Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136067
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (doctr. art. 493, CPP).
Se regulan los honorarios profesionales correspondientes al doctor Gustavo Martín Aldo Moreno en 18 jus por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.067-RC, "C., H. C. s/ Recurso extraordinario de nulidad en causa n° 100.522 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres .
El Tribunal en lo Criminal n° 1 de San Nicolás, condenó a H. C. C. a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado, por ser cometido por el encargado de la guarda de la menor y aprovechando la situación de convivencia preexistente, en concurso real con tenencia ilegal de arma de guerra (v. copias digitalizadas en sistema Augusta).
La defensa recurrió esa sentencia ante el Tribunal de Casación y la Sala II del mismo, el 28 de abril de 2020, mediante el voto del señor juez Mancini que concitó la adhesión simple de la señora jueza Budiño, rechazó el recurso.
Contra lo así decidido, el defensor particular, doctor Gustavo Martín Aldo Moreno, dedujo recurso extraordinario de nulidad (v. fs. 65/73 de la causa digitalizada). El Tribunal de Alzada, el 7 de septiembre de 2021, admitió la impugnación deducida (v. fs. 76/77).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El defensor particular de H. C. C., doctor Gustavo Martín Aldo Moreno, denunció la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial.
I.1. En primer lugar, alegó que el Tribunal de Casación se limitó a estimar como correcta la valoración de los elementos probatorios efectuada en la instancia originaria y a remitirse a lo allí expuesto, lo cual -a su criterio- denotaría una simple remisión global que no implica el debido examen y decisión de la cuestión que se le sometiera a su conocimiento.
A su entender, el tribunal a quo no brindó tratamiento a los agravios llevados, los que constituirían cuestiones esenciales por su incidencia en la cuestión de fondo debatida.
I.1.a. Adujo que nadie pudo explicar, "...ni los jueces del tribunal oral en su sentencia, ni ahora los Jueces del Tribunal de Casación Penal...", el motivo por el que los resultados de las pericias médicas se han modificado, teniendo en cuenta que en el tiempo intermedio no tuvieron contacto su asistido y la víctima, descartando la posible comisión del delito en esa época, y que entonces resulta inentendible con el devenir de los hechos que en un primer examen médico no se advirtieran síntomas de penetración y que luego otra profesional, también del cuerpo médico legal, expresara en su informe efectuado tiempo después que la niña presentaba ahora lesiones compatibles con el abuso sexual denunciado.
I.1.b. De otro lado, en lo que respecta al delito de tenencia ilegítima de arma, cuestionó que se le haya adjudicado la autoría a C. por el solo hecho del hallazgo del arma en el domicilio donde convivía con otras seis personas. Adunó que, si bien el arma no estaba inscripta en el Registro Nacional de Armas de la República Argentina (RENAR) a nombre del imputado, ello no implica que hubiese violado norma alguna.
El recurrente precisó que el magistrado trató muy por encima esta cuestión, sin dar responde a los argumentos vertidos por la defensa en el recurso de casación.
I.2. En el marco de un segundo agravio, denunció que el decisorio atacado ha sido dictado sin observar las formalidades constitucionales del acuerdo previo y voto individual de los jueces, tal como establece el art. 168 mencionado.
En ese orden, con sustento en que la formalidad del acuerdo es requisito esencial para la validez del fallo y que su omisión acarrea la nulidad, sostuvo que en el caso la opinión de cada juez se diluyó en la resolución tomada en común, contrariando así la referida manda constitucional.
Además, consideró transgredido el segundo párrafo del art. 168 en cuestión pues el fallo recurrido fue suscripto únicamente por dos de los miembros integrantes del tribunal. La no concurrencia del voto individual del restante componente de la Sala, aun ante la mayoría arribada, habría importado -en su opinión- una seria lesión a la garantía de la defensa en juicio (art. 18, Const. nac.).
En suma, la defensa señaló que resultaron conculcados los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial al omitirse el tratamiento de las cuestiones propuestas por esa parte y que ello implicaría también la falta de fundamentación legal. Solicitó la anulación de la decisión recurrida y el reenvío de la causa para que, en un nuevo fallo, sean tratadas todas las cuestiones sometidas a decisión.
II. La Procuración General se expidió propiciando el rechazo del recurso interpuesto.
III. Coincido con ese dictamen: la impugnación no prospera.
III.1.a. En lo que respecta a la denuncia de omisión de tratamiento de los agravios referidos a cuestiones probatorias, tal como puso de manifiesto el señor Procurador General, se advierte que el tribunal intermedio se ocupó de cada uno de los planteos de la defensa, llevando adelante un minucioso análisis de los elementos de prueba tendientes a acreditar tanto la materialidad ilícita del hecho bajo examen como la autoría responsable del imputado.
En efecto, de la sentencia recurrida surge que el Tribunal de Casación expresamente se detuvo en las consideraciones de la parte referidas a que no habría prueba pericial que constatara el abuso.
En tal orden, el órgano revisor puntualizó que "...a partir de la declaración de la Perito Médica Hernández, [...] lo observado por la profesional en la menor (desgarro y situación de la zona genital) resultaba plenamente compatible con su relato (circunstancias de tiempo y modo de los sucesos que la victimizaron). Y esa formulación del impugnante, que también la ha sustentado en la declaración del médico de policía Dubini, es insuficiente pues no resulta caprichoso que el tribunal haya otorgado mayor peso determinante a lo declarado por la Perito Hernández si se tiene en cuenta que Dubini reconoció que no pudo revisar a la niña porque ésta se resistía, con lo cual sus consideraciones se basaron en lo que podía ver otra ginecóloga que fue a revisar a la nena, en su lugar. Parece claro entonces, que no es ilógico otorgar más peso acreditante a una médica que pudo revisar a la menor de forma directa, que a otro profesional de la salud que no pudo hacerlo y que, no está demás recordar, si bien no pudo constatar las lesiones compatibles con los sucesos denunciados, tampoco estuvo en condiciones de negarlos categóricamente..." (del voto del señor juez Mancini, que concitó la adhesión simple de la señora jueza Budiño; fs. 57 y vta. del expediente digitalizado).
Asimismo, afirmó que la declaración de la mencionada perito "...es de provecho para sustentar todavía más la postura enarbolada por el 'a quo' de otorgar plena credibilidad a los dichos de B.A.F. (Arts. 106, 209, 210 y 373 del C.P.P.) ya que, en sus conclusiones, la profesional específicamente mencionó que ' la lesión constatada es compatible con lo expresado por la menor'. " (fs. cit.).
III.1.b. Sobre el agravio vinculado con el delito de tenencia ilegítima de arma, en el fallo en crisis se expresó que "La parte no cuestiona el secuestro del arma en cuestión en el domicilio del acusado, sino que se limita a poner en tela de juicio que el adminículo hallado le perteneciera o estuviera bajo su poder".
El tribunal revisor descartó el reclamo al sostener que "...esa postura tampoco es atendible puesto que no se hace cargo de rebatir que ese importante dato surgió de los dichos expresos en ese sentido de Liliana Fernández, que contó había visto sacar al inculpado un arma de fuego del ropero, con la cual la había amenazado, así como también sostuvo que 'C. sacaba el arma y tiraba tiros al aire'" (fs. 61 del exp. digital).
De seguido, añadió que "...la Jefa de la Comisaría de la Mujer, Daniela A. García también relató que procedió al allanamiento del domicilio del acusado para ' sacar a los niños que habían quedado adentro de la casa y secuestrar armas de fuego que la señora había dicho que había adentro de la casa y con la que C. los amenazaba a ella y a sus hijos' , destacando de modo armónico con el relato de Fernández, que el arma fue hallada ' sobre el ropero de la habitación de C.' ...".
Por último, a lo expuesto adunó: "Como si todo ello no bastara, los jueces tuvieron en cuenta la declaración del propio imputado 'quien reconoció haber tenido el arma en su poder, que había pertenecido a su padre' ." (fs. 61 vta.).
III.1.c. Así entonces, de la sentencia examinada resulta que las cuestiones formuladas por la defensa fueron expresamente abordadas por el Tribunal de Casación Penal.
En rigor, lo que el recurrente pretende es cuestionar el acierto o profundidad de lo decidido y tales extremos son ajenos al acotado marco de la vía impugnativa intentada (conf. doctr. causas P. 95.797, sent. de 31-X-2007; P. 93.939, sent. de 25-III-2009; P. 108.232, resol. de 4-VIII-2010; P. 106.347, resol. de 16-XI-2011; P. 126.826, sent. de 11-IV-2018; P. 135.316, sent. de 24-X-2022; e.o.).
III.2. Tampoco puede progresar el planteo reseñado en el apartado I.2. de la presente.
En ese sentido, cabe recordar la inveterada jurisprudencia de esta Corte que sostiene que la simple adhesión a un voto precedente satisface el requisito constitucional de validez de las sentencias (conf. causas P. 130.227, sent. de 27-II-2019; P. 127.873, sent. de 27-XII-2017; P. 118.557, sent. de 22-X-2014; e.o.).
Asimismo, que resulta válida la sentencia que ha sido dictada -sin disidencias- por dos de los jueces del tribunal cuestionado (conf. causas P. 121.259, sent. de 17-V-2017; P. 121.642, sent. de 26-X-2016; e.o.).
III.3. Por otra parte, interesa destacar que de la simple lectura del fallo recurrido se aprecia que se encuentra fundado en ley, habiendo respetado entonces la exigencia prevista en el art. 171 de la carta magna local.
IV. En atención a todo lo expuesto, corresponde rechazar la vía extraordinaria de nulidad por improcedente (art. 493, CPP).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (doctr. art. 493, CPP).
Se regulan los honorarios profesionales correspondientes al doctor Gustavo Martín Aldo Moreno en 18 jus por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/12/2022 14:22:31 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/12/2022 19:48:31 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/12/2022 08:59:11 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/12/2022 10:43:26 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/12/2022 10:56:31 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 13/12/2022 11:39:12 hs. bajo el número RS-146-2022 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia