Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73790
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A 73.790, "Maiaru, Hugo Daniel contra Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires sobre recurso de revisión colegios o consejos profesionales. Recurso extraordinario de inconstitucionalidad", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Pettigiani, Torres.
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata hizo lugar al recurso directo promovido por el accionante, declaró la inconstitucionalidad del art. 3 inc. "a" de la ley 10.973 -texto según ley 14.085- y revocó la resolución de fecha 30 de abril de 2013 del Tribunal de Disciplina del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Azul, oportunamente ratificada por resolución del 28 de agosto de 2013 del Consejo Superior del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires.
Disconforme con aquel pronunciamiento, la entidad demandada dedujo recurso extraordinario de inconstitucionalidad, el que fue concedido.
Oído el señor Subprocurador General, dictada la providencia de autos, habiéndose acompañado el memorial por la accionada, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Al hacer lugar al recurso directo interpuesto en los términos del art. 74 del Código Contencioso Administrativo -texto según ley 13.325- la Cámara de Apelaciones con asiento en Mar del Plata revocó la sanción impuesta al actor por el Tribunal de Disciplina del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Azul en fecha 30 de abril de 2013, confirmada en 28 de agosto de 2013 por el Consejo Superior de la entidad, por la cual se dispusiera la cancelación de su matrícula profesional por aplicación de lo previsto en los arts. 3 inc. "a" y 4, ley 10.973 –texto ordenado ley 14.085-.
Para así resolver, el a quo consideró que el núcleo de la controversia se circunscribía a determinar si la decisión de cancelar la matrícula del colegiado había devenido en una medida ilegítima en razón de la inconstitucionalidad planteada respecto del art. 3 de la ley 10.973 -modificada por ley 14.085-.
En ese sentido recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido la facultad de las provincias de dictar leyes reglamentarias del ejercicio del poder de policía que tienen atribuido, entre las que se encuentran numerosas normas regulatorias del ejercicio de ciertas profesiones (con cita de Fallos: 97:367; 117:432; 156:290; 203:100; 207:159; 237:397; 289:315; e.o.); y que, en tal marco, los Colegios o Consejos Profesionales tienen a su cargo lo atinente al gobierno y contralor de sus incumbencias, ejerciendo sobre los profesionales facultades que implican limitaciones a la órbita de sus derechos subjetivos, en virtud de la disposición estatal que regula su actuación (con cita de doctr. causas A. 68.782, "Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 22-XII-2008 y A. 68.975, "Verón", sent. de 26-VIII-2009).
Luego puntualizó que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal constituía una tarea de especial cuidado entre las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, constituyendo la última ratio del orden jurídico a la que únicamente debe acudirse cuando no existe otro medio de salvaguardar un derecho o garantía amparado por la Constitución (citó Fallos: 256:602; 258:255; 302:166; 316:188; 319:3148; 322:842 y 919; 324:920; 325:1922; 330:855 y 5345; entre muchos otros).
Más adelante -con transcripción de los arts. 3 y 4 de la ley 10.973 (modificada por la ley 14.085) que, en lo que incumbe, establece la prohibición del ejercicio de la profesión de Martillero y Corredor Público para quienes ejerzan de modo regular y permanente otra profesión o cargo para cuyo desempeño se requiera otro título habilitante, incompatibilidad subsistente hasta la solicitud de cancelación de la inscripción en el registro de la matrícula profesional, la separación del cargo o función, o la finalización de la condición de impedimento- dijo que no advertía el fundamento de tan genérica enunciación tenida en miras por el legislador para imponer semejante limitación a los colegiados.
En tal sentido, expresó que, aun bajo el loable propósito de prevenir colisión de intereses -entre la actividad de Martillero y de Maestro Mayor de Obras- ello no habilitaba a otorgar a la norma un alcance que sobrepasara los límites fijados por el orden constitucional -con mención de los arts. 28 y 31, Const. nacional-, convirtiéndola en una potestad derogatoria de derechos individuales, como los del actor a ejercer libremente profesiones para cuyo ejercicio se encuentra colegiado.
Señaló que el poder de policía no era absoluto ni arbitrario y que por lo tanto las restricciones que en función del mismo se imponían debían serlo con el fin de asegurar el bienestar general sin incurrir en reglamentaciones que desnaturalizaran las garantías constitucionales ni constituyeran su destrucción.
Sostuvo, con cita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 313:411; 327:3597; e.o.), que la razonabilidad de las normas dependía de su arreglo a los fines que requiere su establecimiento y de la ausencia de iniquidad manifiesta, a la vez que la materialización de tal principio constitucional exigía un especial cuidado en punto a que los preceptos mantuvieran coherencia con las reglas constitucionales durante todo el lapso de su vigencia, de modo que su aplicación concreta no resultara contradictoria con lo establecido en la Ley Fundamental (cita Fallos 327:4495; 328:566; e.o.).
Advirtió que textos tan genéricos como el que se encontraba bajo análisis debían ser descalificados si no contaban con un sustento racional del fin perseguido, pues era claro que el ejercicio de la profesión de Martillero y Corredor Público no podía entrar siempre en colisión con cualquier otra incumbencia profesional como resultaba irreductiblemente del régimen legal en debate.
Después de brindar diversos ejemplos como supuestos de ejercicio profesional sin relación con la de Martillero, opinó que era dable considerar el particular escenario de actuación para determinar la presencia de una real incompatibilidad al verificarse un choque de incumbencias que afectara o pusiera en crisis el régimen ético y de valores de las profesiones comprometidas.
Puntualizó que para un adecuado análisis de razonabilidad de la norma que fijaba la incompatibilidad de un modo tan general, debía recurrirse a la línea jurisprudencial seguida por nuestros Máximos Tribunales de Justicia federal y provincial, establecida en torno a las "categorías sospechosas de discriminación", con la exigencia a los Colegios profesionales que defendían tales limitaciones, de argumentar y realizar una cuidadosa prueba acerca de la pertinencia de los fines ambicionados por la norma -sustanciales y no de mera conveniencia- y de los medios empleados para concretarlos, que debían traslucir la efectiva realización de tales fines y la no existencia de otras alternativas menos restrictivas para los derechos en juego.
Aseguró que no advertía que la entidad demandada hubiera procedido realizando aquella superior y exigente faena procesal, ni en sede administrativa ni en el presente litigio, de manera tal que la manda contenida en la normativa impugnada resultaba desproporcionada al revelarse como una exigencia de exclusividad que devenía irrazonable a la luz de la naturaleza y espíritu que regía desde hacía años las profesiones liberales (con cita doctr. causa B. 63.995, "Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 11-IV-2012).
Concluyó que el actor cumplía cabalmente los recaudos de la ley 10.973 y modificatorias, que ejercía en forma correcta la profesión de Martillero y que nada impedía que en forma simultánea pudiera ejercer como Maestro Mayor de Obras, si con ello no infringía deberes éticos que planteados por algún interesado afectado merecieran reproche de conformidad con el art 17 inc. "h" de la norma citada.
Finalmente declaró la inconstitucionalidad del art. 3 inc. "a" de la ley 10.973 -texto según ley 14.085- y su inaplicabilidad al accionante, con costas a la demandada.
II. A fs. 76/84, la entidad demandada promueve recurso extraordinario de inconstitucionalidad, en los términos del art. 299 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial.
En su presentación plantea que la Cámara formuló una declaración de inconstitucionalidad apresurada, sin citas expresas de los artículos de la Constitución provincial que resultaran comprometidos, que su fallo no constituía una derivación razonada del derecho vigente y que implicó un menoscabo de los derechos de igualdad y defensa en juicio.
Esgrime que la decisión ha incurrido en una errónea interpretación de la formulación genérica prevista en la ley.
Expresa que la sentenciante, con su pronunciamiento, convalidó las posiciones dominantes de mercado, ya que la actividad integral de construcción y comercialización de inmuebles le brindaban al actor ventajas comparativas respecto de sus colegas martilleros.
Agrega que la norma cuya constitucionalidad pregona constituye un emblema de protección ética y moral, a la vez que tiene una función preventiva con respecto a la eventual monopolización del ciclo de construcción y venta de viviendas; que, en dirección opuesta, la sentencia expresa una visión individualista, contraria al fin tuitivo y proteccionista buscado por el legislador.
Arguye que es función del Colegio intervenir en defensa de sus colegiados y ocurrir ante este Tribunal para reparar el desvío del a quo .
Puntualiza que es evidente en el decisorio la carencia de citas de los artículos de la Constitución provincial conculcados y que su calificación de la ley 10.973 y modificatorias, en cuanto a los puntos que interesan, como portadora una potestad derogatoria de derechos individuales que impide al actor ejercer libremente alguna de ambas profesiones en las que se encuentra colegiado, con base en los arts. 28 y 31 de la Constitución nacional, cae en el absurdo, ya que ese es el objeto de la norma y esa resulta la inteligencia aplicada por el Colegio de Martilleros.
A su vez, sostiene que los motivos de conveniencia social o interés general que determinan al legislador a establecer limitaciones al ejercicio de los derechos son extraños a la crítica de los jueces, desde que se trata de una cuestión política y no jurídica, resultando ilegítimo ponderarlos para sostener la inconstitucionalidad.
Asegura que existe una diferencia axiológica entre la interpretación de la ley formulada por la Cámara y la que propone su parte; la primera deja librada la cuestión de la incompatibilidad a la conciencia ética y moral del Martillero y a la eventual intervención del Tribunal de Disciplina, mientras que la segunda procura una respuesta preventiva, tutelar, atendiendo a la realidad de las prácticas comerciales.
Subraya que el juzgador se cierra únicamente en la situación individual, exclusiva y excluyente del actor, omitiendo vincular el contexto de realidad en que se inscribe la norma. Así se desentiende de las consecuencias provocadas por el desplazamiento de esta del orden legal y el juicio aplicado no responde a los estándares mínimos para atender las consecuencias sociales que deben respetarse al adoptar una sanción tan extrema.
Esgrime que la ley impugnada se convierte en lo que el a quo dice que es, pero bajo el manto de una interpretación rigurosa que se desentiende del principio de "previsibilidad" al abstenerse de las consecuencias que derivan de su decisión (cita Fallos: 324:68; 326:2096; 327:669 y 328:53).
Finalmente pide se revoque el fallo impugnado, en atención a que el grave error de derecho en que incurrió -sostiene-, lo descalifica como acto jurisdiccional válido.
Solicita se apliquen costas a su contraria.
III. El remedio no prospera.
De inicio adelanto que la pieza recursiva resulta desprovista de suficiencia técnica. Advierto además que, a la luz de la sentencia de Cámara, la recurrente no eligió la vía idónea a los fines de concretar una impugnación satisfactoria.
En forma reiterada este Tribunal ha sostenido que el recurso extraordinario de inconstitucionalidad -conforme el art. 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia- requiere para su adecuada configuración que en la instancia ordinaria se haya controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales confrontados con normas de la Constitución local y que la decisión haya recaído sobre el tema (art. 299, CPCC; causas Q. 72.192, resol. de 13-XII-2012; Q. 71.994, resol. de 4-VII-2012; A. 70.196, sent. de 18-IV-2012; A. 69.833, sent. de 31-VIII-2011; A. 69.787, sent. 13-VII-2011; A. 69.890, sent. 29-VI-2011; A. 70.197, sent. 4-V-2011; e.o.).
En el presente, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, en virtud de la competencia determinada por el art. 74 del Código Contencioso Administrativo -texto según ley 13.325-revocó lo resuelto por el Tribunal de Disciplina del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Azul (fecha 30-IV-2013) -medida confirmada por resolución del Consejo Superior de la entidad (fecha 28-VIII-2013)-, basando su decisorio no en una ponderación acerca de cómo la incompatibilidad formulada en el art. 3 inc. "a" de la ley 10.973 -modificada por la 14.085- afectaba derechos de los colegiados que se encontraban consagrados en la Norma Fundamental de la Provincia, declarando por tanto su inconstitucionalidad en referencia a ésta, sino que consideró que la limitación reglamentada, en tanto constituía una enunciación en extremo genérica, no exhibía un fundamento razonable, pues aun cuando podría perseguir el propósito de evitar la colisión de intereses -entre la actividad de Martillero y de Maestro Mayor de Obras- en modo alguno ello habilitaba a que la norma tuviese alcance más allá de los límites establecidos en el orden constitucional, convirtiéndose en una regla derogatoria de los derechos individuales del actor.
Lo dicho lo fundamentó en los arts. 28 y 31 de la Constitución nacional, al igual que su señalamiento acerca de que el poder de policía -por el cual el estado local cede el gobierno de la matrícula a las entidades profesionales- no era absoluto ni arbitrario, por lo que resultaba necesario tener presente que las limitaciones impuestas solo podían pensarse a fin de asegurar el bienestar general sin incurrir en reglamentaciones que desnaturalizaran ni destruyeran las garantías constitucionales apuntadas.
Agregó, con cita de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su rol de última interprete de la Ley Fundamental (Fallos 327:4495; 328:566; 313.411; 327:3597; e.o.), que la razonabilidad de las normas dependía de su arreglo a los fines que requería su establecimiento, a la ausencia de iniquidad manifiesta y a la coherencia de tales preceptos con las reglas constitucionales de manera que su aplicación concreta no resultase contradictoria con estas.
Puntualizó que, en tal sentido, textos tan genéricos como el analizado (art. 3 inc. "a", ley 10.973 –modif. ley 14.085-) debían ser descalificados si no contaban con una sustentación racional del fin perseguido.
Al respecto, continuó que el ejercicio de la profesión de Martillero y Corredor Público no podía entrar siempre en colisión con cualquier otra incumbencia profesional, conforme pretende la norma cuestionada (citó ejemplos de profesiones como medicina, veterinaria, odontología), más bien había que estarse a la observación de un particular escenario de actuación para determinar la existencia de una real incompatibilidad que pudiera verificarse en un choque de incumbencias que pusiera en crisis el régimen ético y de valores de las profesiones comprometidas en el supuesto (aquí puso el ejemplo de un Martillero Público actuando en una subasta judicial ordenada en un proceso dónde, a su vez, interviniera como abogado de una de las partes en litigio).
Con sustento en estas premisas, el tribunal inferior acogió el recurso interpuesto, declaró la inconstitucionalidad del art. 3 de la ley 10.973 (modificada por la ley 14.085) y su inaplicabilidad al actor, revocando los actos de la entidad profesional impugnados.
Ahora bien, de la reseña efectuada de la sentencia de Cámara queda claro que la declaración de inconstitucionalidad de la norma reivindicada por la demandada no tuvo fundamento -como requiere el art. 299 del Código Procesal Civil y Comercial- en su contradicción con la Constitución de la Provincia. Para decirlo más claramente, el fallo no analizó su constitucionalidad o inconstitucionalidad a la luz de la Carta local -lo que eventualmente hubiere facilitado la viabilidad del remedio aquí promovido-; lo hizo teniendo en cuenta la afectación de derechos consagrados en la Constitución nacional, y tanto esto es así que desarrolló su argumentación apoyándose en los señalamientos formulados por el Superior Tribunal de la Nación respecto a éstos.
Este elemento estructural del fallo atacado es reconocido por la propia recurrente en diversos pasajes de su presentación. Así cuando menciona que los fundamentos explícitos de la inconstitucionalidad declarada son la desproporción y falta de razonabilidad de la norma, a la par que la violación de los derechos individuales " pero todo ello sin ninguna cita expresa de las normas de la Constitución Provincial", y agrega que prueba de ello es " el escueto decisorio que omite toda referencia a la Constitución Provincial" y únicamente cita el Código Procesal en materia de costas (v. fs. 77, cuarto párrafo del recurso).
También cuando al subrayar que "el fallo impugnado de la Cámara formula una declaración de inconstitucionalidad apresurada, sin citas expresas de los artículos de la Constitución Provincial comprometidos", y luego añade que dicho decisorio no constituye una derivación razonada del derecho vigente, de conformidad con las constancias de la causa e implica un menoscabo de los derechos de igualdad y defensa en juicio que consagra la Constitución nacional, pasando a criticarlo con el prisma de la Ley Fundamental, incurriendo a todas luces en un reproche ajeno a los supuestos contemplados en los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial; 299 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 77, octavo párrafo del remedio).
De igual manera procede al expresar que " el modo en que aparece tratada la cuestión por la Cámara involucra cuestiones federales" y con cita del art. 16 de la Constitución nacional manifiesta que lo hizo comprometiendo gravemente la garantía de igualdad (v. fs. 77 vta., primer párrafo).
Finalmente expone que el fallo no tiene anclaje en el orden constitucional local, que omite explicar acabadamente de qué manera la norma cuestionada contraría artículos específicos de la Constitución provincial y que " solamente aparecen referidos los arts. 28 y 31 de la Constitución Nacional, como expresión del principio de legalidad y de la supremacía constitucional cuando califica a la ley como una potestad derogatoria de derechos individuales " (v. fs. 81, segundo y tercer párrafos del escrito recursivo).
Ahora bien, habiendo analizado detenidamente el remedio propuesto, se impone la conclusión de que la recurrente dirigió su embate a intentar demostrar que la sentencia atacada no constituía -en su opinión- una derivación razonada del derecho vigente, pero lo hizo si
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.