Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137267
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de nulidad deducido a favor de S. A. V. W., con costas (arts. 491 en sentido contrario, 493 y concs. CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.267, "V. W., S. A.. Recursos extraordinarios de nulidad en causa n° 115.404 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres , Kogan, Soria.
La Sala II del Tribunal de Casación, mediante sentencia dictada el 5 de mayo de 2022, rechazó el recurso de la especialidad presentado por la defensa oficial de S. A. V. W. contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que lo condenó a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante contra una menor de dieciocho años de edad, aprovechándose de la situación de convivencia preexistente y por encontrarse a cargo de la guarda, en concurso real con robo agravado por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada (dos hechos), declarándolo reincidente.
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, presentó recurso extraordinario de nulidad.
La Casación, mediante resolución de fecha 17 de agosto de 2022, admitió el carril por haberse denunciado la infracción del art. 168 de la Constitución provincial.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. De conformidad con el alcance con el que fue admitida la impugnación se reseñarán los agravios allí desarrollados, sin que corresponda efectuar ninguna consideración sobre la denuncia de arbitrariedad por haber quedado fuera de la competencia de este Tribunal (conf. art. 486, CPP).
En tal sentido, en el recurso extraordinario de nulidad, la defensa oficial denunció la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial por haber incurrido el a quo en la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales.
Recordó que en el recurso de casación -entre otros embates- se había criticado la determinación de la pena, denunciándose la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal. Se requirió la imposición del mínimo de la escala penal.
De seguido, reprodujo los planteos que su parte había llevado a conocimiento del órgano revisor y manifestó que el Tribunal de Casación no se pronunció respecto de las cuestiones alegadas por la defensa, sino que se habría limitado a efectuar un análisis general y dogmático de la pena impuesta. Adujo que no se expidió "...ni explícita ni implícitamente respecto de la pretensión defensista" y que el a quo incurrió en la "...omisión de tratar y dar su voto individual sobre el criterio postulado por la defensa en el recurso de casación [...] sobre una cuestión esencial".
Por último, puntualizó que ante la Casación la defensa había planteado la inobservancia de los arts. 40 y 41 del Código Penal porque habiéndose descartado dos agravantes solicitadas por el fiscal y agregado pautas no requeridas por la acusación, en definitiva, se impuso la misma pena que la requerida por la fiscalía oportunamente.
II. Coincido con la Procuración General: el recurso no prospera.
III. Los embates desarrollados por la defensa oficial fueron abordados y rechazados por la Casación (conf. art. 491, en sentido opuesto, CPP).
III.1. Con relación a la falta de tratamiento del planteo sobre la valoración de circunstancias novedosas en contra del imputado, corresponde señalar que una apreciación integral de lo decidido permite afirmar que, en rigor, dicho reclamo fue rechazado por el tribunal revisor.
En ese cometido, se hace necesario efectuar un sucinto desarrollo del trámite procesal de la causa.
III.1.a. De la lectura del acta de debate surge que la fiscalía solicitó se valorara como atenuante el buen concepto vecinal presunto y como pautas agravantes "...la violencia desplegada en todos los desapoderamientos ilegítimos, atrancando la integridad personal"; la utilización de un arma de fuego cuya aptitud no se pudo acreditar; la naturaleza de la acción y el temor de la niña víctima como consecuencia del abuso sexual sufrido. Requirió la imposición de doce años de prisión, accesorias, costas y declaración de reincidencia.
La defensa coincidió con la atenuante y se opuso a las agravantes mencionadas.
III.1.b. Por su parte, el Tribunal de mérito, por un lado, hizo lugar al factor de atenuación; por otro, en cuanto a las severizantes requeridas por la acusación, únicamente hizo lugar a la derivada de la "violencia desplegada" en los dos hechos de robo (hechos I y II), rechazando las restantes.
Al respecto de la referida agravante, para acceder al pedido fiscal, explicó que el acusado excedió los requerimientos del encuadre legal pues "...en el primer suceso golpeó con su cuerpo y empujó al propietario del vehículo [...] al tiempo que le exigía la entrega de pertenencias y las llaves del rodado, además 'lo hizo arrodillar', ello acreditado por los testimonios escuchados en la audiencia de debate".
En definitiva, en función de la calificación legal de los hechos, las circunstancias fácticas, la valoración de la atenuante (buen concepto vecinal presunto) y la agravante aludida (violencia desplegada), fijó la pena en doce años de prisión.
III.1.c. Frente a ello, en el recurso de casación la defensa oficial denunció la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal y la violación de los arts. 1, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En ese marco, alegó que el órgano de mérito descartó agravantes requeridas por la fiscalía y que agregó circunstancias que no habían sido planteadas por el acusador "...como el hecho de haber hecho arrodillar a una supuesta víctima, cliente presente en uno de los eventos en la panadería que no fue identificado, ni depuso en el debate [...] circunstancia que no pudo ser contestada por la defensa y que [...] viola el principio de contradicción y paridad de armas".
Concluyó que, ante el descarte de las otras agravantes requeridas por la acusación, no correspondía imponer la misma pena que la pedida por la fiscalía; por todo ello, solicitó la imposición del mínimo de la escala penal.
III.1.d. La Sala II del Tribunal de Casación, en lo que aquí interesa, mediante el voto del juez Mancini, con la adhesión simple de la jueza Budiño, rechazó el planteo de la defensa. Recordó que la pena se fijó tomando en consideración la calificación legal, la participación asumida por el acusado y las pautas mensurativas evaluadas por el juzgador.
Sentado lo anterior, refirió que en el caso no se advertía una infracción de los arts. 40 y 41 del Código Penal. Argumentó que "...siempre que se expresen las razones que justifiquen la decisión, en base a la íntima convicción, no hay obstáculo para que el sentenciante -si fuera el caso- determine qué circunstancias ponderables son las que concurren, y a partir de las mismas gradúe la pena respectiva".
De seguido, destacó que los citados arts. 40 y 41 permiten fijar la pena apartándose del mínimo legal aun en casos donde concurran atenuantes y no haya agravantes pues la ley no exige imponer el mínimo legal.
Concluyó que la defensa solo expuso un parecer subjetivo respecto a la determinación de la pena.
En suma, aseveró que la sanción fijada no resultó arbitraria, desproporcionada ni quebrantó norma alguna (conf. arts. 40 y 41, Cód. Penal y 18, Const. nac.).
IV.1. De la reseña efectuada en los puntos precedentes se advierte que las críticas de la defensa contenidas en la impugnación anterior fueron abordadas y rechazas por el órgano intermedio que, además de afirmar que la sanción impuesta se fijó conforme las pautas de los arts. 40 y 41 del Código Penal, expresamente indicó que "...no hay obstáculo para que el sentenciante -si fuera el caso- determine qué circunstancias ponderables son las que concurren, y a partir de las mismas gradúe la pena respectiva".
Cabe agregar que el tribunal revisor concluyó el análisis de la determinación de la pena haciendo suyo el "desarrollo argumentativo brindado por el a quo en el pronunciamiento", remisión parcial que importó la complementación de sus fundamentos con los de la decisión previa, en los que la circunstancia agravante detallada fue tenida por el órgano de mérito como inmersa en la "violencia desplegada" requerida por el acusador y que, entonces, valida la motivación del fallo casatorio en el tratamiento de las cuestiones llevadas a su conocimiento (conf. arts. 168 y 171, Const. prov.; doctr. causas P. 70.784, sent. de 29-XII-2004; P. 98.033, sent. de 18-VI-2008; P. 121.304, resol. de 9-XII-2015; P. 125.256, resol. de 26-X-2016; P. 132.638, resol. de 27-XI-2019; P. 133.031, resol. de 20-II-2020; e.o.).
Resulta oportuno recordar que es doctrina de esta Suprema Corte que aun cuando el revisor no responda directamente cada uno de los argumentos de la parte, si el análisis valorativo conlleva un implícito rechazo del planteo no se configura la causal que da lugar al recurso de nulidad (doctr. causas P. 93.196, sent. de 29-X-2008; P. 106.168, sent. de 17-III-2010; P. 116.699, sent. de 1-VI-2016; P. 132.095, sent. de 20-X-2020; e.o.).
IV.2. Igual suerte adversa seguirá la denuncia de falta de tratamiento del planteo relativo a la imposibilidad de imponer la misma pena que la pedida por el fiscal cuando parte de las agravantes alegadas por la acusación no fueron receptadas en su totalidad por el juzgador, en tanto dicha crítica fue tratada explícitamente y descartada por el a quo.
En efecto, en el fallo en crisis se resaltó que aun en los casos en que solo se ponderen atenuantes y ninguna agravante, el órgano juzgador no se encuentra legalmente obligado a imponer el mínimo de la escala penal.
IV.3. De lo hasta aquí expuesto se desprende que, en definitiva, el recurrente pretendió cuestionar el acierto o profundidad de lo decidido por la Casación respecto a la determinación judicial de la pena, extremos ajenos al acotado marco de la vía impugnativa intentada (conf. doctr. causas P. 95.797, sent. de 31-X-2007; P. 93.939, sent. de 25-III-2009; P. 108.232, resol. de 4-VIII-2010; P. 106.347, resol. de 16-XI-2011; P. 123.902, sent. de 4-V-2016; P. 125.988, sent. de 14-VI-2017; P. 126.826, sent. de 11-IV-2018; P. 123.706, sent. de 13-VI-2018; e.o.).
V. Finalmente, la denuncia de ausencia de voto individual tampoco es de recibo por resultar manifiestamente genérica y dogmática, en tanto la parte no efectuó un mínimo desarrollo para vincularla con el caso (conf. art. 491, a contrario sensu , CPP).
Así entonces, en atención a que el planto adolece de total sustento argumental, ello resulta suficiente para su desestimación.
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de nulidad deducido a favor de S. A. V. W., con costas (arts. 491 en sentido contrario, 493 y concs. CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/04/2024 15:09:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/04/2024 08:09:00 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/04/2024 09:20:29 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/04/2024 12:08:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/04/2024 12:13:00 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 09/04/2024 13:51:21 hs. bajo el número RS-51-2024 por SP-VARVERI LUCIANO JOSE.
Fin de la sentencia