Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136096
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza -por mayoría de fundamentos- el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 493, CPP).
Se regulan los honorarios profesionales del letrado interviniente, doctor Mauricio Muñoz, en la suma equivalente a doce (12) jus, por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.096, "Bono, Oscar Osvaldo. Recurso extraordinario de nulidad en causa n° 109.913 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres, Kohan .
Conforme se desprende de las copias digitalizadas, la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 31 de agosto de 2021, rechazó el recurso homónimo deducido por el defensor particular de Oscar Osvaldo Bono contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 de Junín que, en el marco de un juicio abreviado, condenó al nombrado a la pena de cinco años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas por ser autor responsable del delito de homicidio calificado por el empleo de un arma de fuego en grado de tentativa, en concurso ideal con portación ilegal de arma de fuego, lesiones leves calificadas y desobediencia, en concurso real -arts. 40, 41, 41 bis, 42, 54, 55, 79, 92, 189 bis inc. 2 y 239 del Código Penal y 106, 209, 210, 373, 396, 397, 399, 448, 530 y concordantes del Código Procesal Penal, legajo casatorio n° 109.913-.
Contra lo así decidido, el defensor particular, doctor Mauricio Muñoz, dedujo recurso extraordinario de nulidad, el que fue concedido por el órgano inferior (v. resol. n° RR-37-2021 de 3-XII-2021).
O ído el señor Procurador General (v. dictamen de 28-IX-2022), dictada la providencia de autos (v. providencia de 29-IX-2022) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. El defensor particular del imputado denunció la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial por omisión de tratamiento de cuestión esencial y falta de fundamentación legal (v. fs. 1 y vta. del recurso en tratamiento).
Así, en primer lugar, alegó que no fue resuelta una cuestión llevada a conocimiento del tribunal intermedio en el recurso casatorio -"nada dijo"-, referida a que en el fallo condenatorio emitido en sede originaria "...No están identificada[s] las causales foráneas a la vocación del autor que impidieron la consumación del ilícito, ello tal como lo reclama el artículo 42 del Código Penal, y obviamente, pues, si esa realmente resultaba ser la intencionalidad del imputado (DOLO HOMICIDA)", y entendió que la circunstancia apuntada erosionó no solo el debido proceso legal adjetivo, sino que a su vez se lesionó de manera directa el derecho de defensa en juicio al no garantizar el doble conforme sobre la revisión reclamada -el destacado figura en el original- (v. fs. ídem., recurso cit.).
I.2. Como segundo punto, manifestó que resultó también transgredido el art. 171 de la Constitución provincial, cuyo contenido reprodujo, en la medida en que en la decisión impugnada "...existe una desatención cristalina del artículo 42 del Código Penal, ya que se impone de manera expresa la necesidad de contar con una causa ajena a la voluntad del autor que impida la consumación, y ello no ocurrió, precisamente por esa cuestión se omite el tratamiento del agravio, y con ello se desinterpreta de manera grosera la prescripción consagrada en el citado artículo del Código Penal" -el destacado figura en el original- (v. fs. 1 vta., recurso cit.).
Concluyó que la situación vinculada con la aducida falta de fundamentación con relación a la tentativa del ilícito enrostrado, conlleva la necesidad de dictar la nulidad del pronunciamiento cuestionado, el que resulta arbitrario por falta de motivación sobre el tópico -art. 106 del Código Procesal Penal- y paralelamente erosiona la garantía del doble conforme de su defendido -art. 75 inc. 22 de la Constitución nacional- (v. fs. 2, recurso cit.).
Precisó, en esta parcela de su impugnación, que no resulta respetuoso de las garantías constitucionales más elementales del proceso penal tales como el debido proceso legal y el derecho de defensa en juicio -art. 18 de la Constitución nacional- la confirmación de un veredicto condenatorio y de una sentencia que impone pena respecto de un delito que conlleva como elemento subjetivo del tipo penal el dolo homicida, sin que se haya explicado -a su modo de ver- la causa exacta que impidió la consumación de tal ilícito -arts. 79 y 41 bis en relación con el art. 42 del Código Penal-; y consideró ostensible la falta de motivación de ese aspecto del pronunciamiento puesto en crisis, a la vez que resulta contradictorio, pues tal omisión tiene su razón de ser en que "cristalizaba" que el tipo penal objetivo sobre el cual debía recaer condena era el delito de lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego y jamás el de homicidio en grado de tentativa, según lo expuso (v. fs. ídem, recurso cit.).
Requirió, finalmente, se disponga la nulidad de la sentencia en revisión y, eventualmente, se condene a su asistido por el delito de lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego -arts. 41 bis y 90 del Código Penal- (v. fs. 3 vta., recurso cit.).
II. Coincido con la Procuración General en que el recurso no prospera, a tenor de los fundamentos que expondré.
III.1. En lo que respecta a la denuncia de omisión de tratamiento de la cuestión aludida (v. apdo. I.1. de la presente), y tal como se puso de manifiesto en el dictamen de la Procuración General (v. esp. fs. 2/3 vta., pieza cit.), se advierte de la decisión recurrida el expreso tratamiento de tal planteo.
En efecto, surge del fallo impugnado que el Tribunal de Casación expresamente abordó el planteo por el cual la defensa particular discutió la presencia en el caso del dolo homicida en relación con la conducta atribuida al imputado Bono en calidad de autor responsable (v. esp. fs. 4 vta./6, sent. casatoria). Es así que el voto del juez ponente doctor Mancini -que concitó la adhesión simple de la doctora Budiño- expresó: "En cuanto al punto que ahora se discute (presencia de dolo homicida), entiendo que ninguna censura merece el fallo cuestionado en tanto estimo que se encontró demostrado a partir del elemento empleado (Arma de fuego), la cantidad de disparos efectuados al intentar darle alcance a la víctima y su hermano mientras intentaban huir (Alan Alejandro Etchart dijo que escuchó al menos 11 detonaciones), la región corporal de la víctima lesionada en el ataque -abdominal, pues presentó herida de bala a nivel diafragmático, con perforación gástrica con orificio de entrada y salida en el mismo, laceración en polo superior de bazo y borde izquierdo de hígado-, y la causa ajena al imputado por la que la víctima se pudo salvar que, a contrario de lo afirmado por el recurrente, quedó suficientemente plasmada en el fallo: por haber recibido ayuda médica de forma inmediata, a partir de la acción emprendida por los vecinos del lugar y la policía que solicitaron ayuda de ambulancia de forma urgente, habiendo sido trasladado a un centro médico donde fue intervenido de urgencia, pues su vida se encontró en riesgo por la gravedad de la herida" (fs. 4 vta. y 5, sent. cit.).
Añadió, de seguido, que "Lejos de encontrarse infundado el pronunciamiento, se advierte que sus conclusiones se apoyan correctamente en la prueba producida en el caso. Como contrapartida, entiendo que las elucubraciones ensayadas por la defensa en esta ocasión no pasan de ser una postura que no encuentra apoyatura probatoria y sólo se encaminan a lograr una mejor suerte procesal para su asistido, pero sin hacerse cargo de rebatir fundadamente las sólidas bases de raciocinio del pronunciamiento impugnado. Es que, si se tienen en cuenta las circunstancias apuntadas anteriormente, no parece posible sostener que el pronunciamiento impugnado resulte arbitrario, caprichoso ni ausente de motivación" (fs. 5, sent. cit.).
Consideró, asimismo, que no merecía crítica alguna la calificación legal que del hecho se adoptó en la sentencia de origen toda vez que, conforme la materialidad ilícita que había quedado inconmovible, resultaba claro que el acusado Bono "...no pudo haber actuado sin la presencia de un dolo homicida, ya que la intención de ocasionar la muerte de la víctima se desprende claramente del modo en el que exteriorizó su conducta, persiguiendo a la víctima que solo intentaba huir y guarecerse en el complejo habitacional del lugar, mientras el acusado disparaba contra su humanidad reiteradamente, hasta que acertó en un disparo que, además, impactó en una zona vital de su cuerpo. Frente a ello, lejos de solicitar ayuda, el ataque continuó a puntapiés, tras lo cual el imputado y su acompañante huyeron del lugar, siendo que la víctima pudo salvarse por la rápida intervención de terceros, a instancias de la cual, pudo salvar su vida por la atención médica recibida. Sumado a ello, también se ha dado cuenta en el fallo de los conflictos previos que existían entre la víctima y el acusado" (fs. ídem, sent. cit.).
Concluyó, entonces, que "...todo ese cuadro indiciario abona absolutamente la conclusión sentencial en cuanto afirmó que la acción emprendida por Bono, ha sido con dolo de matar ya que la existencia de conflictos previos, vinculada a la dirección de la agresión y el medio empleado, así como el desenlace con la fuga del acusado cuando la víctima se encontraba gravemente herida y en riesgo de muerte, permiten concluir en cuanto a la tipicidad subjetiva enrostrada en la sentencia y que en esta ocasión se impugna" (fs. ídem y vta., sent. cit.).
Señaló, por último, que "...no sobra aclarar que la pena impuesta a Bono se correspondió con la pactada por las partes en el acuerdo de juicio abreviado oportunamente formulado" (fs. 5 vta., sent. cit.).
De todo lo antes transcripto, se advierte que las críticas que sobre tales cuestiones formuló la defensa técnica, fueron expresamente abordadas por el Tribunal de Alzada.
En definitiva, lo que el recurrente pretende es cuestionar el acierto o profundidad de lo decidido, extremos ajenos al acotado marco de la vía impugnativa intentada (conf. doctr. causas P. 95.797, sent. de 31-X-2007; P. 93.939, sent. de 25-III-2009; P. 108.232, resol. de 4-VIII-2010; P. 106.347, resol. de 16-XI-2011; P. 123.902, sent. de 4-V-2016; P. 125.988, sent. de 14-VI-2017; P. 126.826, sent. de 11-IV-2018; P. 123.706, sent. de 13-VI-2018; e.o.).
III.2. Por lo demás, la sentencia impugnada se encuentra fundada en ley, conforme manda el art. 171 de la Constitución local (v. esp. fs. 6 y vta., sent. casatoria), siendo doctrina arraigada de este Tribunal que lo atinente a la denuncia de incorrecta, desacertada y deficiente motivación es inherente al remedio de inaplicabilidad de ley y eventualmente reparable por ese medio que la parte prescindió de interponer (conf. doctr. causas P. 125.841, sent. de 31-X-2016; P. 124.038, sent. de 27-IX-2017; P. 126.734, sent. de 11-X-2017; P. 124.577, sent. de 7-XI-2018; e.o.).
III.3. Finalmente, la denuncia de arbitrariedad del pronunciamiento en revisión (v. fs. 2, recurso cit.), así como las referencias a la inobservancia de garantías constitucionales de la defensa en juicio, el debido proceso legal y el doble conforme (v. fs. 1 vta./3, recurso cit.), son ajenas a la vía impugnativa intentada (conf. doctr. causas P. 106.057, sent. de 22-IX-2010; P. 110.072, resol. de 18-IV-2011; P. 107.461, resol. de 30-V-2012; P. 122.027, resol. de 8-IV-2015; P. 115.082, sent. de 15-VII-2015; P. 125.889, sent. de 14-IX-2016; P. 130.936, sent. de 20-III-2019; e.o.).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar por improcedente la vía extraordinaria de nulidad deducida al no evidenciarse en el fallo recurrido infracción a los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial (art. 493, CPP).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Adhiero al rechazo que propicia mi colega el doctor Genoud. Solo dejo a salvo mi criterio respecto a la introducción de agravios de naturaleza federal por una vía diferente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
En tal sentido tengo dicho (conf. causa P. 63.922, "Cáceres", sent. de 10-V-2006; e.o.), que por aplicación de la doctrina de "Strada" (Fallos: 308:490), "Di Mascio" (Fallos: 311:2478) y "Christou" (Fallos: 310:324), esta Corte, en su carácter de Superior Tribunal de la causa, no puede inobservar el deber de dar una respuesta -más allá de los límites formales que establece la regulación de la vía elegida- cuando se trate de agravios federales oportunamente interpuestos, pues ello es lo que le permite al impugnante cumplir con el indicado recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal (art. 14, ley 48).
II. Dicho esto, advierto que la denuncia de violación a las garantías constitucionales -defensa en juicio, debido proceso y doble conforme- es improcedente.
Es que, en efecto, los planteos del recurrente fueron abordados por el tribunal encargado de revisar la condena. Específicamente se consideró el agravio a través del cual el defensor adujo que el dolo homicida no había sido comprobado en el caso concreto en conjunto con su apreciación de los elementos convictivos. También se abordó la queja en cuanto a la determinación de la pena impuesta (aunque esta respuesta no fue objeto de agravio alguno).
Como fuera dicho, el Tribunal de Casación repasó y valoró en detalle cada uno de los elementos convictivos sobre los cuales se consideró acreditada la materialidad ilícita y la autoría del imputado Bono. En particular el magistrado del primer voto -doctor Mancini, a quien adhirió la doctora Budiño- corroboró que con las evidencias reunidas y valoradas por la jueza de la instancia, correspondía ratificar la significación jurídica, puesto que el dolo surgía de numerosos indicios tales como: el arma empleada, la cantidad de disparos efectuados sobre las víctimas cuando estas intentaban huir, el lugar de las lesiones efectivamente ocasionadas por los disparos y los conflictos previos existentes entre el imputado y la víctima.
Al mismo tiempo, sostuvo que el resultado muerte no se concretó "...por haber recibido ayuda médica de forma inmediata, a partir de la acción emprendida por los vecinos del lugar y la policía que solicitaron ayuda de ambulancia de forma urgente, habiendo sido trasladado a un centro médico donde fue intervenido de urgencia, pues su vida se encontró en riesgo por la gravedad de la herida" . A lo que agregó que "...la víctima pudo salvarse por la rápida intervención de terceros, a instancias de la cual, pudo salvar su vida por la atención médica recibida" .
III. Corresponde rechazar por improcedente el reclamo del doctor Mauricio Muñoz por el cual afirma categóricamente ante esta Suprema Corte que el Tribunal de Casación "nada dijo" respecto de las causas -ajenas a la voluntad del autor- por las cuales el homicidio finalmente no se consumó y que vincula con la violación al debido proceso (art. 495 en función del art. 15, ley 48).
Pues tal como quedó detallado, el tribunal brindó una expresa respuesta por la cual explicó que el resultado muerte buscado por el autor, no se efectivizó por causas ajenas a su accionar: la inmediata atención médica recibida mantuvo con vida a la víctima.
Con este agregado, adhiero a mi colega y también voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria y Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Kohan dijo:
Adhiero al voto del doctor Genoud por sus fundamentos.
Voto por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza -por mayoría de fundamentos- el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 493, CPP).
Se regulan los honorarios profesionales del letrado interviniente, doctor Mauricio Muñoz, en la suma equivalente a doce (12) jus, por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/03/2023 17:49:22 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/03/2023 19:06:10 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/03/2023 23:24:03 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/03/2023 09:07:24 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/03/2023 12:16:03 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/03/2023 12:23:26 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/03/2023 08:01:11 hs. bajo el número RS-22-2023 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia