Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134398
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.398-RC, "Conte-Grand, Julio -Procurador General- s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en expediente S.J. 458-18 del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, seguida a María Zulema Vila", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2878): doctores Soria, Kogan, Genoud, Torres.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, por mayoría, el 31 de octubre de 2019, declaró que los hechos tratados en el expediente seguido a María Zulema Vila, Titular del Juzgado en lo Civil y Comercial n° 11 de Lomas de Zamora, no resultaban comprendidos en su competencia, por lo que dispuso el cierre y archivo de las actuaciones (conf. art. 27, primer párrafo, ley 13.661; v. fs. 182/246 vta.).
Frente a tal decisión, el Procurador General ante este Tribunal, doctor Julio Conte-Grand, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 252/264) el que fue admitido por el Jurado de Enjuiciamiento el 25 de octubre de 2020 (v. fs. 335/343 vta.).
Para adoptar tal temperamento, estimó que la vulneración del debido proceso legal, amparada en la doctrina de la arbitrariedad de la decisión final del Jurado, prima facie valorada, se había articulado de manera suficiente.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 349), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. Los motivos de agravio presentados por el Procurador General en la vía intentada, que fueran admitidos por el Jurado en el marco del art. 494 del Código Procesal Penal, y sobre los que debe expedirse esta Corte, consisten, sustancialmente, en la denuncia de falta de motivación y de debida fundamentación del pronunciamiento del Jurado, lo cual -a su criterio- lo descalifica con base en la doctrina de arbitrariedad y por afectación al debido proceso (v. fs. 254/255).
Con cita del art. 106 del mentado Código y transcripción de tramos del fallo P. 100.862, expuso que las resoluciones, como la aquí cuestionada, deben contener una fundamentación exhaustiva, más aun, cuando el proceso se originó en un requerimiento elaborado por un fiscal, quien entendió que las conductas podían constituir ilícitos de gravedad.
Refiere que lo decidido incumple con las exigencias contenidas en el mencionado precedente "Salvatori Reviriego", al sustentarse en afirmaciones dogmáticas y preterir pronunciarse sobre los elementos de prueba emergentes del requerimiento fiscal.
I.2. En ese sentido, cuestionó:
a) la exigencia de certeza positiva para dar inicio al proceso, cuando en oportunidad de la audiencia del art. 27 de la ley 13.661 al jurado le corresponde pronunciarse sobre la competencia para entender en el caso, y al excederse en ese cometido desnaturalizó las distintas etapas que deben atravesarse en el trámite de enjuiciamiento de un magistrado, desechándose de manera prematura la hipótesis fiscal, con severa afectación al debido proceso, dado que esa parte se vio privada de la oportunidad prevista en el art. 30 de la ley, momento en el que podría haber ofrecido más prueba o ahondado en el argumento acusador.
b) la modificación de la hipótesis fiscal y su reducción a una cuestión jurisdiccional, cuando de las actuaciones se desprendía que lo achacado a Vila era una conducta mucho más amplia: la utilización de sus decisiones jurisdiccionales como medio para lograr una finalidad ilícita y extraprocesal. Así reparó en que el fiscal le endilgó a la magistrada formar parte de una asociación ilícita integrada por Rizzo (interventora), Vacarezza (sindico), Montes de Oca (abogado de Rizzo y nexo con la empresa El Puente SAT) y Sánchez (apoderado de Megacar S.A.), a los efectos de posibilitar, utilizando como medio sus decisiones, la realización de una serie de hechos ilícitos en el marco del concurso y posterior quiebra de la empresa "Expreso Lomas S.A.". Es decir, que la imputación contra la magistrada no estuvo vinculada al contenido de sus decisiones sino a la ilícita finalidad que las motivaba merced a la utilización del sistema judicial, presunción a la que arribó a partir de un conjunto de indicios.
c) que la mayoría tuviese en consideración que el Tribunal de Azada confirmó algunos de los pronunciamientos dictados por la magistrada, cuando no debía perderse de vista que esa revisión analizó los decisorios de manera individual y en el marco de las impugnaciones deducidas, a diferencia de la hipótesis fiscal comprensiva de un análisis global, no solo de la actuación de la jueza, sino del resto de los integrantes de la presunta asociación ilícita, con base en indicios demostrativos, prima facie , de la existencia de un plan orquestado para entregar la empresa a un tercero (v. fs. 258 y vta.).
d) en coincidencia con la postura de la minoría -esto es, que la decisión resultaba prematura atento que debía contarse con la IPP 71958-15 actualizada así como las copias autenticadas del expediente principal del concurso n° 70.103- sostuvo que el jurado cerró sin más una investigación respecto de la jueza denunciada sin conocer la suerte que corrieron sus consortes de causa, con lo que mal pueden haber arribado a la certeza negativa exigida para adoptar tal decisión, conforme el art. 323 del Código Procesal Penal (v. fs. 259).
Aludió a lo normado por los arts. 20 y 21 de la ley 13.661, recordó que el fin de este tipo de procesos es asegurar el buen funcionamiento del sistema institucional y reiteró que no correspondía declarar la incompetencia, teniendo en especial consideración la gravedad de los delitos endilgados y la naturaleza de orden público de las normas concursales y de quiebras (v. fs. cit./260).
e) el argumento expuesto por el jurado relativo a que el fiscal incurrió en errores de interpretación de las normas concursales, civiles y comerciales aplicables al caso, pues consideró que esos supuestos errores refieren únicamente a tres indicios consignados en el requerimiento, que en nada modifican la hipótesis central por existir una gran cantidad de elementos adicionales, evadiendo el jurado una adecuada explicación a la luz de la prueba arrimada por el fiscal (v. fs. 260).
f) la desconsideración de una serie de elementos probatorios que estimó importantes para sospechar de criminalidad la conducta de la magistrada: los vínculos entre los miembros de la presunta asociación ilícita; la decisión de intervenir la firma; Ariel Biduino, accionista, declaró que la reunión de directorio en la que se resolvió no designar a Rizzo tuvo lugar en condiciones extorsivas; hacer lugar a la suspensión de pagos de los cheques librados por la administración anterior a sabiendas de que esa decisión ponía en riesgo la continuidad de provisión de bienes y servicios; la autorización de la compra de veinte colectivos a Megacar S.A. sin contar con presupuestos alternativos; la denuncia que Sánchez efectuó contra la administración anterior por un supuesto desguace de veintinueve colectivos rodeada de elementos que permiten sospechar de la veracidad y concluir en que su real intención fue justificar la celebración del contrato de gerenciamiento con El Puente SAT; la oposición a la oferta formulada por el doctor Portillo de poner a disposición ciento quince colectivos en carácter de préstamo; las diferencias entre los informes contables que figuran en el expediente antes de operado el vaciamiento de la empresa y los incorporados ya vaciada la empresa; que durante la administración de Rizzo el patrimonio de la empresa se deterioró.
El doctor Conte Grand denunció que el voto mayoritario omitió efectuar una valoración de los elementos mencionados que fueran colectados por el fiscal tras la investigación, con el argumento de que su cuestionamiento se refería solamente a una temática jurisdiccional (v. fs. 261 vta.).
g) que el Jurado haya olvidado que los colegas del fuero no son quienes deben evaluar si la denuncia articulada en contra de la doctora Vila tiene fundamento o está basada solamente en la forma en que resolvió. Sino que ese análisis debe ser realizado por el titular de la acción pública en el marco del proceso penal.
h) que el jurado haya considerado el informe elaborado por el instructor en el marco del expediente CS 175/17 pues, conforme el art. 40 del acuerdo 3.354 no tiene carácter vinculante a lo que sumó que no justificó la razón por la que confirió mayor relevancia a las conclusiones de un instructor que a las aseveraciones del fiscal, máxime siendo este último de fecha posterior (v. fs. cit./263).
En definitiva, consideró que el jurado impidió que la conducta imputada a la magistrada pudiera ser motivo del juicio de responsabilidad, valiéndose de un enunciado dogmático y formulario que, desprovisto de todo desarrollo argumentativo racional, dejó insatisfecha la garantía constitucional de fundamentación, afectando el debido proceso (v. fs. 263 vta.).
II. El recurso interpuesto por el Procurador General no prospera.
Es criterio reiterado de la Corte nacional -que este Tribunal ha mantenido- que quien pretende el escrutinio judicial de las decisiones finales (a la que podría equipararse, con las salvedades que se harán seguidamente, la discutida en autos que dispuso el cierre y archivo de las actuaciones en el momento previsto por el art. 27 de ley 13.661) tomadas en el ámbito del enjuiciamiento a funcionarios y magistrados, incluido el acusador, como acontece en el presente, debe demostrar en forma nítida, inequívoca y concluyente, un grave menoscabo a las reglas del debido proceso que, asimismo, exhiba relevancia bastante para variar la suerte de la causa en función de la directa e inmediata relación que debe tener la cuestión federal invocada con la materia del juicio (conf. CSJN, Fallos: 316:2946; 330:4826; 268:266; SCBA, causas Ac. 100.862, resol. de 22-X-2008; P. 115.909, resol. de 28-XII-2011; P. 112.297, resol. de 18-IV-2011; P. 107.002, resol. de 11-VII-2012; P. 119.168, resol. de 13-XI-2013; P. 131.021, resol. de 11-V-2016; P. 123.370, resol. de 31-VIII-2016; e.o.).
III. Ello, al margen del acierto o error de lo resuelto por el jurado, no acontece en el caso.
III.1.a. Al emitir mi voto en la causa P. 100.862 (sent. de 10-VII-2013) y más recientemente en la causa P. 131.021 (sent. de 5-VI-2020), pude referirme acerca del sentido del deber de motivar los actos emanados del mentado órgano. Sostuve que, como señaló repetidas veces la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las exigencias que pesan sobre esta clase de tramitaciones "...revisten una mayor laxitud que las propias de otros procesos y, por ende, que el control por vía de recurso debe operar si median flagrantes violaciones formales (Fallos 310:2845, Cons. 20°; 332:1124, Cons. 5°) o graves quebrantamientos de los modos de expresión del acto (Fallos: 328:3148)", dando con ello cuenta de un patrón estricto en el plano de la revisión del obrar de los jurados de enjuiciamiento (conf. mi voto en el precedente indicado y sus citas).
Por cierto, también aclaré que no se derivaba de allí "...dispensa o habilitación alguna que deje librado al mero arbitrio de sus integrantes enunciar o no los motivos explicativos y justificativos de la resolución" (íd.). En lo que concierne a la formación y expresión de la voluntad de un jurado de enjuiciamiento agregué que "...esa actividad y el intercambio racional de ideas connatural de todo cuerpo colegiado en las diversas etapas del proceso en que se toman decisiones constituyen un modo de proceder propio del estado de derecho y la forma republicana de gobierno", descansan sobre el criterio que ubica al imperativo de fundar los actos de esa institución en un sitial destacado, por ser el corolario o producto de dicho intercambio deliberativo. Expuse, además, que una decisión como la recurrida en esa causa, que ponía fin a un procedimiento investigativo, debía ser el producto razonado de la apreciación de un conjunto de motivos determinantes, objetivos y verificables, explicitados sin equívocos ni vaguedades.
Ahora bien, en el caso "Salvatori Reviriego" señalé que, si en esta materia se tuvieran que formular gradaciones entre los diferentes actos del procedimiento, habría necesariamente que distinguir o destacar a los pronunciamientos finales (en los cuales se dirime la responsabilidad del magistrado), porque obviamente a ellos les cabe un canon más riguroso de fundamentación (conf. doctr. Tribunal Constitucional de España, sent. de 10-X-2005, RJ 292/2005); mientras que otros actos no demandan el mismo nivel de detalle en la fundamentación. Sin embargo, dije también, que a estos no es dable relevarlos sin más o por completo de una carga motivacional cuando, por ejemplo, es uno que clausura el trámite y archiva las actuaciones. Es que el respeto de un umbral básico de racionalidad en lo tocante a la justificación del proceder del jurado se extiende, bien que con diversa exigencia, a los actos relevantes que a este incumbe adoptar, a tenor de la directiva emergente del propio régimen procesal de aplicación supletoria al sistema de enjuiciamiento, en cuanto impone que tanto las sentencias como los autos sean motivados (art. 106, CPP, conf. art. 59, ley 13.661).
Concluí entonces destacando el valor de la motivación como sostén primario del juicio de adecuación de lo decidido al ordenamiento jurídico y como cartabón para verificar si media arbitrariedad, supuesto tradicionalmente identificado en la praxis jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación bajo diversos rótulos, verbigracia falta, carencia decisiva o defectos graves de fundamentación (Fallos: 310:234; 323:2367; 325:1961; 326:2211; 332:2339), deficiencias lógicas del razonamiento en que se sustenta la decisión (Fallos: 312:1859; 313:473; 314:458; 323:2196; 324:1994, 2169 y 3421), entre otros, frente a los cuales no es dable considerar que el pronunciamiento constituye un acto válido (Fallos: 325:2794, 3083 y 3265; 326:613, 2586 y 3485; 327:5717; 330:717 y 4770, entre muchos otros).
III.1.b. De todo lo expuesto se extrae que el deber de motivación se aplica (por tanto, es condición de validez de los actos del Jurado de Enjuiciamiento), aunque la forma e intensidad de su efectivo cumplimiento varíen según el tipo de decisión adoptada.
Pero, al mismo tiempo, tales consideraciones permiten adelantar que el pronunciamiento materia del presente recurso, por su contenido y efectos, se ajusta a dicho mandato y, por ello, cuenta con fundamentación suficiente, dado que, además, no corresponde aplicar a dicho acto el estándar exigible a las decisiones finales segregativas del jurado.
III.2.a. En el tantas veces citado caso "Salvatori Reviriego", el Jurado de Enjuiciamiento -por toda justificación- había referido que "...tras un prolijo y pormenorizado estudio de todas y cada una de las piezas obrantes en el cuerpo principal de este expediente [y otros Anexos y documentales que genéricamente individualizó] no surg[ían] elementos de cargo suficientes para fundar positivamente el juicio de verosimilitud exigido por el Art. 27 de la ley 8085".
En esa argumentación vacía se agotaba la desestimación de las actuaciones que involucraban al magistrado investigado.
III.2.b. En cambio, en la decisión recurrida en autos, el voto de la mayoría del jurado, expuso las razones por las que decidió que los hechos tratados no eran de su competencia y que por ello correspondía el archivo de las actuaciones.
En primer lugar el jurado aludió detalladamente a la denuncia efectuada por el Fiscal General del Departamento Judicial de Lomas de Zamora contra la doctora María Zulema Vila, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial n° 11 de dicho departamento judicial, conforme la presentación efectuada por el titular de la Unidad Funcional de Instrucción n° 8 en el marco de la investigación preparatoria penal (IPP) 07-00-71958-15 por los presuntos delitos de estafa, administración fraudulenta, quiebra fraudulenta, abuso de autoridad y prevaricato, que fuera mantenida por el Procurador; también analizó la presentación espontánea de la denunciada del 2 de octubre de 2018.
Sobre la base de tales constancias, los integrantes Ludovico, Eisaguirre, Tessone, Cafiero y Portos estimaron que no existía mérito para declarar la competencia de ese jurado pues las imputaciones realizadas por el fiscal no resultaban, al menos con lo llevado en el requerimiento, suficientemente acreditadas. Ello por cuanto a su entender:
a) De la descripción efectuada del hecho 1 por parte del fiscal, que a su entender configuraría el delito de asociación ilícita, se atribuyó a la magistrada el haber aportado decisiones jurisdiccionales orientadas a posibilitar la realización de maniobras defraudatorias en el marco del concurso preventivo. En ese sentido, entendió que el propio representante del Ministerio Público había referido que las resoluciones emitidas por la jueza revestían dicho carácter pues "...describió como conductas delictivas independientes, distintos pronunciamientos que la doctora Vila dictó tanto en el incidente de investigación iniciado por el acreedor Megacar SA como en el concurso preventivo y en la quiebra" (fs. 243).
b) El fiscal había efectuado una endeble acusación al omitir considerar que "las partes cuentan con los recursos que le otorga la LCQ y el código procesal civil para revisar las decisiones de la jueza, y que en los casos en que interpusieron apelaciones, la alzada confirmó lo actuado por la jueza denunciada con excepción de la declaración de quiebra que fue nulificada..." (fs. 234 vta.).
Añadió que no tuvo en cuenta que pese a ser recusada con causa en tres ocasiones, dichos planteos fueron desestimados por el órgano superior y especializado en la materia y que, del análisis de las actuaciones concursales, "...surge que la doctora Abduch en representación de la concursada, alegando que se encontraban configuradas las causales previstas en los incs. 7 -prejuzgamiento- y 10 -enemistad, odio o resentimiento- del art. 17 del CPCC, solicitó la recusación de la doctora Vila lo que fue rechazado por la misma Sala de la Cámara de Apelaciones con fecha 18-VIII-2016" (fs. 244).
Señaló que en dicha resolución el Tribunal de Alzada indicó respecto de la primera de las causales esgrimidas, que no se advertía que la señora jueza de grado hubiese prejuzgado en la causa, máxime teniendo presente que los errores de proceso que apunta la recusante, podían ser solucionados -si así correspondiere- por medio de los diversos recursos que autoriza el ordenamiento y no mediante la separación del juez natural de la causa. Agregó que en cuanto a las alegaciones llevadas a consideración no contaban con apoyo probatorio necesario, y siquiera se vislumbraban en forma indiciaria en el trámite de la causa.
En cuanto a la segunda recusación, puso de relieve su desestimación centrada en que la causal contemplada en el inc. 10 no resultaba clara ni categórica en cuanto a su fundamento factico, ni tampoco los hechos relatados encuadraban dentro de la misma. Acerca de esta última indicó que no fueron tratadas las causales allí esgrimidas por cuanto se hizo lugar a la excusación que por razones de decoro y delicadeza planteó la doctora Vila a raíz de la imputación penal que se le efectuara.
c) El fiscal había incurrido en errores de interpretación de las normas concursales y civiles y comerciales aplicables en los procesos analizados.
En ese sentido, hizo alusión a que se tomó como elemento de sospecha el llamado a comparecer a los estrados al doctor Sánchez, efectuado por escrito y públicamente por la magistrada, d
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