Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 129257
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso extraordinario de nulidad deducido por el señor Defensor Oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal a favor de Alejandro Manuel Cayuqueo, anular parcialmente la sentencia recurrida y devolver los autos a dicha instancia para que, debidamente integrado, dicte un nuevo fallo ajustado a derecho (arts. 492 del CPP y 31 bis de la ley 5827).
La Plata, 6 de septiembre de 2017.-
La presente causa P. 129.257-RC, caratulada: “Cayuqueo, Alejandro Emanuel s/ Recurso extraordinario de nulidad en causa Nº 74.511 del Tribunal de Casación Penal, Sala V”,
I. La Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el resolutorio de fecha 2 de agosto de 2016, rechazó el recurso homónimo interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal Nº 1 de La Matanza que condenó a Alejandro Emanuel Cayuqueo a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de armas (fs. 67/81 vta.).
II. Frente a lo así resuelto, se alzó el Defensor Oficial Adjunto ante la aludida instancia -doctor Daniel Aníbal Sureda-, merced a las vías extraordinarias de nulidad (fs. 84/89) y de inaplicabilidad de ley (fs. 90/96 vta.).
III. El día 23 de mayo de 2017, la mentada Sala V admitió el recurso extraordinario de nulidad deducido con sustento en la ausencia de mayoría de fundamentos al tratar el agravio relacionado a la ponderación de antecedentes condenatorios previos como agravante (fs. 89/92) y declaró inadmisible el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 100/101 vta.).
IV. De manera liminar, corresponde señalar que el recurrente en oportunidad de deducir el recurso en abordaje denunció la ausencia de mayoría de opiniones requerida conforme los artículos 168 y 171 de la Constitución provincial, vulneración del derecho de defensa y del debido proceso legal (fs. 86/87 vta.).
En particular, expuso, respecto a la valoración de antecedentes como severizante, que el doctor Ordoqui sostuvo que “no debía ponderarse (...) como agravante de la responsabilidad, proponiendo inclusive -en base a ello- una reducción del quantum punitivo a imponer, de diez años de prisión a nueve años y seis meses” y por otro lado el doctor Celesia afirmó que “comulgaba con el voto del doctor Ordoqui, excepto en relación a la exclusión de dicha pauta agravante” (fs. 86).
Aseveró que esta inadecuada respuesta impide conocer el verdadero contenido del fallo, vedando el derecho de defensa y la posibilidad de recurrir la sentencia. Citó en apoyo de su postura los precedentes de esta Corte P.85.290, Ac.93.862, P. 49.741, P.60.362, P. 105.577 (fs. 86 vta./87).
Consideró que en el caso no ha habido mayoría de fundamentos para tratar el planteo relacionado con la ponderación de los antecedentes como agravante, ante la integración del Tribunal a quo con solo dos Magistrados, “que votan –al menos parcialmente- de modo disímil” y que ambos llegan a resultados diversos, lo que conduce a la descalificación de la sentencia como acto jurisdiccional válido (fs. 87 cit. y vta.). Solicitó la anulación del fallo.
V. El recurso debe prosperar en virtud de asistirle razón a la defensa en punto a la falta de mayoría de fundamentos del fallo del a quo en el tramo vinculado con la individualización de la pena, específicamente con respecto a la meritación de la agravante relativa a la existencia de condenas anteriores.
a. Conforme surge del punto II. a) el doctor Ordoqui, señaló que “la agravante fundada en el mayor reproche de culpabilidad a raíz de la existencia de condenas anteriores, ha sido erróneamente aplicada” por entender que “la prevalencia de la máxima in dubio pro reo (art. 1, C.P.P.), como corolario de la regla de garantía que prescribe la presunción de inocencia (art. 18, C.N. y art. 11.1 D.U.D.H. y 8.2 C.A.D.H.) desplaza su consideración como pauta severizante de la sanción”.
Explicó que “dado que nuestro sistema legal de medición de la pena (arts. 40 y 41 C.P.) no establece el sentido de la valoración de las pautas para su determinación, es el juez quien determinará el sentido atenuante o agravante de tal extremo. En general la jurisprudencia ha estimado a la reincidencia como un mayor reproche de culpabilidad (apoyada en el art. 14 del C.P.) y correlativamente al registro de antecedentes. Sin embargo, las dificultades de sostener esta perspectiva frente a los delitos heterogéneos así como la prueba de esa ‘mayor energía criminal’ que funda el reproche incrementado, impide el sentido agravatorio de esta circunstancia” (fs. 75).
Adunó que “su consideración como pauta atenuante también presenta dificultades por la imposibilidad en afirmar con apoyo en circunstancias fácticas que los antecedentes que registra el sujeto demuestran un déficit de socialización que acarrearía una menor capacidad de motivación y por ende un reproche atenuado. Por otra parte el fracaso de las ideologías ‘re’ es la prueba de que, en muchos casos, el sujeto que ingresa en una de aquellas instituciones de encierro no se ‘resocializa’, por el contrario sufre un déficit de socialización que no resulta imputable al autor sino al Estado mismo. Esto impide considerar que los antecedentes condenatorios revelen, en todos los casos y sin excepción alguna, un mayor reproche de culpabilidad; debiendo el juez que quiera valerse de dichas circunstancias, efectuar un examen más preciso que justifique realmente aquella afirmación (fs. 75 cit. y vta.).
Concluyó que “frente a las dos hipótesis posibles que se presentan (debido al amplio margen que da el art. 41 del C.P.) y a la falta de prueba que dirima la cuestión, acerca de si el sujeto volvió a delinquir por un déficit de socialización no imputable a él mismo o no, debo propiciar la aplicación del in dubio pro reo (art. 1º, C.P.P.) y excluir dicha pauta agravante” y propuso asumir la casación positiva, reduciendo el monto punitivo fijado como sanción a Cayuqueo a la pena de 9 años y 9 meses y accesorias legales, por resultar autor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego (fs. 76 vta.).
Propició hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la defensa oficial, debiendo excluirse, por aplicación del favor rei, la valoración como pauta agravante de los antecedentes condenatorios que registra el imputado Cardus y reduciendo el monto punitivo fijado por lo expuesto en torno a la nocturnidad.
Por su parte, el doctor Celesia, expresó que “adhiero al voto del Sr. Juez Dr. Martín Manuel Ordoqui salvo en lo relativo a no valorar como circunstancia agravante el antecedente condenatorio al inculpado” dado que “si bien en otros precedentes tuve la oportunidad de sostener que la proclividad delictiva, referida enteramente a la personalidad del imputado, ningún disvalor le agrega al contenido del injusto, y la sola referencia a una supuesta inclinación a cometer delitos tampoco es un dato que permita extraer conclusiones fundadas acerca del mayor o menor grado de culpabilidad, lo cierto es que en el caso el Tribunal al expresar los fundamentos de la valoración de los antecedentes condenatorios receptó las circunstancias que nuestra ley penal expresamente prevé como pautas genéricas para determinar la pena, desde que el artículo 41 se refiere a las ‘reincidencias y demás antecedentes’, de manera que lo que corresponde decidir es si aquella previsión debería excluirse en virtud de resultar lesiva de principios de mayor jerarquía, como el de culpabilidad por el acto (fs. 78 vta./79).
Así estimó que “no se afecta el principio de culpabilidad por la circunstancia de computar los antecedentes condenatorios del imputado para graduar la penalidad a imponer en el delito juzgado “ y que “tampoco comparto la objeción constitucional que se invoca por violación al principio non bis in idem, entendido no sólo como la imposibilidad de juzgar dos veces por un mismo hecho, sino como la prohibición de imputarle al autor consecuencias posteriores, pues la mayor gravedad de la pena provendría del delito anterior ya juzgado” (fs. 79 y vta.).
Afirmó que “es posible en consecuencia sostener la inexistencia del agravio constitucional si la agravante por los antecedentes que registra el imputado se funda en la mayor culpabilidad por el nuevo hecho, proveniente del desprecio que manifiesta por la amenaza penal quien ya conoce en que consiste la pena por haberla sufrido” (fs.79 vta./80).
De otro lado destacó que “también se alega, en contra de la posibilidad de computar como pauta aumentativa las condenas anteriores del imputado, que ello implicaría imponer más pena al menos culpable, puesto que la recaída en el delito demostraría la menor capacidad para inspirarse en la norma prohibitiva” sin embargo “tal afirmación implica confundir los términos del razonamiento, porque quien al haber cometido delitos anteriores ha sufrido sucesivas penas y conoce las consecuencias derivadas de haber delinquido, cuenta en su experiencia vital con una vivencia que configura un factor desfavorecedor de la recaída en el accionar ilícito que debería facilitar el comportamiento debido, de manera que importa una mayor culpabilidad la indiferencia hacia ese conocimiento, desde que la medida de la culpabilidad guarda relación con la dificultad de motivarse en la norma y aquella experiencia configura un aporte para una menor dificultad” (fs. 80 cit. y vta.).
En esa senda resaltó que “el agravamiento no deriva de reprocharle al imputado su personalidad, sino en la mayor culpabilidad por el nuevo hecho proveniente del desprecio que manifiesta por la amenaza penal quien ya conoce en que consiste la pena por haberla sufrido” (fs. 80 vta./81).
b. De la reseña anterior emerge que mientras para el Juez Ordoqui propone la desvalorización de la severizante relativa a los antecedentes penales que registre el imputado, el Juez Celesia se expide por su valoración.
c. El segundo párrafo del art. 168 de la Constitución de la Provincia señala que “los jueces que integran tribunales colegiados, deberán dar su voto en todas las cuestiones esenciales a decidir. Para que exista sentencia debe concurrir mayoría de opiniones acerca de cada una de ellas”, de modo que se ha transgredido dicha norma al no mediar mayoría de opiniones respecto de una cuestión esencial (P. 33.948, sent. del 19/VIII/1986; P. 38.197, sent. del 23/V/1989; P. 60.362, sent. del 23/VI/1998). Ello es así, desde que la mayoría de resultado, en modo alguno satisface la mayoría de fundamentos, pues es esta última la exigida por la norma constitucional de mención (P. 64.665, sent. del 11/VI/2003; P117.174, res. del 13/VI/2012.).
Por lo expuesto, debe declararse la nulidad parcial de la sentencia impugnada y reenviar los autos a la instancia de origen para que, integrado el órgano jurisdiccional con jueces habilitados, dicte un pronunciamiento conforme a derecho (art. 492, CPP).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Hacer lugar al recurso extraordinario de nulidad deducido por el señor Defensor Oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal a favor de Alejandro Manuel Cayuqueo, anular parcialmente la sentencia recurrida y devolver los autos a dicha instancia para que, debidamente integrado, dicte un nuevo fallo ajustado a derecho (arts. 492 del CPP y 31 bis de la ley 5827).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia