Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129564
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar, sin más trámite, el recurso extraordinario de nulidad articulado a favor de Sergio Daniel García (arts. 491 y concs. del CPP y 31 bis de la ley 5827 t.o. y sus modifs.).
2Regular los honorarios profesionales del doctor Fernando Roberto Martín en la suma de tres mil trescientos veinte pesos por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, dec. ley 8904/77 y Acuerdos de esta Corte 3867 de 4-X-2017, y 3871 de 25-X-2017), a la que se adicionará el 10% de la ley 10.268.
La Plata, 20 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 129.564-RC, caratulada: "García, Sergio Daniel s/ Recurso extraordinario de nulidad en causa n° 13.221 de la Cámara de Apelación y Garantías de Trenque Lauquen",
I. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Trenque Lauquen, mediante el pronunciamiento dictado el 7 de marzo de 2017, rechazó el recurso de la especialidad interpuesto por la defensa particular de Sergio Daniel García y confirmó el fallo del Juzgado en lo Correccional n° 2 Departamental que lo había condenado a la pena de un año y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento y costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de lesiones graves (v. fs. 140/148 vta.).
II. Contra lo así decidido, el doctor Fernando Roberto Martín, interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inconstitucionalidad (v. fs. 174/188). El tribunal intermedio concedió sólo el primero de ellos (v. fs. 205/208).
Para así resolver, reseñó los planteos que fundaron la vía de nulidad relativos a que el Tribunal "omitiendo la consideración de cada uno de los agravios por separado, engloba los mismos no sólo en lo que respecta a su planteo, sino lo que es más serio aún en su consideración, lo que le permite arribar a una conclusión abstracta, sin sustento en las constancias de autos, pero sí justificante de un fallo de primera instancia que no se ajusta a derecho, en manifiesta violación a las normas de debido proceso y en especial al principio de congruencia" (fs. 206 vta.) y señaló que siendo los argumentos expuestos en el presente recurso similares a los articulados en los autos P. 126.521-RQ, correspondía conceder la vía deducida (v. fs. 207).
III. Ahora bien, previo a ingresar al examen de la presentación, cabe aclarar que al momento de notificarse de la citada decisión, el imputado manifestó su voluntad impugnativa (v. fs. 213). Puesto en conocimiento su defensa (v. fs. 215) e intimado a que informe sobre la articulación de recurso de queja (v. fs. 217), luce a fs. 210 un escrito presentado por Sergio Daniel García conjuntamente con el doctor Fernando Roberto Martín, donde solicita que se tenga por no consignada la citada manifestación e informa que no se dedujo recurso alguno.
IV. Aclarado lo anterior, y ciñéndose el análisis al único agravio por el cual fue concedido el remedio (v. fs. 206 vta.), corresponde desestimar el recurso por aplicación del art. 31 bis de la ley 5827.
Cabe recordar que en el recurso extraordinario interpuesto, el recurrente denunció la violación a las garantías de defensa en juicio, debido proceso y del principio in dubio pro reo (v. fs. 175). Advirtió que "no se trata de una resolución razonada de las constancias probatorias y su correlato con las normativas vigentes, sino por el contrario, de una construcción jurídica abstracta que, omitiendo la consideración de cada uno de los agravios por separado [...], lo que le permite arribar a una conclusión abstracta, sin sustento en las constancias de autos..." (fs. 179). Entendió que el Tribunal de Alzada estructuró los términos de su resolución en fundar y no en revisar el pronunciamiento de primera instancia, aclarando que no basta solo los dichos de la víctima para tener por acreditada la autoría de su asistido cuando tales expresiones son ambiguas incongruentes e incoherentes (v. fs. 179 vta./181). Sostuvo que el a quo efectuó una respuesta genérica, omitiendo tener en cuenta numerosos elementos de interés en el caso, como la existencia de otros imputados, la valoración de otros medios de prueba científica y testimonial, entre otros (v. fs. 184 vta.).
La vía prevista en el art. 491 del Código Procesal Penal, sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. prov.; conf. doctr. Ac. 94.522, resol. de 12-VII-2006; Ac. 97.232, resol. de 13-XII-2006; Ac. 97.324, resol. de 18-IV-2007, Ac. 100.082, resol. de 18-VII-2007; Ac. 100.806, resol. de 16-IV-2008; Ac. 104.341, resol. de 25-II-2009; P. 118.120, resol. de 24-X-2012; P. 115.120, resol. de 29-V-2013; P. 119.794, resol. de 11-XII-2013; P.120.061, resol. de 9-IV-2014; P. 119.169, resol. de 25-VI-2014; P. 120.883, resol. de 29-XII-2014; P. 123.193, resol. de 18-III-2015; P.120.595, resol. de 15-IV-2015; P.123.118, resol. de 7-X-2015; P. 125.099, resol. de 2-XII-2015; P.120.549, resol. de 29-XII-2015; P. 123.459, resol. de 1-VI-2016; P. 125.098, resol. de 13-VII-2016; P.121.354, resol. de 23-XI-2016; e.o.).
En el caso, si bien la defensa denunció la omisión de tratamiento de cuestión esencial, sus reclamos se dirigen a controvertir el acierto o sentido de lo decidido, extremoséstos que se encuentran detraídos del acotado marco del carril impugnativo en examen (conf. doctr. Ac. 85.352, resol. de 9-IV-2003; Ac. 89.239, resol. de 19-VII-2006; P. 123.197, resol. de 3-XII-2014; P.121.955, resol. de 18-XI-2015; P. 125.260, resol. de 24-V-2016; P. 125.187, resol. de 10-VIII-2016; P. 120.553, resol. de 19-X-2016; P. 122.345, resol. de 14-XII-2016; e.o.).
Para más, las denuncias referidas a la afectación de garantías constitucionales, reafirman que el remedio incoado, no se estructura de acuerdo a las prescripciones que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (esto es, infracciones de los arts. 168 y 171 que pudieran padecer las sentencias definitivas de última instancia conf. doctr. P. 106.662, res. del 16-XII-2009) y el Código de Procedimiento Penal prescriben para la vía de nulidad.
V. En cuanto a la regulación de honorarios, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73016, resol. de 8-XI-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Desestimar, sin más trámite, el recurso extraordinario de nulidad articulado a favor de Sergio Daniel García (arts. 491 y concs. del CPP y 31 bis de la ley 5827 t.o. y sus modifs.).
2. Regular los honorarios profesionales del doctor Fernando Roberto Martín en la suma de tres mil trescientos veinte pesos por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, dec. ley 8904/77 y Acuerdos de esta Corte 3867 de 4-X-2017, y 3871 de 25-X-2017), a la que se adicionará el 10% de la ley 10.268.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia