Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 123567
En la ciudad de La Plata, a 26 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 123.567, "S., C. M. s/ Recurso extraordinario de nulidad en causa Nº 49.330 del Tribunal de Casación Penal, Sala III" y su acumulada P. 124.603, "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal- s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 49.330 del Tribunal de Casación Penal, Sala III".
La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 18 de marzo de 2014, declaró procedente el recurso homónimo interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 de Tandil, del Departamento Judicial de Azul, que condenó a C. M. S. a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual reiterado con acceso carnal agravado. En consecuencia, casó el fallo impugnado y condenó al nombrado a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, como autor responsable del delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido por el guardador, aprovechándose de la situación de convivencia preexistente (v. fs. 357/366 vta.).
A fs. 368/370 el señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación, doctor Nolfi, presentó un escrito -sin notificarse de la sentencia- haciendo saber que oportunamente acompañó al expediente una presentación por la que solicitaba se computara como atenuante la excesiva duración del proceso y peticionó se resuelva en consecuencia.
Con fecha 26 de mayo de 2014, la misma Sala rechazó el pedido de rectificación argumentando que su competencia para pronunciarse en el sentido pretendido se encontraba agotada, por exceder las previsiones del art. 109 del rito (v. fs. 377/378 vta.).
Frente al fallo principal, el señor defensor oficial ante el Tribunal casatorio, doctor Mario Luis Coriolano, dedujo recurso extraordinario de nulidad (P. 123.567; v. fs. 393/396 vta.) y el señor fiscal ante esa instancia, doctor Carlos Arturo Altuve, articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (P. 124.603; v. fs. 400/405), los cuales fueron concedidos por este Tribunal (v. fs. 417/419).
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 421/425 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 426), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso de inaplicabilidad de ley presentado por el señor fiscal ante dicho Tribunal?
2ª) ¿Lo es el recurso extraordinario de nulidad articulado por el señor defensor ante el Tribunal de Casación Penal?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. En la impugnación bajo estudio, el señor representante fiscal denunció la arbitrariedad del fallo por autocontradictorio (v. fs. 402).
Explicó que si la casación fiscalizó la sentencia de condena de conformidad con la doctrina del fallo "Casal", siendo lo único no revisable lo que surge directa y únicamente de la inmediación, acotándose ese control "...a la razonabilidad de la motivación que une la actividad probatoria y el relato fáctico que de ella resulta", circunstancia que el a quo encontró debidamente fundada en la sentencia de mérito, por lo que consideró que "...la credibilidad de los dichos de la víctima, como tal, no era materia revisable en casación, al haber sido debidamente fundada por el tribunal de instancia la impresión que el testimonio de la menor -rendido en cámara Géssel- provocara en el ánimo de los jueces" (fs. 402 vta.); no era luego dable concluir en la parcialización de ese testimonio.
Así, indicó el recurrente que la autocontradicción que denuncia está dada porque la casación consideró que los abusos se encontraban acreditados con el relato de la víctima, corroborado con otros elementos probatorios de los que hizo mérito (tales, el testimonio de la abuela de la menor, los dichos de la licenciada Venanzo, el informe psicológico de Adolfo Loreal), para luego contradecir lo así afirmado al señalar que no podía tenerse por debidamente probado el acceso carnal sostenido por la víctima con base en ese mismo testimonio, sin un soporte en la prueba médico-ginecológica.
Además, alegó la falta de motivación y fundamentación aparente de pronunciamiento puesto en crisis. Resaltó que el tribunal de instancia tuvo por acreditados los accesos carnales con el testimonio de la menor y con las corroboraciones periféricas indicadas, y el tribunal intermedio afirmó que esa declaración no alcanzaba para tenerlos por demostrados ante la falta de prueba ginecológica sin hacerse cargo de la explicación dada respecto de la innecesariedad de su realización tardía (v. fs. 403).
I.2. Por último, se quejó de la inobservancia del art. 41 del Código Penal (v. fs. 404). Explicitó que se obliteraron dos agravantes lo cual -a su juicio- careció de fundamentación.
Sostuvo que la edad de la víctima en el atentado contra la integridad sexual resultaba válidamente computable en el plano de la mensuración punitiva aun cuando el tipo penal las contemple como elemento constitutivo, pues la edad concreta de la menor pudo incidir en el concreto grado de disvalor del suceso y la culpabilidad del autor (v. fs. cit. vta.).
Expuso también que la obliteración de la agravante "violencia física desplegada hacia la menor y el resto de la familia" contenía igual déficit de motivación, puesto que el Tribunal de Alzada consideró que la violencia se encontraba implícita en el delito de abuso sexual, cuando éste no fue el fundamento utilizado por el sentenciante quien tuvo en miras la personalidad del imputado (v. fs. 404 vta. y 405).
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Subprocurador General (v. fs. 421/425 vta.), en cuanto aconseja hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto por el Ministerio Público Fiscal.
III. Como allí se señala, el tribunal intermedio otorgó un fundamento aparente a la decisión, incurriendo en un déficit de motivación que configura un supuesto de sentencia arbitraria, que la descalifica como acto jurisdiccional válido (doctr. art. 18, Const. nac.).
IV. El Tribunal de Casación -luego de descartar el agravio dirigido contra la valoración de la declaración de la víctima en Cámara Gesell-, consideró que la materialidad infraccionaría "...se encuentra suficientemente abastecida" con las constancias incorporadas por lectura al juicio, las declaraciones testimoniales de K. V. A. S., su abuela F. M. V., la asistente social Liliana Venanzi y la médica del Tribunal de Menores María Inés Luna, así como el informe pericial del licenciado Loreal (v. fs. 362 vta./364).
A su vez, descartó las objeciones dirigidas contra la declaración de la víctima y su abuela "...desde que ambas fueron contestes entre sí y coincidente con la observación que hiciera la madre de la menor ya fallecida sobre las conductas sospechosas del imputado, que le hicieron dudar que el mismo podía tener conductas abusivas respecto de su hija" (fs. 363); y apuntaló lo dicho haciendo referencia a las normas que rigen la valoración de la prueba, y al fallo "Casal" de la Corte federal, en cuanto a que "...'lo único no revisable es lo que surja directa y únicamente de la inmediación'" y que "...el testimonio será controlable por la constancia en el acta con excepción de la impresión que causaron al Tribunal pero éste 'debe dar cuenta circunstanciada si pretende que se la tenga como elemento fundante válido'" (fs. cit. vta.).
A partir de ello, entendió que el fallo dio correcto cumplimiento a dichos recaudos. Señaló lo destacado por la instancia de juicio en cuanto a que fueron "...sólidas y categóricas las expresiones de [la víctima] que les permitieron despejar cualquier receloó incredulidad sobre lo acaecido, analizando el relato desde los dos aspectos, intrínseco y extrínseco". También, puntualizó respecto al primer aspecto que los jueces del Tribunal de origen "...valoraron los detalles que brindara respecto a las circunstancias de lugar, ocasión y modo, como así también datos precisos en la narración, con el debido correlato emocional"; inclusive ponderaron que "...el sentimiento de culpabilidad que manifestara [la víctima] por la muerte de su madre respondió a la suposición expresada en la audiencia que si hubiera contado lo sufrido, hubiera evitado esa muerte porque su padre estaría preso", descartando con ello la observación sostenida por la defensa, en cuanto a que "...lo atribuye a una intención aviesa de perjudicar al imputado" (fs. 363 vta.).
De seguido, analizó el testimonio de la abuela de la menor, y lo reputó coincidente con los dichos de su nieta, no sólo "...porque corrobora las razones por las que la misma decidió contar lo vivido, sino que da cuenta de observaciones que ella misma hizo sobre la violencia familiar por parte del imputado, que también corroboró la licenciada Liliana Venanzi cuando intervino como perito del Tribunal de Menores"; quien en ese marco ya había advertido acerca "de algún indicio de abuso sexual hacia K." (v. fs. 280 vta., de la sentencia de origen) y remarcó la consideración del informe pericial psicológico realizado por Adolfo Loreal "...quien calificó a la niña como lúcida, ubicada en tiempo y espacio, y sin signos de fabulación o mendacidad sintomáticos" (fs. 364).
Paralelamente, valoró la declaración de la doctora Luna, la que explicó las razones por las cuales no se realizó el examen ginecológico "...porque no se le solicitó de manera expresa, explicando a continuación cuestiones generales sobre las lesiones producidas en los abusos sexuales" (fs. cit. y vta.).
En base a lo expuesto, el tribunal intermedio hizo lugar al recurso de la defensa, en tanto juzgó que "...el acceso carnal no pudo ser constatado, precisamente, por la ausencia de ese examen, y dado lo tardío de la denuncia, ya no es posible verificarlo..."; decidiendo en esos términos la recalificación de la conducta (v. fs. 364 vta.).
IV.1. En tal estado, la construcción del pronunciamiento emitido resulta contradictoria, en tanto los fundamentos esgrimidos para encontrar abastecida la materialidad ilícita (abusos sexuales agravados por la convivencia y la guarda), resultaron -al mismo tiempo- desconsiderados para acreditar los extremos relativos a la parcela de los accesos carnales, lo que se erige como una definida causal de arbitrariedad por la incorrección lógica de los enunciados que deberían abastecer la motivación del fallo.
Así, la interpretación llevada a cabo por el órgano de primera instancia, en cuanto al testimonio de la víctima menor, no resultó invalidado por el Tribunal de Casación, sino que dicha prueba además, como ya se dijo, resultó concatenada con otras declaraciones y pericias, que corroboraron lo expuesto por la menor.
También se encargó de rechazar los embates dirigidos contra la declaración de la menor en Cámara Gesell (v. fs. 362, punto III), destacando que al momento de prestar declaración -la niña-, estuvieron presentes el juez de garantías y el defensor, garantizándose de ese modo el derecho de defensa del imputado (v. fs. 362 vta.); y, simultáneamente, también descartó las objeciones acerca de la credibilidad de los dichos de la víctima y su abuela (v. fs. cit.); para posteriormente, en su contrasentido, carente de toda justificación, silenció la razón por la cual antepuso la inexistencia de un examen ginecológico, cuya ausencia estaba explicada y valorada, al caudal probatorio citado.
Cabe resaltar que "...el recaudo de suficiente fundamentación tiene por objetivo esencial evitar que la decisión importe el producto ilimitado de los jueces y configure una afirmación meramente dogmática como 'proposición que no está abierta a la corroboración intersubjetiva, (y que por el contrario se funda exclusivamente en la convicción subjetiva, o fe, del que la sustenta, al margen de consideraciones racionales' (cf. Fallos 327:954, voto del Juez Fayt, con cita de Nino, Carlos S., Introducción al análisis del derecho, ed. Astrea, 1988, pág. 322)" (causa P. 87.226, sent. de 28-V-2008).
En suma, el examen parcializado de la prueba existente y con la ambivalencia referida, es configurativo del vicio de arbitrariedad, lo que determina su descalificación como acto jurisdiccional válido.
Tiene dicho esta Corte que la prueba indiciaria debe valorarse en forma conjunta y no aisladamente, pues cada indicio considerado por separado puede dejar margen para la incertidumbre, lo que no sucede si se lo evalúa de modo general, a través de un análisis conjunto (conf. por muchos, doctr. causas P. 112.623, sent. de 6-VIII-2014; P. 121.347, sent. de 9-XII-2015; e.o.).
IV.2. Como elemento coadyuvante cabe poner de relieve que lo resuelto también se contrapone con la doctrina de esta Corte, que tiene establecido que la condición de víctima no impide por sí sola que pueda ser valorado en calidad de hábil; y el solo hecho de tener interés en el resultado de la causa, no conlleva directamente a que el testigo carezca de la condición cuestionada (conf. causas P. 73.161, sent. de 19-II-2002; P. 70.585, sent. de 11-IX-2002; P. 64.511, sent. de 9-IV-2003; P. 89.236, sent. de 5-XII-2007; P. 77.693, sent. de 22-X-2008; P. 105.493, sent. de 22-IV-2009; P. 101.475, sent. de 13-X-2010; P. 113.511 y P. 117.838, cits.).
V.1. En cuanto a la denuncia de inobservancia del art. 41 del Código Penal, por cuanto se obliteraron dos agravantes sin fundamentación, cabe recordar que la materialidad fáctica que se tuvo por acreditada da cuenta que "...entre mediados de junio del año 2000 y hasta fines del año 2005, en la vivienda ubicada en la calle Darragueira N° … de la ciudad de Tandil, el imputado C. M. S., encargado de la guarda y educación de la menor nacida el 21 de junio de 1993 y llamada K. V. A. S., aprovechándose de la situación de convivencia con la citada y de la ascendencia que sobre ella tenía, de modo reiterado y mediante el empleo de amenazas y violencia, con la finalidad de desahogar su instinto sexual abusó sexualmente de la niña desde que esta tenía la edad de siete años hasta los doce accediéndola carnalmente por vía vaginal" (fs. 272 y vta.).
Ahora bien, en lo que resulta de interés, el tribunal de mérito computó como agravante "La corta edad de la víctima al inicio de los abusos" en la ponderación de que, también debe operar como factor de agravación de la pena, por cuanto si bien la edad está comprendida dentro del tipo penal, la circunstancia de haber tenido siete años la niña cuando comenzaron los abusos "...es indicador de un aprovechamiento de la superioridad de su fuerza física y de la mayor vulnerabilidad psíquica y física de la víctima, asegurándose así el éxito de su propósito" (fs. 284 vta.).
La sala interviniente, con relación a ese tópico, resolvió desagregarlo como pauta aumentativa de la pena, con base en que se hallaba incluida en el tipo penal (art. 18, Const. nac.; v. fs. 365).
Lo mismo consideró respecto de la violencia física desplegada hacia la menor y el grupo familiar, por entender que formaba parte de la figura calificada del art. 119 inc. "f" del Código Penal, no correspondiendo su doble ponderación.
También este reclamo procede.
V.2.a. Respecto a la primera, -edad de la víctima-, tal como lo sostuviera en el precedente P. 116.820, y más recientemente en P. 125.077, sentencia de 13-XII-2017, frente a un supuesto similar al examinado, no se trata en el caso de justipreciar la edad de la víctima como elemento del tipo penal, sino de que esa circunstancia -esto es, la edad- determina naturalmente, como lo entendió el tribunal de mérito, la vulnerabilidad e indefensión de la menor.
El órgano intermedio debió ocuparse de desvirtuar el argumento dado en la instancia de origen, lo que no hizo. Por el contrario, se detuvo en el análisis aislado de la edad exclusivamente como elemento del tipo penal.
En los precedentes de mención, esta Corte también estableció que la agravante del inc. "f" requiere dos condiciones conjuntas: que el abuso sea contra un menor de dieciocho años y que se aproveche de la situación de convivencia preexistente. De tal modo, se prevé el aprovechamiento de la situación de cercanía y las consecuentes facilidades que le otorga al sujeto activo esta proximidad y relación de confianza con el sujeto menor de dieciocho años (conf. Donna, Edgardo Alberto Delitos contra la integridad sexual; Rubinzal-Culzoni, pág. 97).
Y que en ese orden de ideas, nada obsta a que en el marco de la individualización de la pena, y de acuerdo con las circunstancias comprobadas -conforme las diversas pruebas producidas en la causa- se pueda valorar como se hizo, al estado de indefensión que surge de la corta edad de la víctima al comienzo de los hechos (siete años), que ciertamente trasciende la genérica minoría de edad que calificó a la figura, circunstancia extendida y ponderada respecto al delito reprochado al encartado.
V.2.b. Por otro lado, lo decidido por la instancia en cuanto a ponderar como circunstancia agravante de la pena a imponer "...en cuanto demostrador de mayor peligrosidad y merecedor de un plus de reproche, la violencia física desplegada hacia la menor y hacia el resto de la familia, lo que entiendo que debe ser valorado como potenciador de la pena a tener de la prueba ya referida (informes sociales, declaraciones de los menores, la abuela, la esposa) y por las razones esgrimidas por el Ministerio Fiscal" (fs. 285), surge arbitrariamente desplazado, limitándose la instancia intermedia a afirmar que dichas circunstancias se encontrarían incluidas en el tipo penal.
La norma del art. 41 inc. 1 del Código Penal, impone al juzgador tener en cuenta al momento de mensurar la pena, "la naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño y peligro causados", por lo que el único argumento esbozado por el a quo para obliterarlas resulta inconducente.
VI. En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley intentado por el fiscal ante el Tribunal de Casación, dejar sin efecto la sentencia impugnada en cuanto a la calificación legal, y en cuanto desagregó como pautas agravantes, la relativa a la corta edad de la víctima y a la violencia física desplegada hacia la menor y el resto de la familia, correspondiendo devolver los presentes actuados al tribunal a quo a fin de que -con intervención de jueces habilitados- dicte un nuevo fallo de conformidad con la presente sentencia, debiendo tomar en consideración, al momento de resolver, la circunstancia atenuante sobreviniente relativa al plazo conforme el escrito presentado a fs. 369/370, por el señor defensor del imputado.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Negri , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Conforme adelanté, la solución propuesta torna inoficioso abordar en esta ocasión el recurso extraordinario de nulidad desarrollado por la defensa interviniente, en tanto involucra lo resuelto en el ámbito de la determinación de la pena.
Así lo voto .
El señor Juez doctor Negri , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley int
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