Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 133318
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.318-RC, "Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires s/ Recurso de Inconstitucionalidad en Expte. N° 492/18 seguido a López Muro, Jaime Oscar y Sosa Aubone, Ricardo Daniel", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Torres, de Lázzari.
Por resolución del 5 de septiembre de 2019, el Presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios dispuso el cierre y archivo de estos actuados (v. fs. 96/97 vta.).
Contra lo decidido, el denunciante interpuso recurso extraordinario de inconstitucionalidad (v. fs. 102/117 vta.), que fue concedido por auto de fecha 1 de noviembre de 2019.
A fs. 136/146 ha dictaminado el señor Procurador General, se ha dictado la providencia de autos con fecha 1° de septiembre del corriente año y se encuentra la causa en estado de pronunciar sentencia. En esas condiciones, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Dado el contenido del reclamo de remoción de los magistrados objeto de autos, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 16 in fine de la ley 14.967 y, por tanto, la improcedencia de aquella presentación?
Caso negativo:
2ª) ¿Es procedente el recurso extraordinario de inconstitucionalidad?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, los señores Jueces doctores Soria y Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y de Lázzari dijeron :
I.1. La presente tramitación tiene inicio a partir de una denuncia que el Colegio de Abogados de la Provincia formulara contra los jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata, los doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone.
I.1.a. En los autos caratulados "S.P.N. y Otro s/Divorcio por Presentación Conjunta" (causa 123.674) con fecha 21 de junio de 2018 el tribunal indicado dictó sentencia revisando la regulación de los honorarios del letrado que patrocinó en el proceso a ambos cónyuges del divorcio.
Sin entrar a valorar el detalle ni la exactitud de la argumentación del fallo, importa señalar que en lo esencial valoró que los honorarios regulados en primera instancia eran irrazonables y que correspondía morigerarlos. Lo cual enfrentaba al tribunal con el art. 16 in fine de la ley 14.967.
Luego de justificar el escrutinio ejercido sobre esa norma y recordar el valor de la independencia de los órganos de la administración de justicia, el ponente juzgó al citado precepto de la ley arancelaria local en sentido adverso a su constitucionalidad. A su criterio refleja un embate contra el ejercicio imparcial de la magistratura e impide definir razonablemente los honorarios. En ese desarrollo tuvo presente la magnitud de los estipendios fijados del caso sometido a revisión a la luz de la nueva normativa y concluyó que la aplicación estricta de sus reglas arrojaba unas cifras desproporcionadas.
El magistrado que votó en segundo término adhirió a la postura del ponente y sostuvo, entre otras consideraciones, que en el litigio de autos no era equitativo aplicar los mínimos. También coincidió en que el citado art. 16, en tanto veda las regulaciones por debajo de los pisos arancelarios fijados, afecta la independencia judicial.
En suma, en la sentencia cuya copia obra agregada a fs. 31/38 vta., la Sala Primera del ya mencionado tribunal declaró la inconstitucionalidad del art. 16 parte final de la ley 14.967, en cuanto determina que el juez que no aplique sus pautas incurrirá en causal de remoción. Además, dejó sin efecto la regulación aprobada en primera instancia, ordenando que se practique una nueva con arreglo al criterio establecido por esa alzada.
I.1.b. El fallo no fue recurrido por parte interesada. Pero originó la reacción del aquí recurrente.
Conforme surge del acta n° 776, glosada a fs. 30, en la reunión del Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia celebrada el día 12 de julio de 2018, se abordó el asunto suscitado por la declaración de inconstitucionalidad del art. 16 de la ley de honorarios pronunciada por la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata.
El acta revela que el órgano rector del ente colegial -por unanimidad- aprobó un conjunto de medidas en respuesta a aquel fallo. Entre otras, la presentación ante el jury de enjuiciamiento del pedido de destitución de los magistrados que lo suscribieron.
I.1.c. La denuncia contra los jueces de Cámara fue presentada con fecha 18 de diciembre de 2018 (v. fs. 1/28).
Si bien son invocadas las faltas previstas en los incs. "a", "b", "e", "i", "j", "ñ", "p" y "r" del art. 21 de la ley 13.661, en realidad del contenido inequívoco de la presentación surge con nitidez que la única inconducta seriamente reprochada se relaciona a la referencia hecha al inc. "r". Esta es una regla de remisión (alude a las faltas "...que se determinen en otras leyes") que, en la especie, apunta a la causal expulsiva enunciada en el art. 16 in fine de la ley de honorarios.
En sustancia, el Colegio denunciante reprochó a los jueces por considerar que la sentencia dictada carecía de adecuada fundamentación y avanzó sobre las atribuciones del poder legislativo, en clara alusión al pronunciamiento sobre el art. 16 de la ley 14.967.
Sostuvo que los mínimos arancelarios de orden público conforman un instrumento legal para asegurar la probidad del ejercicio profesional de la abogacía y que, en el caso, se los había desconocido al declarase oficiosa e indebidamente la inconstitucionalidad del art. 16 de la ley 14.967. En tal sentido alegó que el fallo de la Cámara había importado un grave avance sobre el régimen legal, en transgresión a la división de poderes, contrariando la voluntad popular plasmada en las leyes, así como el principio que enseña que la declaración señalada es la ultima ratio.
De otro lado, acusó a los magistrados de haber violado la garantía de imparcialidad al decidir sobre la base de sus preferencias personales. Esto se relaciona con el alegado incumplimiento del deber de excusarse que -entiende- pesaba sobre el juez López Muro por haber escrito un artículo sobre la nueva ley de honorarios para abogados.
Antes de concluir pontificando en contra del gobierno de los jueces , argumentó que el hecho de que la falta endilgada se hubiese materializado en la sentencia, no impedía el enjuiciamiento de los camaristas puesto que -en su parecer- ellos habían desbordado sus facultades con afectación de la división de poderes.
I.2. Con fecha 5 de septiembre de 2019, el Presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios desestimó la presentación del Colegio de Abogados, disponiendo el cierre y archivo de estos actuados.
Basado en los dictámenes concordantes de la Procuración General (v. fs. 82/83 vta.) y la Comisión Bicameral (v. fs. 91/94 vta.), entendió que las cuestiones objeto de la denuncia tenían carácter jurisdiccional (art. 26, ley 13.661; v. fs. 96/97 vta.).
II.1. Disconforme, el Presidente del Consejo Superior del Colegio de Abogados de la provincia interpuso recurso extraordinario de inconstitucionalidad (v. fs. 102/117 vta.).
II.1.a. En primer lugar, impugna la constitucionalidad del art. 6 de la ley 13.661 -modificado por la ley 15.031-. A su criterio contradice el art. 182 de la Constitución provincial (v. fs. 106) en tanto establece "una suerte de 'utra actividad' en la actuación del Presidente de la Suprema Corte de Justicia para aquellos casos en que hubiera entendido mientras ejerció dicha investidura..." (fs. 106). En tal sentido alega que el constituyente no quiso que todos o alguno de los jueces de la Suprema Corte fueran presidentes de los Jurados, sino uno solo: el Presidente de este Tribunal. Relacionado con esto, interpreta que el citado art. 6 violaría además el principio del Juez natural, garantía que se desprende de la noción de debido proceso legal (arts. 18, Const. nac.; 8, CADH; v. fs. 107).
II.1.b. En segundo lugar, objeta los últimos párrafos del art. 26 de ley 13.661, reformado por la ley 15.031, en cuanto establecen que: "En caso de que la denuncia se basare en causales no previstas en los artículos 20 y 21 de la presente Ley, fuera manifiestamente infundada, o versare sobre cuestiones de carácter estrictamente jurisdiccional, la denuncia podrá ser desestimada. Tanto la Procuración General como la Comisión Bicameral podrán requerir diligencias probatorias que estime conducentes. En esas condiciones, el Presidente del Jurado podrá disponer el archivo de las actuaciones".
Arguye que con esa previsión se genera un mecanismo lesivo de los derechos del pueblo, dejando en manos de una única persona la decisión sobre la denuncia (v. fs. 108 vta.). Se opone a que sea el titular del Jurado y no éste quien así lo decida porque dejaría sin intervenir al órgano que la Constitución asignó el juzgamiento de magistrados (v. fs. 109). Al respecto añade que no puede aceptarse que tan trascendente y grave decisión haya quedado en manos de una única persona: el Presidente del Jurado (fs. 110).
II.1.c. Acaso con el afán de precaverse de alguna de las falencias de su reclamo, intenta explicar que la denuncia no cuestionó los criterios jurídicos empleados por los magistrados de la Sala sino -lo que, según califica, vendría a ser- una grave alteración del principio de división de poderes y la falta de excusación de los jueces. En ese orden dice que la "cuestión de 'carácter estrictamente jurisdiccional' que permite decretar el archivo de una denuncia ... es aquello que entra en el ámbito de la competencia del Juez en orden a la interpretación de las normas y no lo que lo exorbita, por más que ello se decida en una causa judicial" y que pueden existir faltas que justifican la destitución de un juez cometidas en procesos judiciales donde se infringe la ley (fs. 112).
Por otra parte, critica que en la decisión impugnada se dijera que la resolución dictada por los jueces acusados se encontraba firme, punto que -para su manera de ver el caso- carecía de relevancia en función de lo dispuesto en el art. 21 de la ley 13.661.
II.2. Por resolución del Presidente del Jurado de Enjuiciamiento de fecha 1 de noviembre de 2019 (fs. 119/124) fue concedido el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto.
Con fecha 25 de junio de 2020 ha dictaminado el señor Procurador General, propiciando el rechazo del medio de impugnación deducido (fs. 136/146).
II.3. Reseñados los antecedentes, es necesario abordar la cuestión dirimente en este litigio: el examen constitucional del art. 16 in fine de la ley 14.967. En razón -o a partir- de esta norma legal y de lo resuelto a su respecto en la sentencia de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial, se estructura el presente caso. Interrelacionados, son sus elementos basales. A la vez, de todo ello depende la procedencia del pedido de remoción de los jueces de Cámara y, a la postre, la del remedio extraordinario deducido.
II.3.a. La ley 14.967 derogó el decreto ley 8.904/77 e instituyó un régimen de honorarios para los profesionales del derecho apreciablemente más ventajoso en el plano económico que el anterior. Entre otras mejoras, que a la vez suponen un encarecimiento de los costos de los procesos, la normativa incrementa la cuantía del jus y eleva las escalas de las retribuciones profesionales. También lo hace con el interés moratorio.
El valor jus, que antes era calculado sobre el sueldo de juez de primera instancia con tres (3) años de antigüedad (art. 9, dec. ley 8.904/77, texto según ley 11.593), pasa a referirse al salario de ese mismo cargo, pero con quince (15) años de antigüedad (art. 9, ley 14.967). De ese modo la unidad de medida jus experimenta un sensible aumento, dado que cada año de antigüedad significa un incremento en el sueldo del tres por ciento (3%).
En paralelo, en cuanto atañe a los honorarios mínimos se observa una suba en las retribuciones (art. 9, ley 14.967). El art. 21 de esta ley arancelaria cambia los mínimos de la escala general de un 8% del monto del proceso (art. 21, decreto ley 8.904/77) a un 10%. Por otra parte -según se dijo- incorpora una tasa de interés moratorio más elevada (art. 54 inc. "b").
II.3.b. En ese diseño normativo se inserta el art. 16 de la ley 14.967, origen de las presentes actuaciones.
El precepto establece en lo pertinente que "[e]n ningún caso el juez del proceso podrá violar, bajo pena de nulidad, los mínimos legales establecidos en esta ley". Y en el párrafo final agrega que "[l]a regulación que no respete los mínimos legales hará incurrir al juez en falta en los términos del artículo 21 de la Ley N° 13.661 y modificatorias". La decisión judicial opera como causal de destitución (cfr. arts. 180, 182 y sigs., Const. prov.).
II.4. En el contexto reseñado la centralidad del art. 16 no puede ser más diáfana. Tanto como decisiva es para valorar la pertinencia del procedimiento de remoción incoado en autos. De manera que si aquel enunciado legal fuera inconstitucional, carecería de sentido tramitar unas actuaciones cuya ineficacia e inviabilidad se derivan del pronunciamiento judicial (arg. arts. 203, 207 y concs. CPP; cfr. art. 59, ley 13.661).
A esto se destinarán los apartados que siguen.
II.5. Vayan en primer término unos párrafos acerca de la viabilidad del pronunciamiento constitucional objeto de esta sentencia.
El escrutinio sobre la validez de una norma legal encierra una delicada labor de relevancia institucional, necesitada de indispensables modulaciones en varios aspectos, como se desprende de la lectura de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 327:3117, 329:5903; 332:1078; 333:1723; 335:1189 y 2333; 337:179, 1403 y 1451; 339:477; 341:250, 1768 y 1924; 342:1170; e.o.).
Más allá de esto, en las presentes actuaciones el examen de constitucionalidad del art. 16 de la ley 14.967 no ofrece reparos que afecten a su procedencia. Antes bien, llevarlo a cabo es necesario para verificar si el supuesto de remoción que la norma consagra y ha dado lugar a este procedimiento ofende la autonomía decisoria de los jueces, al privarlos -cualquiera fuese el derrotero de la causa- del control de razonabilidad sobre los parámetros arancelarios.
Cabe destacar que en el expediente la aludida cuestión constitucional ha sido ampliamente tratada. Formó parte de una suerte de contrapunto argumentativo entre los integrantes de la Sala Primera y el Colegio de Abogados. Por de pronto, acerca de la aplicabilidad de la regla instituida por el art. 16, giró el núcleo del hecho denunciado. Defendida por la entidad profesional, su validez fue descalificada en la sentencia de fecha 21 de junio de 2018, a raíz de cuyo dictado pretende removerse a los jueces de esa Sala. De hecho, lo debatido aquí -se insiste- presupone discernir si el precepto bajo estudio implica o no un obstáculo irrazonable al ejercicio de la jurisdicción y si consagra una penalidad que erosiona la independencia del poder judicial.
Debe añadirse también que el abordaje de dicha cuestión fue solicitado por los magistrados enjuiciados, en sendos escritos obrantes a fs. 128/129 y 130/131, respectivamente.
A mayor abundamiento, lo resuelto por la Sala Primera y la aplicabilidad misma del art. 16 bajo análisis, lejos de referirse a una disputa sobre derechos disponibles, tiene relación directa con la independencia del Poder Judicial, con la plenitud o el cercenamiento de la jurisdicción. El fallo de aquel órgano se funda en la defensa de esos pilares constitucionales. En situaciones de esta índole (v.gr., cuando una ley desconoce la jurisdicción o altera la competencia constitucional de determinados tribunales), el control constitucional tiene un anclaje singular. La jurisprudencia de la Corte Nacional, desde antiguo, admite su ejercicio e x officio (Fallos: 143:191; 185:140; 238:288; e.o.), posición que se mantiene hasta nuestros días (Fallos: 337:530). De igual modo se ha expedido esta Suprema Corte, tanto en vía judicial (cfr. A. 70.498, "Curatolo", resol. de 9-VI-2010 y sus citas) como en vía gubernativa o institucional (v. entre otras, Resol. 1.925/2001 y Acuerdo 3562/2011). Estos criterios son extensivos al supuesto tratado en autos.
III. Procede entonces el examen del art. 16 in fine de la ley 14.967.
La Constitución de la Provincia de Buenos Aires consagra la forma republicana de gobierno (art. 1). Con arreglo a ese modelo, estructura y distribuye lo primordial del poder estatal entre los órganos supremos, a los cuales se les confía, respectivamente, las funciones legislativa, administrativa y judicial (arts. 68, 119 y 160, Const. prov.).
La independencia, así como el equilibrio y control recíproco de aquellos órganos es de la esencia del programa constitucional, a cuyo fin cada uno ha sido investido de herramientas institucionales típicas.
En cabeza del Poder Judicial, por ejemplo, se confiere la atribución de dirimir los casos, causas o controversias (arts. 5, 18, 108, 109, 116 y concs., Const. nac.; 1, 15, 160, 166, 171 y concs., Const. prov.) que incluye la potestad de descalificar y no aplicar toda ley, decreto, acto u orden contrarios a la Constitución (arts. 1, 31, 116 y concs., Const. nac.; 20 inc. 2 in fine , 57, 161 inc. 1, Const. prov.).
IV. Ahora bien, en su parte objetable, el art. 16 de la ley 14.967 prohíbe a los jueces decidir regulaciones de honorarios inferiores a los mínimos del arancel -bajo pena de nulidad y de destitución-. Tal como se encuentra estructurado, el dispositivo legal lesiona la independencia del Poder Judicial (arts. 1, 5 y concs., Const. nac.; 1, Const. prov.), a más de infringir otras previsiones constitucionales.
IV.1.a. La competencia del legislador local para dictar normas sobre el ejercicio de las profesiones liberales, como manifestación del poder de policía que le otorga el ordenamiento (arts. 14 y 121, Const. nac.; 41 y 42, Const. prov.), comprende de ordinario el establecimiento de una serie de pautas y baremos remuneratorios. Pero de allí a restringir el quehacer ponderativo que informa a la definición en concreto de los honorarios -cometido que exige valorar sin cortapisas la actuación profesional y tener en cuenta la índole y cuantía del litigio, así como las constancias del expediente puntual en consideración (cfr. causa B. 75.332, "Mach", resol. de 4-VII-2018; e.o.)- media una distancia apreciable: la que puede separar lo legítimo de lo inconstitucional.
Tampoco le es dado al legislador incorporar al catálogo de la destitución de los jueces, con objetiva automaticidad, una supuesta falta, no constitutiva de delito alguno, afirmada sólo en determinados contenidos de sus sentencias.
La problemática norma legal desoye todo esto. Por encima del loable fin de tutelar a los profesionales del derecho y establecer retribuciones dignas por su labor, el art. 16 despoja a la judicatura de uno de sus atributos primordiales y cancela un arbitrio que, aunque excepcional, puede ser necesario para evitar graves distorsiones derivadas de la aplicación mecánica del marco normativo en materia de regulación de los honorarios.
IV.1.b. El apartamiento del umbral arancelario constituye por cierto un arbitrio que debe emplearse ante situaciones marcadamente singulares. Sin embargo, por más que no represente la regla general en la materia, es indudable que en tales casos la aplicación a ultranza de los aranceles impuestos, cualquiera fuere la situación de la causa, puede conducir a resultados irrazonables o a refrendar estipendios injustificadamente elevados, desvinculados de la importancia de las tareas cumplidas o de la cuantía del litigio (arts. 28, Const. nac.; 171, Const. prov.). Bajo tales condiciones, reivindicar la razonabilidad y la
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