Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129632
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar, sin más trámite, el recurso extraordinario de nulidad articulado a favor de Jorge Ricardo Mansilla (arts. 491 y concs. del CPP y 31 bis de la ley 5827 t.o. y sus modifs.).
2Regular los honorarios profesionales de los doctores Eduardo Osvaldo Carbonetti y Juan Pablo Bertucci en la suma de pesos …, y pesos …, respectivamente, por los trabajos realizados ante esta instancia (Confr. causa I. 73016, res. de 8-XI-2017, art. 31 dec. ley 8904/1977, con más 10% de la ley 10.268).
La Plata, 14 de marzo de 2018.
La presente causa P. 129.632-RC, caratulada: "Mansilla, Jorge Ricardo s/ Recurso extraordinario de nulidad en causa n° 35.727 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul",
I. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Azul, mediante el pronunciamiento dictado el 26 de junio de 2017, rechazó por improcedente el recurso de la especialidad interpuesto por el señor defensor particular de Jorge Ricardo Mansilla, y confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 1 con asiento en Tandil que lo condenó a la pena de un año y siete meses de prisión, por resultar autor responsable de los delitos de amenazas agravadas por el uso de armas, amenazas simples y desobediencia a la autoridad -tres hechos-, todos en concurso real, y en definitiva a la pena única de un año y diez meses de prisión, comprensiva de la anterior y de la de cuatro meses y quince días de prisión aplicada en la causa n° 4419-301 de ese mismo juzgado, con costas (v. fs. 367/373 vta.).
II. Contra lo así decidido, el doctor Eduardo Osvaldo Carbonetti y el doctor Juan Pablo Bertucci, interpusieron recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 380/388). El tribunal de alzada concedió sólo el primero de ellos (v. fs. 389/391 vta.).
Para así resolver, en lo que importa destacar, luego de señalar los supuestos contemplados en la normativa que regula el recurso de nulidad (arts. 491, CPP y 161 inc. 3 letra b), 169 y 171 de la Constitución provincial), transcribió parte del agravio de la defensa a través del cual invocó la omisión de tratamiento de cuestión esencial, y así lo reseñó: "…Ahora bien, esta defensa técnica en su escrito de apelación por ante el Superior de manera reiterada sostuvo que lo expresado en la declaración indagatoria por el imputado fue utilizado como prueba de cargo tanto por el acusador público como por el a quo en su sentencia. Esta cuestión, de carácter esencial, no fue tratada en forma alguna por el Superior, sino obviada por lo cual la sentencia objeto de agravios es decididamente arbitraria y pasible de nulidad…" (fs. 389 vta., destacado en el original).
También refirió que la defensa había sostenido "…hay una cuestión esencial introducida y no tratada por el Superior, siendo que ésta no es una referencia solo genérica a una infracción a los derechos constitucionales del imputado, sino que además se ha explicitado y señalado de qué manera el a quo en su sentencia ha acudido reiteradamente a lo expresado por el imputado en un acto nulo de nulidad absoluta, dando de esa manera sustento a la sentencia condenatoria" (fs. 390, destacado en el original).
III. El recurso debe ser desestimado por aplicación del art. 31 bis de la ley 5827.
III.1. En el recurso de apelación la defensa cuestionó la decisión del juzgado de primera instancia que desechó el planteo de nulidad por extemporáneo y por la interpretación restrictiva de la cuestión articulada, alegando que se trataba de una nulidad general de conformidad con lo previsto por el art. 202 inc. 3 del Código Procesal Penal (v. fs. 352).
Agregaron que la declaración prestada por el imputado sin la presencia y asistencia de la defensa, es un acto esencial "…más en el caso cuando los dichos del encartado han sido usados en forma reiterada tanto por el MPF como por el Sentenciante en las diversas etapas procesales como en el mismo veredicto condenatorio para sustentar y motivar la participación […] en los ilícitos enrostrados, afectándose de esa manera garantías constitucionales" (fs. 355 y vta.).
III.2. El planteo fue contestado por la Cámara. Sobre el punto, sostuvo que la nulidad planteada no era la contemplada en el art. 202 incs. 2 y 3 del Código Procesal Penal, en tanto que "…la intervención del Ministerio Público de la Defensa, en dicho acto, no era obligatoria y su participación -como así también la representación, asistencia e intervención del imputado- se aseguró con la entrevista previa de fs. 181, en la cual […] Mansilla se entrevistó con su defensa quien lo asesoró sobre si le convenía o no declarar, así como también le advirtió del probable significado inculpatorio de sus manifestaciones en caso de realizarlas, expresando el causante que entendía lo ante expuesto" (fs. 370 vta.).
Consideró que en el caso se aseguró "…la intervención, asistencia y representación de Mansilla y de la defensa, durante la audiencia prevista por el art. 308", lo que conlleva a que "…no exista ningún tipo de inobservancia procesal susceptible de ser sancionada con nulidad" (fs. 371 vta.).
Asimismo, señaló que si bien la defensa había afirmado que los dichos de su pupilo fueron utilizados como prueba de cargo por el sentenciante de origen, en coincidencia con aquel, entendía que ello no lograba abastecer las exigencias de los arts. 201 segundo párrafo y 205 segundo párrafo del ritual, en tanto que "…en todo planteo de nulidad, inclusive aquellos que versen sobre nulidades absolutas […], se debe invocar y demostrar el perjuicio efectivamente sufrido", y para ello no basta la referencia genérica a la afectación del derecho de defensa en juicio o del debido proceso, sino que debe demostrar "…el perjuicio, real y concreto, que el vicio procesal acarreó y de qué modo éste privó de la oportunidad de ejercer algún derecho" (fs. cit. y 372).
Señaló que además debe acreditar de qué manera dicho vicio incidió en el resultado del acto y del proceso, es decir, en que habría diferido la declaración de Mansilla de haberse encontrado presente el letrado -cuando aquel ya había sido anoticiado por éste de su derecho a no declarar y las implicancias al respecto- y también como el a quo habría arribado a una decisión distinta a la atacada (v. fs. 372).
III.3. Finalmente, cabe destacar que no es obligación de los tribunales resolver cada uno de los argumentos llevados por las partes en apoyo de sus pretensiones (confr. P. 72.030, sent. de 17-VII-2002; P. 74.423, sent. de 14-XI-2007; P. 89.920, sent. de 3-V-2006).
En función de todo lo dicho, no se configura en autos la indebida preterición que da lugar al carril de nulidad (arg. art. 168, Const. pcial.; confr. doctrina causas P. 59.863, sent. de 19-II-2002; P. 75.858, sent. de 28-III-2007; P. 106.168, sent. de 17-III-2010; P. 110.904 y acum. P.110.907, resol. de 10-X-2012; P. 106.890, res de 16-VI-2013).
IV. Por último, en cuanto a la labor profesional de los letrados intervinientes, corresponde señalar que de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (Confr. causa I. 73016, res. de 8-XI-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Desestimar, sin más trámite, el recurso extraordinario de nulidad articulado a favor de Jorge Ricardo Mansilla (arts. 491 y concs. del CPP y 31 bis de la ley 5827 t.o. y sus modifs.).
2. Regular los honorarios profesionales de los doctores Eduardo Osvaldo Carbonetti y Juan Pablo Bertucci en la suma de pesos …, y pesos …, respectivamente, por los trabajos realizados ante esta instancia (Confr. causa I. 73016, res. de 8-XI-2017, art. 31 dec. ley 8904/1977, con más 10% de la ley 10.268).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia