Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 132709
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.709-RC, "Conte-Grand, Julio -Procurador General- s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en expediente 3001-1377/01 del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, seguida a Mariano Cazeaux", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2878): doctores Torres, Mancini, Budiño, Carral.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, por unanimidad, rechazó las cuestiones previas presentadas por la defensa del acusado y, por mayoría, el 10 de junio de 2019 absolvió al juez titular del Juzgado de Garantías n° 2 de Dolores, doctor Mariano Cazeaux, de los hechos que se le imputaran (conf. art. 45, ley 8.085).
Frente a tal decisión, el señor Procurador General ante este Tribunal, doctor Julio Conte-Grand, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.772/1.791) el que, por mayoría, fue admitido por el Jurado de Enjuiciamiento el 18 de julio de 2019 (v. fs. 1.803/1.816).
Para adoptar tal temperamento, se estimó que la vulneración del debido proceso legal, amparada en la doctrina de la arbitrariedad de la decisión final del Jurado, prima facie valorada, se había articulado de manera suficiente.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 1.851), presentada por parte del doctor Carlos Eduardo Oricchio la memoria que autoriza el art. 487 in fine del Código Procesal Penal (v. fs. 1.856/1.863) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El pronunciamiento se ceñirá a reseñar y analizar los motivos de agravio por los cuales el Jurado admitió la vía prevista en el art. 494 del ordenamiento adjetivo.
I.1. El señor Procurador General denunció que la decisión del Jurado que -por mayoría- absolvió al doctor Mariano Cazeaux se apartó sustancialmente tanto de las pruebas conducentes como de los principios y normativa aplicable para la adecuada dilucidación del asunto, configurando una sentencia arbitraria y violatoria del debido proceso legal (v. fs. 1.774 y vta.).
Después de referir al voto minoritario, en particular el del presidente del Jurado, doctor Kohan, señaló que la absolución decidida por la mayoría resultó arbitraria, absurda y violatoria de los principios del debido proceso, defensa en juicio, no contradicción, buena fe y preclusión (v. fs. 1.777).
Repasó el voto de la doctora Paris y afirmó que allí no se valoró la prueba en orden a la determinación del hecho, autoría, responsabilidad y culpabilidad del acusado, pues el razonamiento giró en torno al transcurso del tiempo y las consecuencias conjeturales que el proceso tuvo, a su entender, en la vida de Cazeaux (v. fs. 1.778 vta.).
Agregó que la miembro del Jurado se detuvo excesivamente a tratar el estándar del plazo razonable y las consecuencias de la prescripción para concluir que el Estado había perdido el interés en sancionar al magistrado, pero contradijo así lo decidido por ella misma al momento de tratar las cuestiones preliminares al debate (v. fs. cit. y 1.779).
En ese sentido, destacó que el 3 de junio de 2019 el Jurado, por unanimidad, rechazó el planteo preliminar de violación del plazo razonable invocado por la defensa de Mariano Cazeaux. Recordó que en esa oportunidad se realizó una pormenorizada descripción del desarrollo de la causa penal y del jury, mostrando en ambos casos la permanente actividad de la defensa, los múltiples recursos extraordinarios locales y federales, las quejas y recusaciones interpuestas (v. fs. 1.779).
Añadió que el trámite de la causa penal insumió más de trece años debido a la profusa actividad desplegada por la defensa del acusado. Aludió a la tramitación del proceso de enjuiciamiento y sostuvo que lo resuelto por unanimidad por el Jurado es demostrativo de que el Estado no perdió interés en el proceso y que fue la actividad de la defensa la que provocó el largo trámite de las causas (v. fs. 1.779 vta.).
Consideró que el argumento utilizado para fundar la absolución se contradice abiertamente con lo resuelto por todos los miembros del Jurado al tratar las cuestiones preliminares (v. fs. 1.780).
Asimismo, sostuvo que la legisladora Paris incurrió en un desvío de razonamiento cuando afirmó, una y otra vez, que la prolongación en el tiempo de este proceso había sido reprimenda suficiente para el magistrado o que había cumplido la función especial preventiva de la sanción (v. fs. cit.).
Expuso que resulta inadmisible argumentar en torno al padecimiento del acusado a partir de la presunta incertidumbre ocasionada por el devenir del proceso. Reiteró que la demora en el enjuiciamiento estuvo causada fundamentalmente por la propia conducta discrecional de la defensa y sumó a ello que el padecimiento al que aludió la doctora Paris estuvo precedido por argumentaciones equivocadas sobre la finalidad del juicio político, que no es represiva o sancionatoria. Señaló que, por el contrario, la única finalidad del proceso de enjuiciamiento de magistrados es preservar el buen funcionamiento del servicio de justicia (v. fs. 1.780 vta. y 1.781).
I.2. También denunció la arbitrariedad de la decisión en lo tocante al sobreseimiento del acusado en la causa penal, porque se afirmó "...+-que a partir del sobreseimiento por prescripción se agotó toda posibilidad de castigar al magistrado por los hechos imputados, y que habría quedado incólume la garantía de presunción de inocencia" (fs. 1.781).
Explicó que ello implica confundir dos ámbitos de responsabilidad totalmente diferentes: el penal y el político. Agregó que, si bien lo expuesto puede ser aplicable al ámbito penal, no lo es en el del juicio político, por cuanto nada obsta a que una conducta que no constituya delito suponga, como en el caso, una causal de destitución (v. fs. cit.).
Alegó que "Sostener ahora que extinguida la acción penal desapareció toda posibilidad de imputación es contradecir, nuevamente, otra decisión firme del Tribunal de Enjuiciamiento" (fs. cit.).
En ese sentido, expuso que sin perjuicio de la forma en que culminó la causa penal seguida contra el doctor Cazeaux (sobreseimiento por prescripción de la acción) no puede ni debe soslayarse que aquel fue condenado como autor penalmente responsable del delito de coacción a la pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso, sentencia confirmada por las instancias locales superiores.
Remarcó que este es el punto central que el voto cuestionado pretende soslayar amparándose en la prescripción de la acción penal, cuando aquella fue oportunamente desestimada por el Jurado (v. fs. cit. y vta.).
Con cita doctrinaria afirmó que la prescripción de la acción no hace desaparecer el delito, sino que extingue la potestad represiva e impide la prosecución del proceso penal; sin embargo, dado que la responsabilidad que se juzga en este proceso es diferente a la penal, el hecho de que aquella se encuentre prescripta no resulta un impedimento para que el Jurado examine la responsabilidad política del magistrado (v. fs. 1.781 vta.).
Señaló que lo sostenido por la doctora Paris -y los conjueces que adhirieron- resulta una interpretación arbitraria, desajustada de las normas vigentes y de los antecedentes jurisprudenciales de los máximos tribunales de justicia de la Nación y de la Provincia, que desnaturaliza notoriamente los diferentes ámbitos de actuación competenciales al proyectar indebidamente decisiones adoptadas en el marco de la causa penal al proceso a cargo del Jurado de Enjuiciamiento (v. fs. 1.782).
Agregó que ello se ve reafirmado por el hecho de que en el año 2014 Cazeaux exigió la extinción del jury en función de la prescripción de la acción penal, petición que fuera rechazada por el Jurado, quien mantuvo su jurisdicción para juzgar la conducta reprochada en el ámbito político de su actuación.
Concluyó que tal circunstancia patentiza la arbitrariedad del pronunciamiento a partir de la mencionada contradicción, que conspira contra la seguridad jurídica y la correcta administración de justicia (v. fs. cit.).
I.3. Finalmente, se agravió de la valoración de la prueba efectuada por la doctora Paris.
Resaltó que en la decisión en jaque aquella sostuvo: "Adelanto mi voto negativo en cuanto a considerar al doctor Mariano Cazeaux como autor del hecho acusado"; más adelante, afirmó que "...la prueba recibida no acredita inconducta alguna constitucionalmente reprochable"; y luego aseveró su convicción sobre la inexistencia del hecho denunciado, que surgiría "de varios elementos apreciados durante el desarrollo de la audiencia", y en este último contexto analizó los testimonios del debate (fs. 1.782).
Expuso que la conjueza afirmó primero que el doctor Cazeaux no era responsable del hecho para luego decir que el hecho nunca existió y valorar la prueba solo en relación con esa presunta inexistencia.
En este marco, denunció que la doctora Paris omitió por completo la valoración de los testimonios de Sebastián Darío González y Norberto Edgardo Gallardo -"contundentes", "precisos" e "irrefutables"-, que fueran incorporados por lectura durante el transcurso del debate oral con el aval de la legisladora. Seguidamente, aludió pormenorizadamente a lo declarado por aquellos (v. fs. 1.782 vta. y 1.783). Insistió con que se soslayó su ponderación y que en cambio se dio especial relevancia al testimonio del que denominó "...segundo grupo de testigos", conformado por Guazzelli y Buede (v. fs. 1.783 vta.).
Asimismo, reiteró la arbitrariedad del pronunciamiento por haberse descalificado lo dicho por el único testigo presencial ajeno a la fuerza policial, Javier Alberto Castellano. Mismo déficit le achacó a lo declarado por Ruiz, cuyos dichos no fueron contrarrestados con ningún otro elemento que permitiese poner en duda la credibilidad de su relato (v. fs. cit. y 1.784 vta.).
Estimó que lo expuesto revelaba que no existió valoración de la prueba incorporada y que la legisladora se apartó de las reglas de la lógica e incurrió en arbitrariedad al no brindar una explicación adecuada de los motivos por los cuales omitió valorar prueba que acreditaba la conducta imputada al magistrado.
Consideró evidente que la única variable contemplada por la doctora Paris para resolver la absolución fue el transcurso del tiempo (v. fs. 1.784 vta.).
Concluyó que se violaron las reglas que gobiernan la apreciación de la prueba y que el déficit de motivación configura en el caso un supuesto de arbitrariedad que, además, contaminó el voto de aquellos conjueces que adhirieron a la decisión de la mencionada legisladora (v. fs. 1.785).
Seguidamente, aludió al voto del doctor Brusa y, en lo medular, denunció que incurrió en un error grave al sostener que para fallar se apartaba de su convicción, porque ello contraviene expresamente la manda del art. 210 del Código Procesal Penal. Consideró que también erró al sostener que no podía valerse de la causa penal para fundar su voto, pues ello es contrario a la ley sustantiva y a las constancias del proceso. Citó el art. 46 de la ley 8.085 y resaltó que el expediente n° 2.301 fue incorporado al proceso a petición de ambas partes. Concluyó que el voto carece de fundamento, es arbitrario y contraviene los arts. 210 y 371 del mencionado ordenamiento adjetivo (v. fs. 1.785/1.786 vta.).
Refirió al voto del doctor Garobbio y sostuvo su fundamentación aparente (v. fs. 1.786 vta. y 1.787).
Como colofón, denunció que la doctora Paris y los restantes miembros del Jurado que acompañaron su voto incurrieron en contradicciones insalvables que hacen que lo resuelto sea descalificable por arbitrariedad, pues adoptaron en el transcurso del proceso decisiones diametralmente opuestas, sumado a la consiguiente afectación de los principios esenciales de progresividad y de preclusión procesal que reconocen su fundamento en motivos de seguridad jurídica (v. fs. 1.787 vta.).
Agregó que resulta inadmisible que los integrantes del Jurado hayan asumido, en el marco del mismo proceso y sobre los mismos hechos comprobados, criterios jurídicos sucesivos y contradictorios que conspiran contra las mentadas razones de seguridad jurídica y correcta administración de justicia.
Además, afirmó que lo fallado resulta incompatible con el principio de buena fe que fundamenta nuestro ordenamiento y que condiciona la validez del actuar estatal. Aludió a la doctrina de los actos propios y transcribió parcialmente el voto del doctor de Lázzari en la causa "Camderros" (v. fs. cit./1.788 vta.).
Bajo el acápite que tituló "Inaplicabilidad de ley" denunció el apartamiento del art. 18 de la Constitución nacional por violación del debido proceso legal; de los arts. 171 y 184 de la Constitución local por no haber dado un veredicto con arreglo a derecho valorando la culpabilidad de los hechos imputados y por no haberlo fundado en el texto expreso de la ley, ni en los principios jurídicos de la legislación vigente aplicable en la materia, ni en los principios generales del derecho; de los arts. 45 y 46 de la ley 8.085 por no haber apreciado la prueba conforme la regla de las libres convicciones y por haber excluido expresamente la consideración de elementos probatorios incorporados a la causa; de los arts. 210 y 371 del Código Procesal Penal por falta de desarrollo escrito de las razones que generaron la convicción sincera sobre la verdad de los hechos que se dieron por probados y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaron dichas conclusiones, como así también de las razones por las cuales no fueron atendidas pruebas decisivas. Transcribió parcialmente el voto del doctor de Lázzari en la causa P. 100.862 y concluyó que se había afectado el debido proceso (v. fs. 1.788 vta./1.789 vta.).
Hizo reserva del caso federal por considerar involucrada la garantía del juez imparcial, los principios de legalidad, igualdad, debido proceso y defensa en juicio. Afirmó la existencia de gravedad institucional (v. fs. 1.789 vta./1.790).
Por último, solicitó la suspensión de la ejecución de la sentencia (v. fs. 1.790 vta.).
II. El recurso interpuesto por el señor Procurador General debe ser rechazado.
Conforme se explicitó en la decisión que admitió la vía extraordinaria ahora en análisis (v. en particular fs. 1.803/1.811 y vta.), es criterio reiterado de la Corte nacional -que este Tribunal ha receptado- que quien pretende el escrutinio judicial de las decisiones finales tomadas en el ámbito de los enjuiciamientos a funcionarios y magistrados, incluido el acusador como acontece en el presente, debe demostrar en forma nítida, inequívoca y concluyente, con flagrancia, un grave menoscabo a las reglas del debido proceso que, asimismo, exhiba relevancia bastante para variar la suerte de la causa en función de la directa e inmediata relación que debe tener la cuestión federal invocada con la materia del juicio (conf. CSJN Fallos: 308:961; 308:2609; 310:2031; 311:200; 312:253; 313:114; 315:761; 315:781; 317:1418; 318:2266; 326:4816; 327:4635; 329:3027; 331:810; 331:2156; 331:2195; 332:2504; 335:1779; 339:1048; 340:1927 y, más recientemente, 342:988; 342:1343; causas CSJ 1082/2018/RH1 "Mazzucco, Roberto José s/ recurso extraordinario" y CSJ 1576/2017/RH1 "Muñoz, Marcelo Germán s/ jurado de enjuiciamiento", ambas sents. de 10-IX-2019; SCBA causas Ac. 100.862, resol. de 22-X-2008; P. 112.297, resol. de 18-IV-2011; P. 115.909, resol. de 28-XII-2011; P. 107.002, resol. de 11-VII-2012; P. 119.168, resol. de 13-XI-2013; P. 123.370, resol. de 31-VIII-2016; e.o.).
Ello no acontece en el caso.
III. Al dictar sentencia definitiva el 10 de junio de 2019, el voto mayoritario, emitido por la doctora Paris -que concitó la adhesión de los doctores Brusa, Nardelli, Garobbio, Zurro y Torresi-, estimó que "...luego de más de 18 años de este proceso institucional [...] el Estado perdió todo tipo de interés en sancionar cualquier conducta que pudo haber cometido el doctor Mariano Cazeaux, fuera del ejercicio de sus funciones judiciales" (fs. 1.735 vta.).
Agregó que más allá de las constancias documentales que indican que el mencionado fue sobreseído en la causa penal que obró como notitia criminis del presente proceso, los testimonios escuchados certifican que no hubo ninguna conducta contraria a la normativa aplicable para considerar que el doctor Cazeaux no reúne las condiciones para ser juez de la Provincia (v. fs. cit.).
Sostuvo que "Si alguien pudiere considerar que algún acto del doctor Mariano Cazeaux, resultare, en la emergencia, inoportuno o indebido, los 18 (dieciocho) años de padecimiento de este proceso purgan definitivamente cualquier posibilidad" de destitución (fs. 1.736).
Señaló su negativa a considerar al nombrado como autor del hecho acusado y después de referir a la función del Jurado de Enjuiciamiento expuso que los años de padecimiento de este proceso, cuyo alongamiento de manera alguna puede serle atribuido al juez investigado, han sido suficientes para generar en su conciencia los acomodamientos necesarios en caso de considerarse pasible de alguna reprimenda (v. fs. cit./1.738).
Añadió que su propuesta de absolución se sustentaba también en que el largo proceso padecido "...ya pudo haber tenido la función especial preventiva de toda sanción [...] el Estado sometió al doctor Cazeaux durante casi la mitad de su vida a una de las peores penas virtuales que puede soportar una persona, que es la incertidumbre [...] y [...] esa incertidumbre hizo mella en el proyecto vital -aspecto humano- del doctor Cazeaux, quien debió durante estos larguísimos años purgar cada día una ‘sanción’ nunca aplicada, no pudiendo ejercer ni la judicatura ni ninguna profesión que no fuera la docencia. Sus hijos, su esposa y su entorno lo vieron crecer como un virtual sub-ocupado" (fs. 1.738 vta.).
Afirmó que es imposible considerar que sea la misma persona -y juez- la que habría cometido el hecho investigado hace 18 años y que "Flaco favor haríamos al sistema republicano, si tratáramos de penalizar a quien ya ha sufrido durante casi 4 lustros los avatares de la fatídica incertidumbre sobre su presente y futuro funcional" (fs. cit.).
Seguidamente, sostuvo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha delineado la razonabilidad del plazo de duración del proceso bajo tres parámetros. Aclaró que no estaba "...reeditando la cuestión de la prescripción ya resuelta por el pleno pero no [podía] dejar de advertir que la acusación hizo mención a que con motivo de la declaración de prescripción de la causa penal lo único que ha desaparecido es la potestad [del] [E]stado para sanción"; discrepó con dicho concepto, "...ya que cualquier extinción de la acción penal se resuelve a través de un sobreseimiento (art. 323 inc. 1 CPP) lo que por su definición y alcances implica ‘la absolución del imputado’ sin necesidad de una sentencia definitiva. Es decir, el sobreseimiento por prescripción no es una sanción hacia el [E]stado, sino un derecho del imputado" (fs. 1.739 y vta.).
Afirmó que en el caso no se verificó ninguna sentencia condenatoria firme, con lo que no caben dudas del carácter absolutorio del sobreseimiento decretado. De allí que no pese sobre Cazeaux inconducta penal alguna (v. fs. 1.739 vta. y 1.740).
Estimó que "...la pretensión punitiva encabezada por la acusadora quedó agotada, fenecida, insubsistente puesto que no ejerció ni en tiempo ni en modo oportuno, los actos necesarios ni para proseguir la destitución del Juez Cazeaux y menos aún para corromper su estado constitucional de inocencia, el que también se aplica a este tipo de procesos" (fs. 1.740).
La insubsistencia del accionar estatal la
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