Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132304
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.304, "Meneses, Mauricio José s/ Recurso extraordinario de nulidad, en causa n° 88.869 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Torres, Kogan, Genoud.
La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 18 de septiembre de 2018, rechazó por improcedente -sin costas- el recurso homónimo interpuesto por el señor defensor oficial a favor de Mauricio José Meneses contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata, que lo condenó a la pena de ocho años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de los delitos de robo agravado por la utilización de arma blanca y lesiones leves, en concurso material entre sí, con más declaración de reincidencia (arts. 55, 89 y 166 inc. 2, Cód. Penal; v. fs. 47/50 vta. con relación a fs. 7/13).
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal referido interpuso recurso extraordinario de nulidad (v. fs. 62/65 vta.), el que fue concedido por resolución del tribunal intermedio (v. fs. 69/70).
Obra el dictamen del señor Procurador General, quién aconsejó el rechazo del recurso (v. fs. 75/77 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 78), presentada la memoria por parte del doctor Mario Luis Coriolano (v. fs. 83/86), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
Previa: ¿Corresponde declarar de oficio la extinción de la acción penal por prescripción en la presente causa en orden al delito de lesiones leves?
¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto por la defensa?
V O T A C IÓ N
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Previo al tratamiento del recurso interpuesto por el señor defensor oficial, esta Corte deberá analizar si se encuentra o no vigente la acción penal en orden al delito de lesiones leves -que concurre en los términos del art. 55 del Código Penal con el delito de robo agravado por el uso de arma blanca-, por los que fuera responsabilizado Mauricio José Meneses.
I.1. El dictado de la ley 25.990 (B.O., 11-I-2005) y la consiguiente modificación de las causales de interrupción de la prescripción por actos de procedimiento (art. 67, apdo. cuarto, incs. "b" a "e") hace necesario que este Tribunal analice prioritariamente si a raíz de tal innovación la acción nacida como consecuencia de la comisión del delito antes mencionado se ha extinguido.
I.2. He tenido oportunidad de señalar con respecto a la sanción de la ley 25.990 (B.O., 11-I-2005) que "...la mencionada ley ha implicado un cambio sustancial en las relaciones que está llamada a regir, respecto de las normas anteriormente vigentes, consagrando una solución contrapuesta con la que al amparo de estas últimas mayoritariamente venía sosteniendo este Tribunal que había efectuado una interpretación amplia de la expresión 'secuela de juicio', a la que había definido como 'último acto con entidad suficiente para dar [...] inequívoco impulso [...] al proceso...'" (conf. causa P. 76.237, "Nasario"; e.o.).
"Ello tenía la finalidad de evitar la impunidad de los actos delictivos, con fundamento legal, y dentro del marco de las posibilidades reales y efectivas que conforme a los recursos técnicos y humanos existía para aplicar la ley penal en el ámbito judicial geográfico de la Provincia de Buenos Aires".
"Más allá del juicio axiológico que la nueva legislación individualmente nos pueda merecer a la luz de los principios de oportunidad y conveniencia -sin perjuicio de la indudable justicia de la aspiración de que los procesos se sustancien en el plazo más breve-, lo cierto es que, así como no nos es permitido a los jueces por ejemplo controvertir la reducción de la pena que corresponda a un determinado delito cuando ella es establecida por medios constitucionales idóneos, tampoco aparece posible efectuar cuestionamientos a la norma sancionada dictada siguiendo iguales carriles" (conf. causa P. 83.722, sent. de 23-II-2005).
I.3. A su vez, es un criterio consolidado que la prescripción puede (y debe) ser declarada, incluso, de oficio, en cualquier instancia del proceso y por cualquier tribunal, por tratarse de una cuestión de orden público que, como tal, actúa de pleno derecho, por el solo "transcurso del tiempo" (conf. causas P. 57.460, sent. de 29-XII-2004; P. 83.722, sent. de 23-II-2005; e.o.).
I.4. Por otro lado, esta Suprema Corte viene sosteniendo de manera reiterada que el fallo revisor de la sentencia de condena interrumpe el curso de la prescripción, doctrina que fue sentada en la causa P. 121.979, "Salinas" (resol. de 16-VIII-2015) conforme los lineamientos que habían sido establecidos en P. 84.431, sentencia de 31-X-2007; P. 90.959, sentencia de 3-IX-2008; P. 90.736, sentencia de 30-IX-2009; P. 105.309, sentencia de 29-IV-2015; entre otras.
I.5. Sentado lo anterior, si bien recientemente he compartido el criterio plasmado por el doctor Torres en las causas P. 131.475, "Villafañe" (sent. de 21-VII-2020) y P. 132.525, "Godoy" (sent. de 23-VII-2020), a cuyos términos remito en su totalidad en cuanto a la decisión de aplicar la doctrina del fallo de la Corte federal dictado, por mayoría, en la causa "Farina" (sent. de 26-XII-2019), referido a la interpretación del art. 67 inc. "e" del Código Penal (ley 25.990) y en el sentido de considerar que el último acto interruptor de la prescripción al que se alude en dicha norma es (únicamente) "...el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme", en el caso es innecesario efectuar mayores disquisiciones al respecto pues, aun de seguirse la doctrina que esta Corte venía sosteniendo hasta aquellos pronunciamientos (doctr. causa P. 121.979, resol. de 16-VIII-2015, y su progenie), la acción penal en orden al delito de lesiones leves (art. 89, Cód. Penal) de todos modos está prescripta.
En efecto, tanto sea que se compute el término legal de prescripción desde la sentencia de primera instancia de fs. 7/13 -dictada el 11 de diciembre de 2017- como que se lo haga a partir del fallo del Tribunal de Casación que confirmó aquella decisión del 18 de septiembre de 2018, en esta causa se arriba a la misma conclusión, esto es, que el plazo prescriptivo -dos años- ha transcurrido fatalmente de acuerdo con los arts. 62 inc. 2 y 67 inc. "e" del Código Penal (según ley 25.990).
I.6. La información sobre los antecedentes penales del procesado provenientes de la Dirección de Antecedentes Personales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 102 y vta.) y del Registro Nacional de Reincidencia (v. fs. 104/112) no permite tener por configurada la comisión de otro delito con posterioridad (art. 67 cit., apdo. "a").
I.7. De todo lo expuesto se sigue que debe declararse de oficio la extinción de la acción penal por prescripción respecto del imputado Mauricio José Meneses en orden al delito de lesiones leves, por el que viene condenado junto a otro ilícito en concurso real (arts. 2, 55, 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 letra "e" -texto según ley 25.990- y 89, Cód. Penal).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al voto del doctor Pettigiani en cuanto propicia declarar de oficio la extinción de la acción penal por prescripción con relación al delito de lesiones leves.
Sin perjuicio de ello, y más allá de que la calificación legal impuesta por el tribunal de origen no ha sido cuestionada en autos, corresponde dejar aclarado que, en casos como el presente, no procede un concurso real entre los delitos de robo agravado por el uso de arma y lesiones leves, toda vez que estas últimas quedan subsumidas por la propia violencia del robo. Por demás, si ellas fueran graves o gravísimas, formarían parte de la figura agravada del art. 166 inc. 1 del Código Penal.
Aclarado ello, voto por la afirmativa.
A la cuestión previa planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a la propuesta del doctor Pettigiani de declarar de oficio la prescripción de la acción penal respecto del delito de lesiones leves (art. 89, Cód. Penal) que concurre en los términos del art. 55 del Código Penal con el delito de robo agravado por el uso de arma blanca, por los que fuera responsabilizado Mauricio José Meneses.
En mi opinión el punto de partida para computar el plazo es la sentencia del Tribunal de Casación que confirmó la condena de primera instancia del 18 de septiembre de 2018, pues tal acto integra el concepto establecido por el legislador en el art. 67 inc. "e" del Código Penal, de acuerdo con la doctrina vigente en ese entonces (conf. causa P. 121.979, "Salinas", resol. de 16-VIII-2015 y su progenie). El criterio interpretativo de la Corte Federal -de seguimiento obligatorio para el tribunal que integro- fue adoptado con posterioridad al acto que aquí revistió calidad interruptora (causa CSJ 2148/2015/RH1, "Farina, Haydeé s/homicidio culposo", sent. de 26-XII-2019) y por tanto no puede retroactivamente privarlo de ese efecto.
Aún con tal salvedad llego a igual conclusión pues desde la fecha que indiqué (18 de septiembre de 2018) hasta el presente, ha transcurrido el plazo previsto en el art. 62 inc. 2 del Código Penal, en relación con el delito tipificado en el art. 89, sin que se verifique la causal prevista en el art. 67 cuarto párrafo inc. "a" (ley 25.990) -actual sexto párrafo inc. "a", según ley 27.206; Boletín Oficial de 10-XI-2015-, a tenor de los informes de la Dirección de Antecedentes Personales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires de fs. 102 y vta., y del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal que obran a fs. 104/112.
Por ello, habiéndose constatado el cumplimiento de todos los requisitos legales del instituto de la prescripción de la acción penal adhiero al colega indicado y, a la presente, voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos que el señor Juez doctor Pettigiani, a la cuestión previa planteada votó también por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Contra la sentencia reseñada en los antecedentes, la defensa del imputado Mauricio José Meneses deduce recurso extraordinario de nulidad (v. fs. 62/65 vta.).
Denuncia la omisión de tratamiento de cuestión esencial y violación a la doctrina de esta Corte en causa P. 117.574 (v. fs. 63).
Alega que el a quo no abordó los agravios que formuló el imputado de manera pauperis ante esa instancia intermedia a fs. 39/42 vta. luego de haber sido presentado el recurso de casación y la contestación de la vista conferida en los términos del art. 458 del Código Procesal Penal por parte de su defensor oficial (v. fs. 20/24 y 32 y vta., respectivamente), relativos a la "...absurda valoración de la prueba efectuada por el tribunal de juicio", lo cual ha generado un perjuicio concreto para su asistido con afectación al derecho de defensa y a obtener la revisión del fallo por un tribunal superior (arts. 18, Const. nac. y 8.2 "h", CADH), que importó el dictado de una sentencia arbitraria (v. fs. 63 vta./65).
Recuerda que en esa oportunidad -v. presentación de fs. 39/42 vta.- había planteado que el fallo de condena dictado en sede originaria había incurrido en absurdo probatorio al momento de tener por acreditada la existencia de la materialidad ilícita y la autoría responsable del imputado respecto de los hechos juzgados en transgresión al principio in dubio pro reo, además de haber solicitado que los señores jueces del Tribunal revisor reciban al nombrado en audiencia de visu a fin de ser escuchado (v. fs. 62 vta. y 63).
Finalmente considera que no habiendo existido respuesta -ni siguiera implícita- al agravio de Mauricio José Meneses en su presentación de fs. 39/42 vta., corresponde la declaración de nulidad de la sentencia (v. fs. 65).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso (v. fs. 75/77 vta.).
III. A fs. 83/86 el doctor Mario Luis Coriolano presentó la memoria en los términos del art. 487 tercer párrafo del Código Procesal Penal, quien acompañó la presentación recursiva extraordinaria y peticionó que se dejen a un lado las consideraciones del dictamen fiscal.
IV. Por compartir los fundamentos del señor Procurador General, considero que el recurso no prospera.
IV.1. Cabe señalar que el señor defensor oficial de la instancia, doctor Eduardo Carmona, interpuso contra la sentencia de la que se diera cuenta en los antecedentes, recurso de casación (v. fs. 20/24), en el que denunció apartamiento de la pena peticionada por el señor fiscal en violación a los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional, 171 de la Constitución provincial, 8.1, 8.2 "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Luego de aclarar que no cuestionaría la existencia del hecho ni la responsabilidad del causante, sino el quantum de la sanción aplicada, sostuvo que no existió razón como para apartarse del mínimo legal de pena o como máximo de la requerida por el señor agente fiscal -siete años de prisión- (v. fs. 21 y vta.). Además, denunció violación al principio acusatorio por haber sido impuesta una pena en exceso de un modo inmotivado, y a la garantía del juez imparcial al haberse establecido su cuantía sin fundamentos razonables y desconociendo la división de funciones constitucionalmente asignadas en el juicio penal (v. fs. 22 y vta.).
Luego, con fecha 7 de junio de 2018, el señor defensor oficial adjunto ante la instancia intermedia desistió de la audiencia de informes y mantuvo "expresamente" el recurso casatorio (v. fs. 32 y vta.).
Posteriormente el imputado presentó escrito titulado "Presenta apelación. Solicita elevación a tribunales superiores de casación en lo penal de la Provincia de Buenos Aires (Art. 435 del C.P.P.)" (v. fs. 39/42 vta.), recibido el 8 de junio de 2018 por el tribunal de origen (v. cargo final de página de fs. 42 vta.). En esa presentación advirtió que se encontraba "...totalmente desamparado en su derecho a Defensa" (fs. 39 vta.), haciendo hincapié en su inocencia. Denunció -en lo pertinente- absurdo en la valoración de la prueba tanto en la acreditación de la materialidad de los eventos como de su autoría responsable, en vulneración al principio in dubio pro reo y derecho de defensa en juicio, con base en alegaciones siquiera esgrimidas en el juicio, ni hacerse cargo de la diversa estrategia de defensa que ello con lleva. Sostuvo además que no se habían valorado atenuantes planteadas por la defensa y sí ponderado incorrectamente agravantes (v. fs. 39 vta./41).
Corrida la vista a su defensa oficial (v. fs. 43), esta solicitó que sea remitida al Tribunal de Casación Penal para ser agregada al legajo casatorio (v. fs. 44).
IV.2. Conforme ese derrotero, la cuestión vinculada con la absurda valoración de la prueba respecto del cuerpo del delito y la autoría responsable en los ilícitos en reproche que -tal como afirma la parte- no recibió contestación (v. fs. 63 y vta. del recurso extraordinario), no fue oportunamente planteada en el recurso de casación y, en consecuencia, el Tribunal no estaba obligado a su abordaje (art. 451 cuarto párrafo, CPP -texto según ley 14.295-; conf. causas P. 106.880, resol. de 2-XII-2009; P. 103.576, sent. de 9-VI-2010 -en lo pertinente-; P. 110.781, resol. de 28-III-2012; P. 112.444, resol. de 12-XII-2012; P. 116.812, resol. de 3-VII-2013; P. 111.507, sent. de 9-X-2013; P. 116.335, resol. de 30-X-2013; P. 117.544, resol. de 18-XII-2013; P. 117.582, resol. de 23-XII-2013; P. 126.573, sent. de 10-V-2017; P. 124.117, sent. de 5-VII-2017; P. 125.077, sent. de 13-XII-2017; P. 121.206, sent. de 11-IV-2018; P. 128.641, sent. de 6-VI-2018; e.o.).
Cabe recordar que la última parte del apartado cuarto del art. 451 del ritual -conf. ley 14.295-, marca el límite temporal para expresar los motivos de casación: hasta la interposición del recurso. Una vez vencido ese término "...el recurrente no podrá invocar otros motivos distintos".
Las posteriores ocasiones procesales -en especial, la audiencia prevista en el art. 458 del Código Procesal Penal- están contempladas para que se complete, con argumentos y citas legales, el planteo originario del recurso, sin que quepa ampliar el espectro del material sobre el cual el Tribunal de Casación debe ejercer su control de legalidad.
IV.3. Tal como se desprende del propio desarrollo discursivo que realiza el recurrente, la defensa oficial a cargo de la asistencia técnica del imputado en ocasión de interponer el recurso de casación no formuló ningún agravio referido al "absurdo en la valoración de la prueba" reconociendo que ello recién fue alegado en un escrito posterior presentado por el propio imputado, por fuera del plazo para recurrir.
En consecuencia, no se advierte omisión alguna del a quo en el tratamiento de la cuestión que en el escrito in pauperis de Mauricio José Meneses fue desarrollado con posterioridad al recurso de casación, cumpliéndose en el caso con el estándar fijado por los arts. 168 y 171 de la Carta magna local para dotar de validez a una sentencia definitiva.
Por último, en lo atinente a la denuncia de trasgresión de garantías y principios constitucionales, son todos temas ajenos a la vía intentada y eventualmente subsanables por vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (doctr. causas Ac. 47.955, resol. de 23-XII-1991; Ac. 50.960, resol. de 18-V-1993; Ac. 85.556, resol. de 3-XII-2003; Ac. 91.706, resol. de 20-VI-2007; Ac. 92.133, resol. de 16-IX-2009; P. 117.558, sent. de 15-IV-2015; P. 125.256, resol. de 26-X-2016; P. 121.623, resol. de 22-II-2017; P. 129.546, resol. de 22-XI-2017; P. 131.007, resol. de 29-V-2019; e.o.).
V. Por fuera de las consideraciones expuestas, las que por sí mismas resultan idóneas para desestimar la vía impugnativa escogida, corresponde aclarar que tampoco se advierte un supuesto excepcional de indefensión en el que hubiere estado el encausado, en tanto esgrimió encontrarse, en un segmento de su presentación a fs. 39 vta., "...totalmente desamparado en su derecho de Defensa", sin ninguna demostración de lo así afirmado.
Al respecto, esta Corte ha admitido planteos de similar tenor frente a supuestos de desconocimiento de gestiones conducentes para el encauzamiento de la voluntad recursiva expresada in pauperis por el imputado privado de su libertad, lo que no ha ocurrido en el caso (conf. doctr. P. 82.833, sent. de 7-II-2007; P. 88.887, sent. de 18-IV-2007; e.o.); ni es posible parangonar la situación a un supuesto de interpretación excesivamente ritualista (conf. doctr. causas P. 81.109, sent. de 29-X-2003; P. 82.438, sent. de 21-IX-2005; P. 129.247, sent. de 21-XI-2012; entre muchas otras). Y tampoco es atendible la violación a la doctrina de esta Corte emanada del precedente P. 117.574, resolución de 12-II-2014, que ha sido alegada por el recurrente (v. esp. fs. 63 y 64 vta.), en tanto no ha sido relacionada con el caso en juzgamiento en función de las normas que gobiernan la impugnación extraordinaria en trato.
Surge de las constancias del presente legajo casatorio -causa 88.869- que el imputado Meneses contó durante el trámite procesal con la asistencia de su letrado de confianza, doctor Eduardo Chávez (v. esp. fs. 3/6 -acta de debate- y 14 -escrito por el que formula reserva de recurrir ante la Casación-) hasta el momento de la renuncia de este como abogado defensor (v. fs. 16 y vta.), continuando -sin interrupciones- a partir de allí en esa faena la defensa oficial durante el desarrollo de la etapa recursiva, quien ejerció dis
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