Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132756
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en causa P. 132.756, "Carnero, Lucas Gabriel. Recurso extraordinario de nulidad en causa n° 85.445 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Pettigiani, de Lázzari.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 22 de mayo de 2018, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la señora defensora oficial de Lucas Gabriel Carnero contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata que lo condenó a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo autor responsable del delito de homicidio simple (v. fs. 177/184 vta.).
Contra esa decisión, el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia intermedia -doctor Nicolás Agustín Blanco-, articuló recursos extraordinarios de nulidad (v. fs. 195/199 vta.) y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 200/216).
El tribunal intermedio declaró admisible el primero de ellos e inadmisible el de inaplicabilidad de ley (v. fs. 221/225 vta.), cuya denegatoria motivó la queja pertinente, que fue concedida por esta Suprema Corte a efectos de examinar las cuestiones federales allí planteadas (v. fs. 329/332).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 338/340 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 344) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor oficial denunció la omisión de tratamiento de una cuestión esencial y la violación a la doctrina de esta Suprema Corte en causa P. 117.574 (v. fs. 196).
Explicó que, al deducir el recurso de casación, esa parte había dedicado el apartado "B" del mismo a desarrollar las críticas relacionadas con la determinación de la pena, y que "...tal punto contenía dos agravios claramente diferenciados", tales "...la ausencia de tratamiento de pautas atenuantes solicitada por la defensa y [...] la incorrecta valoración de circunstancias agravantes" (fs. 196 y vta.).
Continuó señalando que en el punto "B.2)" había cuestionado la valoración de "la fuga del acusado" del lugar del hecho, "el haber consumido alcohol", "la puesta en peligro de mayor cantidad de personas" y "la nimiedad del problema por el que se causó la muerte" como agravantes, sirvieron de fundamento para encuadrar la conducta del imputado como homicidio simple por dolo eventual, con lo cual -en su parecer- "...se incurriría en una doble valoración prohibida de una misma circunstancia" (fs. 196 vta.).
Adujo que dicho agravio fue desarrollado de manera clara e independiente y, a pesar de ello, la resolución aquí recurrida omitió su tratamiento (v. fs. 196 vta. y 197).
Luego recordó que es doctrina de esta Corte que "...configura un caso de omisión de 'tratamiento' de una cuestión", cuando se someten agravios a consideración y "...a pesar de que el tribunal reconoce -al reseñar sus planteos- que hay un reclamo sobre el punto no aborda de manera alguna el tema", citando en apoyo los precedentes de esta Corte en causas P. 82.514, sentencia de 11-IV-2007; P. 38.292, sentencia de 19-VI-1990; P. 117.574 "Paniagua", sentencia de 12-II-2014; entre otras (v. fs. 197 vta.).
Señaló que el a quo "...ha omitido pronunciarse sobre una cuestión esencial [...] trabada oportunamente, y cuya falta de tratamiento ha generado un perjuicio concreto" para su asistido (fs. cit. vta.).
Por último, estimó "...importante destacar que la violación de lo prescripto por los arts. 161, inc. 3°, letra "b", 168 y 171 de la Constitución [p]rovincial importa asimismo el dictado de una sentencia arbitraria" (fs. 198 vta.).
Solicitó que, por todo ello, se case la sentencia impugnada reenviando los autos al Tribunal casatorio a efectos de que se aborde la cuestión planteada con resguardo de las garantías constitucionales que han sido quebrantadas (v. fs. 199).
II. El señor Procurador General dictaminó propiciando se acoja favorablemente el recurso extraordinario de nulidad. Coincido con él.
III. La cuestión que se aduce preterida fue planteada en el apartado "B.2)" del recurso casatorio.
En efecto, en el reclamo subsidiario introducido por la señora defensora oficial planteó la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal mediante dos agravios claramente diferenciados. En el primero -individualizado como "B.1)"- reclamó la nulidad de la pena por falta de tratamiento de atenuantes invocadas por la defensa; y en el restante -"B.2)"- desarrolló la aludida crítica sobre la errónea aplicación de las pautas agravantes que motivó la interposición del presente recurso (v. fs. 132/135 vta.).
El fallo del Tribunal de Casación, en lo que concierne a estos reclamos, solo se ocupó del primero de ellos -al que hizo lugar- ingresando al tratamiento de las pautas atenuantes omitidas, pero no encontró que las mismas constituyeran circunstancias que ameritaran atenuar el reproche (v. fs. 182 y vta.). Sin embargo, en ninguno de los pasajes que conforman la sentencia impugnada, se dio concreta respuesta a los embates vinculados con la errónea valoración de las circunstancias agravantes y que -a juicio de la defensa- habrían importado una doble valoración prohibida en la calificación legal (v. fs. 182/183 vta.). Es más, ni siquiera fue enunciado en la reseña de antecedentes como un planteo que la parte había llevado a conocimiento del órgano revisor.
De tal modo el a quo incurrió en transgresión del art. 168 de la Carta magna local al omitir el tratamiento de dicha cuestión, en la medida en que el reclamo, de haber progresado, podría haber incidido en el monto de la pena finalmente impuesta al imputado (art. 168, Const. prov.; conf. causas P. 56.246, sent. de 20-VIII-1996; P. 52.189, sent. de 14-V-1996; P. 66.051, sent. de 28-IX-1999 y P. 103.945, sent. de 11-II-2009).
El art. 168 de la Constitución provincial exige que los tribunales de justicia resuelvan todas las cuestiones que les fueren sometidas por las partes, en la forma y plazos establecidos al efecto por las leyes procesales.
Además, el recurrente consiguió demostrar su carácter esencial (conf. causa P. 76.228, sent. de 4-VI-2008), pues a "...los fines del recurso extraordinario de nulidad, resultan esenciales las cuestiones o tópicos propuestos que puedan objetivamente incidir en la solución del litigio, y que omitidos, conllevan a la nulidad del fallo" (conf. causa P. 116.841, resol. de 11-VI-2014).
En tal sentido, esta Corte tiene dicho que "Corresponde anular el fallo que omitió considerar la cuestión relativa a las circunstancias atenuantes y agravantes pues su tratamiento por el a quo resultaba esencial en los términos del art. 168 de la Constitución vigente" (conf. causa P. 56.246, sent. de 20-VIII-1996).
En consecuencia, corresponde declarar la nulidad parcial de la sentencia obrante a fs. 177/184 vta., en el ámbito de la determinación de la pena impuesta a Lucas Gabriel Carnero, debiendo volver los autos al tribunal de casación para que se dicte un fallo conforme a derecho en el aspecto aludido (arts. 492 y concs., CPP y 168, Const. prov.).
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Genoud, Pettigiani y de Lázzari por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Liminarmente debo señalar que, en virtud de la decisión arribada en la cuestión anterior, no corresponde que me expida en la presente con relación a los planteos vinculados con la graduación de la pena.
Cabe destacar, además, que aún, cuando el señor Procurador General en su dictamen afirmó que dada la solución propuesta para el recurso extraordinario de nulidad no resultaba pertinente ingresar al análisis del de inaplicabilidad de ley (v. fs. 340 vta.), lo cierto es que en el marco en que quedó abierta la competencia de este Tribunal corresponde abordar los agravios de índole federal que -amén de lo dicho en el párrafo precedente- se plantearon con la suficiencia técnica necesaria (conf. resol. de fs. 329/332).
II. Sentado ello, el señor defensor oficial adjunto denunció la errónea revisión de la sentencia de condena por violación a la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales que deriva de la razonabilidad republicana y del derecho de defensa, la violación a la presunción de inocencia y al principio "in dubio pro reo", todo ello por la errónea aplicación del art. 79 y la inobservancia del art. 84 bis, ambos del Código Penal (arts. 1 y 18 Const. nac.; 8.2 CADH y 14.2, PIDCP; v. fs. 203 vta.).
Sostuvo que el fallo impugnado constituyó un tránsito aparente por la instancia revisora que frustró el derecho al doble conforme, ya que ante los planteos efectuados en el recurso que reclamaban la revisión del modo en el que el a quo había considerado acreditada la calificación legal asignada a la conducta atribuida a su defendido, la respuesta consistió en una reiteración de las razones del tribunal de grado y no en una verificación de si este había aplicado de modo correcto el método histórico (v. fs. 203 vta. y 204).
Adujo que, ante el reclamo de esa parte, relacionado con que no se había logrado establecer con el grado de certeza que requiere una sentencia condenatoria que Carnero se haya representado la posibilidad de arribar al resultado trágico que produjo su manejo imprudente, el órgano revisor no hizo ninguna mención a la figura específica reclamada por la defensa (v. fs. 204 vta.).
Destacó que la decisión basada en que su asistido tuvo pleno control del rodado en el hecho, resulta arbitraria y autocontradictoria. Lo primero, pues de tal forma hubiera "...logrado evitar atropellar a la víctima, ya que en ningún momento se discutió que esa fue su verdadera intención -esquivar el control policial-, para evitar que le secuestraran el auto" (fs. cit.). Y autocontradictoria porque, en tal caso "...la embestida contra la víctima quedaría enmarcada dentro de una conducta realizada con dolo directo y no con el dolo eventual que pretende atribuirle la sentencia" (fs. 205).
Argumentó que el órgano revisor tuvo por acreditado el dolo eventual "...a partir de inferencias extraídas de la propia conducción imprudente, y específicamente de circunstancias que fueron especialmente contempladas por el legislador al describir el nuevo art. 84 bis del Código Penal, que por el contrario tipifica acciones sin lugar a dudas culposas" (fs. 205 y vta.).
Dijo que, a pesar de encuadrar la conducta descripta en la materialidad ilícita del citado art. 84 bis, el sentenciante rechazó el pedido de la defensa sin brindar una acabada respuesta a los planteos expuestos en el recurso, y confirmó arbitrariamente la aplicación del art. 79 en perjuicio de Carnero (v. fs. 205 vta. y 206).
Señaló que es arbitrario lo resuelto en el sentido de considerar que el imputado consintió la probabilidad de ocurrencia del resultado fatal pues -en su criterio- con la prueba colectada de ningún modo se podría "...dar por acreditado de manera indubitada ese extremo" (fs. 206).
Por el contrario, afirmó que "...Carnero no consintió como un resultado posible la muerte de una persona porque confió, aunque erróneamente, en su habilidad al volante para poder sortear la situación sin provocar lesiones a terceros" (fs. 206 vta.).
Expresó que el fallo puesto en crisis al reseñar los motivos por los que consideraba acreditado el dolo eventual, echó mano a conductas y circunstancias previstas por el legislador para agravar conductas culposas, sin explicar las razones por las que se apartaba del razonamiento propuesto por la ley (v. fs. 207).
Reclamó que por aplicación del principio in dubio pro reo se debería estar a la calificación más beneficiosa, tal la de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y temeraria de un vehículo automotor (v. fs. 207 vta.).
En definitiva, concluyó que el fallo impugnado es prácticamente una transcripción de la sentencia de primera instancia, con lo cual no puede sostenerse que sea una revisión integral, amplia y eficaz de aquella, y que ello habría resultado conculcatorio del derecho a la doble instancia, del in dubio pro reo y el derecho de defensa en juicio (v. fs. 207 vta. y 208).
III. Estimo que el recurso debe ser rechazado.
III.1. El órgano de juicio tuvo por acreditado, y ello arribó firme a la instancia casatoria, que "El día 21 de julio de 2015, siendo aproximadamente las 03.27 hs., un sujeto del sexo masculino mayor de edad [...] conduciendo un vehículo VW UP, dominio OTJ591, por la avenida Colón desde 14 de Julio hacia la costa, haciéndolo a excesiva velocidad, no legalmente habilitado para conducir y con un nivel de alcohol en sangre más alto del límite legalmente autorizado [...] al llegar a la intersección con la calle Hipólito Irigoyen, desoyendo las indicaciones de detener su marcha por parte del personal policial y de tránsito que se hallaban llevando a cabo un operativo de control de alcoholemia -y las manifestaciones en igual sentido de las personas que lo acompañaban en el vehículo-, continuó acelerando [...] pasó a la mano contraria y embistió de frente al funcionario policial -Néstor Fabián Mendiola- quién se encontraba en su trayectoria, llevándolo sobre el capot hasta expulsarlo contra una columna de alumbrado ubicada a mitad de cuadra, provocándole de esa manera gravísimas lesiones que derivaron en su inmediato fallecimiento (en particular: fractura en ambas piernas, expuesta en pierna derecha; traumatismo de cráneo; traumatismo severo de tórax con estallido severo de pulmón y grandes vasos). Sin detener la marcha en ningún momento, se fugó del escenario de los hechos, hasta ser interceptado por personal policial en la intersección de Arenales y Brown, de esta ciudad" (fs. 86 y vta.).
En cuanto a la calificación legal, el tribunal de juicio comenzó señalando la sutil diferencia conceptual que existe entre el dolo eventual y la culpa con representación, para luego ocuparse de determinar qué había pasado por la psiquis del encausado al momento de los hechos y así desentrañar -sin duda alguna- si el mismo se desinteresó del resultado causado con su accionar o si pensó seriamente que el mismo no iba a ocurrir (v. fs. 91 vta. y 92).
A partir de un repaso de los dichos del imputado, se preguntó si era creíble que aquel no se representara seriamente que el desenlace fatal podía ocurrir o que podía haberlo evitado, y con alusión a la multiplicidad de acciones indebidas realizadas por el encausado, adelantó que Carnero sabía a ciencia cierta que algo tan grave podía ocurrir y se desinteresó por el resultado (v. fs. 92 y vta.).
En ese discurrir, destacó "...la poca experiencia de Carnero en el arte de manejar" considerando que ello no era un dato menor pues la culpa con representación exige "...que el sujeto esté persuadido que con su habilidad ha de evitar el resultado" (fs. 92 vta.). Asimismo, que el imputado había ingerido voluntariamente una importante cantidad de bebidas alcohólicas que en modo alguno afectó su capacidad de culpabilidad y que se había comprobado que venía circulando a una velocidad mayor a la reglamentariamente permitida. Coincidió con el señor fiscal en cuanto a que "...en ese momento la velocidad debía ser de cero km/h, toda vez que el operativo de alcoholemia ignorado por Carnero así lo imponía" (fs. cit.). Sumado a ello, ponderó las testimoniales del ingeniero Omar Alcides Santi y de Maximiliano Ariel Ibarra.
Destacó además que de acuerdo a la reiterada apreciación de los testigos "...el vehículo no frenó en momento alguno en su criminal trayectoria emprendida desde que esquivó el comienzo del control de alcoholemia, fue también advertida por el suscripto en los videos aportados por el acusador, donde en momento alguno se percibe activarse la luz del stop del freno" (fs. 93 vta.).
Concluyó que los datos objetivos analizados no le permiten dar por cierta la versión del imputado a partir de "...su mera expresión de deseos de que el hecho no sucedería, sino por el contrario lo posicionan en una clara situación de dolo eventual" (fs. 94).
III.2. A su turno, el órgano intermedio en respuesta al reclamo de la defensa según el cual su asistido no obró a título de dolo eventual sino de culpa, sostuvo que "El plexo probatorio en su conjunto conduce a la acreditación de la materialidad ilícita tal como la describe el 'a quo', el cual realizó un pormenorizado análisis de las pruebas colectadas, sin que se evidencie fisura lógica alguna" (fs. 178 vta.).
En tal sentido reseñó los testimonios de Diego Ezequiel Ismael -oficial de policía-, Cintia Falcón -inspectora de la Dirección de Tránsito municipal- Walter Guillermo Gómez -empleado municipal de la Dirección de Tránsito a cargo del operativo esa noche-, Walter Oscar Gómez, Oscar Alcides Santi -integrante de la Asesoría Pericial Departamental- y María Sandra Amalfitani -perito forense- (v. fs. 179/180).
A partir de ello, afirmó que "...la calificación legal dada por los sentenciantes es la correcta, atento a la probanza de autos, atribuyéndose a Lucas Carnero el delito de homicidio a título de dolo eventual, comprendiendo que [-por lo allí transcripto-] en el caso de marras, el sujeto activo tuvo pleno control del rodado y que la excesiva velocidad impresa al mismo produjo la colisión y posterior muerte de Néstor Fabián Mendiola" (fs. 180).
En línea con lo señalado por el señor fiscal, dijo que "...Carnero esa noche condujo el vehículo a gran velocidad, no evitando -pudiendo haberlo hecho- el control de alcoholemia por otros lugares menos peligrosos" y que "Llegando al control y sin acatar los pedidos de que frenara de las autoridades, incluso los de los mismos amigos y acompañantes, prefirió eludir a las personas que le ordenaron que se detuviera, maniobra que puso en peligro la integridad de las mismas. Se desplazó hacia la mano contraria volviendo a esquivar a otras personas que se encontraban en su camino y ahí, sin siquiera pisar el freno, embistió a Néstor Fabián Mendiola" (fs. 180).
Con relación a que la defensa adujo que Carnero no tuvo la intención de provocar la muerte de la víctima, sostuvo -con apoyo en un precedente de la Sala- que "...lo que quiera o no el sujeto activo del delito es algo que pertenece a su fuero interno y no debe ser objeto de valoración". Añadió que "En los delitos dolosos cometidos en el contexto de la seguridad vial; hay que probar exclusivamente que se ha creado un riesgo relevante para la seguridad en el tráfico y que el sujeto conocía ese riesgo. Es decir, el dolo abarca el riesgo inherente a la conducta, no la producción de resultados lesivos para la vida o la salud" (fs. 180 vta.).
Explicó la relevancia para estos casos de trazar el límite entre la culpa consciente y el dolo eventual, dijo que la primera "...es el conocimiento
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