Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129706
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (arts. 492 y concs. del CPP y 31 bis de la ley 5827).
2Regular los honorarios profesionales del doctor Alejandro J. C. De Lena en la suma de cuatro mil ciento treinta y siete pesos por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31 dec. ley 8904/1977, con más 10% de la ley 10.268 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
La Plata, 15 de noviembre de 2017.-
La presente causa P. 129.706-RC, caratulada: "García de la Mata, Luis André s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 77.215 del Tribunal de Casación Penal, Sala V",
I. La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, merced al pronunciamiento dictado el 15 de agosto de 2017, concedió el recurso extraordinario de nulidad interpuesto contra la decisión de dicho órgano jurisdiccional que rechazó el remedio de la especialidad deducido frente a la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 de La Plata que condenó Luis Andrés García de la Mata a la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de lesiones graves calificadas por el vínculo (v. fs. 187/188).
Para así decidir, luego de mencionar los supuestos en los que procede la vía en cuestión, señaló que la situación en análisis encuadraba en los presupuestos objetivos establecidos por el art. 491 del Código Procesal Penal, desde que el recurrente denunciaba "...la omisión de tratamiento de una cuestión esencial peticionada ante la casación" (fs. 188).
II. El recurso ha sido bien concedido, por lo que corresponde a esta Corte, abordar -sin más- su procedencia (conf. art. 31 bis , ley 5827 -t.o. según ley 13.812-).
1. El letrado de confianza del encausado -doctor Alejandro J. C. De Lena- denunció, en la impugnación presentada, que "...la Sala V del Tribunal de Casación, trató en su mayoría las cuestiones motivo de agravio pero en forma parcial o de una manera distinta a la forma en que fue planteada..." (fs. 176 vta.). Y entendió que ello debía ser considerado como una omisión "...ya que no trató lo planteado" (fs. cit.).
a. Con relación al agravio relativo a la nulidad del acta de debate por violación a los arts. 18 de la Constitución nacional y 369 del Código Procesal Penal, explicó que el órgano intermedio omitió que dicha pieza (en tanto se ofreció firmar con posterioridad a la detención de su asistido) no llevaba la firma del secretario, pretendiendo probarse ello con la prueba ofrecida, rechazada por el tribunal y objeto de oportuna protesta por parte de esa defensa a los fines de este recurso (v. fs. 177).
Sostuvo que fue el propio Tribunal "...al fundar el rechazo de este agravio quien expresa que el art. 119 del ritual [...] sólo exige la firma del fedatario..." (fs. cit.).
De ahí que tachó de falso lo expuesto por los sentenciantes en el sentido de que la prueba no resultaba pertinente desde que se dirigía a poner en duda el momento en que se confeccionó y leyó el acta, cuestión que para el Tribunal no era nulificante y para esa defensa sí.
Agregó que el a quo también omitió, en oportunidad de referirse a las disposiciones generales, que el art. 118 del Código Procesal Penal establece que las actas deben ser firmadas previa lectura una vez concluida o suspendida la diligencia (v. fs. 177 vta.).
Concluyó que "...al omitir la Sala V del Tribunal de Casación toda referencia a la firma del fedatario y a que las actas deben celebrarse en los tiempos que establece el art. 118 del CPP, ha omitido una cuestión esencial que hace de este recurso procedente..." (v. fs. cit.).
b. Por otra parte, aludió al embate referido a la valoración de la prueba (v. fs. 178).
Cuestionó, fundamentalmente, el valor convictivo que se le dio al testimonio de la víctima y a los de la Licenciada María Lucrecia Macazaga, Mirtha Estrade, Liliana Tortorice y el doctor Fernando Dittlar, como así también a la prueba documental ingresada por lectura y la pericia realizada por la doctora Silvia Cabrera de la Asesoría Pericial (v. fs. 178 vta.).
Respecto de estos últimos, adujo que ni en la sentencia de mérito ni en la aquí recurrida, los jueces realizaron un razonamiento sobre la credibilidad de los mismos; sobre todo teniendo en cuenta que en el recurso de casación se controvirtió dicha calidad por resultar testigos de oídas, "...tema que no fue abordado por el Tribunal de Casación, muy por el contrario los considera válidos sólo por el hecho que relataron el episodio de la misma manera en que se los contó la víctima..." (fs. 179 vta.).
Asimismo, señaló que se había tergiversado la pericia realizada por la doctora Cabrera en la medida que el a quo expresó que se determinó médico legalmente que el mecanismo de producción resultó la torsión del miembro, cuando en realidad la perito escribió que ello fue según los dichos de la víctima (v. fs. 180).
También cuestionó que se haya concluido en la participación del imputado en el hecho a través de las testimoniales y la documentación antes mencionada, dado que el agravio sobre el peritaje de Arcuschin no fue abordado en absoluto por la Casación (v. fs. cit.).
Finalmente, efectuó consideraciones sobre el dolo lesivo en cuanto el juez tuvo por cierto el conocimiento y práctica del arte marcial (judo) de García de la Mata acreditado por los dichos de la víctima, su madre y la mejor amiga; testimonios estos que de ninguna manera dijeron haberlo visto practicar el arte marcial (v. fs. 180 vta.). Señaló que el órgano intermedio omitió "...una cuestión esencial que es el distinto razonamiento dado por el Juez para considerar que García de la Mata es conocedor y/o practicante de judo con la situación no demostrada del embarazo de la señora Castellani..." (fs. cit.), lo que denota -a su entender- lo absurdo de dicho razonamiento al no compatibilizarlo con el resto de las pruebas colectadas (v. fs. 181).
2. De lo reseñado, se observa el impugnante intenta habilitar esta instancia aludiendo a la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, cuando en rigor de lo expresado en el escrito recursivo se aprecia que los reclamos se dirigen a impugnar cuestiones de neto corte procesal (nulidad del acta de debate) y probatorio (valor otorgado a las piezas incorporadas a la causa, en particular el testimonio de la víctima) como así también al acierto o profundidad de lo decidido por el a quo al abordar los agravios llevados a su conocimiento. En este sentido, surge de los dichos del señor defensor que el tribunal trató los embates "...de forma parcial o de una manera distinta a la forma en que fue planteada" (fs. 176 vta.).
Y como es sabido, tales extremos resultan ajenos al acotado marco del carril impugnativo en examen (conf. doctr. Ac. 85.352, resol. de 9-IV-2003; Ac. 89.239, resol. de 19-VII-2006; P. 123.197, resol. de 3-XII-2014; P. 121.955, resol. de 18-XI-2015; P. 125.260, resol. de 24-V-2016; P. 125.187, resol. de 10-VIII-2016; P. 120.553, resol. de 19-X-2016; P. 122.345, resol. de 14-XII-2016; entre otros).
III. Por último, y en lo que hace a la regulación de honorarios, cabe destacar que de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (arts. 492 y concs. del CPP y 31 bis de la ley 5827).
2. Regular los honorarios profesionales del doctor Alejandro J. C. De Lena en la suma de cuatro mil ciento treinta y siete pesos por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31 dec. ley 8904/1977, con más 10% de la ley 10.268 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°2541
Fin de la sentencia