Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129305
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
En la ciudad de La Plata, a 12 de junio de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, de Lázzari, Kogan, Negri , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 129.305, "Duffau, Rodrigo Nicolás. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 26.925 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, Sala II".
La Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, mediante el pronunciamiento dictado el 22 de marzo de 2017, rechazó el recurso deducido por la defensa de Rodrigo Nicolás Duffau contra la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 2 departamental que había condenado al nombrado a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional, como autor penalmente responsable del delito de tenencia ilegal de arma de guerra, sin costas (v. fs. 26/29, en relación con fs. 9/14).
Frente a lo así decidido, la señora defensora oficial -doctora Natalia Argenti- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 37/48 vta.), el que fue declarado admisible por el Tribunal de Alzada (v. fs. 53/55).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 67/72 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 73), y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La defensa denuncia la lesión al derecho a la intimidad, a la libertad ambulatoria y al debido proceso -arts. 18 de la Constitución nacional, 7 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 9.1 y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-, lo cual se habría configurado al rechazarse el planteo de nulidad del procedimiento articulado por esa parte (v. fs. 40 y vta.).
Luego de repasar los agravios que portaba el recurso de apelación (v. fs. cit./44), señala que la respuesta brindada por la Cámara -votos del doctor Almeida y la doctora Lasaga- resulta escueta y carente de un adecuado análisis de los factores de hecho que esa defensa detalló (v. fs. 45 y vta.).
Indica que el Tribunal de Alzada reconoció que el personal policial expresó claramente que el motivo por el cual no pidió la orden escrita fue para agilizar los trámites, porque de lo contrario si se hubiera así ordenado probablemente "se hubiese frustrado el procedimiento" (fs. 46), cuando resultaba inverosímil la posible fuga de su asistido, frente a la presencia de un patrullero y personal policial lo cual descarta la invocada situación de urgencia. A su entender, ha quedado demostrado que ese factor no ha sido fundado ni por el juez de grado ni por los jueces de la Cámara, apartándose de los hechos probados y de los planteos de esa parte (v. fs. cit. y vta.).
Por otro lado, resalta que el tribunal intermedio para justificar la aprehensión, requisa y secuestro, formuló diversas divisiones artificiales y forzadas sobre el factor tiempo, disociando de un mismo acto dos momentos: uno para la requisa y otro para la aprehensión. Ello, por cuanto desde el momento en que Duffau fue demorado por el oficial policial en la ruta, su libertad se encontraba anulada y para ello era necesario contar con una orden de arresto, tal como lo establece la Constitución nacional, y tal orden nunca se solicitó porque, como dijo el preventor "quería acelerar los trámites" y tal circunstancia no se asimila a una situación de urgencia (v. fs. ibid. y 47).
Afirma que la Constitución nacional marca un límite a la forma de llevar adelante los procedimientos, pues ellos constituyen reglas básicas del debido proceso y que las normas de rito no muestran un orden real de prelación en la secuencia de análisis (conf. arts. 225 y su remisión al 153, todos del CPP; v. fs. cit. y 47 vta.).
Aduce que es una obviedad que una requisa presupone previamente una situación de restricción de su posibilidad de locomoción y que si nos sujetamos al criterio de la Cámara, el requisado no estaría bajo ninguna sujeción desde que la privación de la libertad se iniciaría recién con el secuestro, por lo que caerían en letra muerta los arts. 225 y 294 del Código adjetivo (v. fs. cit.).
Manifiesta que en las presentes actuaciones no existe una causa independiente de investigación que permita arribar de otro modo al secuestro, y por ende resulta aplicable la regla de exclusión de los medios probatorios obtenidos por vías ilegítimas, con apoyo en el precedente "Rayford" de la Corte federal (v. fs. ibíd.).
Finalmente, denuncia arbitrariedad por apartamiento de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos "Montenegro", "Fiorentino", "Daray" y "Peralta Cano", siendo tal circunstancia suficiente para descalificar el pronunciamiento recurrido, ante la ausencia de argumentos serios para prescindir de la doctrina jurisprudencial citada (v. fs. 48).
II. Coincido con el señor Procurador General en cuanto aconsejó el rechazo del recurso deducido (v. fs. 67/72 vta.).
III. Liminarmente, corresponde señalar que el recurso fue admitido por la Cámara en virtud de encontrarse cuestionada la validez constitucional de las diligencias de requisa y aprehensión, involucrando las garantías de libertad ambulatoria, intimidad y debido proceso atento la naturaleza federal de los agravios conforme la doctrina de los precedentes "Strada", "Chrisotu" y "Di Mascio" de la Corte federal (v. fs. 53/55).
IV. Con respecto al hecho que motivara el inicio de la presente causa, corresponde determinar que el juzgado de origen tuvo por acreditado que "...en las primeras horas del día 1 de marzo [de 2016] en circunstancias en que un Agente Policial del Destacamento de Pipinas se hallaba realizando tareas de investigación tendientes a ubicar a una de las personas indicadas por la Sra. Marta Susana Díaz, mencionados por ella como sospechosa de haber cometido la noche anterior un delito de hurto en su propiedad, situada en la localidad de Pipinas, ubicó al mismo en circunstancias en que se encontraba haciendo dedo sobre el acceso norte de la ruta 36 con dirección a Magdalena. En este contexto, al interceptarse al individuo y requisarse el bolso que portaba, fue hallado en su interior una escopeta marca Centauro calibre 32 (14 mm.), la cual carecía de culata, contando solo con una pequeña empuñadura, desprovista de su chimaza, con un largo de cañón de 30 cm., apta para efectuar disparos, careciendo el referido sujeto de la autorización legal para su tenencia" (fs. 9).
Frente al planteo de la defensa de nulidad del procedimiento de requisa y aprehensión, el Tribunal intermedio señaló "...que existían motivos suficientes para presumir que en la ocasión, el encartado poseía el celular denunciado como sustraído a la víctima Susana Díaz", hallándose abastecido el presupuesto que requiere el código ritual para efectuar una requisa; y que la aprehensión fue a consecuencia del hallazgo del arma "...circunstancia independiente de los motivos que impulsaron al personal policial a requisar el bolso del encartado (art. 225, CPP)" (fs. 27).
Indicó que la urgencia requerida para que el personal policial disponga la requisa, con aviso inmediato al juez y al Ministerio Público, también se verificó en la emergencia "...habida cuenta la inmediatez temporal entre la denuncia y la presencia del encausado en la ruta, haciendo dedo y portando un bolso (art. 294 inc. 5, CPP)". Por lo cual más allá de las expresiones del oficial interviniente, en el contexto en que la diligencia tuvo lugar "...tal urgencia aparece implícita, pues no había motivo para aprehender, pero sí para requisar sin orden, pues de lo contrario, si se hubiera requerido esta última, se hubiese frustrado el procedimiento" (fs. cit. y vta.).
En tales condiciones, el recurrente no logra evidenciar vulneración alguna a las garantías constitucionales invocadas, en tanto se reputó que el actuar de los agentes policiales resultó ajustado a lo establecido por los arts. 225 y 294 inc. 5 del ordenamiento procesal, que los facultan para realizar la requisa, siempre que exista una razón de "urgencia" y "motivos suficientes" para presumir que una persona oculta cosas relacionadas con un delito, con inmediato aviso a las autoridades pertinentes.
Ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que una vez que el personal policial se encuentra frente a una hipótesis razonable ("indicios vehementes", "circunstancias debidamente fundadas", "motivos suficientes o bastantes para presumir", etc., según la reglamentación de los respectivos códigos procedimentales) que lo habilitaría a actuar ante la urgencia, sea para arrestar o requisar a una persona sin orden judicial, es necesario que explicite fundadamente las conductas exteriorizadas por el imputado que generaron las sospechas de hallarse ante un cuadro presumiblemente delictual o de "flagrancia". Pues, esta actividad es excepcional y siempre ha de estar sujeta al control judicial, para lo cual es menester que en esos actos se encuentren justificadas circunstanciadamente las razones del procedimiento (conf., por todos, CSJN, "Fallos": 317:1985; voto del juez Maqueda en W. 29. XXXVII, "W., C. L. Recurso de hecho", sent. de 21-IX-2004, consid. 10°; en el sentido indicado, mi voto en causas P. 81.493, sent. de 1-X-2003; P. 75.926, sent. de 6-VII-2005).
En el caso bajo estudio, se encuentra probado que tras el llamado de la señora Díaz denunciando la sustracción de su vivienda de su celular, los agentes policiales -Deluca y Córdoba- se apersonaron en el domicilio de la damnificada y luego del relato de lo ocurrido, con indicación de los posibles autores, el oficial Deluca salió a la búsqueda de una persona de apodo "Nico", aclarando el nombrado que "...la localidad de Pipinas es pequeña ya que tiene menos de diez cuadras de largo y ancho" (fs. 9 vta.).
A su turno, en su declaración en el juicio oral, la señora Díaz explicó que "...había colaborado con el personal policial procurando dar con el imputado, recordando la declarante que habiéndole manifestado el marido de una amiga que lo había visto haciendo dedo en la ruta" les comunicó aquella circunstancia (fs. 10 vta.)
Luego, con los datos aportados por la denunciante, el agente Deluca manifestó que fue a buscarlo y "...habiendo transcurrido menos de 20 minutos, pudo ubicarlo haciendo dedo sobre la ruta 36 portando un bolso" (fs. 9 vta.).
Sentado ello, las críticas de la recurrente a la expresión de Deluca referida a "acelerar los trámites" debido a la "urgencia del momento", no progresan. Pues, no demuestra que la interpretación que hiciera el a quo de esos dichos y, en lo que aquí importa, de que se encontraban corroboradas las condiciones objetivas que autorizaban la realización de la requisa sin orden judicial, dado que se había denunciado que el imputado podía hallarse incurso en un delito de desapoderamiento, que tendría consigo el objeto robado y que estaría en la ruta intentando huir con dicho elemento, por lo que tales condiciones justificaban el accionar de los preventores, siendo esa "urgencia" la que determinó a los funcionarios policiales a actuar, comunicando luego a la autoridad competente -arts. 294 inc. 5 y 296, Código Procesal Penal- aparezca arbitraria y desenfocada a tenor de las comprobadas constancias del caso.
En cuanto al planteo de la defensa relativo a que el órgano revisor con el fin de justificar la aprehensión, requisa y secuestro efectuó diversas divisiones artificiales sobre el factor tiempo, falseando la lógica, la experiencia y el sentido común, también debe ser desechado.
En su voto el doctor Almeida señaló que los motivos que promovieron la requisa (encontrar un celular) fueron diversos a los motivos de la aprehensión (hallazgo de un arma de fuego), luego la doctora Lasaga puntualizó que "...la requisa importaba la privación de la libertad con el objeto de concretar la misma, y no la aprehensión del imputado, ocurriendo esto último recién al hallarse en el interior del bolso que portaba el sospechoso, un arma de fuego" (fs. 28).
Coincido con el Procurador en que yerra la defensa sobre este punto al considerar que cuando se requisa -al importar una breve privación de la libertad- se debe requerir una orden de arresto, si en un caso como el presente el texto legal exige "motivos suficientes" y "urgencia", según lo prescriben los arts. 225 y 294 inc. 5 del ordenamiento procesal; y el a quo dio por abastecidos tales presupuestos, sin demostración de absurdo o arbitrariedad (art. 495, CPP).
Finalmente, tampoco se advierte la mínima fundamentación exigible en la causal de arbitrariedad que viene alegada con sustento en que el Tribunal intermedio se habría apartado de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se citan -"Montenegro", "Fiorentino", "Daray" y "Peralta Cano"-, pues la recurrente debió hacerse cargo de las diferencias causídicas entre dichos precedentes y las concretas circunstancias del presente expediente de modo tal de explicitar por qué, pese a esas relevantes diferencias, la solución debía ser la misma (art. 495, CPP).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor de Lázzari , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Negri, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia