Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129416
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar, sin más trámite, el recurso extraordinario de nulidad articulado a favor de Jorge Alberto Aguirre (arts. 491 y concs. del CPP y 31 bis de la ley 5827 t.o. y sus modifs.).
2Regular los honorarios profesionales del doctor Víctor Hugo Rojas Centurión en la suma de … pesos por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31 dec. ley 8904/1977 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017, con más 10% de la ley 10.268).
"AGUIRRE, JORGE ALBERTO S/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE NULIDAD EN CAUSA N° 12.372 DE LA CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DE TRENQUE LAUQUEN".
La Plata, 20 de diciembre de 2017.
La presente causa P. 129.416-RC, caratulada: "Aguirre, Jorge Alberto s/ Recurso extraordinario de nulidad en causa N° 12.372 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Laquen",
I. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen, el 23 de junio de 2017, desestimó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y admitió el de nulidad también interpuesto por la defensa particular de Jorge Alberto Aguirre, doctor Víctor Hugo Rojas Centurión, contra la decisión de ese mismo órgano que confirmó la sentencia dictada por el Juzgado en lo Correccional n° 1 departamental que condenó al nombrado a la pena de dos años y cuatro meses de prisión de ejecución en suspenso y cuatro años y ocho meses de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por resultar autor de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y uso de documento público falsificado, en concurso real (v. fs. 248/250 en función de fs. 218/233 y vta.).
Para adoptar tal temperamento señaló que entre los motivos de agravio esgrimidos se encontraban la omisión de resolver cuestiones planteadas por las partes y la ausencia de fundamentación de las sentencias. Sumó lo decidido por este Tribunal en la causa "Farías", res. del 16-III-2016 con lo que consideró abastecidos los requisitos legales previstos (v. fs. 248).
II. El recurso no prospera (art. 31 bis, ley 5827).
II. 1. En el escrito impugnativo, la defensa planteó que diversos cuestionamientos no habían obtenido respuesta por parte de la Cámara (v. fs. 241). Afirmó que "no se cumplió con la manda legal que adscribe el sistema de expresión de la convicción sincera sobre la verdad de los hechos juzgados, debiendo desarrollar por escrito las razones que llevan a esa convicción, error judicial que es avalado por el criterio de la Alzada" (v. fs. cit.).
Sostuvo que resulta insuficiente la mera mención de las actuaciones probatorias si no se menciona cuál es el razonamiento realizado para arribar a la condena. Citó el art. 106 del ordenamiento procesal.
Luego de discurrir acerca de la valoración de los elementos de convicción, concluyó que la Cámara violentó los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial al no resolver todas las cuestiones sometidas a su consideración ni fundó la sentencia en el texto de la ley ni en principios jurídicos o generales del derecho (v. fs. 245 vta.).
Puntualizó que no tratar las cuestiones de hecho y de prueba introducidas implicó la afectación de la doctrina establecida en el precedente "Casal" de la Corte nacional (v. fs. cit.).
II. 2. Sentado ello, cabe recordar que la vía prevista en el art. 491 del Código Procesal Penal, sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. de la Prov.; conf. doctr. Ac. 100.082, 18-VII-2007; Ac. 100.806, 16-IV-2008; Ac. 104.341, 25-II-2009, P. 112.868, 14-III-2012, e.o.).
En el caso, si bien la defensa denunció la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, sus desarrollos carecen de una correlativa explicación respecto de cuáles serían aquellas cuestiones que, habiendo sido oportunamente planteadas, no han recibido tratamiento por parte del sentenciante. Asimismo, según se desprende de lo expresado por el recurrente surge que, en rigor, pretende por un lado- controvertir el acierto o el sentido de lo resuelto y, por el otro- cuestionar la valoración de la prueba efectuada por las instancias previas, extremoséstos ajenos del acotado marco del recurso en examen (conf. doctr. Ac. 85.352, resol. de 9-IV-2003; Ac. 89.239, resol. de 19-VII-2006; P. 123.197, resol. de 3-XII-2014; P. 121.955, resol. de 18-XI-2015; P. 125.260, resol. de 24-V-2016; P. 125.187, resol. de 10-VIII-2016; P. 120.553, resol. de 19-X-2016; P. 122.345, resol. de 14-XII-2016; e.o.).
Para más, las denuncias referidas a la afectación de garantías constitucionales y el apartamiento del criterio sentado por la Corte nacional en el fallo "Casal", reafirman que el remedio incoado, no se estructura de acuerdo a las prescripciones que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (esto es, infracciones de los arts. 168 y 171 que pudieran padecer las sentencias definitivas de última instancia conf. doctr. P. 106.662, res. del 16-XII-2009) y el Código de Procedimiento Penal prescriben para la vía de nulidad.
Finalmente, en punto a la falta de fundamentación legal también reprochada, se advierte fácilmente que el órgano revisor, al fallar, citó los arts. 21 inc. 4°, 210, 373, 375, 439, 530 y 531 del ordenamiento ritual, 27 bis, 55, 248, 296 y 292 del Código Penal; 31 del decreto ley 8904/77 y 12 de la ley n° 10.268 (v. fs. 223), con lo que la prescripción constitucional de fundar la sentencia en el texto expreso de la ley se encuentra cumplimentada (conf. doctr. P. 98.716, sent. de 22-XII-2008; P. 93.837 y P. 91.687, ambas sents. de 3-VI-2009, entre muchas otras).
IV. En cuanto a la regulación de honorarios, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el acuerdo 3871 de 25-X-2017 y en la decisión I. 73.016, res. del 8-XI-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podría vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73016, resol. de 8-XI-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar, sin más trámite, el recurso extraordinario de nulidad articulado a favor de Jorge Alberto Aguirre (arts. 491 y concs. del CPP y 31 bis de la ley 5827 t.o. y sus modifs.).
2. Regular los honorarios profesionales del doctor Víctor Hugo Rojas Centurión en la suma de … pesos por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31 dec. ley 8904/1977 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017, con más 10% de la ley 10.268).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia