Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132188
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.188, "C., C. A.. Recurso extraordinario de nulidad en causa n° 87.735 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Torres, Genoud, de Lázzari.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 12 de julio de 2018, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por el señor defensor oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de San Isidro de fecha 8 de agosto de 2017 -y su rectificación del día 11 de agosto del mismo año-, que condenó a C. A. C. a la pena de diecinueve años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por sus circunstancias y duración en el tiempo, cometido en perjuicio de P. F. desde el año 2012 hasta el año 2015 y en julio del año 2014, respectivamente -hechos I y II-; abuso sexual gravemente ultrajante por sus circunstancias y duración en el tiempo, cometidos en perjuicio de L. B. S. durante el año 2014 -hecho III-; tenencia ilegal de arma de uso civil y de guerra, en concurso real, ocurrido el día 26 de agosto de 2015 -hecho IV-; y abuso sexual gravemente ultrajante por sus circunstancias y duración en el tiempo, en concurso ideal con corrupción de menores, víctimas G. Q. y C. C. durante el año 2011 -hecho V- (v. fs. 346/350 vta. con relación a fs. 129/197 y rectificatoria de fs. 198/199).
El señor defensor oficial adjunto ante esa instancia -doctor Nicolás Agustín Blanco-, dedujo los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 366/376 vta.) y de nulidad (v. fs. 377/383), siendo que el primero fue inicialmente declarado inadmisible por la Sala interviniente (v. fs. 385/389) pero, tras el recurso de queja de la parte (v. fs. 521/528, causa P. 131.835), fue concedido por esta Suprema Corte a fin de abordar la denuncia de revisión aparente y arbitrariedad al confirmar la pena impuesta en el fallo de primera instancia, sin fundamentar adecuadamente la misma (v. fs. 530/532).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 538/544), presentada la memoria por parte de la defensa oficial (v. fs. 552/554 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 545) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
Previa: ¿Corresponde declarar de oficio la extinción de la acción penal por prescripción en la presente causa con relación al delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal?
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley deducido?
V O T A C IÓ N
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I.1. El dictado de la ley 25.990 (B.O., 11-I-2005) y la consiguiente modificación de las causales de interrupción de la prescripción por actos de procedimiento (art. 67, apdo. cuarto, incs. "b" a "e") hace necesario que este Tribunal analice prioritariamente si a raíz de tal innovación la acción nacida como consecuencia de la comisión del delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal se ha extinguido.
I.2. He tenido oportunidad de señalar con respecto a la sanción de la ley 25.990 (B.O., 11-I-2005) que "...la mencionada ley ha implicado un cambio sustancial en las relaciones que está llamada a regir, respecto de las normas anteriormente vigentes, consagrando una solución contrapuesta con la que al amparo de estas últimas mayoritariamente venía sosteniendo este Tribunal que había efectuado una interpretación amplia de la expresión 'secuela de juicio', a la que había definido como 'último acto con entidad suficiente para dar [...] inequívoco impulso [...] al proceso...'" (conf. causa P. 76.237, "Nasario" y muchos otros).
"Ello tenía la finalidad de evitar la impunidad de los actos delictivos, con fundamento legal, y dentro del marco de las posibilidades reales y efectivas que conforme a los recursos técnicos y humanos existía para aplicar la ley penal en el ámbito judicial geográfico de la Provincia de Buenos Aires".
"Más allá del juicio axiológico que la nueva legislación individualmente nos pueda merecer a la luz de los principios de oportunidad y conveniencia -sin perjuicio de la indudable justicia de la aspiración de que los procesos se sustancien en el plazo más breve-, lo cierto es que, así como no nos es permitido a los jueces por ejemplo controvertir la reducción de la pena que corresponda a un determinado delito cuando ella es establecida por medios constitucionales idóneos, tampoco aparece posible efectuar cuestionamientos a la norma sancionada dictada siguiendo iguales carriles" (conf. causa P. 83.722, sent. de 23-II-2005).
I.3. A su vez, es un criterio consolidado que la prescripción puede (y debe) ser declarada, incluso, de oficio, en cualquier instancia del proceso y por cualquier tribunal, por tratarse de una cuestión de orden público que, como tal, actúa de pleno derecho, por el solo "transcurso del tiempo" (conf. causas P. 57.460, sent. de 29-XII-2004; P. 83.722, sent. de 23-II-2005; e.o.).
I.4. Por otro lado, esta Suprema Corte viene sosteniendo de manera reiterada que el fallo revisor de la sentencia de condena interrumpe el curso de la prescripción, doctrina que fue sentada en la causa P. 121.979, "Salinas" (resol. de 16-VIII-2015), conforme los lineamientos que habían sido establecidos en las causas P. 84.431, sentencia de 31-X-2007; P. 90.959, sentencia de 3-IX-2008; P. 90.736, sentencia de 30-IX-2009; P. 105.309, sentencia de 29-IV-2015; entre otras.
I.5. Sentado lo anterior, si bien recientemente he compartido el criterio plasmado por el doctor Torres en las causas P. 131.475, "Villafañe" (sent. de 21-VII-2020) y P. 132.525, "Godoy" (sent. de 23-VII-2020), a cuyos términos remito en su totalidad en cuanto a la decisión de aplicar la doctrina del fallo de la Corte federal dictado, por mayoría, en la causa "Farina" (sent. de 26-XII-2019), referido a la interpretación del art. 67 inc. "e" del Código Penal (ley 25.990) y en el sentido de considerar que el último acto interruptor de la prescripción al que se alude en dicha norma es (únicamente) "...el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme", en el caso es innecesario efectuar mayores disquisiciones al respecto pues, aun de seguirse la doctrina que esta Corte venía sosteniendo hasta aquellos pronunciamientos (doctr. causa P. 121.979, resol. de 16-VIII-2015 y su progenie), la acción penal en orden al delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal (art. 189 bis, inc. 2, párr. primero -texto conf. ley 25.886-, Cód. Penal), por el que junto a otros ilícitos viene condenado C. A. C. en concurso real, de todos modos, está prescripta.
En efecto, tanto sea que se compute el término legal de prescripción desde la sentencia de primera instancia de fecha 8 de agosto de 2017 (v. fs. 129/197 y su rectificación de fs. 198/199), como que se lo haga a partir del fallo del Tribunal de Casación Penal que confirmó aquella decisión el día 12 de julio de 2018, en esta causa se arriba a la misma conclusión, esto es, que el plazo prescriptivo -dos años- ha transcurrido fatalmente de acuerdo con los arts. 62 inc. 2 y 67 inc. "e" del Código Penal (según ley 25.990).
I.6. La información sobre los antecedentes penales del procesado, obrantes a fs. 570/573 y 574/575, no permite tener por configurada la comisión de otro delito con posterioridad (art. 67, cit., apdo. "a").
II. De todo lo expuesto se sigue que debe declararse de oficio la extinción de la acción penal por prescripción en orden al delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal respecto de C. A. C., por el que arriba condenado junto a otros ilícitos en concurso real (arts. 2, 55, 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 letra "e" -según ley 25.990- y 189 bis inc. 2 párr. primero -texto conf. ley 25.886-, Cód. Penal).
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Torres y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron la cuestión previa también por la afirmativa.
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Atento los antecedentes que fueran desarrollados en su voto por el señor Ministro Pettigiani, dejando a salvo mi criterio respecto a que la prescripción de la acción penal se computa paralelamente solo en el caso de concurso real de delitos, tanto antes como después del dictado de la ley 25.990 (conf. causa P. 79.797, "Vasallo", sent. de 28-V-2003), adhiero en lo pertinente (pto. 1.5. segundo párr. y sigs.) al voto del citado señor Ministro que abre el acuerdo, por encontrarse prescripto el delito de tenencia ilegal de arma de uso civil que concurría con los restantes por los que venía condenado el imputado, tanto si se toma como punto de partida para el transcurso de la prescripción la fecha de la sentencia de primera de instancia, como si se considera la correspondiente al fallo de casación. Dándose asimismo los restantes requisitos exigidos para su procedencia.
Por lo demás, mantengo las consideraciones formuladas respecto del precedente "Farina", a las que remito en honor a la brevedad (conf. causas "Villafañe", sent. de 21-VII-2020 y "Godoy", sent. de 23-VII-2020).
Voto por la afirmativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Contra la sentencia reseñada en los antecedentes, el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia interpone recurso extraordinario de nulidad (v. fs. 377/383), por el que denuncia la omisión de tratamiento de una cuestión esencial y la violación de la doctrina de esta Corte sentada en la causa P. 117.574 (v. fs. 379).
Señala que el tribunal a quo omitió el tratamiento de los agravios que portaban tanto el recurso de casación que había interpuesto el entonces defensor particular de C. A. C. (v. fs. 205/217 vta.), como los expuestos por el propio imputado mediante el escrito obrante a fs. 259/265, ocasionando la afectación del derecho de defensa y de obtener la revisión del fallo por un tribunal superior (arts. 18, Const. nac. y 8.2 apdo. "h", CADH; v. fs. 379/381).
Por último, destaca que la violación de los arts. 161 inc. 3 letra "b", 168 y 171 de la Constitución provincial importa asimismo el dictado de una sentencia arbitraria (v. fs. 381 vta.).
Por todo lo expuesto, solicita la nulidad de la sentencia y que se reenvíen los autos para el dictado de un nuevo pronunciamiento en el cual se aborden las cuestiones planteadas y omitidas (v. fs. 382 y vta.).
II. En el memorial del art. 487 del Código Procesal Penal, el señor defensor oficial volvió a insistir en que la jurisdicción del Tribunal de Casación Penal se hallaba abierta para el tratamiento de los agravios formulados por el imputado, y al no hacerlo desconoció el alcance del derecho de defensa material y la garantía a la revisión amplia del fallo condenatorio (arts. 18, Const. nac.; 15, Const. prov.; 8.2 apdo. "h", CADH y 14.5, PIDCP; v. especialmente fs. 552 vta./554 de la referida memoria).
III. Cabe aclarar que serán abordados los planteos formulados por el recurrente en la vía extraordinaria de nulidad en trato, en tanto no se ven alcanzados por lo resuelto en la cuestión precedente. En tal sentido coincido con lo dictaminado por la Procuración General (v. especialmente fs. 538 vta./541 vta.), el recurso no prospera.
IV. Liminarmente cabe realizar una reseña del derrotero procesal seguido para así tener una mejor comprensión sobre la solución del caso.
IV.1. La sentencia de condena pronunciada por el Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de San Isidro, fue notificada de forma personal al imputado con fecha 24 de agosto de 2017 quien manifestó su voluntad de apelarla (v. fs. 202), sin perjuicio de que el día 10 de agosto del mismo año ya había exteriorizado su decisión de recurrir el fallo -en ese momento- con la asistencia de su defensor de confianza, el doctor Jorge Césaro (v. fs. 201).
IV.2. El letrado particular presentó recurso de casación el día 29 de agosto de 2017 (v. fs. 205/217 vta.), y solicitó una prórroga de cuarenta días para estudiar el expediente y preparar adecuadamente el recurso (v. pto. II, fs. 205 vta. del escrito).
IV.3. El día 18 de septiembre de 2017 el Tribunal de mérito resolvió que el plazo de veinte días para interponer el recurso de casación con sus requisitos formales se había cumplido el día 15 de septiembre de ese año, pero en virtud de la reserva efectuada por el defensor y el imputado, se lo intimaba para que en el término de tres días presentara formal recurso ante el tribunal intermedio conforme el art. 451 del Código Procesal Penal (v. fs. 218 y notificación al defensor de fs. 219/220).
IV.4. El día 29 de septiembre de 2017 se intimó nuevamente al letrado a cargo de la defensa del encausado para que en el término de tres días agregara las copias requeridas en el párrafo segundo del art. 456 y aportara el resumen al que alude el art. 451 -segundo párrafo-, ambos de Código Procesal Penal, además de constituir domicilio dentro del radio del Tribunal de Casación (v. fs. 221 y notificación de fs. 222/223).
IV.5. Que a fs. 203 obra acta labrada en la alcaidía departamental de fecha 30 de octubre de 2017, en donde el señor defensor oficial, doctor Matías Alejandro Mancini, se entrevistó con C. A. C. quien manifestó su deseo de ser nuevamente juzgado por considerar que durante la audiencia de debate se encontró en un estado de indefensión, y solicitó ser asistido por una defensa eficaz.
IV.6. El día 8 de noviembre de 2017 el señor defensor oficial acompañó el resumen correspondiente al recurso de casación que había interpuesto el entonces defensor particular (v. fs. 224/225 vta.), pero a la vez presentó uno nuevo a fin de dar sustento legal a la voluntad recursiva manifestada in pauperis por C. (v. fs. 226/231).
IV.7. Acto seguido, el día 9 de noviembre de 2017, el Tribunal en lo Criminal de origen resolvió: "Siendo que el presente recurso satisface los requisitos de tiempo y forma regulados, en lo pertinente, por el art. 451 del C.P.P., a la vez que los impugnantes, el imputado C. A. C. y la Defensa técnica, actualmente a cargo del Sr. Defensor Oficial, Dr. Matías Mancini, se encuentran legitimados para recurrir, y en vista que la sentencia objeto de recurso, se enmarca dentro de las resoluciones que el Código de Rito establece como susceptible de ser impugnadas por esta vía, declárese admisible el mismo en los términos de los arts. 433, 448, 451, 454 y 456 del C.P.P. Notifíquese y oportunamente elévese el presente recurso al Excmo. Tribunal de Casación Penal de esta Provincia, mediante oficio de estilo" (fs. 232).
De ello, se notificó al señor Fiscal el día 17 de noviembre de 2017 (v. fs. 232 vta.), y al señor defensor oficial el día 23 del mismo mes, quien además puso en conocimiento que se había dado intervención a la titular de la Defensoría de Ejecución Penal Departamental (v. fs. 234 vta.). Asimismo, el día 13 de noviembre de 2017, se anotició de la admisibilidad del recurso de casación articulado por la defensa pública al imputado en su lugar de detención (v. fs. 235 -acta-).
IV.8. Seguidamente, se recibió el legajo recursivo en sede casatoria, se dio intervención a la Sala IV del Tribunal intermedio, se corrió traslado a las partes a los fines previstos en el art. 458 del Código Procesal Penal y el encartado acompañó una presentación de fecha 7 de diciembre de 2017 donde solicitó comparecer en la Defensoría Oficial (v. fs. 239/244), y otra el día 7 de marzo de 2018 a través de la cual peticionó que se presentara junto al recurso de casación del señor defensor oficial el incoado por su anterior letrado de confianza, doctor Jorge Raúl Césaro (v. fs. 259/265 y especialmente fs. 264 vta.).
IV.9. De la presente surge que su defensa solicitó al tribunal de origen fotocopias del recurso casatorio que había deducido el mencionado defensor particular, lo que así sucedió con fecha 12 de abril de 2018 (v. fs. 283/290 vta.).
IV.10. El día 2 de mayo de 2018 se cumplió con el comparendo del imputado en la sede de la Defensoría Oficial de Casación, donde manifestó su deseo de que se acumulara a la presente causa el habeas corpus que se hallaba tramitando bajo el n° 89.908, por abordarse en el mismo cuestiones relacionadas con el objeto de los recursos de casación planteados oportunamente (v. fs. 277 -acta-).
IV.11. El día 15 de junio de 2018 el señor defensor oficial adjunto de Casación, doctor Nicolás Agustín Blanco, presentó escrito en el cual se notificó del recurso casatorio que dedujera el letrado particular, pero mantuvo expresamente el incoado por el señor defensor oficial departamental, doctor Matías Alejandro Mancini, remitiéndose -dada su autosuficiencia- a los fundamentos allí expuestos (v. fs. 333 y vta.).
IV.12. Es así que en respuesta a la actuación desplegada en interés del procesado -según fuera reseñado en el punto anterior-, el órgano casatorio dispuso -en lo pertinente- un nuevo comparendo del imputado ante su defensor oficial, tuvo por desistida a dicha parte de celebrar la audiencia de informes en la presente causa en razón del memorial presentado (v. fs. 333 y vta.) y corrió vista al señor Fiscal a los fines previstos en el art. 458 del Código Procesal Penal (v. fs. 334), quien presentó el memorial y desistió de la aludida audiencia informativa (v. fs. 337/339).
IV.13. Finalmente, el Tribunal de Casación Penal abordó los agravios llevados por el señor defensor oficial, sin mención del incoado por el letrado particular (v. fs. 346/350 vta.).
V. Como adelanté, coincido con el dictamen de la Procuración General en cuanto postula el rechazo de la impugnación (v. especialmente fs. 538 vta./541 vta.).
V.1. De la reseña efectuada podemos advertir que el Tribunal en lo Criminal, mediante decisión del día 9 de noviembre de 2017, sólo concedió el recurso de casación interpuesto por el señor defensor oficial al considerar que cumplía con los requisitos de tiempo y forma regulados por el Código de rito (v. fs. 232). Esa decisión no fue cuestionada en modo alguno ni por su defensa ni por el propio imputado (v. notificaciones de fs. 234 vta. y 235).
Ello así dado que -en función del derrotero procesal que fue sintetizado en el apartado IV- el recurso de casación que había presentado con anterioridad el letrado particular, doctor Jorge Raúl Césaro, a fin de canalizar la voluntad recursiva puesta de manifiesto por su asistido (v. fs. 201, 202 y 205/217 vta.), no fue admitido por el Tribunal de la instancia originaria debido a que había "...vencido el plazo de veinte días para interponer[lo] con sus requisitos formales", no obstante lo cual resolvió intimar al letrado para que dentro del plazo de tres días "...presente formalmente recurso de recurrir por ante el Excmo. Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires (art. 451 del C.P.P.)" (decreto del día 18 de septiembre de 2017; fs. 218). Luego, el citado Tribunal interviniente, mediante el dictado de una nueva providencia de fecha 29 de noviembre de 2017 (v. fs. 221), resolvió intimar al letrado de confianza del procesado por el plazo de tres días -previo a conceder el recurso de casación- a fin de que: agregue copias de la impugnación (art. 456, CPP), aporte el resumen del recurso (art. 451, CPP) y constituya domicilio dentro del radio del Tribunal casatorio (v. fs. 221), de lo cual se notificó al defensor particular -doctor Jorge Raúl Césaro- mediante cédula (v. fs. 221/223 vta.).
El cumplimiento de esos requisitos inherentes a
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