Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130363
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (art. 491 y concs., CPP).
Se regulan los honorarios profesionales del doctor Mario Alberto Martín en la suma de … pesos -$...-, (… jus) por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, dec. ley 8.904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017), con más el 10% de la ley 10.268.
En la ciudad de La Plata, a 20 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, de Lázzari, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.363, "Fallesen, Walter Daniel. Recurso extraordinario de nulidad en causa N° 13.509 de la Cámara de Apelación y Garantías de Trenque Lauquen".
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, mediante el pronunciamiento dictado el 30 de agosto de 2017, confirmó la sentencia del Juzgado Correccional n° 1 departamental que condenó al señor Walter Daniel Fallesen a la pena de dos años de prisión cuyo cumplimiento dejó en suspenso y a cuatro años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos, con costas, por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de severidades y vejaciones (art. 144 bis, incs. 2 y 3, Cód. Penal; v. fs. 299/316 vta.).
Frente a lo así decidido, el señor defensor particular interpuso recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y nulidad (v. fs. 341/363 vta.), siendo concedido solo el segundo por resolución del tribunal intermedio (v. fs. 364/367).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 381/383), dictada la providencia de autos (v. fs. 384) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri:
I. El defensor particular denuncia la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial (v. fs. 344).
Alega que la sentencia recurrida omitió el tratamiento objetivo de las cuestiones relativas a "...la no presencia de [su] defendido [...] en el momento y lugar -preciso- donde se habría cometido el delito denunciado por la víctima" y a la "...materialidad ilícita motivo del impulso procesal". Agrega que, a consecuencia de ello, se desconoció el principio "in dubio pro reo" (v. fs. cit.). Entiende que la Cámara, al haber descartado los planteos defensivos llevados a su conocimiento y confirmado lo resuelto por el órgano de grado, arribó a un fallo arbitrario constituyéndose un grave defecto del procedimiento produciéndose la violación de los principios constitucionales de inocencia, defensa en juicio y debido proceso (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac. y 8, CADH; v. fs. 347 y vta.)
Como fundamentos específicos del recurso en trato, afirma que la Cámara se basó exclusivamente en los dichos del denunciante Zamorano, avalados únicamente por el testimonio de sus acompañantes al ser aprehendidos por los hechos que dieron lugar al delito de resistencia a la autoridad y daño, ilícito por el cual fueron procesados y condenados, pero no tuvo en cuenta que el testigo mencionado resultaba inhábil por los motivos que expone (v. fs. 351).
Advierte que el Tribunal de Alzada descarta el aporte testimonial de los agentes policiales "...al entender que sus dichos no resultaban fiables o creíbles únicamente porque resultan coincidentes en no haber observado lesiones en el denunciante ; ignorando y desconociendo los argumentos y elementos de prueba esgrimidos por la defensa en el debate oral" (fs. 351 vta.; el destacado figura en el original).
Con apoyo en transcripciones parciales de los testimonios vertidos por los agentes policiales que intervinieron tanto en el procedimiento de la aprehensión, como en el traslado, y la custodia de Zamorano en la dependencia policial (v. fs. 352 vta./354 vta. y 355/356 vta.), arriba a las siguientes conclusiones. Por un lado, que el imputado llegó al lugar de la aprehensión de Zamorano minutos después de que éste y sus acompañantes fueran aprehendidos, por lo que -destaca- "...NO participó en la actividad y procedimiento, realizada para neutralizar, reducir y poner en custodia a ZAMORANO" , así como tampoco en el traslado del mismo hasta el asiento de la dependencia policial, el que fue realizado por los agentes policiales Fernández y Barcelo (v. fs. 354 vta. y 355). Con relación al tiempo que Zamorano permaneció bajo custodia en dicha dependencia, señala que Fallesen nunca estuvo al cuidado de la integridad física de aquél, y sí lo estuvieron los agentes López y Rivero; a lo que agrega que la víctima fue alojada con las medidas de seguridad pertinentes y las llaves de acceso a calabozos no estaban al alcance del imputado (v. fs. 357).
Luego se refiere a la acreditación de la materialidad ilícita. Alega que de los testimonios aportados no puede concluirse que Fallesen haya estado en contacto con Zamorano. Asimismo, entendiendo que las lesiones por sí solas no configuran el tipo penal que aquí se le endilga al imputado, las trae a colación ya que los agentes policiales que intervinieron en el procedimiento declararon no haberlas observado, resultando éste el fundamento por el cual sus testimonios no resultaron fiables y creíbles para el órgano de enjuiciamiento. En el informe médico mencionado se constata que Zamorano tenía excoriaciones -lesión superficial de la piel- que se puede producir por una caída. Allí se aclara que el golpe no produce excoriación sino una herida contusa o cortante, dependiendo de lo que tenga en la mano el agresor, puede producir hematoma, tumefacción o edema, acompañando la excoriación. De ello, la defensa concluye que no puede atribuirse al imputado la materialidad ilícita por la que fue enjuiciado ya que Fallesen nunca tuvo la responsabilidad del traslado, custodia o cuidado de Zamorano (v. fs. 357/358).
Concluye que la Cámara no dio las razones y fundamentos de su decisorio para descartar los testimonios de los agentes policiales, que contundentemente son coincidentes entre sí, no fueron tachados de mendaces por el Ministerio Público y proporcionan datos objetivos que no fueron advertidos por la Cámara (v. fs. 358).
Explica que tanto el órgano de grado como el Tribunal de Alzada cuando atribuyeron actos vejatorios o severidades, mencionaron a "un policía..." pero en ningún momento los testimonios imparciales y despojados de interés nombraron a su defendido. Argumenta que en el debate oral la magistrada pudo saber quiénes fueron los agentes de policía que intervinieron desde la detención hasta la custodia de Zamorano en la dependencia policial, entre los que no surge su asistido (v. fs. 358 vta. y 359).
Denuncia arbitrariedad en la decisión impugnada por incurrir en afirmaciones dogmáticas en lo que refiere al concepto y figura de las vejaciones. Aduce que de haberse materializado las mismas, el a quo debió relacionar cuál fue el menoscabo psíquico aplicado sobre Zamorano por parte de Fallesen (v. fs. 359 vta. y 360).
Reitera que las cuestiones omitidas del tratamiento debido son las ya referidas acerca de la no participación de su asistido en los lugares de los hechos, así como de la materialidad ilícita a tenor de los testimonios que reconocen los propios agentes policiales sobre su actuación para con Zamorano (v. fs. 360 vta.).
Por último, aduce que la Cámara ha desconocido el punto del recurso de apelación en el que la defensa peticiona en base al instituto del " in dubio pro reo ". Considera que estamos en presencia de una condena por decisión subjetiva, adquirida exclusivamente no por análisis de elementos probatorios realizados en el juicio oral, sino por confluencia de la cultura del a quo , sus conocimientos generales, sus prejuicios y un análisis mecanizado (v. fs. 360 vta./361 vta.).
II. Concuerdo con el señor Procurador General, el recurso no prospera (v. fs. 381/383).
III. El Tribunal de Alzada hizo una pormenorizada reseña de los agravios presentados por la parte y luego se abocó a su análisis.
Frente a la denuncia del recurrente relativa a que la decisión del a quo no se ajustó a las circunstancias comprobadas en la causa sino que únicamente se basó en las aportadas por el denunciante y sus acompañantes y que además la misma desconoció, descartó y no consideró válidos los aportes testimoniales de los agentes participantes en el procedimiento policial (v. fs. 351 vta.), el Tribunal de Alzada dijo: "...asiste razón al Sr. Defensor en cuanto a la preferencia que ha dado la Magistrada a las apreciaciones de los testigos de los que se valiera la acusación para fundamentar su actividad, no obstante lo cual, el mayor poder convictivo que le fuera asignado no ha sido fruto de una caprichosa interpretación de su parte, sino que la misma ha dado adecuadas y fundadas razones por las que la 'a quo' ha entendido de mayor credibilidad aquellos parlamentos, en tanto ha apontocado su convicción, no sólo en la coincidencia que los dichos de los testigos de cargo han guardado con otras probanzas de autos, sino en la falta de credibilidad que le es atribuible a los parlamentos de aquellos funcionarios que de un modo u otro tuvieron alguna vinculación con los hechos que derivaron en la aprehensión de Zamorano y cuyos dichos aparecen inconsistentes en relación a la posibilidad de recrear a partir de ellos la realidad de autos" (fs. 303 vta. y 304). En el mismo sentido agrega que, la Magistrada de grado: "...ha señalado cuál es el puntual motivo que resta credibilidad a los dichos de los funcionarios policiales, en análisis que se comparte, pues -como se puede apreciar- no solo contribuye a su falta de ponderación el puntual señalamiento de la sentenciante en cuanto a que, a pesar del contacto que mantuvieron en algún momento con Zamorano y sus acompañantes desde que fueran aprehendidos hasta su alojamiento en la dependencia, ninguno afirmó haber visto las visibles y ostensibles lesiones que algunos de ellos presentaban. Tal falta de concordancia con lo que es evidente en autos a la luz de las pruebas rendidas permite -cuanto menos- no tenerlos como sinceros o fiables a fin de reconstruir la realidad que pretende la parte" (fs. 304 vta.).
Del recurso en análisis se desprende que el recurrente se agravia de que el Tribunal de Alzada no ha dado tratamiento a los planteos esgrimidos ante su sede y por el otro sostiene: "Si nos atenemos al contenido de la sentencia de la Alzada, podemos advertir que ha realizado de cierta forma -y aunque errónea, arbitraria e incongruente- un detalle de parte de las pruebas, y en base a esas consideraciones realizado un fundamento; motivo de esta crítíca" (fs. 361 vta.). Es decir, sus cuestionamientos están vinculados al modo en que fueron valoradas las pruebas y al fundamento jurídico de lo decidido, todo lo cual resulta ajeno al acotado ámbito del recurso extraordinario de nulidad bajo examen (conf. doctr. causas P. 124.038, sent. de 27-IX-2017 y P. 126.886, sent. de 6-VI-2018).
De todos modos, cabe recordar que es doctrina de esta Suprema Corte que aun cuando el a quo no haya respondido directamente cada uno de los argumentos de la parte -que en el caso se vincula con la denuncia de violación al in dubio pro reo -, si el análisis valorativo conlleva un implícito rechazo del planteo, no se configura la indebida preterición que da lugar al recurso de nulidad (doctr. causas P. 93.196, sent. de 29-X-2008; P. 106.168, sent. de 17-III-2010; P. 116.699, sent. de 1-VI-2016; e.o.).
La denuncia de que el pronunciamiento incurrió en arbitrariedad, también remite a temas ajenos al recurso de nulidad (conf. doctr. causas Ac. 86.661, sent. de 19-III-2003; Ac. 84.850, sent. de 30-IV-2003; P. 62.195, sent. de 10-IX-2003; P. 106.057, sent. de 22-IX-2010; P. 107.159, resol. de 15-VI-2011; P. 118.872, resol. de 2-VII-2014; P. 117.436, resol. de 16-VII-2014; P. 119.953, resol. de 13-VIII-2014; e.o.).
Por ello, no se advierte ninguna incompatibilidad con los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial.
Conforme lo expuesto, corresponde desestimar por improcedente el recurso extraordinario de nulidad traído (art. 491 y concs., CPP).
IV. En lo tocante a la regulación de honorarios y conforme los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25 de octubre de 2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8.904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podría vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I. 73.016, resol. de 8-XI-2017).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria, de Lázzari y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (art. 491 y concs., CPP).
Se regulan los honorarios profesionales del doctor Mario Alberto Martín en la suma de … pesos -$...-, (… jus) por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, dec. ley 8.904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017), con más el 10% de la ley 10.268.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia