Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138806
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Rubén Ernesto Caris, con costas (conf. art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.806, "Caris, Rubén Ernesto s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 96.908 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, el 9 de junio 2020, rechazó el recurso de la especialidad presentado por la defensa oficial de Rubén Ernesto Caris contra el pronunciamiento de la Cámara de Apelación y Garantías de San Nicolás que confirmó el rechazo del pedido de rectificación del cómputo de pena.
El señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
La Casación, mediante resolución de fecha 28 de marzo de 2023, admitió la impugnación por considerar que las denuncias de arbitrariedad por falta de tratamiento de cuestiones oportunamente planteadas, violación del debido proceso, del derecho de defensa en juicio, de la finalidad resocializadora de las penas, así como también de la prohibición de imponer penas crueles, inhumanas y degradantes, se plantearon con la suficiencia y carga técnica necesarias.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La defensa oficial tacha de arbitrario el pronunciamiento de Casación por haber incurrido en afirmaciones meramente dogmáticas, lo que derivó en la afectación de las garantías del debido proceso y del derecho de defensa, configurando una revisión meramente aparente (conf. arts. 8.2 "h", CADH; 14.5, PIDCP; 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 5.1, 5.2, CADH).
Luego de reseñar los antecedentes del caso, sostiene que el a quo no abordó debidamente el planteo vinculado a la necesidad de que se fije la fecha en que su defendido podrá recuperar la libertad.
Agrega que el pronunciamiento impugnado no dio respuesta a las cuestiones federales planteadas vinculadas a la violación del fin resocializador que debería gobernar la sanción penal y a la prohibición de aplicar penas crueles, inhumanas y degradantes. De lo cual se agravia con cita de los arts. 18 de la Constitución nacional y 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Trae a colación el fallo "Giménez Ibáñez" de la Corte nacional y el expediente P. 84.479 de esta Suprema Corte y sostiene que de ambos se desprende la necesidad de que la pena de prisión perpetua impuesta a un reincidente tenga un límite temporal.
En función de ello, considera que las citadas garantías constitucionales imponen el deber de fijar "...la fecha cierta en la que vencerá la pena de prisión perpetua impuesta".
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar la impugnación. Coincido con lo dictaminado.
III. El recurso es insuficiente (conf. art. 495, CPP).
Resulta pertinente hacer una breve reseña de los hitos relevantes del caso.
III.1. Del cómputo de pena practicado con fecha 19 de octubre de 2018, se desprende que el Tribunal en lo Criminal n° 1 de San Nicolás, mediante sentencia dictada el 3 de julio de 2017, condenó a Rubén Ernesto Caris, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio calificado por el vínculo y por haber mediado violencia de género (hechos cometidos el 29-X-2014; conf. sent. de condena de primera instancia).
Se indicó que fue detenido el 29 de noviembre de 2014 sin recuperar su libertad a esa fecha, por lo que para ese entonces —19 de octubre de 2018— llevaba privado de su libertad un total de tres años, diez meses y veinte días.
Contra ello, la defensa oficial solicitó la rectificación del cómputo, con apelación en subsidio, por no haberse establecido la fecha de vencimiento de la pena.
III.2. El Tribunal en lo Criminal n° 1, mediante resolución de fecha 11 de febrero de 2019, rechazó el pedido de rectificación.
En tal sentido, afirmó que la pena impuesta resulta indivisible por lo que no es posible fijar su finalización, toda vez que su extinción, conforme el juego armónico de los arts. 13, 15 y 16 del Código Penal, se encuentra supeditada a la obtención de la libertad condicional, "...siempre y cuando se cumplan los requisitos para su concesión -art. 13 del Cód. Penal- y que la misma no sea revocada dentro del plazo de cinco años -con el consiguiente efecto interruptivo en el art. 15 del Cód. Penal-".
Contra ello, la defensa oficial dedujo recurso de apelación.
III.3. La Cámara de Apelación y Garantías de San Nicolás, mediante pronunciamiento dictado el 19 de marzo de 2019, desestimó la impugnación por estimar prematuros los agravios de la defensa sobre el punto.
Explicó que siendo que la pena de prisión perpetua tiene previsto su agotamiento a partir de la concesión de la libertad condicional (conf. arts. 13 y 16, Cód. Penal) y que Caris aún no cumplió con el requisito temporal para acceder a dicho instituto, "...resulta imposible al Tribunal de grado expedirse sobre la posibilidad de concesión de la libertad condicional, para así dar inicio al término de la extinción si correspondiere de la pena de prisión perpetua inflicta al mismo (arts. 13, 14 y 16, Cód. Penal)".
Insistió en que el planteo de la parte resulta prematuro en tanto el cómputo de pena de la prisión perpetua no puede establecer a priori un concreto monto punitivo como si se tratara de una condena divisible pues es invisible. En definitiva, su extinción depende del juego armónico de los arts. 13, 16 y concordantes del Código Penal.
Contra ello, la defensa oficial dedujo recurso de casación.
III.4. Por su parte, la Sala V del Tribunal de Casación Penal, confirmó el pronunciamiento atacado por considerar —al igual que las instancias anteriores— que no corresponde establecer la fecha de vencimiento de la pena de prisión perpetua.
En tal sentido, reafirmó que el agotamiento de la pena impuesta a Caris depende de la aplicación de los arts. 13 y 16 del Código Penal.
IV. Como se adelantó, el recurso no puede prosperar.
IV.1. Por un lado, tal como lo advirtió la Procuración General en su dictamen, en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la defensa oficial insiste con idénticos planteos a los llevados ante los órganos anteriores, limitándose a exponer un mero criterio divergente respecto a las limitaciones temporales de la pena de prisión perpetua, sin evidenciar que lo decidido de manera coincidente por las tres instancias jurisdiccionales afecte las garantías constitucionales que de manera genérica dice conculcadas (conf. art. 495, CPP).
En efecto, la parte insiste con la necesidad de establecer un límite fijo a la pena de prisión perpetua sin hacerse cargo de remover de manera eficaz los argumentos de los órganos jurisdiccionales que intervinieron en la presente —que, de modo conteste, y en conciencia con el criterio de esta Suprema Corte— afirmaron que la pena de prisión perpetua es indivisible por lo que no es posible establecer a priori un límite temporal pues este queda supeditado a la eventual concesión de la libertad condicional y al cumplimiento de los recaudos del art. 16 del Código Penal (v. puntos III.2. a III.4.).
IV.2. En este contexto, la denuncia de arbitrariedad vinculada con la violación del derecho de defensa, del debido proceso y la errónea revisión por no haberse abordado los planteos vinculados al fin resocializador de las penas y a la prohibición de imponer penas crueles, inhumanas y degradantes —directamente enlazados al pedido de fijación de una fecha de vencimiento a la pena de prisión perpetua—, no procede (conf. art. 495, cit.).
Si bien es cierto que la Casación no se pronunció expresamente sobre dichos tópicos, lo cierto es que el recurrente no demostró que su abordaje fuera pertinente para la resolución del caso.
En efecto, no puso en evidencia que al ratificar Casación que no es posible fijar a priori la fecha de vencimiento de la pena de prisión perpetua por tratarse de una pena indivisible y que su límite temporal dependerá del acceso a la libertad condicional y del eventual cumplimiento de las respectivas condiciones (conf. arts. 13, 16 y concs., cits.), estuviera igualmente compelida a abordar expresamente tales planteos, directamente enlazados con el pedido de fijación de la fecha de vencimiento de la pena de prisión perpetua.
Cabe recordar, que esta Suprema Corte tiene dicho en numerosos precedentes que el Tribunal no está obligado a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino solo los que estime pertinentes para la resolución del tema (conf. causas P. 93.646, sent. de 14-VI-2006; P. 115.530, resol. de 9-IV-2014; P. 129.304, sent. de 19-IX-2018; e.o.), correspondiendo en su caso a quien recurre demostrar la incidencia que en el resultado del proceso podría haber tenido el abordaje de tales planteos, lo que la defensa oficial no logró demostrar en el presente caso (conf. causa cit. P. 129.304, sent. de 19-IX-2018; P. 134.979, sent. de 19-IV-2024; e.o.).
IV.3. Igual suerte corresponde al agravio vinculado a la violación de la garantía que prohíbe la imposición de tormentos, penas crueles, inhumanas y degradantes (conf. arts. 18, Const. nac.; 5.1 y 5.2, CADH).
En primer lugar, el desarrollo del agravio luce genérico y dogmático, lo que resulta suficiente para su desestimación (conf. art. 495, cit.).
Además, el fundamento de este planteo de pretenso cariz federal se encuentra directamente enlazado al pedido de fijación de una fecha de vencimiento de la pena de prisión perpetua, requerimiento que como se expuso en los puntos previos fue rechazado por las tres instancias intervinientes sin que la parte logre remover lo así decidido.
En adición, el criterio adoptado por los órganos jurisdiccionales intervinientes resulta acertado pues se halla fuera de la órbita del sentenciante establecer una determinación numérica de la pena a perpetuidad, que ya el legislador consideró que era absoluta (no individualizable). De lo contrario, su fijación ab initio en determinada cantidad de tiempo de privación de la libertad, podría avanzar sobre el arbitrio que compete a otros poderes del Estado, desoyendo el sentido de la misión del Poder Judicial, que exige observar escrupulosamente el ámbito de su jurisdicción sin menoscabar las funciones que incumben al legislador o al Ejecutivo (CSJN Fallos: 208:1848 y 2268; 310:1162; 311:2580; 316:2732; 326:2004; entre muchos). Ello, frente al amplio margen que la política criminal le ofrece precisamente al legislador para establecer las consecuencias jurídicas que estime convenientes para cada caso (CSJN Fallos: 311:1451, cons. 9°).
Aunque la defensa oficial no coincida con ello, no evidencia que dicho temperamento torne a la pena impuesta a Caris en un tormento, en una pena cruel, inhumana o degradante pues, a la luz de la ejecución progresiva de la pena privativa de libertad, será el eventual acceso al régimen de la libertad condicional —una vez cumplidos los presupuestos del instituto de mentas— lo que permitirá, oportunamente, determinar el vencimiento de la pena (conf. arts. 1, ley 24.660; 5.6, CADH; 13 y 16, Cód. Penal).
Por ello, en el presente caso, tal como lo afirmaron las instancias previas, la extinción de la pena de prisión perpetua impuesta a Caris presupone el sometimiento al régimen de libertad condicional bajo el cumplimiento de los presupuestos que gobiernan dicho instituto, sin que se advierta que ello quebrante los derechos constitucionales alegados genéricamente por la defensa oficial (conf. arts. 13, 15, 16, 17, Cód. Penal; conf. mutatis mutandi, causas P. 126.107, sent. de 31-VIII-2016; P. 130.559, sent. de 29-IV-2020; e.o.; conf. CCC 70150/2006/T01/1/2/RH1, "Álvarez, Guillermo Antonio y otro s/robo con armas", sent. de 22-VIII-2019, cons. 8° y 9°; Zaffaroni et al., Derecho Penal. Parte General, Ediar, Bs. As., 2002, pág. 946).
Finalmente, la invocación del precedente "Giménez Ibáñez" de la Corte federal —publicado en Fallos: 329:2440 y bajo el registro P. 84.479, sentencia de 27-XII-2006 de este Tribunal— no es plausible para justificar la solución que se pretende, porque aquel —precisamente— no comprende el supuesto de autos, sino otro de pena a perpetuidad con más declaración de reincidencia, que torna inoperante el complejo de reglas antedichas que asignan un marco de certeza respecto de su agotamiento.
Por todo lo expuesto, corresponde desestimar los agravios de pretenso cariz federal desarrollados por la defensa oficial, con la inatingente cita del fallo "Giménez Ibáñez", y convalidar el criterio adoptado por el órgano de mérito, reafirmado por la Cámara y la Casación.
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Rubén Ernesto Caris, con costas (conf. art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/11/2024 08:57:21 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/11/2024 10:36:16 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/11/2024 10:48:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/11/2024 11:55:38 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/11/2024 11:57:51 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia