Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128077
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar -por improcedente- el recurso extraordinario de nulidad deducido por el representante de Metalpar Argentina S.A. (art. 492 y ccds. del CPP, 31 bis ley 5827).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
“METALPAR ARGENTINA S.A. S/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE NULIDAD, EN CAUSA N° 41.874 DE LA CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DE SAN MARTÍN, SALA I”.
La Plata, 20 de septiembre de 2017.-
La presente causa P. 128.077-RC, caratulada: “Metalpar Argentina S.A. s/ Recurso extraordinario de nulidad, en causa n° 41.874 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín, Sala I”,
I. La Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín, el 10 de mayo de 2016, rechazó -por improcedente- el remedio de apelación intentado por el señor apoderado de Metalpar Argentina S.A., contra el pronunciamiento del Juzgado de Paz Letrado de Tres de Febrero que, en lo que aquí interesa destacar, confirmó la sanción impuesta a la nombrada por infracción a los arts. 7 y 8 de la ley 11.720 y art. 24 del decreto reglamentario 806/97 -en tanto no acreditó la presentación de la Declaración Jurada de Residuos Especiales para su inscripción en el Registro respectivo, ni Libro de Operaciones-, y dispuso la remisión al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (O.P.D.S.) a los fines que fije y actualice el monto de la multa a imponer (fs. 149/150 de la causa n° 5.648, acollarada al presente).
Para fundar su decisión, se remitió al criterio sostenido por esa Sala en reiterados precedentes en los que se inclinó por el rechazo de la apelación intentada frente a fallos de estrados jurisdiccionales que, en carácter de alzada, avalaban decisiones adoptadas por órganos de la administración. Con alusión a jurisprudencia de la Corte federal, señaló “la constitucionalidad de las normas locales que atribuyen competencia a determinados órganos de la administración para que en el ejercicio de funciones de policía, apliquen sanciones, siempre y cuando se garantice la posibilidad de revisión en sede judicial (…) lo cual en el caso se ha verificado con la intervención del Juzgado de Paz Letrado actuante” (fs. 149 y vta., el destacado en el original).
II. Ante a ello, el mentado apoderado de la infractora -doctor Alejandro Jorge Geretto- articuló recurso extraordinario de nulidad (v. fs. 1/16 del presente legajo).
Básicamente, recordó el régimen imperante sobre el tópico con anterioridad y posterioridad a la sanción de la ley 13.812, expuso que la Cámara omitió resolver todas las cuestiones que le fueron sometidas –vinculadas al plexo probal valorado en la confirmación de la sanción impuesta- en la forma y plazos establecidos por las leyes procesales, y tildó de arbitrario el decisorio en tanto –desde su óptica- los fundamentos del rechazo no se condicen con la ley aplicable al caso, con cita de los art. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Bs. As..
III. La Alzada departamental, el 20 de septiembre de 2016, admitió el canal deducido (fs. 21 y vta.).
Para así resolver, halló abastecidos los recaudos referentes a sede y plazo de interposición, y entendió que el resolutorio en crisis “reviste carácter equiparable a sentencia definitiva en tanto termina la causa o hace imposible su continuación” (fs. cit.).
Asimismo, juzgó que en virtud de las alegaciones de la parte “podría tratarse en el caso de un supuesto que encuadre en la previsión del art. 168 de la Constitución [provincial], norma a la que remite el art. 161, inc. 3, punto b del mismo Orden Legal Superior, y relevando a su vez que se han invocado derechos y garantías constitucionales, a fin de salvaguardar el debido proceso (…)”, por lo que concluyó en la admisión del canal interpuesto (fs. cit.).
IV. A modo preliminar, y en atención a las particularidades del iter impugnaticio, corresponde efectuar un racconto de lo sucedido en la causa 5.648, acollarada al presente.
1. El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible -el 19 de septiembre de 2011- impuso a la firma Metalpar Argentina S.A. las sanciones de: a) Multa de pesos tres mil, por infracción al art. 18 del decreto 3395/96, reglamentario de la Ley 5965; y b) Multa de pesos cuatro mil doscientos dieciocho -equivalente a seis sueldos básicos de la Administración Pública provincial-, por infracción a los arts. 7 y 8 de la Ley 11.720, y art. 24 del decreto reglamentario 806/97 (v. fs. 32/33 vta.).
2. Ante tal escenario, el entonces apoderado de la infractora dedujo recurso de apelación (v. fs. 44/52), el que fue admitido y remitido al Juzgado en lo Correccional en turno, mediante acto administrativo del 27 de diciembre de 2012 (fs. 75/76).
3. Suscitada y zanjada una cuestión de competencia entre la sede correccional y la de Paz Letrada -habiendo aceptado competencia la señora Titular del Juzgado de Paz Letrado de Tres de Febrero-, el mentado órgano resolvió, el 19 de febrero de 2016, declarar prescripta la acción contravencional en relación al art. 18 de decreto 3395/96, reglamentario de la Ley 5965; y -en suma- confirmar la condena en cuanto impuso a Metalpar la sanción de multa por infracción a los arts. 7 y 8 de la Ley 11.720, y art. 24 del decreto reglamentario 806/97; debiendo fijar y actualizar la autoridad correspondiente del O.P.D.S. el monto de la multa a imponer (fs. 134/135).
4. Así, la contraventora y su representación impetraron recurso de apelación, el que fue concedido por el Juzgado de Paz y elevado a la Cámara departamental (fs. 140/141 vta., fs. 144 y fs. 146 -respectivamente-).
5. Finalmente, la Sala interviniente lo rechazó -conforme se indicó en el considerando I° de la presente, al que cabe remitirse en honor a la brevedad-, lo que originó la deducción de la vía extraordinaria de nulidad que llegó admitida a ésta Sede.
V. Sentado lo anterior, y más allá de la defectuosa técnica utilizada por el a quo al desplegar el juicio que le confiere el art. 486 del CPP, lo cierto es que, de todos modos, el recurso extraordinario de nulidad intentado no prospera (art. 31 bis, ley 5827).
a. En efecto, al abordar el remedio de apelación deducido por el representante de la infractora, la Cámara de Apelación y Garantías -con remisión a diversos precedentes de la Sala y de la Corte federal- se pronunció sobre la constitucionalidad de las normas locales que atribuyen competencia a determinados órganos de la administración para que en el ejercicio de funciones de policía, apliquen sanciones, siempre y cuando se garantice la posibilidad de revisión en sede judicial.
De seguido, entendió que -en el caso- dicha circunstancia “se ha verificado con la intervención del Juzgado de Paz Letrado actuante”; y, finalmente, rechazó el ensayo por improcedente (v. fs. 149/150).
b. Más allá del acierto o error de lo así fallado, el remedio establecido en el art. 491 del CPP es improcedente, desde que la cuestión que la parte considera omitida -críticas con respecto al plexo probal valorado en la confirmación de la sanción impuesta a Metalpar Argentina S.A.- quedó desplazada como consecuencia de la resolución dictada por el órgano de alzada, sin que la defensa logre evidenciar una infracción al art. 168 de la Const. provincial.
A ello cabe adunar que, conforme al criterio de esta Corte, la preterición a que se refiere el aludido dispositivo de la Carta local ocurre cuando el juzgador ha excluido el tema por descuido, pero no cuando la materia se encuentra desplazada por el razonamiento expuesto en el pronunciamiento (Ac. 90.240, 4/II/2004; Ac. 100.703, 5/III/2008).
Por último, la denuncia vinculada a la conculcación de principios constitucionales, así como la genérica tacha de arbitrariedad, constituye un tema ajeno al recurso impetrado, siendo propio de la vía de inaplicabilidad de ley (art. 171, Const. prov.; Ac. 86.661, 19/III/2003 y Ac. 84.850, 30/IV/2003; e./o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar -por improcedente- el recurso extraordinario de nulidad deducido por el representante de Metalpar Argentina S.A. (art. 492 y ccds. del CPP, 31 bis ley 5827).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia