Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131348
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 131.348, "Altuve, Carlos Arturo, Fiscal ante el Tribunal de Casación. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y Gutiérrez, Sergio Marcelo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 86.248 del Tribunal de Casación Penal, Sala III" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Genoud, Pettigiani.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 20 de marzo de 2018, hizo lugar parcialmente al recurso homónimo interpuesto por el defensor particular de Sergio Marcelo Gutiérrez, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de Quilmes que lo había condenado a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por su comisión con un arma de fuego. En consecuencia, casó parcialmente la sentencia impugnada, descartó la agravante genérica del art. 41 bis del Código Penal, y disminuyó el monto punitivo impuesto, el que fijó en doce años de prisión, accesorias legales y costas de primera instancia, por resultar autor responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa (v. fs. 116/126 vta.).
Frente a lo así resuelto, el señor Fiscal ante aquella instancia articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 129/133), e hizo lo propio el defensor particular del nombrado, doctor Rolando M. Cunto (v. fs. 137/156), los que fueron declarados admisibles por la Sala interviniente (v. fs. 163/165).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 174/179 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 188) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor particular de Sergio Marcelo Gutiérrez?
2ª) ¿Lo es el formulado por el señor Fiscal de Casación?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La defensa denuncia la errónea aplicación del art. 42 del Código Penal al no hallarse probada la conexión subjetiva que debe conformar la figura de tentativa (v. fs. 146 vta.).
Reseña lo decidido acerca de la acreditación del dolo homicida en el hecho (v. fs. 147 vta. y 148), afirma que el razonamiento de lo allí resuelto "...no puede dirigir el resultado a la figura del dolo eventual dentro de la tentativa, así como tampoco lo logra para demostrar el dolo determinado como aspecto subjetivo del tipo en cuestión" (fs. 148).
Refiere que en la prueba utilizada por los juzgadores la única evidencia "directa y objetiva" de lo sucedido surgiría de la grabación incorporada a la causa, que daría cuenta de que en el momento del hecho se produjo una acalorada discusión entre un hombre y una mujer, y que el análisis de los testimonios de Gutiérrez y la víctima demuestra el grado de alteración y rispideces existentes en el hogar, en tanto que los testimonios recabados durante el juicio oral solo aluden a las conductas anteriores y posteriores al hecho, tanto de la víctima como del victimario (v. fs. 148 vta. y 149).
Afirma que resulta obvio que los testimonios de Elsa Cayetana Herrera, Marta Noemí Herrera y Fiamma Daniela Herrera, fueran adversos al imputado por su estrecha relación con la víctima, pese a lo cual -en su parecer- no surgen indicios concretos que sostengan la determinación del dolo, directo o eventual. Aduna a ello, el de Pedro Elioli, quien se explayó sobre circunstancias posteriores al delito investigado y el de Sabina Mónica Catalani, que lejos de perjudicar a Gutiérrez, refirió "...haber visto una pelea en el momento del hecho con actitudes agresivas de la víctima hacia Gutiérrez" (fs. 149 vta.).
Concluye que no hay motivo para descartar la figura de la negligencia, imprudencia, impericia, que conforma la esfera "culposa" del tipo penal (art. 94, Cód. Penal), y tilda de arbitraria la sentencia impugnada debido a la incongruencia entre la prueba utilizada y su resultado (v. fs. 149 vta. y 150).
Invoca la versión de Gutiérrez según la cual, durante un forcejeo con la víctima, al tomar su mano, el arma de fuego se disparó "accidentalmente"; y agrega que no resulta gravitante la carencia de lesiones en el imputado debido a que "...un forcejeo no implica golpes que produjeran contusiones visibles en el cuerpo de Gutiérrez" (fs. 151).
En aval de su postura cita doctrina de autores acerca de las características y alcances del dolo eventual y de la culpa inconsciente o sin representación (v. fs. 150 y vta.).
En resumen, considera que "...no existe una justificación válida para mutar la idea del accionar culposo, tanto en las categorías de negligencia, impericia o inobservancia de los deberes a su cargo, y trasladarla al ámbito de la representación del resultado que compone el matiz del dolo eventual" (fs. 151 vta.).
En subsidio, estima que resultaría aplicable la figura de lesiones graves del art. 90 del Código Penal por cuanto la hipótesis de la acción de poner en peligro la vida del ofendido se condice también con los padecimientos que tuvo la víctima después del hecho, "...aunque tampoco eso asegure haber corrido riesgo de perder la vida" (fs. 152 y vta.).
Por otra parte, alega que el tribunal recurrido no trató ni respondió los planteos sustanciales realizados por esa parte en ocasión de presentar el memorial con posterioridad al recurso del anterior defensor en orden a modificar la calificación legal por la conducta tipificada en el art. 94 del Código Penal y, subsidiariamente, la figura del art. 90 del mismo plexo normativo. Para lo cual reitera las opiniones doctrinarias y jurisprudenciales incorporadas como complemento del recurso casatorio que no fueron analizadas ni rebatidas por el fallo recurrido (v. fs. 152 vta./154 vta.).
Aduce que en el hecho coexisten varias hipótesis desde la figura culposa, la figura dolosa de lesiones, el dolo de ímpetu, con el común denominador que todas ellas excluyen la presencia de dolo eventual o el dolo directo, concluyendo que la correcta aplicación de la ley sustantiva debería recaer en la figura culposa con atención al citado "impeto di affetti" y las lesiones graves (v. fs. 154 vta.).
Por último, expone que de la noción del recurso contra la sentencia de condena como garantía del imputado, con apego a las prescripciones que los arts. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se desprende que éste tiene la posibilidad de obtener, por parte de un tribunal superior, el doble conforme; merced a una revisión que debe ser amplia, permitiéndole al procesado un nuevo juicio sobre el fallo condenatorio y la pena impuesta (v. fs. cit.).
II. La Procuración General aconsejó desestimar el recurso en trato (v. fs. 174/179 vta.), y coincido con su opinión.
III.1. La materialidad fáctica que llega firme a esta sede, refiere que "El día 4 de marzo de 2011 aproximadamente a las 22.00 hs. estando Elsa Herrera en el interior de la vivienda de la calle 889 nro. 3418 entre 834 y 835 de San Francisco Solano, partido de Quilmes, en el living de la vivienda, Sergio Marcelo Gutiérrez, quien se encuentra unido en matrimonio con la víctima, disparó en forma intencional con un arma de fuego que portaba, dirigiéndola hacia Elsa Herrera, con claras intenciones de provocarle la muerte, causándole lesiones de herida de arma de fuego con orificio de entrada en cuadrante superior izquierdo de abdomen, lo que le causó hematoma en la pared posterior de intestino delgado con tres lesiones del mismo, y traumatismo con edema extenso con codo izquierdo siendo las lesiones de grave entidad, no logrando su cometido por razones ajenas a su voluntad" (fs. 35 y vta.).
El hecho fue calificado como homicidio agravado por el vínculo y por su comisión con arma de fuego, en grado de tentativa (arts. 41 bis, 44 y 80 inc. 1, Cód. Penal), siendo responsabilizado Gutiérrez en calidad de autor. En lo que aquí interesa destacar, el tribunal de condena sostuvo que "La intención de dar muerte surge clara [...] no solo por la gran ofensividad del medio empleado a corta distancia, dirigido directo a zonas vitales del cuerpo, sino que su actitud posterior no evidenció en absoluto un cambio de intencionalidad. Quien salió a buscar ayuda fue la hija de la víctima, el imputado permaneció gritándole en el mismo clima de violencia que precedió al disparo. Su cambio de actitud se operó al agruparse terceros"; sobre tales datos consideró que no observaba ninguna "exteriorización de conducta" que lo inclinara siquiera por la duda, a contemplar la posibilidad de "...un cambio de finalidad en sus acciones". Pues concluyó "El que la haya llevado en auto con un vecino se deb[ió], repito, al cambio de actitud adoptado al verse observado por terceros al grupo familiar" (fs. 54 vta.).
III.2. En el recurso de casación, respecto de este tópico, la defensa de Gutiérrez cuestionó la calificación legal asignada al hecho en el entendimiento de que no se había acreditado la intención de matar de su asistido con relación al delito que se le atribuye, y reclamó la aplicación de la figura culposa o la de lesiones graves agravadas por el vínculo (v. fs. 66/72 vta.).
La pretensión fue mantenida en iguales términos en el memorial que luce a fs. 104/108.
III.3. El tribunal intermedio sobre dicho extremo resolvió que "...la conducta de Gutiérrez -quien contaba con un medio capaz de ocasionar daño (el arma de fuego que disparó a escasa distancia de la víctima)- resulta demostrativa de su finalidad homicida y permite afirmar, que el riesgo de muerte era previsible, abarcando su acción la posibilidad de que ésta se produjera" (fs. 123 vta.).
Luego señaló que "Hay dolo de homicidio por sometimiento de la víctima a una peligrosa situación -como la de someterla al castigo relatado- aunque no persiga [directamente] matarla"; y que "El dolo eventual no se excluye simplemente por la esperanza de que la occisión no se va a producir o [porque] no haya sido deseada por el autor" (fs. 123 vta. y 124).
Explicó que Gutiérrez no sólo "...aceptó el resultado eventual", a estar al medio utilizado con aptitud letal cuyo resultado en definitiva "...no se produjo por razones ajenas a su voluntad" (fs. 124).
Así es que tuvo por acreditado el dolo homicida y descartó el intento de la defensa de encuadrar el hecho en la figura culposa.
Por último, concluyó que "...no quita ni pone a la cuestión que Gutiérrez haya efectuado un solo disparo de los diez proyectiles que poseía o que el disparo haya sido en la zona abdominal o que trasladara a su esposa al hospital, pues basta el conocimiento de que la conducta llevada a cabo pone en riesgo concreto el bien jurídico protegido, lo que sucedió en el caso, máxime teniendo en cuenta la condición de policía de Gutiérrez, con la consecuente experticia en el manejo de armas de fuego y su poder lesivo" (fs. 124 y vta.).
IV. Como se advierte, el Tribunal revisor lejos de limitar su competencia, abordó el reclamo de la defensa acerca de la acreditación de la intención de dar muerte a la víctima planteado por la defensa particular en oportunidad de interponer el recurso de casación (v. fs. 70 vta. y 71), se pronunció por su desestimación y brindó las razones que lo llevaron a mantener la calificación del delito contra la vida en grado de conato adoptada en el tribunal de origen con debida fundamentación de lo resuelto en las constancias probatorias reunidas en autos.
Los agravios traídos, bajo la denuncia del supuesto excepcional de la arbitrariedad y errónea aplicación de la norma de fondo, están dirigidos a cuestionar el valor otorgado a la prueba en las instancias anteriores -dando para ello una particular interpretación de lo sucedido y de los elementos de convicción tenidos en cuenta- a efectos de lograr un cambio en la calificación legal, y por ello, escapan al acotado ámbito de la competencia revisora de esta Corte (art. 494, CPP).
Y si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede conllevar una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la exactitud de la subsunción legal salvo los casos de absurdo, claramente alegados y demostrados, no le corresponde a la Suprema Corte revisar los supuestos errores sobre los hechos alegados por la defensa (causa P. 92.917, sent. de 25-VI-2008; en el mismo sentido: causas P. 75.228, sent. de 20-X-2003; P. 77.902, sent. de 30-VI-2004; P. 71.509, sent. de 15-III-2006; P. 75.263, sent. de 19-XII-2007; e.o.).
En el caso, el recurrente ha señalado su opinión diversa y sugerido interpretaciones alternativas de la prueba, pero no ha demostrado con ese proceder la concurrencia del vicio que le atribuye a la sentencia ni ha rebatido las concretas respuestas brindadas por el a quo a similares agravios a los aquí traídos (art. 495, CPP).
Concuerdo además con el sentenciante en que la conducta desplegada por el imputado al disparar en el abdomen y a escasa distancia de la víctima resulta demostrativa de su finalidad homicida y constituye -cuanto menos- un caso de dolo eventual, un supuesto en el cual el autor se representa y acepta la posibilidad del resultado mortal; se conforme con ella. De allí, que el tribunal revisor descartó la solicitud de la defensa del cambio de calificación legal por la figura culposa del art. 94 del Código Penal, y desplazó el tratamiento de la de lesiones graves agravadas por el vínculo.
Por lo demás, lo así decidido coincide con la reiterada doctrina de esta Corte en orden a que el delito de homicidio no exige un dolo específico, bastando para su realización el "dolo eventual", en consecuencia, también esta clase de dolo es suficiente para la tentativa (art. 42, Cód. cit.) (causa P. 112.567, sent. de 3-V-2012; e.o.).
En definitiva, la disconformidad con la solución adoptada por el a quo no es eficaz para demostrar la violación al derecho al recurso en los términos de los arts. 8 apartado 2 inc. "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 apartado 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que cita, como tampoco la afectación a las garantías constitucionales, ni las normas de fondo que invoca (v. fs. 155 vta.; art. 495, CPP y su doctr.).
No se advierte -ni el recurrente ha logrado evidenciar- que la revisión haya sido incompatible con el derecho de revisión amplia que pregona (art. 495, CPP).
V. Con relación a las opiniones doctrinarias y jurisprudenciales que la parte denuncia como omitidas, las mismas no fueron llevadas a conocimiento del Tribunal de Casación en el recurso respectivo. Recién fueron alegadas en una etapa procesal posterior, esto es, en el memorial sustitutivo de la audiencia que regula el art. 458 del Código Procesal Penal y, en consecuencia, dicho órgano jurisdiccional no estaba obligado a su tratamiento (art. 451 tercer párr., CPP, conf. arraigada doctr. de esta Corte, causas P. 78.901, sent. de 7-XI-2001; P. 75.534, sent. de 21-XI-2001; P. 77.329, sent. de 10-IX-2003; P. 81.725, sent. de 16-IX-2003; P. 83.841, sent. de 9-X-2003; P. 89.368, sent. de 22-XII-2004; e.o.).
Esta Corte ha sostenido que el último párrafo del apartado cuarto del art. 451 del ritual marca el límite temporal para expresar los motivos de casación: hasta la interposición del recurso. Una vez vencido ese término "...el recurrente no podrá invocar otros motivos distintos".
Las posteriores ocasiones procesales están contempladas para que la parte complete, con argumentos y citas legales, el planteo originario del recurso, sin que quepa ampliar el espectro del material sobre el cual el Tribunal de Casación debe ejercer su faena revisora.
En definitiva, el sentenciante suministró fundadas razones por las que consideró acertada la decisión del juzgador sobre la cuestión en trato, y efectuó una revisión de la condena compatible con los parámetros impuestos en el precedente "Casal", en tanto incluyó un juicio crítico de las constancias probatorias.
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan, y los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor fiscal denuncia arbitrariedad de la sentencia impugnada por fundamentación aparente al haberse descartado la calificante del art. 41 bis del Código Penal, so pretexto de doble agravación prohibida (v. fs. 129 vta.).
Luego de reseñar los fundamentos a partir de los cuales el fallo de primera instancia había receptado como pauta agravante de la pena la condición de policía del imputado; concluye que la misma se refirió a la profesión y condición del sujeto activo de "policía" y a la circunstancia de "utilizar en el hecho el arma de fuego" (fs. 131).
Expresa que el mentado art. 41 bis se trata de una agravante genérica específica o calificativa, la cual "...se aplica a los delitos que se cometen con violencia física contra las personas mediante el empleo de un arma de fuego, entonces, si el delito de homicidio -en este caso tentado- es posible llevarlo a cabo con otro elemento que aumente el poder ofensivo del autor, o sin arma de fuego, cuando se cometa con un arma de fuego se agrava el quantum punitivo del tipo básico del medio empleado, no siendo de aplicación la regla de exclusión contenida en el segundo párrafo [...] por cuanto este delito no contempla a nivel típico el empleo de armas de fuego..." (fs. 131 vta.).
Cita en aval de su postura el precedente de esta Suprema Corte en causa P. 114.489 (sent. de 22-V-2013; v. fs. 131 vta.).
Concluye que el art. 41 bis del Código Penal resulta aplicable ya que "...no se desprende del fallo de primera instancia, que haya sido ésta circunstancia valorada dos veces: una para disponer la calificación legal, y otra para agravar la pena dentro de esa escala calificada por la aplicación del citado art. 41 bis del Código Penal" (fs. 132).
II. Coincido con el señor Procurador General: el recurso fiscal prospera (v. fs. 174/179 vta.).
III.1. La materialidad infraccionaria ya fue descripta en la primera cuestión, a la que cabe remitirse, en honor a la brevedad.
En lo que aquí interesa destacar, el tribunal de juicio justificó la valoración de la "condición de policía" como pauta agravante solicitada por el fiscal, con sustento en que "...en situaciones similares que colocamos en cabeza de las fuerzas de seguridad el deber de preservar el orden jurídico, prevenir y reprimir el delito, para lo cual los dotamos de armas de fuego para cuidar a los ciudadanos en esa loable tarea. Gutiérrez usó el arma para todo lo contrario, a la par que conoce, por la experiencia de su trabajo, el poder ofensivo de la misma y el modo correcto de su uso" (fs. 53).
En el nivel de la calificación legal, resolvió que el hecho acreditado constituía el delito de tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por su comisión con arma de fuego. Expresó que dicha figura penal no contempla entre sus modos comisivos el arma de fuego, pues existe un abanico inmenso de elementos con los cuales se puede buscar el resultado muerte, y que la excepción prevista en el segundo párrafo no resultaba aplicable dado que no contempla entre sus diversas modalidades típicas la violencia o intimidación contra las personas mediante el empleo de un arma de fuego como elemento constitutivo o calificante (v. fs. 54).
III.2. A su turno, el Tribunal de Casación Penal, resolvió excluir de la calificación legal la aplicación de la agravante prevista en el citado art. 41 bis, en el en
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