Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 122670
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso extraordinario de nulidad deducido por el señor Fiscal ante el Tribunal de Casación (P. 122.670) y anular parcialmente la sentencia recurrida en el nivel de la determinación de la cuantía de la pena (arts. 491 y 492, CPP y 31 bis ley 5827 t.o.).
2Declarar inoficioso el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el defensor oficial ante el Tribunal de Casación (P. 123.416) en función de lo resuelto precedentemente (art. 488 del CPP).
3Devolver la causa al Tribunal de Casación para que, debidamente integrado, dicte un nuevo fallo ajustado a derecho, ámbito en el cual deberá proveer lo que corresponda en relación con la petición de que se considere el tiempo insumido en la etapa recursiva en calidad de pauta atenuante (art. 492 del CPP).
"Altuve, Carlos Arturo -Fiscal- s/ Recurso extraordinario de nulidad, en causa 40.167 del Tribunal de Casación Penal, Sala I y acum. H.J.C. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa 40.167 del Tribunal de Casación Penal, Sala I".
La Plata, 13 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 122.670, caratulada: "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal- s/ Recurso extraordinario de nulidad, en causa N° 40.167 del Tribunal de Casación Penal, Sala I" y su acumulada P. 123.416, caratulada: "H.J.C. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa N° 40.167 del Tribunal de Casación Penal, Sala I",
I. 1. La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 14 de noviembre de 2013, por mayoría, hizo lugar parcialmente al recurso homónimo articulado por la defensa oficial de H.J.C. contra la sentencia pronunciada por el Tribunal en lo Criminal n° 4 de La Plata, que lo había condenado a la pena de treinta y cinco años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal calificado por su comisión contra un menor de dieciocho años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente, en concurso real con homicidio simple.
En consecuencia, casó parcialmente la sentencia impugnada y modificó el monto de pena impuesto, fijándolo en veinticinco años de prisión, accesorias legales y costas, sin las correspondientes a esa sede (v. fs. 94/113).
I. 2. Frente a lo así decidido se alzó el señor Fiscal ante dicho Tribunal, merced al recurso extraordinario de nulidad que articuló a fs. 127/132 (P. 122.670).
El señor defensor oficial -doctor Mario Luis Coriolano- hizo lo propio mediante la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley obrante a fs. 136/141 a favor de H.J.C. (P. 123.146).
I. 3. Recurso extraordinario de nulidad interpuesto por el Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal en causa P. 122.670.
En lo que hace a la admisibilidad, manifestó que el recurso se interpuso en tiempo, contra una sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Casación Penal (v. fs. 127 y vta.).
En punto a la procedencia, denunció la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial por carecer el decisorio impugnado de mayoría de opiniones; a efectos de justificar tal aserto, reseñó los votos que conformaron el pronunciamiento en crisis (v. fs. 127 vta.).
En primer lugar, se refirió al sufragio del doctor Piombo. Explicó que el magistrado consideró que el quantum de la sanción impuesta por el tribunal de origen debía ser reducido, fundamentando tal modificación en el límite establecido por el Estatuto de Roma. En virtud de ello, propuso fijar la pena en treinta años de prisión. Sostuvo que en sus fundamentos, el magistrado aseveró que antes de la sanción introducida por la ley 25.928 -modificatoria del art. 55 del Cód. Penal- el tope de la pena de prisión no estaba fijado en veinticinco años de prisión, posición que -a juicio del recurrente- se contrapone con la propiciada por el doctor Sal Llargués (v. fs. 128 vta.).
A continuación, dio cuenta de que el doctor Piombo, luego de haber sentado su opinión -y habiendo advertido que la misma era minoritaria- al solo efecto de lograr mayoría adhirió al sufragio del juez Sal Llargués, quien sostenía la postura de la que expresamente se había apartado en sus fundamentos (v. fs. 128 vta./129).
En segundo lugar, reprodujo los fundamentos del voto del doctor Sal Llargués, explicando que adhirió al del primer magistrado, a excepción de la parcela relativa a la determinación de la pena. En torno a ello, dio cuenta de que el juez propuso reducir la condena impuesta a la suma de veinticinco años, por considerar que el concurso real de delitos -en el régimen anterior a la ley 25.928- no podía superar ese monto (art. 55 Cód. Penal) -v. fs. 129-.
En este punto, el impugnante destacó que en atención a la fecha de los hechos -5 de marzo de 2005- la ley 25.928 ya se encontraba vigente, por lo que el fundamento basado en la interpretación de la redacción anterior del art. 55, resultaba inaplicable (v. fs. 129 vta.).
Por último, indicó que el votante en tercer término -doctor Natiello- consideró que el monto de pena aplicado por el órgano de grado se ajustaba a derecho, dado que el máximo legal de pena privativa de libertad era de cincuenta años de prisión o reclusión, incluso antes de operada la reforma de mención (v. fs. 130).
Concluyó que si bien dos de los jueces -doctor Piombo y Sal Llargués- resolvieron la reducción del monto de pena, lo hicieron sin compartir los fundamentos, circunstancia que -afirmó- torna nulo el fallo, lo descalifica como acto jurisdiccional válido e impide tener por cumplida la manda del art. 168 de la Constitución provincial (v. fs. 129 y vta.).
Adunó que la mayoría no sólo resulta exigible en torno al sentido del pronunciamiento sino en relación con los fundamentos. En su apoyo, citó los precedentes P. 49.741, P. 60.362, P. 68.188, P. 61.568 y P. 69.165 -entre otras de este Tribunal, así como precedentes de la Corte federal (v. fs. 130/131).
En definitiva, solicitó la nulidad de la sentencia y su reenvío para que se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho (v. fs. 132).
I. 4. La vía prevista por el art. 491 del Código Procesal Penal sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Prov.; conf. doctr. Ac. 94.522, 12-VII-2006; Ac. 97.232, de 13-XII-2006; Ac. 97.324, de 18-IV-2007; Ac. 100.082, de 18-VII-2007; Ac. 100.806, de 16-IV-2008; Ac. 104.341, de 25-II-2009; e.o.).
Siendo que el carril extraordinario fue articulado en término, por quien se encuentra legitimado para ello, contra una sentencia definitiva emanada del Tribunal de Casación Penal y que se ha denunciado la falta de mayoría de opiniones con cita de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, cabe concederlo y evaluar -sin más- su procedencia (arts. 482, 483, 484 y 491 del CPP y 31 bis de la ley 5827).
I. 5. El recurso extraordinario de nulidad se funda en la ausencia de mayoría de opiniones del fallo en el tramo relativo a la determinación del monto de la pena. Le asiste razón a la parte.
I. 6. a. En efecto, el doctor Piombo afirmó que el monto de la sanción debía ser modificado. Para fundar tal extremo, en primer lugar, explicó que a partir de la vigencia de la ley 23.077 que elevó a cincuenta años la pena de prisión para el delito de rebelión (art. 226 del Cód. Penal), el límite establecido por el art. 55 se había elastizado; así, desde su óptica, ese acrecimiento en la escala penal en la parte especial, elevaba el tope de la pena de prisión a cincuenta años (v. fs. 101 y vta.). De seguido, hizo alusión al límite de treinta años que establece el Estatuto de Roma, que si bien consideró no prescriptivo en el derecho interno, "otorgaba una pauta de moderación siempre que quede una esperanza de resocialización". En virtud de tales consideraciones, postuló reducir la condena impuesta a Hollman a treinta años de prisión (v. fs. 101 vta./102).
A renglón seguido, agregó: "Empero, resultando perdidoso en el conteo de votos, a los efectos de obtener la mayoría constitucionalmente necesaria adhiero al voto del doctor Sal Llargués" (v. fs. 102).
Por su parte, el doctor Sal Llargués adhirió al voto del doctor Piombo, salvo en lo atinente al monto de la pena, que propuso fijar en veinticinco años de prisión. Ello, por considerar que ese guarismo funcionaba como límite en el concurso real de delitos, de conformidad con la interpretación del art. 55 del Cód. Penal -redacción anterior- sobre la que se expidió in extenso (v. fs. 103/111).
Por último, el doctor Natiello consideró que el monto de pena impuesto por el órgano de grado se ajustaba a derecho, dado que el máximo legal de pena privativa de libertad era de cincuenta años de prisión o reclusión, incluso antes de operada la reforma de la ley (v. fs. 130).
I. 6. b. De la reseña efectuada se desprende que para el juez Piombo correspondía readecuar el monto de pena en treinta años de prisión, para el doctor Sal Llargués la sanción debía fijarse en veinticinco años y el juez Natiello estimó justo confirmar el monto de treinta y cinco años impuesto por el órgano de grado. No obstante -y sólo a los fines de lograr mayoría- el primero de ellos, tal como se señaló en el acápite precedente, adhirió al sufragio del juez que lo sucedía en el orden de votación.
I. 7. El segundo párrafo del art. 168 de la Constitución de la Provincia señala que "los jueces que integran tribunales colegiados, deberán dar su voto en todas las cuestiones esenciales a decidir. Para que exista sentencia debe concurrir mayoría de opiniones acerca de cada una de ellas".
En el caso se ha transgredido dicha norma, ya que no ha existido mayoría de opiniones respecto de una cuestión esencial (P. 33.948, sent. de 19-VIII-1986; P. 38.197, sent. de 23-V-1989; P. 60.362, sent. de 23-VI-1998; P. 115.916, res. de 27-XI-2013; P. 109.682, res. de 20-III-2013). Ello es así, desde que la mayoría de resultado en modo alguno satisface la mayoría de fundamentos, pues es esta última la exigida por la norma constitucional de mención (P. 64.665, sent. de 11-VI-2003; P. 117.174, res. de 13-VI-2012; P. 125.50, res, de 15-VII-2015).
A ello cabe adunar que las deliberaciones e intercambios de pareceres propios de los acuerdos celebrados en el ámbito de los tribunales colegiados -como en el caso- no permiten que, una vez establecido el orden de votación y dada la clara disidencia entre las postulaciones de los tres jueces, sea el primero de los votantes quien, ante la diversa posición del tercero, acerque su posición al segundo de ellos. Es que el sufragio del tercero debe resolver la cuestión (conf. arts. 35 y 36 de la ley 5827 y modificatorias; P. 125.112, res. de 29-VI-2016, e/o).
I. 8. Por lo expuesto, debe declararse la nulidad parcial de la sentencia impugnada en el nivel de la determinación de la pena y reenviar los autos a la instancia anterior para que, integrado el órgano jurisdiccional con Jueces habilitados, dicte un pronunciamiento conforme a derecho (art. 492, CPP).
II. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la Defensa Oficial a favor de H.J.C. en causa P. 123.416.
II. 1. En orden a su admisibilidad, postuló que en atención a la denuncia de conculcación de un derecho consagrado en la Constitución nacional, esta Corte debe intervenir a fin de hacer cesar su afectación, conforme a la doctrina emanada de "Strada" (Fallos: 308:490), "Christou" (L.L. 1987 -D- 156) y "Di Mascio" (Fallos: 312:2084) -v. fs. 138 vta./137-.
En cuanto al fondo de su reclamo, denunció que el fallo en crisis omitió considerar la demora del proceso revisor como circunstancia atenuante sobreviniente (v. fs. 138).
Se agravió de la violación del estándar de razonabilidad fijado por la Corte IDH en el caso "Genie Lacayo" como plazo razonable del Estado para revisar un fallo condenatorio, cuya parte pertinente transcribió (v. fs. cit.).
Alegó que en autos la violación a ese plazo se excedió considerablemente, siendo que el trámite casatorio demoró cuatro años; sin embargo, el órgano intermedio no incluyó dicha situación como circunstancia atenuante sobreviniente (v. fs. 138 vta.).
Concluyó que el impacto de la demora, cuando no sea de tal entidad como extinguir la acción pero sea irrazonable, debe ser considerada por los magistrados a la hora de fijar la pena. Acompañó su petición con cita de doctrina de esta Corte (fallos P. 110.883, P. 73.366, P. 86.764, P. 74.507 y P. 85.467) -v. fs.139 vta./140-.
Por último, consideró que "[s]in que puedan señalarse cuestiones procesales trasladables al imputado privado de libertad (…) el control de convencionalidad reclama de [esta Corte] la subsanación de la afectación a la normativa supralegal" (v. fs. 140).
II. 2. En virtud de que el planteo de la defensa se dirige a cuestionar la determinación de la pena, y siendo que esta Corte resolvió anular esa parcela del fallo a raíz del recurso extraordinario de nulidad presentado por el señor agente fiscal, no resulta necesario el abordaje del presente medio revisor.
Sin perjuicio de ello, en atención al contenido del agravio defensista, corresponde que -en el marco del reenvío dispuesto- el Tribunal de Casación provea lo que corresponda en relación con la petición de que se considere el tiempo insumido en la etapa recursiva en calidad de pauta atenuante (art. 492 del CPP y 31 bis ley 5827 t.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Hacer lugar al recurso extraordinario de nulidad deducido por el señor Fiscal ante el Tribunal de Casación (P. 122.670) y anular parcialmente la sentencia recurrida en el nivel de la determinación de la cuantía de la pena (arts. 491 y 492, CPP y 31 bis ley 5827 t.o.).
2. Declarar inoficioso el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el defensor oficial ante el Tribunal de Casación (P. 123.416) en función de lo resuelto precedentemente (art. 488 del CPP).
3. Devolver la causa al Tribunal de Casación para que, debidamente integrado, dicte un nuevo fallo ajustado a derecho, ámbito en el cual deberá proveer lo que corresponda en relación con la petición de que se considere el tiempo insumido en la etapa recursiva en calidad de pauta atenuante (art. 492 del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°2831
Fin de la sentencia