Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 128961
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar, por improcedente, el recurso extraordinario de nulidad deducido contra la decisión de fs. 57/63, con costas (art. 491 y ccds. del C.P.P., 31 bis de la ley 5827).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales del doctor Ramón Elías Salto por la labor desarrollada ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/77).
P. 128.961-RC “González, Elías Alejandro s/ Recurso extraordinario de nulidad en causa Nº 75.123 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”.
///Plata, 12 de julio 2017.-
La presente causa P. 128.961-RC, caratulada: “González, Elías Alejandro s/ Recurso extraordinario de nulidad en causa Nº 75.123 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”,
1. La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 25 de agosto de 2016, confirmó la sentencia del Tribunal en lo Criminal N° 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que condenó a Elías Alejandro González a la pena de cinco años de prisión por considerarlo autor penalmente responsable del delito de robo agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa (fs. 57/63).
2. Frente a ello, la defensa particular -doctor Ramón Elías Salto- articuló recurso extraordinario de nulidad (fs. 67/70 vta.).
Alegó que el órgano revisor no analizó la totalidad de los agravios llevados en el recurso extraordinario. Así, enfatizó que la alzada no dio tratamiento a los alcances y efectos de la “nulidad absoluta” de la causa y tampoco abordó el embate referido a la “ausencia de un dermo test o estudio de parafina” y sindicó vulnerados los arts. 161 ap. 3 “b”, 168 de la Constitución provincial (fs. 69 y vta.). En tal sentido, coligió que la casación “desnaturalizó su labor revisora, afectando con ello el derecho de [su] asistido al doble conforme, en abierta violación al derecho defensa en juicio (art. 18 C.N.)” -fs. cit. vta.-.
3. Por su parte, la Alzada concedió el carril al comprender que el impugnante excitó la competencia revisora esgrimiendo un motivo propio de la vía extraordinaria de nulidad, esto es, “en cuanto denunció la infracción de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial”, con cita de la parcela recursiva en la que cimentó su decisorio (fs. 75/76 vta.).
4. El recurso extraordinario de nulidad debe ser rechazado sin más trámite por aplicación de lo normado en el art. 31 bis de la ley 5827 (t.o. por ley 13.812).
En efecto, al resolver el recurso de casación, el a quo sostuvo que la reconstrucción histórica del suceso se abasteció, esencialmente, con las declaraciones testimoniales de Maximiliano Negreira, Francisco Acevedo, Andrés Florentín y María Alejandra Limoni, completadas con los elementos que fueron incorporados por lectura al debate. Agregó que el sentenciante formó su convicción sobre el accionar del imputado en el hecho ilícito a partir de relacionar los indicios graves, precisos y concordantes que fruyeron de la prueba rendida en debate y las piezas incorporadas por lectura (fs. 58 vta./59). Afirmó que el recurso casatorio fue una reedición de aquellas alegaciones que fueron descartadas en el veredicto, sin que el impugnante se haya detenido a controvertir, en concreto, los fundamentos expuestos en el fallo para desestimarlas (fs. 59).
Confirmó la calificación legal escogida por el sentenciante pues “la víctima fue terminante […] y refirió que el acompañante, es decir el acusado lo apuntó con una pistola a dos metro suyos y vio y escuchó la detonación del arma de fuego… a lo que debe agregarse los dichos de Ecevedo en cuanto [manifestó] que incautó una vaina que entregó a la seccional policial interviniente…” (fs. 60 vta.). Agregó que de la pericia balística se desprende que el arma de fuego utilizada fue idónea (fs. cit./61).
Decidió que más allá de que el impugnante consideró que pudo haberse producido tal o cual prueba (secuestro de vainas servidas, de un arma apta, etc.) lo cierto es que “los magistrados de juicio son libres en la valoración y selección de la prueba que han de fundar su convencimiento” (fs. 61). Adunó que si bien no fue secuestrada arma alguna, ello no excluye que se haya empleado una y que sea apta, máxime cuando pudieron los sujetos descartarse de la misma durante la persecución (fs. cit. vta.).
5. Sin perjuicio de señalar que no es obligación de los tribunales resolver cada uno de los argumentos traídos por las partes en apoyo de sus pretensiones (cfr. P. 72.030, sent. del 17/VII/2002; P. 74.423, sent. del 14/XI/2007; P. 89.920, sent. del 3/V/2006), lo cierto es que al coincidir con la prueba de cargo valorada por el tribunal de juicio y resolver los extremos cuestionados por la defensa, descartó implícitamente los planteos relacionados con la nulidad absoluta de la causa y la ausencia de un dermo test o estudio de parafina.
En función de ello, cabe concluir que no se configura en autos la indebida preterición que da lugar al carril de nulidad (arg. art. 168, Const. pcial.; cfe. doctrina causas P. 59.863, sent. del 19-2-2002; P. 75.858, sent. del 28/3/2007; P. 106.168, sent. del 17/3/2010; P. 110.904 y acum. P.110.907, res. del 10/10/2012; P. 106.890, res del 16/6/2013).
Si lo que el recurrente pretende es traer a examen el acierto o profundidad de lo decidido por el a quo en derredor de aquellos puntos, corresponde expresar que ello es ajeno al medio revisor incoado (conf. Ac. 103.664, res. del 8/10/2008; P. 101.920, res. del 28/10/2009).
Finalmente, lo atinente a la denuncia de trasgresión de garantías constitucionales (doctr. Ac. 47.955 de 23/12/1991; 50.960 de 18/5/1993; Ac. 85.556 de 3/12/2003; Ac. 91.706 de 20/6/2007; Ac. 92.133 de 16/9/2009; e/o), son todos temas ajenos a la vía intentada y eventualmente subsanables por vía del recurso de inaplicabilidad de ley (cfe., por todos, Ac. 91.706 cit.; P.74.883 de 15/9/2004).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar, por improcedente, el recurso extraordinario de nulidad deducido contra la decisión de fs. 57/63, con costas (art. 491 y ccds. del C.P.P., 31 bis de la ley 5827).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales del doctor Ramón Elías Salto por la labor desarrollada ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/77).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia