Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130355
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (doctr. art. 403 y concs., CPP).
Asimismo, se rechaza el de inaplicabilidad de ley también deducido, con costas (art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 130.355, "Morales, Juan José. Recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley en causas n° 75.933 y sus acumuladas n° 75.934 y 75.936 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Pettigiani, de Lázzari.
El Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza, en lo que interesa, mediante pronunciamiento dictado el 3 de noviembre de 2015, condenó a Juan José Morales a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio criminis causae y tentativa de homicidio criminis causae (v. fs. 8/27).
Ante el recurso casatorio presentado por el señor defensor oficial (v. fs. 37/58 vta., del incidente casatorio), la Sala II del Tribunal de Casación Penal, el día 7 de marzo de 2017, hizo lugar parcialmente al recurso de casación en punto a la calificación legal y encuadró el hecho como constitutivo del delito de robo calificado por lesiones graves, por el empleo de armas, y por el resultado homicidio, en carácter de coautor, condenándolo a la pena de veintiún (21) años de prisión, accesorias legales y costas, considerando como pauta atenuante el retraso leve que padece (v. fs. 90/106 vta. de la causa n° 75.933).
Frente a lo así resuelto, el señor defensor de Casación Adjunto del imputado Morales, doctor Juan Domingo Nolfi, interpuso los recursos extraordinarios de nulidad (v. fs. 155/160 vta.) e inaplicabilidad de ley (v. fs. 161/170). La Sala interviniente concedió el primero y declaró inadmisible el segundo (v. fs. 182/191 vta.). Ante la queja presentada por la defensa (v. fs. 360/370 vta.), este Tribunal, el día 26 de diciembre de 2018, concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 386/389). A fs. 394/399 dictaminó la Procuración General, aconsejando su rechazo. A fs. 400 se dictó la providencia de autos. Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
En caso negativo:
2ª) Lo es el recurso extraordinario de inaplicabilidad deducido?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La defensa oficial de Juan José Morales -a cargo del doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi- denunció la violación de lo prescripto por los arts. 161, inc. 3, letra "b", 168 y 171 de la Constitución provincial desde que -a su modo de ver- la sentencia recurrida omitió el tratamiento de una cuestión sometida a consideración.
Sostuvo que esa parte, en oportunidad de recurrir ante el Tribunal de Casación había cuestionado -entre otros agravios- la determinación judicial de la pena impuesta a Morales por no haberse ponderado que el mismo padece una imputabilidad disminuida (v. fs. 157).
Agregó que, en el memorial presentado durante el trámite recursivo ante la sede del tribunal revisor, se había requerido que a pesar de que por edad biológica el imputado -al momento de comisión de los hechos-, no era menor de dieciocho años, al disminuirse la pena debería habérsela determinado bajo los parámetros del art. 4 de la ley 22.278 (v. fs. cit.).
Afirmó que no obstante ello, el Tribunal de Casación omitió brindar una respuesta jurisdiccional sobre dicha propuesta de reducción de la pena bajo el mecanismo del citado régimen minoril cuando el agravio era autónomo del de la valoración como atenuante de la imputabilidad disminuida; y a su vez, resultaba esencial para la solución del caso (v. fs. 158 y 159).
Estimó que ambas parcelas del recurso así lo denotaban y que no podría interpretarse que la cuestión habría sido desplazada, tildando de arbitraria la sentencia recurrida basada en la existencia de omisión de cuestiones planteadas, por afectación de las garantías de defensa en juicio y del debido proceso (v. fs. 160).
Finalizó solicitando que, al no haberse dado respuesta a lo oportunamente planteado, debía casarse la sentencia impugnada, y reenviarse los autos al tribunal intermedio a fin de que, debidamente integrado, dicte nueva decisión conforme a derecho (v. fs. 160 vta.).
II. Concuerdo con el señor Procurador General en que el recurso no puede progresar pues es criterio de esta Corte que la preterición (omisión) a que se refiere el art. 168 de la Constitución ocurre cuando el juzgador ha excluido el tema por descuido o inadvertencia, pero no cuando la materia aparece desplazada por el razonamiento expuesto en el pronunciamiento, o bien tratada implícitamente (conf. doctr. causas P. 70.692, sent. de 23-VI-1999; P. 101.608, resol. de 2-XII-2009; P. 109.775, resol. de 9-XII-2010; P. 111.516, resol. de 2-III-2011; P. 110.313, resol. de 16-V-2012; P. 107.598, sent. de 4-XII-2013; P. 114.109, sent. de 16-IV-2014; e.o.). Y esto último, conforme lo explicaré, es lo que ha acontecido en este expediente.
III. En el caso en examen, la defensa discutía -entre otros aspectos que no hacen aquí al análisis del recurso- la calificación legal en los términos del art. 80 inc. 7 del Código Penal que fuera impuesta en primera instancia y que determinó, lógicamente, la imposición de una pena absoluta para Juan José Morales.
Como consecuencia de que el Tribunal de Casación hiciese lugar a ese planteo, el señor defensor oficial actuante desarrolló el agravio referido a la necesidad de valorar la imputabilidad disminuida de Juan José Morales.
Específicamente ubicado como un cuarto motivo de agravio del recurso, argumentó que el tribunal del juicio había desconocido la capacidad disminuida de su asistido, la cual debía repercutir en la pena.
En su explicación el defensor (v. fs. 52 del legajo recursivo) textualmente dejó en evidencia el carácter accesorio del planteo al señalar que "...si se receptan los primeros motivos de este recurso y se interpreta que Morales solamente cometió el delito de robo agravado por el uso de arma de utilería, o subsidiariamente el delito de homicidio en ocasión de robo, entiendo que corresponde que se le aplique la pena mínima [...] valorándose para tal fin la imputabilidad disminuida del mencionado Morales".
Queda claro entones que, como primer punto de análisis, resultaba necesario que el pedido de cambio de calificación prosperara -lo que finalmente aconteció- para que el agravio reseñado cobrara relevancia. Esto es evidente ya que sólo ante una pena divisible podía valorarse la imputabilidad disminuida de Morales.
Efectivamente, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente Maldonado ("Maldonado, Daniel Enrique y otro s/ robo agravado por el uso de armas en concurso real con homicidio calificado -causa n° 1174-", expte. Letra M n° 1022, Libro XXXIX), sostuvo que la pena perpetua es absoluta y por lo tanto, no exige, de hecho, ningún esfuerzo argumental adicional para su determinación, agregando que este tipo de penas no admiten agravantes o atenuantes pues el legislador ha declarado, de iure "...que todo descargo resulta irrelevante: son hechos tan graves que no admiten atenuación alguna", y concluyó que "en los casos de plena culpabilidad por el hecho, este recurso legislativo resulta, en principio, admisible" (ver considerando 14).
Por el contrario, el planteo consistente en la aplicación de la reducción que establece el art. 4 de la ley 22.278 no aparecía sino como subsidiario ante el escenario de que no se hiciera lugar al agravio sobre el cambio de calificación legal del art. 80 inc. 7 del Código Penal.
En efecto, la propia redacción del recurso al que estoy haciendo mención es la que se encarga de despejar cualquier duda sobre el carácter subsidiario que revestía el planteo que ahora el doctor Nolfi pretende omitido por Casación -la aplicación del mecanismo estatuido por el art. 4to. de la ley 22.278-, puesto que allí la defensa señaló que para el caso de no hacerse lugar al cambio de calificación propiciado, se proponía la tesis a remolque de la doctrina elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (in re "Maldonado"), por la cual, la capacidad disminuida de Morales justificaba aplicarle el mismo estándar que el de la justicia de menores, pretendiendo así el traslado de aquel patrón de determinación judicial de la pena para el caso concreto (conf. argumento relacionado con el art. 4 de la ley 22.278, ver recurso de casación, fs. 54 vta. y 55, luego profundizado en el memorial de fs. 64/67).
IV. El órgano intermedio hizo lugar parcialmente al recurso de casación en punto a la incorrección de la significación jurídica del hecho para Morales y por ende lo calificó como constitutivo del delito de robo calificado por lesiones graves, por el empleo de armas, y por el resultado homicidio. En consecuencia, consideró como pauta atenuante el retraso leve que padece el imputado, reduciéndole la pena a veintiún (21) años de prisión (v. fs. 90/106 vta.).
No trató -en cambio- el relativo a la reducción de la pena por aplicación del art. 4 de la ley 22.278, pues tal como fuera relatado, no aparecía como un planteo independiente sino expresamente subsidiario al de la variación de la calificación de homicidio criminis causae (v. especialmente fs. 198). Esta circunstancia no varía aun cuando ahora el recurrente ponga el eje en su presentación que habilita el art. 458 última parte del Código Procesal Penal, pues, como es sabido, ésta no es una segunda oportunidad que permita añadir planteos omitidos, o variar la matriz o la naturaleza de los mismos, sino sólo complementar con citas o argumentos los ya contenidos en el recurso.
En consecuencia, su carácter subsidiario permaneció incólume y por ende la Casación no estaba obligado a su tratamiento (art. 451, tercer párr., CPP).
Finalmente, cabe recordar que es doctrina de esta Suprema Corte que aun cuando el a quo no haya respondido directamente cada uno de los argumentos de la parte, si el análisis valorativo conlleva un implícito rechazo del planteo, no se configura la indebida preterición que da lugar al recurso de nulidad (doctr. causas P. 93.196, sent. de 29-X-2008; P. 106.168, sent. de 17-III-2010; e.o.).
En consecuencia, no hubo omisión sino que la cuestión quedó desplazada por el acogimiento de un motivo prevalente, de modo que la sentencia cumple con las exigencias impuestas por la Constitución de la Provincia (arts. 168 y 171, Const. prov.).
Por ello, voto por la negativa.
Los señores jueces doctores Genoud, Pettigiani y de Lázzari, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La defensa planteó que, el tribunal intermedio, no fundó su decisión acerca de la determinación de la pena, lo que la tornó arbitraria por violatoria del derecho de defensa y del debido proceso (v. fs. 164 vta.).
Afirmó que, si bien el órgano revisor resolvió recalificar los hechos, lo que implicó una considerable disminución de la magnitud del injusto imputado, con la valoración favorable de imputabilidad disminuida solicitada, no dio justificación alguna de cómo arribó a dicho monto sancionatorio. Transcribió doctrina autoral acerca de la necesidad de que la sentencia sea la derivación razonada del derecho vigente. Citó el precedente "Aranda, Oscar Alejandro" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (A.957.XLVII., sent. de 20-XII-2013) en el que se ratificó que la determinación de la pena debe ser fundada, incluso cuando ella importe disminuirla (v. fs. 167 vta.).
Al reproducir apartados de la sentencia, aludió a la imposibilidad de conocer las razones por las cuales se fijó la pena de veintiún años, desconociéndose el punto de ingreso a la escala como el balance realizado a partir de los baremos atenuantes y agravantes que venían firmes y la diminuente valorada.
Insistió en que el cuadro padecido por su asistido es "debilidad mental moderada" y un "retraso global del desarrollo con trastorno de la personalidad sin causa aparente" y no un "retraso leve" como lo evalúa el tribunal intermedio, condiciones personales necesarias para una fundamentación precisa en la determinación de la pena.
II. Como lo sostiene el señor Procurador General, a cuyo dictamen me remito haciendo propios los argumentos allí vertidos (v. fs. 397/399), el recurso no puede prosperar.
El tribunal revisor no se apartó de las constancias de la causa -tal como lo afirma el recurrente- pues, al contrario, para la individualización de la pena en el nuevo encuadre legal, explicó que obliteraba el art. 41 bis del Código Penal, valoraba una nueva atenuante, permaneciendo firme como diminuente la ausencia de condenas anteriores y antecedentes penales; y que con base en tales parámetros estableció en veintiún años de prisión la pena que en primera instancia había sido de prisión perpetua.
De este modo, no es exacto que el órgano revisor haya omitido brindar las razones que tuvo en cuenta para fijar la pena, por lo cual, el recurrente no demuestra la tacha de arbitrariedad que le endilga a esa parcela del fallo ni la aplicación al caso de los precedentes de la Corte federal y de este Tribunal que cita (doctr. art. 495, CPP).
Ahora bien, si lo que la defensa pretendía era que además de ello, la decisión hubiera asignado un valor numérico a cada pauta, sumando y restando cada una de ellas sobre algún punto de ingreso a la escala penal, corresponde señalar que esta Corte ha declarado invariablemente que ese método no resulta impuesto por norma alguna (conf. causas P. 79.708, sent. de 18-VI-2003; P. 95.068, sent. de 13-II-2008; P. 98.599, sent. de 9-IV-2008; e.o.).
El reclamo acerca del diferente diagnóstico que invoca acerca de su asistido, al entender que presenta un cuadro de "debilidad mental moderada", tampoco puede prosperar.
En efecto, la defensa no logra demostrar la diferencia que invoca, tan solo expresa su propia opinión personal en forma dogmática, y contrario al temperamento adoptado. En tal sentido, cabe destacar que esta Corte tiene dicho que el mero disenso, o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo, desde el ángulo de la técnica del carril intentado (conf. causas P. 102.516, sent. de 20-VIII-2008; P. 101.759, sent. de 18-XI-2009; P. 104.310, sent. de 25-IX-2009; P. 110.668, sent. de 22-XII-2010; P. 117.860, resol. de 19-III-2014; P. 117.680, resol. de 26-III-2014; e.o.).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud, Pettigiani y de Lázzari, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la segunda cuestión también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (doctr. art. 403 y concs., CPP).
Asimismo, se rechaza el de inaplicabilidad de ley también deducido, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Fin de la sentencia