Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129733
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar, sin más trámite, el recurso extraordinario de nulidad obrante a fs. 141/149, con costas (arts. 491, 492 y concs. del CPP; 31 bis ley 5827).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por la labor desempeñada ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977 y Acuerdo 3871 de esta Corte, de 25-X-2017).
"CAZENAVE, PABLO DANIEL S/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE NULIDAD, EN CAUSA N° 34.973 DE LA CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DE AZUL".
La Plata, 13 de diciembre de 2017.
La presente causa P. 129.733-RC, caratulada: "Cazenave, Pablo Daniel s/ Recurso extraordinario de nulidad, en causa n° 34.973 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul",
I. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul, mediante el pronunciamiento dictado el 12 de septiembre de 2017, y en lo que aquí interesa, admitió el recurso extraordinario de nulidad incoado por la defensa particular de Pablo Daniel Cazenave –ejercida por el doctor Ariel Andrés Pellegrino- contra la decisión de ese órgano que confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 1 departamental, que lo había condenado a la pena de un año de prisión de cumplimiento efectivo, con costas, por hallarlo autor penalmente responsable del delito de robo simple (v. fs. 165/167).
Para así resolver, recordó -en primer lugar- los supuestos en que procede el remedio deducido. Expuso que la defensa invocó "aunque no de manera explícita" un caso de omisión de tratamiento, y reseñó los planteos esgrimidos en la impugnación. Finalmente, de conformidad al art. 486 del Código Procesal Penal, entendió que no correspondía realizar consideraciones acerca de lo tratado en la sentencia en crisis, y "dado que se denuncia[n] situaciones que podrían estar comprendidas dentro del supuesto de omisión de tratamiento de una cuestión esencial", admitió el canal articulado (v. puntualmente, fs. 165 vta./166).
II. El recurso debe ser rechazado -sin más trámite- toda vez que resulta de aplicación el mecanismo contemplado en el art. 31 bis de la ley 5827.
III. El Tribunal revisor -al momento de abordar el remedio apelativo deducido- sostuvo que "...los argumentos que se utilizan para cuestionar la conclusión del a quo sobre la prueba de autoría (...) en el delito de robo (...) no logran demostrar que la valoración de la prueba realizada resulte contraria a las reglas de la lógica, la experiencia o la psicología, y sólo se sustenta (...) en una apreciación subjetiva diferente y basada en circunstancias no acreditadas" (fs. 133).
A continuación, recordó el hecho acreditado por el órgano de grado como -asimismo- la atribución de autoría en el mismo a Cazenave en virtud del testimonio aportado en el debate por María Cristina Giménez (v. fs. cit. y vta./134) y entendió que la valoración que hizo el juez correccional de la prueba resulta, como se anticipó, "adecuada a las reglas de la lógica, la experiencia y la psicología, y suficiente como para concluir como se ha hecho en el veredicto" (fs. 134 y vta.).
En lo referente al agravio vinculado al monto punitivo impuesto, advirtió irrelevante el argumento utilizado para sustentar un "supuesto exceso en la condena", pues -en rigor- sólo hace alusión a que el quantum fijado "no permite al imputado gozar de un arresto domiciliario o un alojamiento en una Unidad con salida laboral diaria", mas sin siquiera intentar demostrar porqué resultaría absurda o arbitraria la sanción (v. fs. cit.).
Citó precedentes de esta Corte y del órgano casatorio donde se sostuvo que el juzgador no se encuentra obligado a imponer el mínimo legal de la escala penal del delito que se trate, y concluyó que -conforme los arts. 40 y 41 del Código Penal- la pena de un año de prisión "no aparece desmesurada, sustentándose además su modo de cumplimiento efectivo en la existencia de una condena anterior que impide una ejecución condicional" (fs. cit./135).
IV. De lo reseñado, se observa que si bien la parte -al cuestionar lo resuelto- afirma que el Tribunal de Alzada ha dado tratamiento deficiente a cuestiones esenciales del caso y omitió toda manifestación respecto de la mensuración de la pena (v. fs. 141 y vta.) lo cierto es que las críticas desplegadas en la impugnación se dirigen a controvertir el acierto o sentido de lo decidido, extremos que se encuentran detraídos del acotado marco del carril extraordinario en examen (conf. doctr. P. 121.955, resol. de 18-XI-2015; P. 125.260, resol. de 24-V-2016; P. 125.187, resol. de 10-VIII-2016; P. 120.553, resol. de 19-X-2016; P. 122.345, resol. de 14-XII-2016; P. 128.561, resol. de 29-III-2017 e.o.).
Asimismo, la parte ha intentado habilitar esta instancia tachando al resolutorio de "nulo" -v. fs. 141 vta.- "por manifiesta arbitrariedad del veredicto condenatorio (...) en cuanto ha dado tratamiento deficiente" a cuestiones esenciales del caso sometidas por la parte, con idéntico vicio respecto de la mensuración de la pena impuesta y la violación a los arts. 40 y 41 del Código Penal (v. fs. cit./147 vta.).
Sin embargo, la denuncia de arbitrariedad del fallo constituye un tema ajeno a la vía intentada y eventualmente subsanable por vía del recurso de inaplicabilidad de ley (conf., por todos, Ac. 91.706; P. 74.833, resol. de 15-IX-2004; P. 124.417, resol. de 14-XII-2016; P. 121.623, resol. de 22-II-2017; P. 128.961, resol. de 12-VII-2017; e/o) que no fue concedido en el caso (v. fs. 165/167 vta., precisamente acápite 4).
V. - Sólo resta agregar que, en el caso, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73.016, resol. de 8-XI-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar, sin más trámite, el recurso extraordinario de nulidad obrante a fs. 141/149, con costas (arts. 491, 492 y concs. del CPP; 31 bis ley 5827).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por la labor desempeñada ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977 y Acuerdo 3871 de esta Corte, de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°2849
Fin de la sentencia