Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134586
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe anula oficiosamente la sentencia recurrida y se dispone reenviar la causa al Tribunal de Casación Penal a fin de que -por jueces hábiles- y con la premura del caso, dicte un nuevo fallo ajustado a derecho (conf. doctr. art. 492 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.586, "L., L. A. s/ Recurso extraordinario de nulidad en causa n° 86.560 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud.
La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 27 de diciembre de 2018, rechazó por improcedente -con costas- el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial a favor de L. A. L. contra la sentencia del Tribunal de Responsabilidad Juvenil Único del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que lo condenó a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de homicidio premeditado por el concurso de dos o más personas en concurso real con tentativa de homicidio premeditado por el concurso de dos o más personas (5 hechos) que también concursan materialmente entre sí y agravados todos por perpetrarse en ocasión de un espectáculo deportivo (v. fs. 96/106 vta.).
La entonces señora defensora oficial adjunta ante la aludida instancia articuló recurso extraordinario de nulidad (v. fs. 131/134 vta.), el que fue concedido con el alcance que surge de la resolución de fs. 136/137 vta. (ausencia de voto de parte del magistrado que intervino en la audiencia mantenida con el joven imputado -art. 60, ley 13.634- y omisión de tratamiento de una cuestión esencial).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 145/148), dictada la providencia de autos (v. fs. 150) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
Previa: ¿Debe anularse de oficio la sentencia recurrida?
En caso negativo:
¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Preliminarmente, reseñaré el derrotero de la causa.
I.1. El 25 de septiembre de 2013, el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil Único del Departamento Judicial de Lomas de Zamora condenó a L. A. L. a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio premeditado por el concurso de dos o más personas en concurso real con homicidio premeditado por el concurso de dos o más personas en grado de tentativa (5 hechos) que también concursan materialmente entre sí y agravados todos por perpetrarse en ocasión de un espectáculo deportivo (arts. 42, 45, 80 inc. 6, Cód. Penal; 1 y 2, ley 23.184; v. fs. 25/43).
I.2. Contra esa decisión la defensa interpuso recurso de casación. Se agravió de la incorrecta valoración de la prueba a fin de acreditar la participación de L. en los hechos, solicitando su absolución. Subsidiariamente, pidió el cambio de calificación legal con cita de los arts. 42 y 79 del Código Penal. En función de esto último, requirió se case parcialmente el fallo atacado y, previa modificación del encuadre legal, se reduzca la pena al mínimo imponible de la tentativa en función de lo establecido por el art. 4 de la ley 22.278 (v. fs. 47/50 vta.).
I.3. Radicado el caso en la Sala V del Tribunal de Casación Penal, integrada por los doctores Jorge Hugo Celesia y Martín Manuel Ordoqui y, para el supuesto de eventuales disidencias, licencias u otras circunstancias de vacancia por el doctor Fernando Luis María Mancini (v. fs. 61), en el marco del trámite del recurso y antes del dictado de la decisión se designó al juez Ordoqui para intervenir en la audiencia que dispone el art. 60 de la ley 13.634. Este magistrado tomó contacto directo y de conocimiento con el imputado L. y, según consta en el acta, durante la audiencia la defensa solicitó la revisión del monto de la pena por considerarla muy elevada (v. fs. 91).
I.4. El órgano dictó sentencia el 27 de diciembre de 2018. Al inicio del acuerdo se consignó que la Sala se integraba con los jueces Fernando Luis María Mancini y Mario Eduardo Kohan; luego, se abordaron y rechazaron los planteos de la defensa sobre la valoración de la prueba y la calificación legal asignada a los hechos (v. especialmente fs. 98/106 vta.).
II. La señora defensora oficial adjunta ante el Tribunal de Casación Penal llega a esta Corte denunciando violación al derecho de defensa en juicio y al debido proceso en el marco de la revisión del fallo condenatorio (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2. "h", CADH y 14.5., PIDCP) e incumplimiento de las formalidades de la sentencia conforme lo dispuesto por el art. 168 de la Constitución provincial (v. fs. 132 vta.).
Sostiene que el juez Ordoqui, pese a haber estado presente en la audiencia de visu en la que esa parte planteó la necesidad de revisión del monto de la pena impuesta, luego no participó de la sentencia de revisión de la condena, sin que esta circunstancia fuera notificada a la parte antes de dictar el fallo.
Postula que dicho accionar tornó el trámite de la audiencia en una mera formalidad sin incidencia en el análisis de la revisión integral de la condena de L., quien por su minoridad goza de un sistema normativo especial con garantías reforzadas en el proceso penal (v. fs. 133).
Expresa que la Casación omitió expedirse sobre el planteo efectuado en la audiencia mencionada, relativo a la solicitud de revisión de la pena por considerarla excesiva, y que esa preterición es causal de nulidad. Trae a colación el fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 133 vta.).
Con cita del precedente de esta Suprema Corte en causa P. 92.143 (sent. de 10-VIII-2011), pide que se anule la sentencia recurrida y se reenvíe el caso a los efectos de que se dicte un nuevo pronunciamiento abordando la cuestión planteada (v. fs. 134).
III. Creo que la afectación constitucional denunciada es clara y reviste entidad suficiente para habilitar la declaración de oficio por parte de este Tribunal. Me explico.
El procedimiento regulado para el recurso de apelación del régimen penal juvenil prevé bajo sanción de nulidad el contacto "directo y personal con el niño" por parte de los magistrados del órgano revisor, oportunidad en la cual se podrá "...asimismo oír a las partes para completar su información acerca de las circunstancias del caso" (art. 60, ley 13.634).
Por su parte, del examen del trámite del expediente surge que en ocasión de dictarse sentencia, el juez que había intervenido en esa audiencia -doctor Ordoqui- no integró el órgano revisor, sino que fueron otros magistrados los que resolvieron el caso sin haber participado de ella. Tampoco se proporcionó, al emitir el pronunciamiento, ninguna respuesta a las formulaciones expuestas por la parte interesada al celebrarse esa diligencia (art. 60, cit.).
Todo ello acarreó un patente menoscabo del derecho del joven imputable a ser oído por el tribunal que finalmente revisó el fallo de condena, aparejándose ante tales particularidades una afectación a la garantía de defensa en juicio y del doble conforme de tal entidad que impone, en el caso, la invalidación de oficio de la sentencia casatoria (arts. 60, ley 13.634; 40.2.b.iii., CDN; 18 y 75 inc. 22, Const. nac. y 8.2. "h", CADH).
Es doctrina de esta Suprema Corte que procede tal remedio excepcional cuando los vicios de las sentencias han obstaculizado sustancialmente la eficiente interposición del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o su debido conocimiento por la Corte, como así también en excepcionales situaciones incompatibles con el debido proceso y la defensa en juicio (conf. doctr. causas P. 43.048, sent. de 15-IX-1992; P. 63.935, sent. de 28-II-2001; P. 78.203, sent. de 29-V-2002; P. 79.417, sent. de 10-IX-2003; P. 69.663, sent. de 18-II-2004; P. 73.922, sent. de 27-IV-2004; P. 80.488, sent. de 19-V-2004; P. 87.019, sent. de 19-VI-2006; P. 90.035, sent. de 1-IX-2010; P. 117.017, resol. de 9-IV-2014; P. 133.287, sent. de 29-IX-2020; e.o.). En mi opinión, es la última de las causales enumeradas la que se ha configurado en el caso.
IV. Por lo expuesto, considero que corresponde invalidar de oficio la sentencia revisora y devolver las actuaciones para que por quien corresponda y con la premura del caso se dicte una nueva decisión respetando las garantías objeto de examen.
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la cuestión previa también por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Dado el modo en que ha sido resuelta la cuestión previa, no corresponde expedirse en la presente. Así lo voto.
El señor Juez doctor Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron en el mismo sentido.
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oída la Procuración General, se anula oficiosamente la sentencia recurrida y se dispone reenviar la causa al Tribunal de Casación Penal a fin de que -por jueces hábiles- y con la premura del caso, dicte un nuevo fallo ajustado a derecho (conf. doctr. art. 492 y concs., CPP).
Regístrese y notifíquese (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/04/2022 09:13:13 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/04/2022 11:53:57 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/04/2022 14:07:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/04/2022 23:56:49 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/04/2022 08:47:58 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 13/04/2022 09:25:56 hs. bajo el número RS-32-2022 por SP-ARCHUBY PAULA VALERIA.
Fin de la sentencia