Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135616
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.616-RC, caratulada "G., S.. Recurso extraordinario de nulidad en causa n° 105.063 del Tribunal de Casación Penal, Sala I" y su acumulada P. 135.601-Q, "Bersi, Daniela -Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal-. Queja en causa n° 105.063 del Tribunal de Casación Penal, Sala I, seguida a G., S.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Kogan.
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, el 21 de diciembre de 2020, rechazó el recurso interpuesto por derecho propio por S. G. e hizo lugar parcialmente al carril deducido por su defensa oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 6 de San Martín que lo condenó a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal aprovechándose de la inmadurez sexual de la víctima en razón de la mayoría de edad del autor, reiterado en al menos dos oportunidades (hecho II) en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal aprovechándose de la inmadurez sexual de la víctima en razón de la mayoría de edad del autor, agravada por haber sido cometido contra un menor de dieciocho años, aprovechándose de la situación de convivencia preexistente, reiterado en al menos dos oportunidades (hecho III; conf. arts. 40, 41, 45, 55 y 120, segundo párr. en función del art. 119, tercer y cuarto párrs. inc. "f", Cód. Penal).
En consecuencia, casó la sentencia al nivel de la calificación legal asignada al hecho III, descartando la aplicación de la agravante prevista en el art. 119 inc. "f" del Código Penal; en razón de ello, readecuó la pena en once años de prisión, accesorias legales, sin costas, manteniendo el resto de las declaraciones de la sentencia (v. fs. 85/93).
Contra lo así decidido, S. G., in pauperis , y el Ministerio Público Fiscal dedujeron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 99/104, 114/119 y 105/112).
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, sin correr previo traslado a la defensa oficial de la presentación de G., el 4 de mayo de 2021, desestimó ambas impugnaciones por inadmisibles (v. fs. 120/123).
Ante tal situación, la fiscalía dedujo queja en los términos del art. 486 bis del Código de rito, dando origen al expediente P. 135.601-Q, en el marco del cual, esta Suprema Corte, mediante resolución de fecha 8 de marzo de 2022, admitió la queja y concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en lo que hace a las denuncias de inobservancia del art. 119 inc. "f" del Código Penal, arbitrariedad e incumplimiento del deber de debida diligencia frente a niñas víctimas de abuso sexual en contextos de violencia de género (v. fs. 173/178 y 181/184). En función de ello, se dispuso la acumulación de la causa P. 135.601-Q a la presente causa P. 135.616-RC.
Cabe destacar que, por su parte, G., nuevamente in pauperis , con fecha 13 de mayo de 2021, dedujo queja ante esta Suprema Corte, lo que dio origen al expediente P. 135.108-Q. Frente a ello, mediante despacho de fecha 14 de mayo de 2021, esta Suprema Corte corrió traslado a la defensa oficial para que diera cauce jurídico a la presentación de su asistido (v. fs. 48). En razón de ello, el señor defensor oficial, doctor José María Hernández, informó que, con fecha 1 de julio de 2021, dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 106). Por tales motivos, esta Suprema Corte, el 12 de agosto de 2021, dispuso que "...no restando diligencias por cumplir" correspondía reservar en Secretaría la citada causa P. 135.108-Q.
Por su parte, en el marco del expediente P. 135.616-RC, el señor defensor oficial, doctor José María Hernández, con fecha 1 de junio de 2021, solicitó a la Sala I del Tribunal de Casación Penal la nulidad del citado auto de admisibilidad de fecha 4 de mayo de 2021 que desestimó los dos recursos extraordinarios de inaplicabilidad deducidos in pauperis por su asistido por no haber corrido traslado a la asistencia técnica previo a resolver y peticionó que se corriera traslado a fin de poder canalizar la voluntad impugnativa de su defendido (v. fs. 127/128 vta.).
En función de tal pedido, la Sala I del Tribunal de Casación Penal, el 16 de junio de 2021, dispuso correr vista a la defensa oficial a sus efectos (v. fs. 135).
La defensa oficial -tal como se adelantó-, el 1 de julio de 2021, dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley en favor de G. (v. fs. 137/145 vta.). El Tribunal de Alzada, el 10 de agosto de 2021, admitió la primera de dichas vías, por haberse denunciado una omisión de tratamiento de una cuestión esencial, y desestimó la segunda por no contener cuestiones federales que habilitaron superar las limitaciones del art. 494 del Código Procesal Penal (v. fs. 146/149 vta.).
G., al momento de notificarse de la desestimación del carril extraordinario de inaplicabilidad de ley manifestó su voluntad de presentar una queja (v. fs. 165).
En función de ello, esta Suprema Corte, el 29 de noviembre de 2021, corrió vista a la defensa oficial de la causa P. 135.616-RC, donde el imputado manifestó su intención de presentar queja contra la inadmisibilidad de la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley articulada por el señor defensor oficial, así como también del expediente P. 135.108-Q antes mencionado (v. fs. 167).
La señora defensora oficial, doctora Ana Julia Biasotti, el 9 de febrero de 2022, respondió la vista y manifestó que "...ante el progreso del recurso extraordinario de nulidad que cuestiona, en definitiva, aspectos de la penalidad, se disponga de conformidad con la doctrina legal que en el reenvío de las actuaciones al Tribunal de Casación Penal por parcial nulidad, se integre debidamente y -previa vista a la defensa- se celebre audiencia de visu (art. 41 del CP) conforme la pretensión de G. de modo de permitirsele la actualización de circunstancias personales y del caso, atento el tiempo transcurrido" (fs. 169 y vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 192/196); presentada la memoria (v. fs. 203/205) dictada la providencia de autos (v. fs. 206), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad presentado por la defensa oficial?
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley deducido por el Ministerio Público Fiscal?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso extraordinario de nulidad, el señor defensor oficial, doctor José María Hernández, denuncia la violación del art. 168 de la Constitución provincial por estimar que el Tribunal de Casación Penal omitió tratar una cuestión esencial oportunamente planteada por G. en el recurso deducido in pauperis en el que se cuestionó la ponderación de la agravante relativa a "...'la no utilización de preservativo por parte del acusado, por el riesgo no solo de la concreción de embarazos no deseados, sino por la posibilidad de transmisión de enfermedades sexuales o infecto contagiosas por esta omisión, siempre a costa de la demostrada inexperiencia de la menor" (fs. 138 vta.).
Refiere que, en dicha oportunidad, su defendido argumentó que se probó que no tenía enfermedades venéreas por lo que agravar la pena con sustento en dicha circunstancia, en rigor, implicaba ponderar el "...riesgo del riesgo" (fs. 138 vta. y 139).
Finalmente, cita el extracto pertinente del fallo de Casación del cual surge que se confirmó la agravante en cuestión con el argumento de que no fue cuestionada por la defensa, quedando en evidencia -a criterio del recurrente- la omisión de tratamiento de una cuestión esencial en tanto podría haber tenido incidencia en la determinación judicial de la pena (conf. arts. 168, Const. prov.; 40 y 41, Cód. Penal y 492, CPP -v. fs. 139 vta. y 140 vta.-).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del reclamo (v. fs. 192/196).
III. Coincido con lo dictaminado. El recurso no procede (art. 493, CPP).
Si bien se advierte de la lectura del recurso de casación presentado por el propio encausado por derecho propio -y expresamente abordado por el Tribunal de Casación Penal de manera conjunta con el deducido con posterioridad por la defensa oficial- que, entre otras cuestiones, G. se agravió de la ponderación como agravante de la circunstancia de no haber utilizado preservativos (v. fs. 52 y vta.), bajo el argumento de que no se pueden evaluar los riesgos de algo que no sucedió y resaltó que, según se demostró con los exámenes médicos a los que se sometió, no tiene enfermedades de transmisión sexual de aquí que su ponderación como pauta agravante implica valorar el "riesgo del riesgo", también lo es que el señalamiento del Tribunal de Casación Penal relativo a que ese "...aspecto [...] no ha recibido críticas por parte de la defensa" (fs. 83), ha importado una respuesta sobre el asunto.
El yerro denunciado sobre lo así afirmado en contradicción con las constancias de la causa hubiera resultado eventualmente enmendable a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley respecto del cual, por lo que se reseñó en los antecedentes, no se encuentra habilitada la competencia del Tribunal.
Es doctrina arraigada de esta Corte que "...la omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales que genera la nulidad del pronunciamiento es aquélla en la que el tribunal incurre por descuido o inadvertencia, pero no la que se desprende de la convicción, acertada o no, aunque exteriorizada en el fallo, de que una o más de tales cuestiones no deben o no pueden ser consideradas" (conf. causa P. 101.178, sent. de 6-II-2008, reiterado en causa P. 98.546, sent. 12-X-2011; e.o.).
Esto es lo que acontece en el caso en que -con razón o sin ella- el órgano casatorio ha exteriorizado que debía mantenerse la circunstancia agravante de mentas por falta de objeciones de la parte interesada, al estimar deliberadamente que por ese motivo no correspondía otra consideración (conf. causas cits. y P. 108.242, sent. de 16-IV-2014, a contrario sensu ).
En tales precedentes se recuerda que "[e]n cuanto a las objeciones que podría generar el contenido de la decisión, es sabido que la amplitud o el acierto con que el juzgador abordó una determinada cuestión es materia extraña al recurso extraordinario de nulidad bajo estudio (P. 55.393, sent. del 19-III-1996; P. 67.309, sent. del 18-VI-2003; P. 64.219, sent. del 10-XI-2004; e.o.)".
En consecuencia, voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Torres y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Jorge Armando Roldán, denuncia la inobservancia de la agravante del segundo párrafo del art. 120 del Código Penal, en cuanto remite al art. 119, cuarto párrafo, inc. "f" del mismo régimen sustantivo, por haberse descartado de manera infundada esa tipicidad calificada respecto del identificado como "hecho III" (haber abusado sexualmente con acceso carnal de una persona menor de dieciséis años, aprovechándose de su inmadurez sexual, en razón de la mayoría de edad del autor, cuando -siendo menor de dieciocho años- lo fuere "aprovechando la situación de convivencia preexistente " con la víctima), todo lo cual, según estima, configura, al mismo tiempo, un caso de arbitrariedad (v. fs. 105/112).
Explica que el fallo en crisis incurrió en contradicción "...pues por un lado, al confirmar que los hechos imputados se concursan materialmente entre sí, sostiene que se tratan de pluralidad de acciones y designios independientes que deben ser valorados, protegidos y sancionados de forma especial e individual por el derecho penal"; y, luego, al momento de ponderar una circunstancia agravante aplicable a uno de esos hechos independientes, decide obliterarla "por entender que el hecho de haber sido sujeto pasivo de los abusos con anterioridad a la convivencia, ésta en nada habría modificado los siguientes atropellos contra la integridad sexual de la menor víctima". Tacha tal razonamiento de "contradictorio e infundado" (fs. 108 vta. y 109).
Sostiene que la identidad entre la víctima y el victimario no obsta a que cada uno de los hechos delictivos que concursan realmente entre sí sean ponderados según sus particularidades, especialmente cuando estas encuadran en figuras típicas agravadas (v. fs. 109 vta.).
En ese entendimiento puntualiza que, a partir de la convivencia permanente, la modalidad de los hechos varió, pues, G. aprovechando esa circunstancia comenzó a pernoctar directamente con la menor niña en la cama matrimonial una vez a la semana cuando estaban solos -porque su pareja y mamá de la víctima trabajaba en horario nocturno- "...y la inició en prácticas de sexo vaginal, lo cual antes no había sucedido" (fs. 109 vta. y 110).
Agrega que "...la falta de identidad en cuanto al modus operandi evidencia sin lugar a dudas el aprovechamiento por parte del autor de los hechos de esta nueva circunstancia -la convivencia preexistente y la posibilidad de pernoctar a solas con la niña una vez por semana-..." para concretar nuevos abusos sexuales contra la menor, ahora vía vaginal, alcanzando y aprovechándose de ese marco de mayor intimidad y confianza (v. fs. 110).
Por último, afirma que ello derivó en el incumplimiento del deber estatal de actuar con la debida diligencia frente a casos de este tipo que impone reforzar las medidas en miras a garantizar el cumplimiento de los derechos y garantías judiciales de las niñas víctimas en delitos cometidos en contextos de violencia de género ("Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú"; Convención de Belém do Pará, v. fs. 110 vta. y 111).
II. La Procuración General aconsejó hacer lugar a la impugnación.
Coincido con lo dictaminado.
III. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley procede (conf. art. 496, CPP).
Veamos.
III.1. De la sentencia de primera instancia surge que se tuvieron por debidamente acreditados los siguientes hechos:
Hecho II: "Que en fecha indeterminada pero entre los meses de abril o mayo de 2015 y diciembre del año 2015, en horario nocturno, en el interior del inmueble sito en … … de la Localidad de Tortuguitas, Partido de Malvinas Argentinas, el aquí imputado, aprovechándose de la situación de convivencia con la víctima [...] 'J:B' quien en ese momento contaba con 13 años de edad, así como también de su inmadurez sexual (toda vez que al momento del hecho, la menor no se había iniciado sexualmente), en razón de la mayoría de edad del mismo -quién contaba con 41 años de edad- abusó sexualmente de la nombrada [...] accediéndola carnalmente vía anal, con su miembro viril, en al menos dos oportunidades".
Hecho III: "Que entre los meses de diciembre del año 2015 y enero del año 2016, hasta el mes de septiembre del año 2016 aproximadamente, en horario nocturno, en el interior del inmueble sito en la arteria Belgrano 486 de la localidad y partido de San Miguel, el aquí imputado, aprovechándose de la situación de convivencia con la víctima 'J.B.', quien en ese momento contaba con 13 años de edad, así como también de su inmadurez sexual (toda vez que al momento del hecho, la menor no se había iniciado sexualmente), en razón de la mayoría de edad del mismo - quién contaba con 41 años de edad- abusó sexualmente de la nombrada [...] accediéndola carnalmente vía vaginal, con su miembro viril, en al menos dos oportunidades" (fs. 17 vta. y 18).
Al momento de analizar la calificación legal de los hechos rechazó el pedido de la defensa oficial de aplicar la doctrina del delito continuado por considerar que se trató de hechos independientes. En tal sentido, argumentó, especialmente que "...la no convivencia en la primer[a] etapa y la convivencia en el segundo domicilio, o la vía por la cual se concretaban los abusos y sus circunstancias fueron distintas, dependiendo de cada uno de los contextos, es decir, hay diferentes acciones que determinan diferentes repercusiones legales, en circunstancias distintas" (fs. 40).
III. 2. Por su parte, el Tribunal de Casación Penal, luego de confirmar el concurso real entre los hechos II y III y descartar el pedido de calificarlos como un delito continuado con sustento en la doctrina de esta Suprema Corte y en la afectación de bienes jurídicos personalísimos que impiden la aplicación de dicha figura (v. fs. 89 vta. y 90), hizo lugar al planteo de la defensa oficial y dejó sin efecto la agravante que remite al inc. "f" del cuarto párrafo del art. 119 del Código Penal.
En tal sentido, sostuvo que "...para que se configuren las condiciones que dan lugar al supuesto agravado [de la citada norma] se deben reunir las siguientes notas típicas: (i) que se trata de un/a menor de dieciocho años; (ii) que se aproveche la situación de convivencia preexistente. La defensa cuestiona la razonabilidad en la interpretación de esta última exigencia. Para ello, trae a colación que en el hecho II, fue acreditada la relación abusiva pero al no ser probada la relación de convivencia se excluyó el tipo calificado del inc. f) del artículo 119 del Código Penal. En efecto, se aprecia que previo a la convivencia en el domicilio de San Miguel, entre diciembre [de 2015] y enero [...] a septiembre de 2016, el sujeto activo ya mantenía las ventajas del aprovechamiento de la relación de inmadurez sexual de la víctima y por tanto no existió en este caso un mayor poder vulnerante dada la significativa estrechez de relación y confianza que fundamentan la agravación a partir de la convivencia. Cuando la norma remite a la convivencia preexistente, por cierto, lo que hace es situar como ratio agravatoria el aprovechamiento de ese sustrato fáctico para poder consumar la conducta disvaliosa. Como destaca el tribunal en la narración fáctica de los sucesos, con antelación a la convivencia la menor era sujeto pasivo de los abusos por vía del aprovechamiento de su inmadurez sexual y en razón de su mayoría de edad, que en nada varió como consecuente facilidades que le otorgaron la proximidad y relación de confianza a partir de la convivencia".
IV. De la reseña efectuada se desprende que asiste razón al Ministerio Público Fiscal en cuanto denuncia arbitrariedad por fundamentación aparente en el razonamiento del Tribunal de Alzada para excluir la aplicación de la mentada figura calificada.
Cabe recordar que esta Suprema Corte tiene dicho que la agravante prevista en el art. 119 inc. "f" del Código Penal requiere dos elementos: 1) víctima menor de dieciocho años y 2) aprovechamiento de la situación de cercanía y las consecuentes facilidades que le otorga al sujeto activo esta proximidad y relación de confianza con la niña (conf. causas P. 116.820, sent. de 24-IX-2014; P. 119.795, sent. de 2-XII-2015; P. 129.724, sent. de 5-IX-2018; P. 123.567, sent. de 26-XII-2018; e.o.).
Ahora bien, lo cierto es que, contrariamente a como se concluye, ya respecto del mentado hecho II, ese especial contexto en que se dieron tales abusos (que ocurrían en el domicilio donde la menor residía, en ocasión en que el sujeto activo se quedaba a pernoctar y la familia dormía), en cuanto no abastecía la circunstancia de convivencia efectiva y permanente con la víctima, solamente cabía estimarlo con cariz severizante en ocasión de la determinación de la pena (arts. 41 y 41, Cód. Penal). Pero ya respecto del hecho III, verificada la circunstancia de convivencia preexistente con la víctima y su aprovechamiento (que los abusos sucedieron contra la menor, ya con la modalidad
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