Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 122214
La Plata, 9 de mayo de 2018.
La presente causa P. 122.214, caratulada: "Di Paola, Gustavo Antonio s/ Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, nulidad e inaplicabilidad de ley en causa N° 14.776 de la Cámara de Apelación y Garantías de Dolores en su calidad de Sala ‘Ad Hoc’ del Tribunal de Casación"
Las particularidades de la causa ameritan efectuar una reseña de lo acontecido en el caso.
I. 1. Así, corresponde destacar, en primer lugar, que el Juzgado Correccional n° 5 de Capital Federal, el 5 de noviembre de 2003, condenó a Gustavo Antonio Di Paola por ser autor del delito de lesiones culposas -dos hechos- a la pena de cinco meses de prisión en suspenso y un año y ocho meses de inhabilitación especial para conducir todo tipo de vehículos automotores; ordenó, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 27 bis del Código Penal, que el mencionado, dentro de los cinco días de quedar firme la sentencia, concurra ante la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación a realizar un curso de reeducación para el uso de la vía pública; asimismo dispuso que el condenado, de conformidad con lo normado por el art. 27 bis inc. 8 del Código Penal, comparezca dentro de los cinco días de quedar firme la decisión, a efectuar tareas comunitarias en beneficio de la sociedad, ante las autoridades del Jardín Botánico de la ciudad de Buenos Aires, por el término de dos años, una vez por semana, dos hs. cada vez (v. fs. 43/51 del Anexo de copias).
2. A su turno, el Juzgado en lo Correccional n° 5 de San Isidro con fecha 26 de abril de 2007, admitió la conformidad alcanzada por las partes para imprimir a la causa el trámite de juicio abreviado (art. 398, CPP); condenó a Gustavo Antonio Di Paola por ser autor responsable de los delitos de resistencia a la autoridad en concurso real con daño, a la pena de seis meses de prisión -de cumplimiento efectivo toda vez que no había transcurrido desde el dictado de la sentencia dictada en la causa n° 29.624/30.600 por el Juzgado en lo Correccional n° 5 de Capital Federal el término de ocho años previsto en el párrafo segundo del art. 27 del Código Penal-; estableció que dicha pena de prisión debería cumplimentarse mediante el sistema alternativo de realización de trabajos para la comunidad (arts. 35 inc. "f", 50, 51 y 229 de la ley nacional 24.660, 117, 119, 122, 182, 185 de la ley bonaerense 12.256); y dispuso que una vez firme el fallo se requieran copias de la sentencia dictada en la mencionada causa 22.624/30.600, a los fines de aplicar lo dispuesto por los arts. 27 y 58 del Código Penal (v. fs. 6/15 vta. del Anexo de copias).
3. Este pronunciamiento adquirió firmeza el 12 de junio de 2007 (v. anexo, fs. 31), se requirieron las copias pertinentes, y se corrió vista al Ministerio Público Fiscal y a la defensa en los términos de los arts. 18 del Código Procesal Penal y 58 del Código Penal (v. anexo, fs. 53).
4. El 19 de octubre de 2007, el Juzgado en lo Correccional n° 5 del Departamento Judicial San Isidro, dictó sentencia unificatoria por la cual revocó la condicionalidad del cumplimiento de la pena de cinco meses de prisión oportunamente impuesta a Gustavo Antonio Di Paola, en forma conjunta con la sanción de un año y ocho meses de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores y costas, fallada en causa n° 29.624/30.600 del Juzgado Correccional n° 5 Secretaría 75 de la Capital Federal y lo condenó a la pena única de once meses de prisión y un año y ocho meses de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores y costas, por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de lesiones culposas -dos hechos-, resistencia a la autoridad y daño, delitos estos en concurso real entre sí, pena comprensiva de la dictada por el mencionado Juzgado de la Capital Federal, y la fallada en la presente causa n° 464/241 registro de dicho Juzgado, con fecha 26 de abril de 2007, en donde resultó condenado a la pena de seis meses de prisión y costas, por haber sido encontrado autor penalmente responsable de los delitos de resistencia a la autoridad en concurso real con daño (v. fs. 219/228 vta., anexo de copias).
5. En virtud del recurso deducido contra dicho fallo por el doctor Edgardo Rafael Asti Vera, defensor particular del encausado (v. fs. 92/105 vta. del anexo), la Sala "ad hoc" del Tribunal de Casación, mediante sentencia dictada el 19 de mayo de 2009, casó la resolución dictada por la señora jueza Correccional n° 5 de San Isidro en cuanto aplicó el método de la suma aritmética al momento de fijar la sanción, y redujo la pena única a aplicar a Di Paola, fijándola -en definitiva- en ocho meses de prisión de efectivo cumplimiento y un año y ocho meses de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores y costas (anexo, fs. 125/130).
6. Contra lo así resuelto se alzó la defensa particular, articulando recursos extraordinarios de inconstitucionalidad, nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 280/299 vta., anexo de copias).
Con respecto al recurso extraordinario de inconstitucionalidad, solicitó que se resuelva el planteo de inconstitucionalidad del art. 27 del Código Penal oportunamente presentado, por entender que aun cuando el fallo dictado ha sido casado parcialmente, la aplicación de la mentada norma menoscaba el derecho a la libertad y a la justicia, y concluyó en la existencia de una clara y evidente injusticia al condenarse a su pupilo a una pena de prisión efectiva. Planteó, por otra parte, la inconstitucionalidad de los arts. 395 a 403 bis del código de rito que regulan el procedimiento de juicio abreviado por afectar las garantías de defensa en juicio y debido proceso (anexo, fs. 284/287 vta.).
Por intermedio del recurso extraordinario de nulidad, denunció la violación al art. 168 de la Constitución de la provincia en virtud de la falta de tratamiento de las siguientes cuestiones esenciales planteadas en el recurso casatorio, a saber: a) la contradicción entre los fallos; b) la modificación del fallo en perjuicio de su defendido y c) la improcedencia de la unificación de penas. Señaló que los agravios a) y b) se vinculaban a la función resocializadora de la pena y el hecho de haberse revocado la condicionalidad de las penas oportunamente impuestas y haberse dictado pena única de efectivo cumplimiento, mientras que el agravio referido en el punto c) se vinculó a la improcedencia de la unificación de penas en virtud de haber transcurrido más de tres años entre ambas (v. fs. 287 vta./292, anexo cit.).
Por último, en la vía de inaplicabilidad de ley, denunció la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva ante la desconsideración de derechos de raigambre constitucional y la sobrevaloración del art. 27 del Código Penal; consideró que la aplicación de la mentada norma redundó en un acto desproporcionado en relación a los ilícitos cometidos y solicitó se declare su inconstitucionalidad; también reclamó la misma declaración respecto de las normas que rigen el procedimiento de juicio abreviado -arts. 395 a 403 bis del Código de Procedimiento Penal; y, por último, tachó al fallo de arbitrario por carecer de una suficiente fundamentación en la disminución de la pena, por existir omisiones en el procedimiento y contradicciones (anexo, fs. 292 vta./299).
7. Esta Suprema Corte, mediante resolución de fecha 13 de marzo de 2013 (P. 107.833), se pronunció por la inadmisibilidad de las vías de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley e hizo lugar al recurso extraordinario de nulidad (v. fs. 333/336 vta., anexo que corre por cuerda).
Respecto de la primera, resolvió que en el caso la Cámara de Apelación y Garantías actuando como sala ad hoc, no se había pronunciado sobre caso constitucional alguno en los términos señalados por el art. 489 del rito (v. fs. 335).
En lo relativo al remedio de inaplicabilidad de ley, en primer lugar, entendió que si bien la parte había reclamado la inconstitucionalidad del art. 27 del Código Penal en el escrito recursivo presentado, lo cierto es que el Tribunal de Alzada no lo había abordado, sin que la parte hubiese encauzado un eventual reclamo a través de la vía pertinente (v. fs. 336 del anexo). En lo que respecta a la denuncia de inobservancia y/o errónea aplicación -o en su caso, inconstitucionalidad de la mentada norma- y a la arbitrariedad del fallo en lo relativo a la fundamentación en la determinación de la pena única, señaló que teniendo en cuenta el temperamento adoptado en relación a la vía extraordinaria de nulidad, los reclamos devenían prematuros ya que su actualidad quedaría supeditada al contenido del nuevo fallo que debía ser dictado por el Tribunal de Alzada. Por otra parte, resolvió que los planteos vinculados al trámite del juicio abreviado resultaban inatinentes "pues el fallo oportunamente dictado por el juzgado de instancia provincial, como culminación de dicho procedimiento, no fue en su oportunidad objeto de impugnación por la parte, resultando entonces el contenido del mismo intangible, conforme surge de constancias obrantes en la causa, donde consta que el mismo había quedado firme" (v. fs. 336 cit.).
Por último, y por aplicación del mecanismo previsto en el art. 31 bis de la ley 5827, hizo lugar al recurso extraordinario de nulidad por haber incurrido el órgano intermedio en omisión de tratamiento de cuestiones que, de haber progresado, podrían haber incidido en el monto y la modalidad de cumplimiento de la sanción impuesta, ordenando el reenvío de los autos a la instancia de origen a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho. Estimó que la Cámara ad hoc incurrió en transgresión al art. 168 de la Constitución de la provincia, ello por cuanto en el fallo sólo se había abordado la queja focalizada en la aplicación del método aritmético a la hora de unificar las penas impuestas a Di Paola más nada se había dicho -expresa ni implícitamente- respecto de los restantes agravios destinados a evidenciar: a) la existencia de contradicción entre el fallo que lo condenó a la pena de prisión con alternativa de realización de trabajos comunitarios y la sentencia unificadora en la cual no se tuvo en cuenta la función resocializadora de la pena que contemplaba aquél; b) la modificación operada en perjuicio de su asistido ante la revocación de la condicionalidad de la pena impuesta y c) la improcedencia de la unificación de penas (v. fs. 335/336 del anexo).
II. Vueltos los autos, la Cámara de Apelación y Garantías actuando como Sala "Ad Hoc", mediante el pronunciamiento del 19 de noviembre de 2013, rechazó por improcedente el recurso de casación y confirmó la sentencia dictada por el Juzgado en lo Correccional n° 5 del Departamento Judicial San Isidro que condenó a Di Paola a la pena única de once meses de prisión de cumplimiento efectivo y un año y ocho meses de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores (v. anexo, fs. 373/377 vta.).
III. Contra lo así resuelto, la defensa particular de Di Paola -a cargo del doctor Edgardo Rafael Asti Vera- dedujo los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad, nulidad e inaplicabilidad de ley que lucen a fs. 24/44.
1. Por intermedio del recurso extraordinario de inconstitucionalidad, solicitó a esta Corte que resuelva el planteo de inconstitucionalidad del art. 27 del Código Penal oportunamente presentado en la causa, por entender que el fallo dictado "menoscaba el derecho a la libertad y el derecho a la justicia […] que todo ciudadano goza en un Estado de Derecho" (v. fs. 29 vta.).
Expuso que en el caso en particular "existe una clara y evidente injusticia al condenarse a [su] defendido a la pena de prisión EFECTIVA por dos hechos menores" más cuando "uno de ellos incluso se trata de un delito culposo y el otro realizado en estado de inconsciencia absoluta, ya que se encontraba ebrio, lo que redunda en un flagrante ataque a los derechos de libertad y de Justicia" (v. fs. 30, la negrita en el original).
Afirmó que la pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo no resulta proporcional a la escasa gravedad de los delitos atribuidos a su pupilo (lesiones culposas, daño y resistencia a la autoridad) y por lo tanto, solicitó se decrete la inconstitucionalidad del art. 27 del Código Penal a fin de que su defendido pueda hacer valer la condicionalidad de la pena (v. fs. cit./31).
De seguido, planteó la inconstitucionalidad de las normas que regulan el procedimiento de juicio abreviado (arts. 395 a 403 bis del CPP) "oportunamente plantead[a], por afectar las garantías procesales de derecho de defensa en juicio, debido proceso" con mención de los arts. 11 y 15 de la Constitución provincial y 18 de la Constitución nacional (v. fs. 31 y vta.). Manifestó que la circunstancia de haberse fijado fecha para la realización de la audiencia de debate no obstante no haberse podido notificar a los testigos propuestos, situó a su defendido en un "completo estado de indefensión", situación que lo presionó a evitar un juicio oral y público ya que en tal juicio nada podría ser probado por imposibilidad de hacer concurrir a los testigos; añadió que por tal motivo su pupilo "tuvo que pactar una pena con el fiscal, con la que no estaba de acuerdo, pero no le permitieron seguir adelante con el debido proceso oral y público" (v. fs. 32).
2. En el recurso extraordinario de nulidad, alegó que el pronunciamiento en crisis resulta nulo por haber incurrido en violación al art. 168 de la Constitución de la Provincia "ya que no se ha ni tratado ni votado cuestiones esenciales a decidir que han sido planteadas en el recurso de casación" (v. fs. 33).
De seguido, reprodujo una parcela del fallo e indicó que el tribunal a quo se limitó a tratar y votar exclusivamente el último de los agravios, dirigido a evidenciar que no procedía la unificación de penas por haber transcurrido un lapso mayor a tres años entre ambas sentencias, olvidando y no haciendo referencia alguna al resto de las cuestiones planteadas en el recurso interpuesto, pese a haberlas mencionado en un principio (v. fs. cit. y vta.).
Afirmó en esa senda que uno de los planteos cuyo tratamiento se omitió consistía en la contradicción de los fallos dictados por el Juzgado correccional. Así, señaló que en la resolución del 26 de abril de 2007 se tuvieron en cuenta los principios de reinserción social que emanan de las leyes 12.226 y 24.660 para "sustituir y EVITAR la pena de cumplimiento efectivo de 6 meses de prisión por la realización de tareas comunitarias y, EN CONTRADICCION con ello, ahora se camine hacia el otro extremo y se haga aplicación de las más reaccionarias teorías absolutas de las penas para sumar las mismas y obligarlo a CUMPLIR la pena de prisión efectiva, contradicción que, sin lugar a dudas, transgrede la norma del art. 58 CP". Añadió que al sumarse ambas penas se han alterado las declaraciones sobre la función resocializadora de la pena establecidas en la sentencia anterior (v. fs. 33 vta./34).
De seguido, sostuvo que el otro planteo omitido se dirigía a poner en evidencia que la modificación operada resultaba perjudicial para su pupilo argumentando que la revocación de la condicionalidad de la pena oportunamente impuesta y el dictado de una pena (única) de efectivo cumplimiento, había sido fundamentada en que la aquí impuesta "tiene una antecesora", y por lo tanto no se comprende la finalidad de tal exposición más que para sumar superfluos e improcedentes argumentos para justificar una medida extrema (pena de 11 meses de prisión efectiva) la cual resulta a su entender, absolutamente injustificable y no encuentra la menor apoyatura jurídica (v. fs. 34 y vta.).
3. En cuanto a la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, señaló que las limitaciones del art. 494 del Código de Procedimiento Penal debían ceder -planteando a todo evento su inconstitucionalidad- en virtud de la naturaleza de los reclamos puestos a consideración de este Tribunal, en los términos de la doctrina edificada a partir de los casos "Strada", "Christou" y "Di Mascio" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 36/37 vta.).
a. En lo relativo a su procedencia, denunció la "inobservancia y/o errónea aplicación de la ley sustantiva al no valorarse derechos y garantías de raigambre Constitucional local y Nacional, y sobrevalorarse una normativa de fondo como ser la del art. 27 Código Penal, cuya aplicación literal redunda en un evidente menoscabo al derecho a la libertad y el derecho a la justicia" (v. fs. 37 vta.).
Transcribió los arts. 10, 15 y 56 de la Constitución provincial, 27 del Código Penal y 28 y 33 de la Carta magna, argumentando que los derechos reconocidos por las mismas han sido absolutamente inobservados y violados (v. fs. cit./38 vta.).
Señaló que en el caso existe una evidente injusticia al condenarse a su defendido a una pena de prisión efectiva por dos hechos menores, uno de ellos culposo, que redundó en un flagrante ataque a los derechos de libertad y justicia. Expresó que no en todos los casos en que existan dos hechos por los cuales una persona haya sido condenada a penas privativas a la libertad -la primera de ejecución condicional y la segunda de cumplimiento efectivo y unificada con la primera- debería ser liberada decretándose la inconstitucionalidad del art. 27 del Código Penal, sino solamente en aquellos donde la pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo redunde en un excesivo rigorismo que torne a la resolución en injusta por atacar el derecho a la libertad del condenado.
Sostuvo que la pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo impuesta en el caso "no resulta proporcional con la escasa gravedad de los delitos cometidos por [su] defendido que resulta incluso de la escala penal de las mismas (lesiones culposas y daño y resistencia a la autoridad)..." (v. fs. 38 vta.).
Citó una sentencia de la Cámara nacional en lo Criminal y Correccional Sala VI de fecha 25 de agosto de 1995, en la que se declaró la inconstitucionalidad del art. 27 del Código Penal, y reclamó la misma solución para el caso de autos (v. fs. 39).
Por otro lado, planteó la inconstitucionalidad de los arts. 395 al 403 bis del ritual por afectar las garantías de defensa en juicio y debido proceso (v. fs. 39 vta./40 vta.).
b. También denunció la arbitrariedad de la sentencia "por carecer de una suficiente fundamentación al confirmar la sentencia del a quo, por existir omisiones en el pronunciamiento y […] contradicciones en el mismo" (v. fs. 41).
En tal sentido relató que la sentencia carece de fundamentación suficiente para confirmar la pena de 11 meses de prisión efectiva en lugar de la pena solicitada por esa defensa, de 6 meses de prisión efectiva sustituida por la realización de tareas comunitarias. Tal carencia, añadió, equivale al dictado de una sentencia arbitraria (v. fs. 41 y vta.).
También dijo que la anterior sentencia del tribunal revisor -que fue anulada por esta Corte- había impuesto la pena de ocho meses de prisión "sin embargo la nueva sentencia recurrida resuelve rechazar la casación y confirmar en un todo la sentencia de grado" (v. fs. 41 vta.).
En definitiva, afirmó que no se sabe "cuál es el fundamento" por el que se confirmó la pena de once meses de prisión de cumplimiento efectivo, no se hizo lugar a la petición de que se fije en seis meses, ni por qué se dejó de lado la anterior sentencia que la redujo a ocho meses de prisión efectiva.
Reiteró luego, que la decisión omitió tratar los agravios relativos a la contradicción entre los fallos y la modificación en perjuicio de su defendido, remitiéndose a los argumentos vertidos a la hora de fundamentar el recurso extraordinario de nulidad (v. fs. 41 vta./42).
Por último, se pronunció por la
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