Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 125112
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso extraordinario de nulidad deducido por el señor Fiscal del Tribunal de Casación Penal, anular parcialmente la sentencia recurrida en cuanto a la determinación de la cuantía de la pena única y devolver los autos a dicha instancia para que, debidamente integrado, dicte un nuevo fallo ajustado a derecho (arts. 492 del C.P.P. y 31 bis de la ley 5827).
Secretaría Suprema Corte
Registrado bajo el N°1431
P. 125.112 - “Altuve, Carlos Arturo -Fiscal- s/ Recurso extraordinario de nulidad en causa n° 37.953 del Tribunal de Casación Penal, Sala I, seguida a Riso Sena, Juan Carlos ”.
///Plata, 29 de junio de 2016.-
La presente causa P. 125.112, caratulada: “Altuve, Carlos Arturo -Fiscal- s/ Recurso extraordinario de nulidad en causa n° 37.953 del Tribunal de Casación Penal, Sala I, seguida a Riso Sena, Juan Carlos”,
I. La señora Jueza doctora Kogan dijo:
1. La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 18 de septiembre de 2014, hizo lugar parcialmente a la impugnación articulada por la Defensa Oficial de Juan Carlos Riso Sena contra la sentencia del Tribunal Criminal N° 10 de Lomas de Zamora que lo había condenado a la pena de veinticuatro años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el empleo de arma y abuso sexual con acceso carnal agravado por la utilización de arma (causa nº 675035/10); hurto simple y abuso sexual con acceso carnal (causa nº 752951/10) y robo agravado por el empleo de arma y abuso sexual con acceso carnal agravado por la utilización de arma (causa nº 723311/10 y 727681/10) en concurso real entre sí y a la pena única de treinta y ocho años de prisión, accesorias legales y costas comprensiva de la condena señalada y la de quince años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido con armas en concurso real con el delito de robo con armas y en concurso material con privación ilegal de la libertad, impuesta en la causa nº 2597 del registro del Tribunal en lo Criminal nº 11 de Capital Federal. En consecuencia, el órgano casatorio por unanimidad, desagregó las severizantes consistentes en el empleo de un vehículo de alquiler y las lesiones ocasionadas a una de las víctimas, dejando intactas las demás declaraciones del fallo y, por mayoría, fijó la pena unificada en veinticinco años de prisión, sin costas en esa Sede (fs. 84/104).
2. Contra esa decisión se alzó el Fiscal de la instancia intermedia -Dr. Carlos Arturo Altuve- merced al recurso extraordinario de nulidad que articuló a fs. 120/124.
a. En lo que hace a la admisibilidad, expresó que el carril impugnativo se interpuso en tiempo y forma contra una sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Casación (fs. 120 y vta.).
b. En orden a la procedencia cuestionó “la irregular conformación de la mayoría que se pretende alcanzada para reducir el monto de la pena unificada que no alcanza a erigirse en una verdadera mayoría sustancial de fundamentos (…) como lo exige el art. 168 -segunda parte- de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires”. Destacó que cada uno de los Jueces ha llegado a distinta conclusión sobre la pena impuesta en definitiva de 25 años de prisión (fs. 122 vta.).
Sostiene el impugnante que la supuesta mayoría conformada por los votos de los doctores Piombo y Sal Llargués sobre el punto no es tal, pues sus opiniones no sólo son diferentes sino incompatibles entre sí (fs.123).
Luego de transcribir diversos pasajes del fallo en crisis, destacó que mientras para el Juez Sal Llargués el límite de 25 años del Código Penal en su redacción original para penas privativas de libertad es plenamente aplicable, para el doctor Piombo el límite de 25 años de prisión señalado no resulta aplicable como demarcación al concurso real de delitos y propone una reducción de la pena a veintiocho años de prisión por razones de razonabilidad y proporcionalidad, mientras que Natiello -respecto a la pena unificada- consideró que no luce irracional y teniendo en cuenta la obliteración de agravantes, postuló una pena de treinta y seis años de prisión (fs. 121 vta./122 vta.).
De otro lado indicó que el doctor Piombo considera que el Estatuto de Roma “de ninguna manera es prescriptivo en el ámbito interno, mientras que para el doctor Sal Llargués sí lo es” (fs. 122 vta. cit./123).
También advierte que el propio Juez Piombo señaló que la posición de Sal Llargués es la más allegada, sin embargo de la simple lectura se desprende que sus fundamentos son excluyentes (fs. 123 cit.).
Con cita del art. 168 de la Constitución Provincial concluye el recurrente que la adhesión cuestionada es meramente formal por lo que no abastece los recaudos establecidos por aquella norma suprema y que “la sentencia aparece como contradictoria y, por lo mismo, incompatible con un acto jurisdiccional válido, afectando de manera directa e inmediata el debido proceso (art. 18 C.N.).
4. La vía prevista por el art. 491 del C.P.P. sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Prov.; cfe. doct. Ac. 94.522, 12/VII/2006; Ac. 97.232, 13/XII/2006; Ac. 97.324, 18/IV/2007; Ac. 100.082, 18/VII/2007; Ac. 100.806, 16/IV/2008; Ac. 104.341, 25/II/2009; e.o.).
Toda vez que el carril extraordinario fue articulado en término, por quien se encuentra legitimado para ello, contra una sentencia definitiva emanada del Tribunal de Casación Penal y se ha denunciado la falta de mayoría de opiniones con cita de los arts. 168 y 171 de la Constitución Provincial, cabe concederlo y evaluar -sin más- su procedencia (arts. 482, 483, 484 y 491 del C.P.P. y 31 bis de la ley 5827).
5. El recurso extraordinario de nulidad encuentra sustento en la falta de mayoría de opiniones del fallo casatorio en el tramo vinculado con la determinación del quantum punitivo.
6. Le asiste razón.
Nótese que al brindar tratamiento a la segunda cuestión que se planteó el órgano del recurso, vinculada con los límites trazados por el Código Penal en su redacción original para la individualización de la pena, el magistrado que lideró el Acuerdo, doctor Piombo sostuvo -con cita del precedente de la Sala I “Rios y otros” causa 2929, 2947 y 2948- que “a partir de la vigencia de la ley 23.077 (…) queda ‘elastizado’ el límite establecido por el art. 55 [del C.P.] para el máximo de la sanción aplicable en los supuestos de concurso de delitos, habida cuenta que esta normativa se refiere “al maximun legal de la especie de pena de que se trate” (fs. 94).
Agregó que “el Estatuto del Tribunal Penal Internacional establece un límite de treinta años que, de ninguna manera, es prescriptivo en el ámbito interno, pero que da una pauta de moderación, siempre que quede una esperanza de resocialización” (fs. 94 vta.).
De seguido, estimó que correspondía morigerar la pena, además de la aparejada por la supresión de las circunstancias agravatorias. En esa senda, resaltó que “la pena no es cruel, ni inhumana ni degradante; pero si excesivamente severa teniendo en cuenta que no gravitan ilícitos tales que impliquen la muerte de una persona, lo cual (…) en conjunción con la supresión de agravantes propuesta, me lleva a proponer (…) la cifra de veintiocho años de prisión para la pena unificada, dejando intactas las demás declaraciones formuladas en los fallos que se unifican. Empero, habiendo tomado conocimiento en el breve intercambio de opiniones que preceden al acuerdo de la cifra que propone el doctor Sal Llargués, en aras de alcanzar las mayorías constitucionalmente previstas y por resultar más allegada a la propiciada supra” ( sic , fs. 95 vta.), y votó por la “negativa” (fs. 96).
Por su parte, el doctor Natiello -en lo que aquí interesa- con cita de la causa 2929 “Ríos Gregorio” destaco que el máximo de pena privativa de libertad aplicable es la de cincuenta años de prisión o reclusión (fs 98). En ese carril apuntó que “el tope máximo de la pena temporal de prisión o reclusión, a los fines de unificación de penas, debe ser extraído de las escalas penales vigentes conforme la reforma de la ley 23.077, que introdujo al texto legal de fondo, entre otros, el art. 277 ter, que dispone que el máximo de pena establecido para cualquier delito será aumentado en medio…” de manera que “la solución a la que arriba el sentenciante resulta ajustada a derecho” (fs. 98 vta./99). Así estimó que por la obliteración de las agravantes (...) señaladas, que la pena debe readecuarse en 36 años de prisión” (fs. 99 vta.).
En tercer término, Sal Llargués manifestó en su sufragio que en el sistema original del Código Penal el homicidio era la más grave infracción merecedora de pena divisible, constituyendo por ende el máximo a que se refiere el artículo 55 del mismo texto y que con la incorporación al digesto interno del Estatuto de Roma “los máximos legales aplicables a delitos de la gravedad de los contenidos en ese instrumento que tienen como tope los 30 años imponen que por una interpretación más restrictiva de penalidad por el principio de humanidad de la pena y de la razonabilidad republicana no puede --a cuento de la comisión de un delito de orden interno- superarse ese guarismo” ( fs. 101 vta.)
Adunó que son los arts. 8, 9 y 10 del Estatuto de Roma “los que limitan las penas divisibles y el 6 que atribuye carácter supletorio -entre otras- a las normas y principios del Código Penal Argentino”. Entendió que “las penas deben adecuarse a esos baremos reduciéndoselas en forma proporcional a riesgo de consagrar con esa estimación el a quo una grosera incongruencia legal e interpretativa”. Propició que la pena total sea reducida a la de 25 años de prisión (fs. 102).
7. De la reseña anterior se desprende que para el Juez Natiello correspondía imponer la pena única de 36 años de prisión, para el doctor Piombo ella debía ser de 28, y para el Juez Sal Llargués de 25 años. No obstante, y sólo a los fines de lograr la mayoría, el segundo de los magistrados nombrados postuló la aplicación de 25 años de prisión, tal como se señalara en el acápite anterior (ver fs. 102 vta.).
El segundo párrafo del art. 168 de la Constitución de la Provincia señala que “los jueces que integran tribunales colegiados, deberán dar su voto en todas las cuestiones esenciales a decidir. Para que exista sentencia debe concurrir mayoría de opiniones acerca de cada una de ellas”, de modo que se ha transgredido dicha norma al no mediar mayoría de opiniones respecto de una cuestión esencial (P. 33.948, sent. del 19/VIII/1986; P. 38.197, sent. del 23/V/1989; P. 60.362, sent. del 23/VI/1998). Ello es así, desde que la mayoría de resultado, en modo alguno satisface la mayoría de fundamentos, pues es esta última la exigida por la norma constitucional de mención (P. 64.665, sent. del 11/VI/2003; P117.174, res. del 13/VI/2012.).
A lo afirmado cabe señalar que las deliberaciones e intercambios de pareceres propios de los acuerdos celebrados en el ámbito de los tribunales colegiados -como en el caso- no permiten que, una vez establecido el orden de votación y dada la clara disidencia en las postulaciones de los dos jueces que sufragaron con anterioridad al Juez Sal Llargués, sea el primero de los votantes quien acerque su posición al último de ellos. Es que, justamente el tercero en el orden debe formular su sufragio para resolver la cuestión (cfe., mutatis mutandi , arts. 35 y 36 de la ley 5827 y modificatorias; Ac. 81.306, res. del 25 de abril de 2001; C. 107.375, res. del 16 de febrero de 2011; C.112.932, res. del 4 de mayo de 2011;C.112.549, res. del 10 de noviembre de 2010; C.118.084, res. del 25 de septiembre de 2013 e/o).
8. Por lo expuesto, debe declararse la nulidad parcial de la sentencia impugnada a partir del nivel de la determinación de la pena única y reenviar los autos a la instancia de origen para que, integrado el órgano jurisdiccional con jueces habilitados, dicte un pronunciamiento conforme a derecho (art. 492, C.P.P.).
II. El señor Juez doctor Negri por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó en igual sentido.
III. El señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Coincido con la solución propiciada por los colegas preopinantes en que el recurso procede en virtud de los siguientes argumentos.
1. Los antecedentes han sido detallados de manera adecuada por quienes me preceden, a los que cabe remitirse por razones de economía. No obstante habré de reiterarlos en la medida que resulte pertinente al parecer que expondré.
2. La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, como quedó reseñado en el aludido voto, por un lado y por unanimidad desagregó las agravantes vinculadas al empleo de un vehículo de alquiler y las lesiones ocasionadas a una de las víctimas, así como dejó incólume las demás declaraciones del fallo; y por otro –en decisión mayoritaria- estableció como pena única la de veinticinco años de prisión, sin costas en esa sede (fs. 81/104).
En lo atinente al recurso y aquello que resulta de interés, el Juez Piombo propuso “la cifra de veintiocho años de prisión para la pena unificada, dejando intactas las demás declaraciones formuladas en los fallos que se unifican. Empero, habiendo tomado conocimiento en el breve intercambio de opiniones que preceden al acuerdo de la cifra que propone el doctor Sal Llargués, en aras de alcanzar las mayorías constitucionalmente previstas y por resultar más allegada a la propiciada supra”. Luego votó por la negativa (fs. 95 vta./96).
A su turno el doctor Natiello, entendió que “la pena total debe readecuarse en 36 años de prisión” (fs. 99 vta.).
En último término, el Juez Sal Llargués postuló con sustento en lo previsto por el Código Penal y el Estatuto de Roma, que “la pena total sea reducida a la de 25 años de prisión” (fs. 102).
3. Como anticipé el recurso es procedente.
En efecto, conforme lo reseñado puede advertirse que no hubo mayoría de fundamentos en torno a la determinación del monto de la pena única.
Pues mientras el doctor Piombo se manifestó por un monto de veintiocho años, Natiello por uno de treinta y seis años, Sal Llargués hizo lo propio, pero la tazó en veinticinco años de prisión.
Sin que pueda entenderse, ni interpretarse que la última parte del sufragio del aludido Juez Piombo signifique o se exhiba como una adhesión al último de los magistrados y así sortear la mayoría en crisis.
Repárese que no hay una expresión, desde lo lingüístico, que permita tal entendimiento, máxime cuando en el caso se trata de la imposición de una pena de alta dosimetría.
Con lo cual, no existió sobre el punto una mayoría de fundamentos, de opinión en infracción al art. 168 de la Const. Prov. (cfe. Ac. 70.684 del 7/IV/98; P. 66.523, sent. del 3/VII/2002; P. 63.947, sent. del 10/IX/2003; P. 106.225, res. del 14/VI/2010; P. 105.318, res. del 6/VI/2011; P. 105.075, res. del 18/V/2011; P. 109.000, res. del 16/V/2012 y P. 120.609, res. del 1/IV/2015).
El segundo párrafo del art. 168 de la Constitución de la Provincia señala que “los jueces que integran tribunales colegiados, deberán dar su voto en todas las cuestiones esenciales a decidir. Para que exista sentencia debe concurrir mayoría de opiniones acerca de cada una de ellas” y esta Corte ha interpretado al respecto que “…el recurso extraordinario de nulidad por violación del artículo 168 de la Constitución provincial procede cuando existe omisión de cuestión esencial, o no existe voto individual de los jueces, o no concurra mayoría de opiniones acerca de cada una de las cuestiones a decidir” (Ac. 70.684; P.120.609, cits.), como ocurre en el caso.
Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso y anular parcialmente la sentencia impugnada en lo atinente a la determinación de la cuantía de la pena única y devolver los autos a la instancia intermedia para que, integrado el órgano jurisdiccional con jueces habilitados, dicte un pronunciamiento conforme a derecho (art. 492, C.P.P.).
Así lo voto.
IV. El señor Juez doctor de Lázzari , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó en igual sentido.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Hacer lugar al recurso extraordinario de nulidad deducido por el señor Fiscal del Tribunal de Casación Penal, anular parcialmente la sentencia recurrida en cuanto a la determinación de la cuantía de la pena única y devolver los autos a dicha instancia para que, debidamente integrado, dicte un nuevo fallo ajustado a derecho (arts. 492 del C.P.P. y 31 bis de la ley 5827).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-
Hilda Kogan
Héctor Negri
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia