Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130094
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 130.094, "Musante, Gabriel Orlando. Recurso extraordinario de nulidad en causa 65. 454 y 66. 315 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Genoud, Pettigiani .
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 14 de abril de 2015, rechazó el recurso de la defensa interpuesto a favor de Gabriel Orlando Musante contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de San Isidro, que lo había condenado a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional y costas, con las condiciones del art. 27 bis del Código Penal, como coautor responsable del delito de coacción (art. 149 bis, segunda parte, Cód. Penal; v. fs. 75/88 vta.).
Contra esa decisión, el señor defensor particular interpuso recurso extraordinario de nulidad en favor de Musante (v. fs. 93/97 vta.) y el señor defensor particular de Monzón, Torres y Cueva interpuso recurso de inaplicabilidad de ley (v. fs. 107/117 vta.), habiendo sido solo concedido el primero de ellos (v. fs. 118/122 vta.). Finalmente, la sentencia respecto de Torres, Monzón y Cueva adquirió firmeza (v. fs. 262 y 263).
El señor Procurador General dictaminó a fs. 258/261 aconsejando que el recurso sea rechazado. Seguidamente, a fs. 265 se dictó la providencia de autos.
Con posterioridad, el señor defensor particular de Musante planteó la prescripción de la acción penal (v. fs. 300/302).
Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
Previa: ¿Corresponde declarar la prescripción de la acción penal en orden al delito de coacción?
En caso negativo:
¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Previo a dar tratamiento al recurso extraordinario de nulidad, conforme fuera expresamente solicitado por el defensor particular, doctor Santiago Moscardini (v. fs. 300/302), esta Corte analizará si se encuentra vigente la acción penal del delito de coacción, por el que viene condenado Gabriel Orlando Musante.
I.1. La defensa particular solicitó la prescripción de la acción penal por entender que había transcurrido el plazo de cuatro años previsto para el caso sin que se hubiera interrumpido ni suspendido el curso de prescripción (conf. arts. 62 inc. 2 y 149 bis segundo párrafo, Cód. Penal; v. fs. 300/302).
En primer lugar, alegó que no era posible aplicar la causal de suspensión prevista en el art. 67, segundo párrafo, del Código Penal. Para arribar a esa afirmación, la defensa argumentó que Musante no era funcionario público y que, si bien los coautores Torres y Cueva sí lo eran al momento de los hechos, ya no revestían esa calidad por haber sido desvinculados de la fuerza policial como consecuencia del resultado de la presente causa. Asimismo, agregó que estos últimos ocupaban cargos públicos de poca jerarquía, por lo que -a su criterio- devendría inconstitucional aplicar la causal de la suspensión en tanto ello no respetaría los fines que se propuso el legislador, tendientes a evitar posibles obstaculizaciones de la investigación.
En segundo término, el recurrente manifestó que, tomando en consideración la fecha de la sentencia de condena dictada en primera instancia -último acto interruptivo al que alude el art. 67, inc. "e", del Código Penal conforme el fallo "Farina" de la Corte nacional-, había transcurrido holgadamente el plazo de cuatro años previsto en el art. 62 inc. 2 del Código Penal con relación al delito tipificado en el art. 149 bis, segunda parte, del mencionado código. Incluso, agregó que, para el caso de que esta Corte no siguiera la doctrina del citado fallo "Farina", dicho plazo temporal también había transcurrido desde la sentencia de casación.
II. Ahora bien, dadas las particularidades del presente caso, el pedido de prescripción de la acción penal del delito regulado en el art. 149 bis, segunda parte, del Código Penal es improcedente en tanto se configuró la causal de suspensión prevista en el art. 67, segundo párrafo, del citado código que se prolongó desde el momento de los hechos hasta al menos el día 24 de enero de 2020.
En efecto, conforme se advierte del fallo de condena de primera instancia, en el delito de coacción por el que fue condenado Musante, también intervinieron en carácter de coautores Cueva y Torres, ambos funcionarios policiales al momento del hecho.
En lo que aquí importa, tal cual surge de la situación de revista de fs. 312, Torres continuó revistiendo la calidad de funcionario público al menos hasta el 24 de enero de 2020, momento en el cual, mediante la resolución n° 196/20 de la Auditoría General de Asuntos Internos, se dispuso su inactividad (v. fs. 320). Esta circunstancia hizo que el curso de la prescripción también se suspendiera respecto de Musante, sin importar -como erradamente pretende la defensa- que éste no fuera funcionario público.
En definitiva, las alegaciones de la parte tendientes a demostrar que no debe aplicarse la causal de suspensión de la acción se contraponen a la clara letra del citado art. 67, párrafo segundo, que establece que la prescripción se suspende "...en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público " (el destacado me pertenece).
Finalmente, las manifestaciones genéricas referidas a la imposibilidad de aplicar el citado art. 67 en función de la baja jerarquía que revestían Cueva y Torres, también se apartan del texto expreso de la ley ya que agregan requisitos que ésta no exige. Al respecto, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que "...el solo hecho de ejercer un cargo público, como sucede en este supuesto, genera que la suspensión de la prescripción se torne operativa", sin que la norma exija como condición para su aplicación -como lo pretende el recurrente- que el ejercicio de la función pública obstaculice o impida el proceder de la acción penal (conf. causa P. 121.590, sent. de 5-VII-2017).
Por todo lo expuesto, no habiendo transcurrido el plazo de cuatro años por haber operado la causal de suspensión del curso de la prescripción anteriormente explicada, corresponde rechazar el planteo (arts. 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 segundo párrafo y 149 bis segunda parte, Cód. Penal).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani, por los mismos fundamentos que el señor Juez doctor Torres, votaron la cuestión previa también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de nulidad, la defensa particular denunció la violación del art. 168 de la Constitución provincial por omisión de tratamiento de cuestiones esenciales (v. fs. 93/97 vta.).
De seguido, detalló los agravios llevados al Tribunal de Casación Penal que calificó de esenciales y dijo que no fueron tratados:
1. Omisión de tratamiento de la declaración del encargado de seguridad, Gustavo Javier Barreras, en el marco de la IPP 14-07-002543-09 (denuncia de Di Prinzio), que había sido incorporada por lectura y respaldaba que Musante no había visto el video de seguridad, tratándose -a su criterio- de un testimonio esencial que provenía de parte no interesada y brindado en los albores de la investigación (v. fs. 94 y 95 vta.).
2. Falta de elementos probatorios válidos que vinculen a Musante con los policías, o que den cuenta de la existencia de un acuerdo previo entreéstos (v. fs. 94 vta.).
3. Se afirmó que Musante quería desligarse de los empleados Barraza y Ovejero para lo cual intentó "...'vencer la voluntad y obtener las renuncias'" de ambos, todo ello sin sustento probatorio alguno más que meras apreciaciones subjetivas que afectaron el principio in dubio pro reo (v. fs. cit.) .
4. Arbitrariedad en el tratamiento de los planteos de la defensa vinculados a la falta de prueba suficiente para demostrar el supuesto "encuentro" en la estación de servicio, agregando que el tribunal de origen de cierta manera admitió que ello no se pudo probar ni tampoco la devolución de un disco compacto y documentación por parte de los policías; circunstancia que, a entender de la defensa, dejó en evidencia la mendacidad de los denunciantes (v. fs. 95).
Agregó que el Tribunal de Alzada nada dijo respecto a diversas circunstancias que daban cuenta de la referida mendacidad de los denunciantes, tales como que "...las actuaciones aparecieron (aunque un año después, pero no habían sido destruidas); la falta total de sentido de que Musante tuviera que 'recuperar' el video, ya que en todo caso el mismo era una mera copia de algo que estaba en las computadoras de la misma empresa; e incluso los horarios, los cuales a poco de ser analizados evidencian la imposibilidad de que entre el envío de los telegramas y la llegada a la empresa haya habido un paso por algún otro lugar" (fs. cit.).
Puntualizó que "...el telegrama aportado a. fs. 49 posee horario de las 12:35, y el video de la fábrica [...] determina la llegada a la fábrica de Musante con los dos empleados a las 13:00. Si tenemos en cuenta que entre la sucursal del correo de Munro, y la fábrica Berkes hay una distancia que medida en tiempo, en ese horario, lleva al menos veinte minutos, es materialmente imposible que se hayan desviado hacia una estación de servicio que Barraza ubica en la calle Alcorta de Carapachay (un lugar que no queda precisamente de paso)" (fs. 95 vta.).
Sentado ello, sostuvo que dichos agravios de carácter esencial fueron expresamente individualizados en el recurso de casación, pero no recibieron tratamiento explícito ni implícito, así como tampoco fueron desplazados por parte del Tribunal de Casación (v. fs. 96 vta. y 97).
II. Al igual que el señor Procurador General (v. fs. 258/261), considero que la impugnación debe ser rechazada.
III.1. En lo que respecta al planteo vinculado con la declaración del encargado de seguridad Barreras prestada en el marco de la IPP 2543-09 (cuestión 1° que la defensa dijo omitida; v. fs. 94), a partir de la lectura del fallo de casación, se advierte que en realidad ese testimonio fue descartado implícitamente.
Sobre el punto, cabe traer a colación que el a quo valoró el testimonio de Di Prinzio, que daba cuenta de que Musante estaba al tanto del supuesto intento de robo de su automotor con anterioridad a lo ocurrido en la seccional policial (v. fs. 85 vta.). Con ello, el hecho de que el acusado hubiera visto o no el video de seguridad carecía de relevancia. En efecto, más allá de compartir o no la manera en que el órgano revisor optó por resolver, no caben dudas de que el cuestionamiento de la defensa tuvo respuesta.
Cabe señalar que es doctrina de esta Suprema Corte que, aun cuando el a quo no haya respondido directamente cada uno de los argumentos de la parte, si el análisis valorativo conlleva un implícito rechazo del planteo, no se configura la indebida preterición que da lugar al recurso de nulidad (doctr. causas P. 93.196, sent. de 29-X-2008; P. 106.168, sent. de 17-III-2010; P. 116.699, sent. de 1-VI-2016; P. 132.095, sent. de 20-X-2020; e.o.).
Para más, y compartiendo lo dictaminado por el señor Procurador General, debe destacarse que tampoco surge de autos que la defensa, en ocasión de realizar su alegato ni en su dúplica, hubiera hecho alusión para que el tribunal tomara en cuenta la declaración del encargado de seguridad que ahora dice omitida; por el contrario, la propia parte reconoció que, el día anterior a los hechos de autos, Musante junto a la jefa de personal y Saucedo observaron el video donde se encontraban sus empleados alrededor del vehículo de Di Prinzio, dudando de Ovejero y Barraza (v. fs. 20/21 vta.).
III.2. Por otro lado, tal como se expondrá a continuación, las cuestiones 2°, 3° y 4° que la defensa dice omitidas en realidad fueron expresamente abordadas por el órgano revisor.
En primer lugar, el Tribunal de Casación Penal reprodujo el hecho que se tuvo por debidamente acreditado del siguiente modo: "El día 13 de mayo de 2009, en la oficina de guardia de la Empresa Berkes, sita en [...], [en] horas de la mañana, arribaron los funcionarios policiales Cueva y Torres, donde tras una breve entrevista trasladaron a Barraza y Ovejero hasta la seccional de Carapachay, argumentando que estaban vinculados al delito de robo automotor. Siendo acompañados por su Jefe de Producción, Sr. Musante y una vez en la seccional los tres imputados amenazaron a los empleados con la pérdida de libertad por estar involucrados en una causa penal, salvo que renunciaran a sus empleos. Los tres en connivencia, les manifestaron en tono amenazante que para no quedar detenidos por robos de autos, debían renunciar a sus empleos, propuesta realizada por Musante aparentando supuesta ayuda. Así, Musante los acompañó hasta el Correo Argentino desde donde remitieron telegramas de renuncia. Una vez lograda la renuncia, los dos primeros imputados rompieron los documentos que involucraban a los renunciantes" (fs. 80 y vta.).
De seguido, se expidió expresamente sobre los puntos que la parte denunció que no fueron tratados.
Veamos.
Tanto al abordar los agravios incluidos en los recursos de los coimputados como los interpuestos en el de Musante, el Tribunal de Alzada examinó expresamente los elementos a partir de los cuales, a su entender, se había alcanzado la certeza necesaria para afirmar el vínculo y acuerdo previo existente entre Musante y los policías Cueva y Torres, así como también la intención del primero de los nombrados de "'vencer la voluntad [de las víctimas] y obtener las renuncias'" (cuestiones 2° y 3° que la defensa denunció omitidas; v. fs. 94 vta.).
En tal sentido, el sentenciante afirmó que, con los testimonios de Barraza y Ovejero, que calificó de contestes y coherentes entre sí (v. fs. 83 vta.), se había demostrado que Musante, en el marco de un accionar previamente convenido con Torres y Cueva, propuso a los damnificados renunciar a su trabajo para así evitar su detención (v. fs. 80 vta. y 81).
Destacó que las amenazas de una posible detención e inicio de una causa penal tuvieron por objeto doblegar la voluntad de las víctimas para que renunciaran a sus empleos, objetivo que finalmente se logró (v. fs. 81).
Agregó que "...el ofrecimiento o consejo de Musante para que los damnificados renunci[aran] y evit[aran] así la detención carece de sentido, pues la renuncia de Ovejero y Barraza no podría evitar el desarrollo de la acción penal por un delito de acción pública, circunstancia que en realidad viene a poner de relieve el acuerdo existente entre los preventores y Musante, para lograr la renuncia de las víctimas" (fs. 85 y vta.).
Seguidamente, el tribunal revisor adunó que "...la mendacidad de Musante quedó evidenciada por el hecho de que el mismo aparentara haberse enterado del intento de robo del auto de Di Prinzio recién en la seccional policial, cuando en realidad, conforme emerge del testimonio de Di Prinzio, Musante ya estaba al tanto de lo ocurrido, lo cual revela también la estratagema urdida por Musante y los policías Torres y Cueva, para lograr la renuncia de los damnificados" (fs. 85 vta.).
Concluyó que no se afectó el principio in dubio pro reo en tanto el Tribunal de mérito había valorado la prueba de manera racional y arribado a conclusiones fundadas que la defensa no alcanzó a conmover. En esa línea, explicó que la invocación de la duda por parte de la defensa resultaba inatendible por insuficiente pues, en el marco de la revisión del fallo, no se advertía hesitación alguna por parte del juzgador ni se constataban anomalías en la ponderación de la prueba (v. fs. 86 vta.).
A su vez, el Tribunal de Casación se expidió expresamente sobre el encuentro de Musante con los policías en la estación de servicio (cuestión 4° que la defensa dice omitida; v. fs. 95) al afirmar que "Las supuestas contradicciones que la defensa pretende invocar no recaen sobre tramos esenciales del hecho, a la vez que no logran desmerecer el contenido incriminante que el 'a quo' apreció en los testimonios de Ovejero y Barraza. La circunstancia relativa a si Musante permaneció callado o preguntó qué pasaba cuando arribó la policía, o si lo hizo recién dentro de la comisaría, constituye un detalle periférico que no alcanza para restarle conducencia suasoria a los dichos de los damnificados. Lo mismo debe decirse en relación a lo declarado en relación a las contingencias que rodearon el encuentro con los preventores en la estación de servicio, luego de cursada la renuncia de los damnificados" (fs. 83 vta.).
Finalmente, descartó "...que las particulares conjeturas que elucubra el defensor, con sustento en el horario del telegrama y del horario de la llegada a la empresa, posean entidad para desvirtuar [el encuentro de Musante con los policías Torres y Cueva], tramo fáctico acreditado en el fallo con sustento en los testimonios de Barraza y Ovejero" (fs. 86 vta. y 87).
Cabe aclarar que, si bien no existe un tratamiento expreso sobre las alegaciones de la defensa tendientes a demostrar la mendacidad en los dichos de los damnificados puntualmente en cuanto a que "...las actuaciones aparecieron (aunque un año después, pero no habían sido destruidas)" y "...la falta total de sentido de que Musante tuviera que 'recuperar' el video, ya que en todo caso el mismo era una mera copia de algo que estaba en las computadores de la misma empresa" (fs. 95), lo cierto es que -tal como se expuso en los puntos anteriores- el Tribunal de Casación Penal abordó a lo largo de la sentencia los motivos por los cuales consideró acertado descartar la versión de los hechos expuesta por Musante y confirmar la condena sustentada, entre otros elementos, en los dichos de Barraza y Ovejero que califico de creíbles y contestes entre sí.
En suma, el órgano revisor no tiene la obligación de responder cada uno de los argumentos de la parte que dan cuenta de su disconformidad con la valoración de los hechos y la prueba en lo que respecta a la credibilidad de los dichos de las víctimas. En tal sentido, cabe recordar que es doctrina de esta Suprema Corte que "...no obstante la denuncia de preterición de determinados asuntos concernientes a la valoración de la prueba, el tribunal intermedio no está obligado a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo los que estime pertinentes para la resolución del tema" (conf. causas P. 93.646, sent. de 14-VI-2006; P. 115.530, resol. de 9-IV-2014; P. 129.304, sent. de 19-IX-2018; e.o).
En definitiva, si bien la defensa denunció la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, tales críticas, en rigor, se vinculan al modo en que el órgano revisor valoró la prueba y al acierto jurídico de lo decidido, todo lo cual resulta ajeno al acotado ámbito del recurso extraordinario de nulidad (conf. causas P. 124.038, sent. de 27-IX-2017; P. 126.886, sent. de 6-VI-2018; P. 130.363, sent. de 20-III-2019; e.o.).
III.3. Por lo que se lleva dicho, el recurrente no ha logrado justificar que en el caso hubiera existido infracción al art. 168 de la Constitución provincial.
Con esos alcances, voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani por los mismos fundamentos que el señor Juez doctor Torres votaron la cuestión también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el pedido de prescripción de la acción penal (art. 67, párrafo segundo, Cód. Penal).
Asimismo, de conformidad con lo dictaminado por
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.