste, mediante dictamen fundado, obturando la posibilidad revisora.
Como se expuso en tales precedentes, ese desistimiento puede tener lugar obviamente cuando el Procurador así lo indica de manera clara y expresa, pero también cuando de los fundamentos del dictamen resulta inequívocamente que aquel de ningún modo sostiene o defiende total o parcialmente la pretensión impugnativa del representante de la vindicta pública.
En líneas generales y salvando las especificidades de cada régimen, siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ello es así porque al no acompañar la Procuración al fiscal recurrente, "desapodera" al tribunal de toda jurisdicción sobre el caso (Fallos 317:372). Y ello debe reputarse con tal alcance no solo cuando hubiera formulado una explícita indicación de desistimiento o no acompañamiento de la vía emprendida (conf. Fallos 238:586; 295:107; 7317:372 cit.; 323:176; 323:423, entre otros), sino además cuando esa voluntad era asequible merced al propio contenido del dictamen, verbigracia: porque "...la manifestación del Procurador General de no adherirse al recurso deducido por el Procurador Fiscal, importa un desistimiento por parte del fisco" (Fallos 28:170 [1885])? también, cuando había expresado "...que se abstiene de sustentarlo" (Fallos 186:445); o "...sostiene la improcedencia" del recurso interpuesto por el Fiscal de Cámara (Fallos 202:156; 207:152); igualmente, cuando hubiere expresado que "...no encuentra motivos jurídicos que permitan sustentar la doctrina desarrollada por el apelante" (Fallos 202:48); o porque derechamente expresa que "...no habr[á] de mantener[lo]" (Fallos 325:499). Y, en lo que aquí importa, de igual modo, si, quien debe sostener el recurso fiscal, en lugar de eso estima que "...carece de objeto porque cualquier pronunciamiento al respecto sería abstracto" -en esa ocasión, "...por hallarse el interesado fuera de la jurisdicción nacional"- (Fallos 209:239).
V. Por todo lo expuesto, en función de lo dictaminado por el señor Procurador General en cuanto considera que los recursos carecen de virtualidad por no existir interés actual (v. fs. 155/156), deben tenerse por desistidos ambos carriles extraordinarios, quedando, por ende, esta Suprema Corte sin jurisdicción (conf. arts. 21 inc. 8, ley 14.442 y 487, CPP; conf. mutatis mutandi P. 84.702, sent. de 29-III-2006; P. 88.980, sent. de 8-III-2007; P. 99.516, sent. de 15-X-2008 y P. 105.957, sent. de 30-III-2011).
Voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos que el señor Juez doctor Soria votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Atento el modo en que ha quedado resuelta la cuestión anterior, no corresponde abordar el tratamiento de la presente.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos que el señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión en igual sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se tienen por desistidos los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley interpuesto por la señora Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal (arts. 487 seg. párrafo, CPP y 21 inc. 8, ley 14.442).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/06/2021 10:11:49 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2021 10:14:15 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/06/2021 10:57:50 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2021 12:08:52 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2021 12:14:48 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia