Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130019
En la ciudad de La Plata, a 5 de junio de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Negri, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.019, "Alegre, Ángel Nicolás y Corrales Acevedo, Alexis Nahuel s/ Recurso extraordinario de nulidad en causa n° 71.351 y su acumulada n° 71.354 del Tribunal de Casación Penal, Sala III".
La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 16 de marzo de 2017, rechazó los recursos interpuestos a favor de Juan Manuel Pecastaing, Nicolás Orlando Ruíz y Ángel Nicolás Alegre, y atendió -parcialmente y por mayoría- el deducido en beneficio de Alexis Nahuel Corrales Acevedo, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Morón que condenó a Nicolás Orlando Ruiz a la pena de siete años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse de ningún modo reiterado -en tres oportunidades-, todos en concurso real entre sí; a Ángel Nicolás Alegre a la pena de diecisiete años de prisión, accesorias legales y costas, por ser coautor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego, homicidio agravado criminis causa y por haber sido cometido con la utilización de un arma de fuego en grado de tentativa, robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse reiterado -en cuatro oportunidades-, todos en concurso real entre sí; a Alexis Corrales Acevedo a la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia, por resultar coautor responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego, homicidio agravado criminis causa y por haber sido cometido con la utilización de un arma de fuego en grado de tentativa, robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse reiterado -en cuatro oportunidades-, todos en concurso real entre sí; y a Juan Manuel Pecastaing a la pena de veinte años de prisión, accesorias legales y costas, por ser coautor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego, homicidio agravado criminis causa y por haber sido cometido con la utilización de un arma de fuego en grado de tentativa, robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse reiterado -en cuatro oportunidades-, y autor del delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil, todos en concurso real entre sí (arts. 40, 41, 41 bis, 55, 80 inc. 7, 166 inc. 2 segundo y tercer párrafo, 189 bis inc. 2 tercer párrafo, todos del Cód.
Penal). En consecuencia, casó el fallo y descartó como pauta agravante de la pena la condena anterior que registraba Corrales Acevedo. Finalmente lo condenó a diecisiete años y ocho meses de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia por los mencionados delitos motivo de reproche (v. fs. 311/335 vta. con relación a fs. 194/226 vta., causa n° 71.351).
Contra esa decisión se alzó el señor defensor adjunto ante aquella instancia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, merced al recurso extraordinario de nulidad que dedujo en beneficio de Ángel Nicolás Alegre, Nicolás Orlando Ruiz y Alexis Nahuel Corrales Acevedo (v. fs. 337/344 vta.); mientras que la defensa de Juan Manuel Pecastaing, el doctor José Luis Somoza, dedujo los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 382/391). La citada Sala mediante resolución del 27 de junio de 2017, admitió el incoado por la defensa oficial respecto de Alegre y Corrales y declaró inadmisibles los articulados por el defensor particular (v. fs. 504/510 vta.).
Interpuesta queja contra la parcela del auto que declaró inadmisibles los recursos extraordinarios incoados a favor de Pecastaing (v. fs. 69/77 vta., causa P. 129.848-RQ), esta Corte mediante resolución del 14 de marzo de 2018, le hizo lugar parcialmente concediendo sólo el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 78/81).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 559/563 vta.), dictada la providencia de autos a fs. 564, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar las siguientes
1. ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad deducido por la defensa oficial en favor de Ángel Nicolás Alegre y de Alexis Nahuel Corrales Acevedo?
2. ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley articulado por la defensa particular de Juan Manuel Pecastaing?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Liminarmente cabe destacar que el recurso extraordinario de nulidad fue concedido con relación a Ángel Nicolás Alegre y Alexis Nahuel Corrales Acevedo (v. fs. 504/510 vta.), ello debido a que Nicolás Orlando Ruiz desistió de recurrir el fallo casatorio solicitando iniciar la etapa de ejecución de la condena (v. fs. 373 e informe de fs. 569).
I.1. La defensa de los nombrados denunció inobservancia del art. 168 de la Constitución provincial, al considerar que el pronunciamiento atacado careció de voto individual y de la mayoría de opiniones conforme el dispositivo constitucional citado (v. fs. 339 vta.).
Señaló que en el memorial sustitutivo del art. 458 del Código Procesal Penal, esa parte había cuestionado la calificación legal del "Hecho I" con relación a la modalidad concursal entre los arts. 80 inc. 7 y 166 inc. 2 del Código Penal, debido a que -a su criterio- el primer ilícito absorbe al segundo (v. fs. 340).
Luego de transcribir -en lo que interesa- la sentencia atacada, indicó que el juez que votó en segundo término -el doctor Borinsky-, se pronunció a favor del concurso real brindando un criterio contrapuesto respecto del juez que lo hiciera en primer término -el doctor Violini-, mientras que el doctor Carral -convocado a dirimir la cuestión- no se pronunció sobre el punto (v. fs. 340/341 vta.).
Destacó que el último de los magistrados no emitió su voto individual sobre dicha materia "...ni explícita ni implícitamente", y tampoco refirió que votaba "...en el mismo sentido y por los mismos fundamentos", sino que votó parcialmente por la afirmativa, eludiendo una de las cuestiones esenciales articuladas por esa defensa (v. fs. 342).
Asimismo, señaló que tampoco se arribó a la mayoría de opiniones necesaria pues el pronunciamiento contó solamente con los votos de dos de los ponentes -Violini y Borinsky- quienes expusieron un criterio diametralmente diferente (v. fs. 342 vta.).
Concluyó en que en el caso no existió -dada la falta de voto individual del tercer magistrado- la mayoría de fundamentos necesaria para dirimir el agravio relacionado con la calificación legal y modalidad concursal, por lo que solicitó a esta Corte que case la sentencia y reenvíe los autos a fin de dictar un nuevo pronunciamiento en donde se aborde la cuestión planteada (v. fs. 343 vta. y 344).
II. No coincido en lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 559/563 vta., pues estimo que el recurso extraordinario de nulidad no puede progresar.
III. Esto es así ya que el planteo con relación al cual se denunció omisión de tratamiento no fue oportunamente introducido ante la instancia intermedia y, por lo tanto, no generaba obligación de resolverlo teniendo en cuenta que era el recurso de casación -en el cual no fue mencionado- y no la memoria la ocasión en la cual debió formularlo -v. fs. 7/26 de la causa también identificada como n° 71.351- (arts. 168, Const. prov. y 451, CPP).
IV. En cualquier caso, puede añadirse que, aun así, y a contrario de lo sostenido por el recurrente, el asunto fue resuelto por la Casación sin los efectos constitucionales que se le adjudican, según se indica a continuación.
IV.1. En el memorial que autoriza el art. 458 del Código Procesal Penal, la defensa oficial cuestionó la calificación legal escogida para el "Hecho I" respecto de la modalidad concursal que se le adjudicó a esa porción fáctica (v. fs. 246/249 vta.).
El Tribunal de Casación Penal reseñó el agravio en el apartado de los antecedentes (v. fs. 316).
Al momento de resolver, el doctor Violini -quien votó en primer término- expuso su criterio coincidente con el de la defensa al señalar que no existe concurso entre el delito contra la vida y el atentado contra la propiedad (conf. arts. 80 inc. 7, 42 y 166 inc. 2, todos del Cód. Penal). Ahora bien, luego de dejar sentada su posición sobre el tema, aclaró: "...conocido en el acuerdo que la opinión de la mayoría es opuesta al criterio señalado, dejo a salvo el voto, en este punto y rechazo el agravio" (v. fs. 330).
Seguidamente el doctor Borinsky brindó los fundamentos por los cuales debía mantenerse la relación de concurso material resuelta en la instancia anterior (v. fs. 333 y vta.).
Por último, el doctor Carral dijo "En punto a dar cumplimiento a la exigencia constitucional respecto de la mayoría de opiniones en los tribunales colegiados [...], y existiendo las discrepancias individualizadas por el doctor Borinsky en punto a la agravante referida a las condenas anteriores y la posibilidad de reenvío, adhiero al del doctor Violini respecto de la obliteración como agravante de las condenas que a su vez fundan la declaración de reincidencia, y al doctor Borinsky con relación a la propuesta de asumir competencia positiva, por lo que también adhiero a la reducción punitiva que se propone desde la primera voz"; y concluyó "Con el alcance indicado, a esta primera cuestión voto parcialmente por la afirmativa" (fs. 334 y vta.).
IV.2. Por lo tanto, al margen de cómo deba ser entendido el voto del doctor Carral, la mayoría necesaria para dar sustento a la sentencia quedó al menos integrada por el voto del doctor Borinsky, quien justificó la decisión de ratificar la concurrencia real de delitos cuestionada, y la adhesión del doctor Violini, quien sin perjuicio de dejar sentada su opinión, y "...conociendo en el acuerdo" lo pertinente, se sumó a la tesis del doctor Borinsky ya que -según dijo- constituía la posición mayoritaria del órgano.
El recurrente sostuvo erróneamente que el doctor Violini descartó un concurso real (v. fs. 341), sin reparar en que, al tener que decidirse, el magistrado optó por su mantenimiento por la razón expuesta.
IV.3. En definitiva, de la reseña efectuada, puede advertirse, a partir de una interpretación armónica de la sentencia como acto complejo (conf. causa P. 90.257, sent. de 19-IX-2007), que la Casación (marginando la técnica del pronunciamiento), abordó y resolvió las cuestiones abasteciendo la mayoría constitucional de opiniones. Con lo cual, no se advierte -como postuló el impugnante- vulneración a la manda contenida en el art. 168 de la Constitución local, sin perjuicio de lo ya señalado sobre la oportunidad del planteo.
V. Por todo lo expuesto, corresponde desestimar por improcedente el recurso extraordinario de nulidad incoado (art. 491 y concs., CPP).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Negri , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El escrutinio del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley quedó limitado a los motivos de agravios atinentes a la denuncia de "...errónea aplicación de los arts. 40, 41, 80 inc. 7 y 90 del Código Penal" (especialmente v. resolución queja fs. 79 vta. y 80, causa P. 129.848-RQ). El recurrente señaló que en el caso no se había acreditado ninguno de los fines previstos por la figura de homicidio agravado "...ni siguiera [...] la intención de matar" (fs. 390 vta. y 391).
En sustento de su posición se refirió a la declaración de la víctima -Héctor Domingo Perelli, v. fs. citadas-, y afirmó que no existió prueba "...directa ni indirecta", que "...valorada, aislada o conjuntamente", permitiese demostrar la intencionalidad de su asistido de dar muerte en cuanto al hecho I (v. fs. 391).
Propició el encuadre legal del suceso en los términos del art. 90 del Código Penal más el agravante de la utilización de arma de fuego (v. fs. cit.).
Finalmente, denunció la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal por entender que la pena -más allá que prosperara o no el cambio de calificación solicitado- debió situarse en el mínimo legal de los delitos motivo de condena (v. fs. 391 y vta.).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso (v. dictamen de fs. 559/563 vta.), postura con la que coincido.
III.1. En efecto, no se advierte incorrección en la calificación legal aplicada al hecho I.
El Tribunal de Casación Penal confirmó el suceso acreditado según el cual "...el 11 de diciembre de 2012, aproximadamente a las 21:20, al menos tres sujetos interceptaron a Héctor Domingo Perelli cuando arribaba a su domicilio de la calle Blandengues 653 de la localidad de El Palomar, partido de Morón, intimidándolo con un arma de fuego calibre 22, que uno de los sujetos portaba sin la debida autorización legal, tras lo cual, se apoderaron de su vehículo marca Peugeot modelo 206 dominio EQQ 161; asimismo, que en tanto procedían a la huida, la víctima decidió seguirlos a bordo de un rodado Volkswagen Clío de su propiedad, y al encontrarlos, los sujetos, a fin de facilitar y consumar el ilícito designio, y conforme la división de tareas pergeñadas, le dispararon con el adminículo mencionado, con claro designio de darle muerte, hiriéndolo en la parte inferior de la axila izquierda, no logrando su fin homicida por razones ajenas a su voluntad, en razón de haber sido asistida la víctima en forma inmediata (Hecho I)" (v. fs. 317).
Luego de referirse al panorama fáctico y probatorio, el tribunal a quo sostuvo que se comprobó "...el homicidio agravado por la causa, y no una lesión grave agravada por el uso de arma", como había argumentado la defensa de Pecastaing; y que como bien había señalado el sentenciante de origen "...todos los que formaban el grupo activo tomaron parte en la ejecución del hecho con conocimiento cabal no solo de la acción que iban a ejecutar sino con los medios con los que contaban para hacerlo, y por lo tanto aceptando las consecuencias que pudieran derivar de la conducta de cada uno de ellos, pues las tareas estaban perfectamente divididas [...] si bien el arma utilizada para el despojo y que atentara contra la vida de Perelli [...] la manipulaba uno de los sujetos, los restantes arengaban a la ejecución continuando con el plan criminal" (fs. 328).
Indicó que estuvo justificado que al menos tres de los imputados -salvo Ruiz- intervinieron en la comisión de los delitos contra la propiedad y la vida con aportes convergentes; y que esa Sala tenía dicho que "...si cumpliendo el acuerdo previo, concurren a los robos portando un arma de fuego y realizan actos coadyuvantes y necesarios para intentar la consumación de los delitos planeados, y si para asegurar los resultados del robo, uno dispara contra la víctima, se trata de un obrar en común que los convierte en coautores en los términos del artículo 45 del Código Penal, conforme la teoría del dominio funcional del hecho, pues, dentro de su marco y de lo que se da en llamar, elemento objetivo de coautoría en el dominio del hecho, se dice que cabe afirmar la participación en tal dominio colectivo, en casos como el de autos, de colaboración alternativa, en los que existen diversas posibilidades fácticas de realización típica y en que los miembros del grupo se encuentran preparados para la ejecución de cada una de tales alternativas de realización, la que solo tiene lugar por parte de uno de los integrantes, quien llevando a la práctica una de ellas ejecuta la lesión al bien jurídico" (fs. 328 vta.).
Destacó que era innecesario establecer quien portaba el arma con la que se habían efectuado los disparos para lograr la sustracción del vehículo Peugeot 206 de mentas, ya que en el obrar en común, no rige el principio de la imputación por accesoriedad, sino la inmediata imputación recíproca de todas las contribuciones al hecho que tiene lugar en el marco del convenio delictivo.
Agregó que la víctima intentando la frustración del robo, arremetió contra los atacantes persiguiéndolos y chocándolos con otro vehículo, con la esperanza de que se amedrentaran y abandonaran el automóvil de su propiedad sustraído, y que los imputados en la sorpresa de la resistencia, no dudaron en bajarse del mismo y vaciar el cargador contra la humanidad de Perelli, por lo que para ese tribunal no quedaron dudas de que su actitud se enmarca en la figura imputada, pues su objetivo era el de asegurar los resultados del despojo, tal como lo especifica el tipo de la figura en trato (art. 80 inc. 7, Cód. Penal), concluyendo en que con lo expuesto se tuvo por acreditada la coautoría de los imputados en el tipo de mención (v. fs. 329).
III.2. De conformidad con lo transcripto, se advierte que el argumento defensista acerca de la ausencia de acreditación de ninguno de los fines previstos por la figura del homicidio agravado, ni siquiera la intención de matar, no se ajusta a la realidad expuesta, habida cuenta que para el tribunal intermedio -en las circunstancias que se tuvieron por demostradas mediante las pruebas que fueron analizadas (v. desarrollo de fs. 318 vta./328, punto II de la sentencia de casación)-, todos los sujetos que formaron parte del grupo tomaron parte en la ejecución del suceso, con comprensión de la acción que iban a emprender y con los medios que iban a utilizar, consintiendo las consecuencias que pudieran derivar de esa conducta en la cual se habían dividido las tareas, sin importar quien manipuló el arma del despojo y atentara contra la vida de Perelli, pues lo restantes sujetos arengaban a la ejecución para continuar con el plan criminal (v. fs. 328).
Más aún, en lo que concierne al aquí recurrente, Pecastaing, al valorarse la prueba se indicó que la víctima, Perelli, identificó a aquél como el autor de los disparos que lo alcanzaron (v. fs. 325 y 326 vta. de la causa n° 71.351), con lo cual no se advierte cómo podría negársele la intención típicamente necesaria que la defensa discute.
Con tal perspectiva, no advierto la incorrecta aplicación de la ley sustantiva alegada por la defensa (art. 495, CPP).
III.3.a. En lo que respecta a la denuncia de errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal -por no haberse aplicado una pena cercana al mínimo legal; v. fs. 386 y 391 y vta.-, y ante idéntico planteo llevado al Tribunal de Casación Penal (v. especialmente fs. 67 y 86 y vta., rec. casación), el a quo -en el control de la medida del quantum aplicado-, analizó y mantuvo las agravantes y atenuantes ponderadas en la instancia, y descartó que la pena impuesta a Pecastaing (y otros encartados) "...por la cantidad de hechos que se les imputa, en función de las escalas aplicables, con fundamento en las circunstancias mensuradas en el veredicto, y cuanto resulta de los indicadores de los artículos 40 y 41 del Código Penal", haya sido "desproporcionada", y que el reclamo sólo exhibía "...una diferente óptica acerca de la manera en que deb[ía] realizarse el juicio individualizador o de la incidencia que las pautas mensuradas debier[on] tener en el monto punitivo, sin presentarse una crítica adecuada acerca de la motivación en la que el tribunal descansara sus conclusiones sobre el monto de la condena" (fs. 331/332 vta.).
III.3.b. Frente a ello, el recurrente se limita a pedir el mínimo legal sin brindar argumentos (v. fs. 391/392), lo que determina su insuficiencia (art. 495, CPP).
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.