Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 130157
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad articulado a favor de Julián González (arts. 486 -t.o según ley 14.647-, 491 y concs. del CPP).
La Plata, 14 de marzo de 2018.
La presente causa P. 130.157-RC, caratulada: "González, Julián s/ Recurso extraordinario de nulidad en causa N° 13.856 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen",
I. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Trenque Lauquen, mediante el pronunciamiento del 23 de noviembre de 2017, concedió el recurso extraordinario de nulidad deducido por el defensor particular de Julián González, doctor Pedro Enrique Goldenberg, contra la fallo de dicho órgano que hizo lugar parcialmente al recurso de la especialidad y, en consecuencia, confirmó el del Juzgado en lo Correccional N° 2 departamental en cuanto condenó al nombrado en orden al delito de lesiones culposas graves, agravadas por la conducción imprudente de vehículo automotor, y lo modificó respecto de la sanción impuesta, la que fijó en la suma de tres mil pesos de multa, manteniendo la inhabilitación especial para conducir vehículos automotores por el lapso de dieciocho meses (v. fs. 155/157 vta.).
Para así decidir, el a quo admitió la vía deducida en virtud de que uno de los motivos que haría procedente la misma es "la ausencia de fundamentación que parece ser el motivo alegado por el letrado".
En dicho marco, trajo a colación lo dicho por este Tribunal en la causa P. 126.521-RQ.
II. El recurso ha sido mal concedido.
1. La defensa en su presentación refirió que el objeto de la vía incoada radica en el control de los requisitos impuestos para la validez de las sentencias.
Denunció que el fallo atacado "viola y aplica falsa y erróneamente la ley, e incurre también en absurdo lógico e interpretativo al merituar preceptos legales, deviniendo en este último caso en arbitraria".
En primer lugar, alegó la violación del régimen establecido por el art. 210 del Código Procesal Penal.
Razonó que la sentencia contraviene principios de lógica formal y razonabilidad.
Apuntó que la Cámara condena, siguiendo las premisas evidenciadas por el magistrado de la instancia, "en base a la prueba pericial accidentológica y desarrollando un método interpretativo de las normas de tránsito apartado de los parámetros que vislumbra la legislación vigente". Señaló que, frente a los extremos en análisis, el órgano jurisdiccional fija las pautas legales "apartándose de la normatividad que enmarca la materia en análisis y, a partir de esa recreación errónea del contexto normativo -funcional a las conclusiones a las que dice arribar el veredicto-, pretende acreditar la existencia de un obrar culposo en el encartado; le asigna relevancia causal en la producción del resultado típico a una circunstancia de hecho que no actúa como causa de ese resultado; aplica un dolus subsequens que comienza a verificarse temporalmente con posterioridad a la producción del resultado típico; y excluye la conducta de la víctima como generadora de un riesgo jurídicamente desaprobado".
Transcribió un fragmento del fallo impugnado y advirtió que el mismo legisla al imponer una pauta reglamentaria inexistente en las leyes que regulan la materia.
En consecuencia, consideró que la Cámara desnaturaliza el contexto normativo vigente.
En segundo lugar, se ocupó del quebrantamiento de normas constitucionales y en tal sentido sostuvo que al transgredirse el régimen legal de interpretación normativa "se constituye en una arbitrariedad negatoria del derecho a la defensa en juicio reconocido por el art. 18 de la Constitución Nacional y del derecho a un debido proceso legal".
Puntualizó que en la presente "con la excusa de la interpretación ilógica, se ha dado el valor al fallo p[r]imigenio, aunque si bien con una nueva versión de la Cámara Penal que adecúa el veredicto emanado en primera instancia a una nueva más acorde a las pautas normativas pero sin subsanar la visión del Dr. Crespo, juez de primera instancia".
Destacó que es precisamente la decisión del a quo la que incrementa la responsabilidad en el acontecer disvalioso en cabeza del conductor de la motocicleta que transportaba a la víctima. Sumó que a ello que si bien en el derecho penal no se compensan culpas, "es dable colacionar que la auto puesta en peligro de quienes circulaban en la motocicleta, sin luces y a velocidad prohibida, eximen de responsabilidad a [su] defendido".
Finalmente dijo que la vulneración al art. 18 de la Constitución nacional emerge, también, de la "falta de rigor lógico de la construcción interpretativa que da basamento a la sentencia".
2. Cabe recordar que la vía prevista en el art. 491 del Código Procesal Penal, sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Prov.; causa P. 119.794, resol. de 11-XII-2013; P. 120.883, resol. de 29-XII-2014; P. 120.595, resol. de 15-IV-2015; P. 120.549, resol. de 29-XII-2015; P. 123.459, resol. de 1-VI-2016; P. 125.098, resol. de 13-VII-2016; P. 121.354, resol. de 23-XI-2016; e.o.).
a. De lo reseñado se observa que la Cámara declaró la admisión del recurso incoado sin reparar en que los reclamos de la defensa se dirigen a controvertir el acierto o sentido de lo decidido, extremoséstos que se encuentran detraídos del acotado marco del carril impugnativo en examen (conf. doctr. Ac. 85.352, resol. de 9-IV-2003; Ac. 89.239, resol. de 19-VII-2006; P. 123.197, resol. de 3-XII-2014; P. 121.955, resol. de 18-XI-2015; P. 125.260, resol. de 24-V-2016; P. 125.187, resol. de 10-VIII-2016; P. 120.553, resol. de 19-X-2016; P. 122.345, resol. de 14-XII-2016; P. 128.792, resol. de 7-VI-2017; P. 128.908, resol. de 5-VII-2017; P. 128.823, resol. de 12-VII-2017; e.o.).
b. Para más, la tacha de arbitrariedad y la denuncia de menoscabo a garantías constitucionales, reafirman que el remedio interpuesto no se estructura de acuerdo a las prescripciones que la Constitución de la Provincia (esto es, infracciones de los arts. 168 y 171 que pudieran padecer las sentencias definitivas de última instancia) y el Código de Procedimiento Penal prescriben para el recurso de nulidad.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad articulado a favor de Julián González (arts. 486 -t.o según ley 14.647-, 491 y concs. del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia