Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129307
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso extraordinario de nulidad incoado por la defensa técnica de Cristian Ezequiel Amoroso, Lucas Daniel Amoroso y Nicolás Amoroso, con costas (art. 491 y conc., CPP; 31 bis ley 5827).
2Regular los honorarios profesionales del doctor Néstor Gastón Fernández Carena en la suma de pesos … por su labor ante esta instancia (art. 31, dec. ley 8904/1977 y Acuerdo 3871 de esta Corte, de 25-X-2017) a la que deberá adicionarse el 10% de la ley 10.268.
La Plata, 27 de diciembre de 2017.
La presente causa P. 129.307-RC, caratulada: "Amoroso, Cristian Ezequiel; Amoroso, Lucas Daniel y Amoroso, Nicolás s/ Recurso extraordinario de nulidad, en causa n° 13.402 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen",
I. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen, el 5 de mayo de 2017, rechazó el recurso de apelación incoado por la defensa técnica de Cristian Ezequiel Amoroso, Lucas Daniel Amoroso y Nicolás Amoroso, y confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 1 departamental, que condenó a Cristian Ezequiel a la pena de seis meses de prisión en suspenso -más el cumplimiento de determinadas reglas de conducta, por el plazo de dos años-; a Lucas Daniel a la sanción única de seis meses de prisión de efectivo cumplimiento -comprensiva de la aquí impuesta y de la pena de un mes de prisión en suspenso dictada por ese órgano, en el marco de la causa n° 281/12-; y a Nicolás a la pena única de tres años y dos meses de prisión de cumplimiento efectivo -comprensiva de la presente y de la de tres años de prisión cuyo cumplimiento se dejó en suspenso, en el marco de la causa n° 564/2481 del Tribunal en lo Criminal n° 1 de esa localidad-; en todos los casos con accesorias legales y costas, y por hallarlos autores penalmente responsables del delito de lesiones leves calificadas (v. fs. 127/134).
II. Frente a ello, el señor Defensor Particular -doctor Néstor Gastón Fernández Carena- articuló recurso extraordinario de nulidad (v. fs. 146/151).
Sustentó su impugnación en la ausencia de fundamentación de la sentencia de origen, así como en la arbitrariedad en que incurrió la Cámara en tanto, lejos de revisar el fallo condenatorio, procedió a fundamentarlo.
En ese discurrir, expuso que se "ha omitido el tratamiento de la cuestión planteada en torno a la falta de fundamentación que padece la sentencia impugnada, lo que resulta ser una cuestión esencial introducida por la parte" (v. fs. 146 vta.).
Dentro del acápite que rotuló "Fundamentos", dirigió sus críticas respecto de la actividad desplegada por el órgano jurisdiccional en relación con la prueba. Así, entendió que al sentenciar se basó en un conjunto de afirmaciones "que no se sustentan en un proceso de razonamiento lógico que […] permita conocer cómo es que se alcanz[ó] la decisión arribada", por lo que la misma deviene inmotivada (v. fs. 147 vta.).
En lo sucesivo, insistió en los cuestionamientos llevados en el remedio apelativo y reiteró la crítica al plexo probatorio -y la valoración del mismo- en que se basó la incriminación de sus asistidos.
III. La aludida Alzada, mediante el pronunciamiento dictado el 21 de junio de 2017, concedió el carril extraordinario deducido (v. fs. 154/155 vta.).
Para así resolver, entendió que uno de los motivos que hacía procedente la vía extraordinaria de nulidad era "la ausencia de fundamentación así como la omisión de resolver cuestiones planteadas por las partes," y que tal fue la circunstancia alegada por el recurrente. En dicho marco, trajo a colación lo dicho por este Tribunal en la causa P. 126.521-RQ (v. fs. cit.).
IV. El recurso no prospera (art. 31 bis , ley 5827).
El Tribunal revisor, al momento de abordar los planteos esgrimidos en el ensayo ordinario -dirigidos, en rigor, a controvertir la conclusión arribada en la etapa de mérito en lo referente a la valoración probatoria para determinar la materialidad ilícita y la autoría de los encausados en el evento disvalioso (v. fs. 109/116)- entendió que el acto sentencial en crisis "exhibe un relevamiento de lo específicamente colectado en el proceso" con un análisis de lo percibido directamente por quien resultó damnificado en el hecho (v. fs. 128 vta.).
De igual modo, expuso que la tacha referente a la "ausencia de fundamentación" no podía admitirse, pues las pruebas documentales obrantes en autos "certifican el emplazamiento material de los menoscabos físicos evidenciados" en la víctima del suceso. Agregó que la testimonial aportada por un tercero "más allá de su no dirimente emplazamiento situacional con el aludido denunciante, ha suministrado precisiones sobre la ocurrencia espacial y parcialmente de modo respecto de la agresión que se ha tenido por demostrada". En esa línea, no halló asidero a los déficits apuntados por la defensa frente a lo aportado por Juan Pablo Sosa y destacó la entidad cargosa que el juzgador atribuyó a la deposición del damnificado Giuliani, la que debía ser reputada como apta para hallarse dotada de eficacia incriminante "por su sola existencia (si bien que constatada en la exterioridad de las lesiones por un informe médico que las corrobora en su materialidad objetiva)" -v. fs. 129 y vta.-.
De seguido, estimó que si en el veredicto aparecen indicados los extremos concernientes a la exteriorización material del evento y a la intervención punible de quien lo obró, "la parquedad o concisión de su tratamiento en tal pieza escrituraria no apareja la mácula con que lo tacha el impugnante" (fs. cit.). Asimismo, agregó que la defensa reconoció la existencia de lesiones, mas no el hecho ni la intervención de sus asistidos en él, "censuras que fueron concreta y singularmente abordadas por la magistrada como se advierte de lo que ella consign[ó] a fs. 89 ‘in fine’/89 vta. ‘supra’" (fs. cit.).
Sentado ello, sostuvo que la sentenciante basó la conclusión incriminante en las declaraciones de Giuliani y Sosa, las que se revelaron como conducentes para tal fin. Encontró que las disimilitudes en sus narraciones no ameritaban su falsedad, y que -además- tal situación evidenciaba la inexistencia de un "consortium" entre ambos con el propósito de perjudicar a los encartados (v. fs. 130).
Resaltó lo expresado por el damnificado en tanto los episodios que tienen al perceptor en carácter de víctima "son de ordinario percibidos mejor por ésta, a partir de erigirse en destinatario de la acción punible" (v. fs. 131). En ese derrotero, descartó la postura defensista tendiente a restar valor incriminatorio a las declaraciones referidas por el nexo de amistad existente entre ambos deponentes, pues tal situación "no puede considerarse como lo determinante para privar de todo efecto los decires de un tal testigo" (fs. cit.).
Por otra parte, en punto al cuestionamiento referente a la construcción del cuadro cargoso sobre prueba indiciaria, la cámara entendió que la parte omitió significar la razón jurídica en que asentó tal afirmación, pues no advirtió que del material probatorio valorado por el órgano de grado "haya mediado un mecanismo inferencial propio de dicha institución procesal, sino y antes bien la percepción directa e inmediata de dos sujetos que evocaron una agresión física emprendida por los tres [coimputados]". Así, reiteró que el plexo merituado revestía entidad imputativa ya a partir de la sola declaración de Giuliani, corroborada por la certificación médica y fotografías obtenidas; reforzado -a su vez- por el ya mencionado testimonio de Sosa (v. fs. cit. vta./132).
Finalmente, descartó el postulado de la defensa tendiente a la aplicación del in dubio pro reo , a tenor de las probanzas colectadas en autos y la propia orfandad del medio impugnativo sobre el tópico (v. fs. 132 y vta.).
V. De lo reseñado, se observa que las cuestiones que el impugnante denunció como omitidas, fueron abordadas por el Tribunal revisor y recibieron debido tratamiento, con lo que no se encuentra configurada la infracción constitucional argüida.
En efecto, de sus propias postulaciones revisoras surge que el recurrente persigue -en rigor- controvertir el acierto o el sentido del fallo, extremos que se encuentran detraídos del acotado marco del recurso en examen (conf. doctrina P. 123.465, res. del 19-II-2015; P. 121.955, res. del 18-XI-2015; P. 121.859, res. del 22-III-2016; P. 125.175, res. del 24-VIII-2016; P. 124.527, res. del 5-IV-2017, e.o.).
Asimismo, cabe recordar que la denuncia de arbitrariedad del fallo constituye un tema ajeno a la vía intentada y, eventualmente, subsanable por vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (conf., por todos, Ac. 91.706; P. 74.833, resol. de 15-IX-2004; P. 124.417, resol. de 14-XII-2016; P. 121.623, resol. de 22-II-2017; P. 128.961, resol. de 12-VII-2017; e/o).
VI. Sólo resta señalar que en el presente, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73.016, resol. de 8-XI-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar el recurso extraordinario de nulidad incoado por la defensa técnica de Cristian Ezequiel Amoroso, Lucas Daniel Amoroso y Nicolás Amoroso, con costas (art. 491 y conc., CPP; 31 bis ley 5827).
2. Regular los honorarios profesionales del doctor Néstor Gastón Fernández Carena en la suma de pesos … por su labor ante esta instancia (art. 31, dec. ley 8904/1977 y Acuerdo 3871 de esta Corte, de 25-X-2017) a la que deberá adicionarse el 10% de la ley 10.268.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia