Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 133697
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza, por mayoría de fundamentos, el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (art. 493, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.697, "Gallardo, Ricardo Daniel s/ recurso extraordinario de nulidad en causa n° 94.216 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Torres, Kogan, Genoud, Pettigiani.
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 30 de abril de 2019, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa de Ricardo Daniel Gallardo contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Morón que lo condenó a la pena de veintitrés años de prisión, accesorias legales y costas, con más la declaración de reincidencia, por resultar autor responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma, privación ilegal de la libertad, abuso sexual agravado por haber existido acceso carnal, todos en concurso real y corrupción de menores en concurso ideal (v. fs. 102/111 vta.).
Frente a lo así decidido, la señora defensora oficial adjunta ante el tribunal referido interpuso recurso extraordinario de nulidad (v. fs. 130/134), el que fue concedido por resolución del órgano intermedio (v. fs. 135/137).
Oído el señor Procurador General, quién aconsejó el rechazo del recurso (v. fs. 143/145), dictada la providencia de autos (v. fs. 147) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto por la defensa?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La señora defensora oficial, con invocación del art. 168 de la Constitución provincial, denunció la omisión de tratamiento de una cuestión esencial (v. fs. 132 vta.).
Alegó que el tribunal intermedio se expidió sobre el puntual planteo esgrimido en el recurso de casación, pero no efectuó ninguna referencia sobre los específicos y concretos agravios introducidos en oportunidad de presentar la memoria prevista en art. 458 del Código Procesal Penal, relativos a la violación de la ley sustantiva (v. fs. 132 vta. y 133).
Adujo que, con el afán de mejorar la situación procesal de su asistido, impugnó, por un lado, la aplicación de los arts. 55 y 142 inc. 1 del Código Penal, por entender que, configurada la privación ilegal de la libertad de modo independiente del robo, se quebraba en dos un hecho único dado que la privación ilegal de la libertad había sido utilizada como un medio para consumar la sustracción y asegurar su impunidad, formando parte de las violencias del robo, y por otro que se hallaba ausente la demostración del elemento subjetivo del delito de corrupción, pero el órgano revisor ni siquiera analizó la procedencia formal de los planteos mencionados.
La omisión de tratar esos agravios, que tenían una entidad tal que, de ser exitosos, podrían haber modificado el resultado del proceso, importó a su juicio la infracción constitucional denunciada (v. fs. 133).
Por último, alegó que lo así resuelto importa también el dictado de una sentencia arbitraria, dado que constituye una específica causal para su concurrencia, la que se produce cuando se omite el pronunciamiento, sin razón justificatoria, sobre una cuestión de derecho expresamente articulada, lo que genera la afectación de las garantías de defensa en juicio y debido proceso (v. fs. 133 vta.).
Solicitó la nulidad de la sentencia y el reenvío a sus efectos.
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
Los planteos con relación a los cuales se denunció omisión de tratamiento no fueron oportunamente introducidos ante la instancia intermedia y, por lo tanto, no generaba obligación de resolverlos teniendo en cuenta que era el recurso de casación -en el cual no fueron mencionados- y no la memoria la ocasión en la cual debió formularlos (arts. 168, Const. prov. y 451, CPP).
La asistencia técnica del imputado en ocasión de interponer el recurso de casación cuestionó el monto de pena impuesto a su asistido y que no se haya tenido en cuenta como atenuante, su condición de drogodependiente (v. fs. 94/101 vta.).
Luego al desistir de la audiencia de informes y presentar el respectivo memorial, la señora defensora adjunta introdujo los agravios relativos a la calificación legal de los sucesos bajo juzgamiento (v. fs. 111/113 vta.).
De tal modo, el Tribunal no estaba obligado a su abordaje (art. 451 tercer párrafo, CPP; conf. causas P. 106.880, resol. de 2-XII-2009; P. 103.576, sent. de 9-VI-2010; P. 107.875, sent. de 2-III-2011; P. 110.781, resol. de 28-III-2012; P. 112.444, resol. de 12-XII-2012; P. 116.812, resol. de 3-VII-2013; P. 111.507, sent. de 9-X-2013; P. 116.335, resol. de 30-X-2013; P. 117.544, resol. de 18-XII-2013; P. 117.582, resol. de 23-XII-2013; P. 129.699, sent. de 13-IX-2018; e. o.).
El último párrafo del apartado cuarto del art. 451 del ritual, marca el límite temporal para expresar los motivos de casación: hasta la interposición del recurso. Una vez vencido ese término "...el recurrente no podrá invocar otros motivos distintos".
Basta recordar que las posteriores ocasiones procesales -en especial, la audiencia prevista en el art. 458 del Código Procesal Penal- están contempladas para que se complete, con argumentos y citas legales, el planteo originario del recurso, sin que quepa ampliar el espectro del material sobre el cual el Tribunal de Casación debe ejercer su control de legalidad.
Es decir que, vencido el plazo de interposición, cualquiera de las demás intervenciones de las partes ante dicho órgano jurisdiccional sólo pueden estar dirigidas a enriquecer los originales agravios expuestos en el recurso, mas no pueden incorporarse cuestiones nuevas, ajenas a aquel.
Finalmente, la denuncia de violación a las garantías constitucionales -derecho de defensa y debido proceso-, son temas ajenos a la vía intentada y eventualmente subsanables por vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (conf. SCBA P. 110.072, resol. de 18-IV-2011; P. 107.461, resol. de 30-V-2012; P. 122.027, resol. de 8-IV-2015; e. o.).
La sentencia cumple con las exigencias impuestas por la Constitución de la Provincia (arts. 168 y 171, Const. prov.) que la parte alegó como vulnerados (v. fs. 133) en tanto también está fundada en ley.
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del colega ponente, el doctor Eduardo de Lázzari, aunque dejo a salvo mi postura respecto a que las denuncias sobre pretensos agravios federales (para el caso, derecho de defensa y debido proceso) aun cuando en rigor no encajen en los supuestos tasados del art. 491 del Código Procesal Penal, deben ser igualmente atendidos por esta Corte más allá de la vía utilizada por el recurrente, a los fines de dar cumplimiento con la doctrina del tránsito previo por ante el Superior Tribunal de la causa (conf. doctrina CSJN "Strada", 308:490; "Christou", 310:324; "Di Mascio", 311:2478 y P. 63.922, "Cáceres", sent. de 10-V-2006, e. o.).
Aun con tal salvedad, las invocaciones de afectaciones a tales garantías no se encuentran acompañadas de desarrollos autónomos sino integradas al planteo de omisión de tratamiento de una cuestión esencial (bajo la modalidad de la doctrina de arbitrariedad de sentencias).
En tal sentido, me remito a la respuesta ya brindada por mi colega que sobre la base de la doctrina inveterada de este Cuerpo se establece el plazo máximo para la presentación de agravios, hasta la interposición del recurso (doctr. art. 451, CPP). De tal modo, el Tribunal de Casación no se encontraba obligado a dar tratamiento a los planteos introducidos en la memoria, por lo que cabe rechazar el embate también desde el prisma de la arbitrariedad de sentencias (por violación a la defensa en juicio y al debido proceso).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza, por mayoría de fundamentos, el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (art. 493, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Fin de la sentencia