Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136769
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza -por mayoría de fundamentos- el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (doctr. art. 493, CPP).
Difiérase, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales correspondientes al doctor Carlos Sebastián Angeleri, por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.769-RC, "Montes de Oca, Héctor Enrique s/ Recurso extraordinario de nulidad en causa n° RC 909 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Kogan, Soria, Mancini.
La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Dolores, mediante el pronunciamiento del 11 de febrero de 2022, rechazó el recurso interpuesto por la defensa particular de Héctor Enrique Montes de Oca y confirmó el pronunciamiento del Juzgado en lo Correccional n° 1 departamental que condenó al nombrado a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional y costas, con la imposición -por idéntico plazo- de las siguientes reglas de conducta: a) fijar residencia; b) prohibición de concurrir al domicilio de Carolina Migueles y Aldana Arrozeres, como así también de mantener contacto telefónico, por WhatsApp o por redes sociales con las nombradas; y c) concertar entrevista con un psicólogo dentro del plazo, ya sea en una institución pública o privada, para que el profesional evalúe la necesidad de un tratamiento psicológico, y de así determinarlo, realizar el tratamiento, debiendo informar su periodicidad y duración al juzgado; ello, por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de amenazas reiteradas, lesiones leves calificadas por el vínculo, resistencia a la autoridad y lesiones leves (seis hechos).
El defensor particular, doctor Carlos Sebastián Angeleri, interpuso recursos extraordinarios de nulidad, inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley. La Cámara concedió el recurso extraordinario de nulidad y rechazó los de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley, sin que ello fuese objetado por la parte (v. resol. de 10-III-2022 e informe de Secretaría Penal de fecha 30-VIII-2022).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 20-III-2023), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La defensa denuncia la violación del art. 168 de la Constitución provincial por considerar que en la sentencia recurrida se omitió el tratamiento de cuestiones esenciales.
Expresa que oportunamente planteó que no se había analizado la prueba propuesta por su parte y que no se había acreditado el delito de amenazas, y que la Cámara se limitó a hacer una consideración sobre la libertad de los magistrados en la valoración de los elementos de convicción, pero omitió la consideración de los agravios formulados por la parte.
Agrega que la interpretación realizada en el resolutorio en crisis es arbitraria, por carecer de adecuada fundamentación y no constituir una derivación razonada de las constancias de la causa.
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III. En el recurso de apelación, el defensor particular cuestionó por arbitraria la valoración de la prueba y sostuvo que lo expresado por la víctima y el contexto en el cual fueron vertidas las amenazas "...hacen que de acuerdo a la amplia jurisprudencia, estos hechos no se encuentren en el tipo penal [del] art. 149 bis del Código Penal".
En sustento de su argumentación, citó doctrina y jurisprudencia y señaló que del relato de Carolina Migueles podía inferirse que no se encontraba amedrentada o afectada su libertad psíquica, dado que luego de las supuestas amenazas llamaba al imputado para que volviera. Por otra parte, destacó que tampoco se tomó en cuenta que los dichos en cuestión fueron vertidos en medio de una discusión, en momentos de ofuscación y tensión. Dijo que lo que hubo fue un intercambio de opiniones y que no existió el objetivo de amedrentar a la víctima, por lo que alegó que, en el caso, las amenazas no resultaron idóneas.
IV. De la lectura de la sentencia se advierte que el tribunal de alzada, tras reseñar la materialidad ilícita incontrovertida y los agravios sometidos a su revisión por la defensa, se abocó a su análisis.
Expresó que el juzgador de origen había explicado los motivos por los que había adquirido certeza respecto a la totalidad de los extremos que se tuvieron por acreditados en el fallo, y que dicha tarea fue razonada y sin contradicción con las reglas de la lógica.
Luego, manifestó su coincidencia con lo resuelto en la instancia anterior en virtud del plexo probatorio valorado, haciendo expresa mención a la declaración prestada por Carolina Migueles, quien dio cuenta de la relación que mantuvo con el imputado, detallando cómo -luego de los primeros seis meses de relación- el vínculo pasó a ser una tortura, con amenazas y golpes, refiriendo haberle tenido pánico y no haber hecho la denuncia antes por estar asustada. La Cámara también se refirió al testimonio de Aldana Arrozeres, quien brindó detalles de las situaciones de violencia padecidas por su amiga Carolina Migueles; a los informes médicos agregados, y al resto del material reunido durante la investigación penal preparatoria, reproducido durante el debate y al que se remitió en honor a la brevedad. Así, convalidó lo decidido por el órgano de primera instancia acerca de la situación de pánico y violencia en que vivía Migueles, y resolvió que no advertía vicio lógico alguno en esa construcción y valoración probatoria.
De tal modo, entendió acreditada la concurrencia de los elementos necesarios para confirmar la calificación legal cuestionada a partir de las pruebas invocadas, las que juzgó correctamente valoradas en la instancia, y tachó de insuficiente el planteo esgrimido por la defensa.
V. El recurrente, si bien denuncia que el tribunal no ha dado tratamiento a los planteos esgrimidos ante su sede, en rigor, formula cuestionamientos vinculados al modo en que fueron valoradas las pruebas y el acierto jurídico de lo decidido, todo lo cual resulta ajeno al acotado ámbito del recurso extraordinario de nulidad bajo examen (doctr. causas P. 62.992, sent. de 13-III-2002; P. 70.824, sent. de 29-V-2002; P. 80.176, sent. de 6-VII-2005; P. 124.038, sent. de 27-IX-2017; e.o.).
De todos modos, cabe recordar que es doctrina de esta Suprema Corte que la obligación de los tribunales colegiados de resolver las cuestiones esenciales no implica la de contestar cada uno de los argumentos propuestos por las partes en apoyo de sus pretensiones si con lo dicho resulta suficiente para la atribución del delito en cuestión (conf. doctr. art. 168, Const. prov. y, por muchas, P. 125.631, resol. de 14-X-2015).
Finalmente, la denuncia de arbitrariedad en la valoración de la prueba y falta de fundamentación es una cuestión que resulta ajena a la vía intentada, siendo atendible únicamente mediante el carril de la inaplicabilidad de ley (conf. doctr. P. 130.227, sent. de 27-II-2019; e.o.).
Conforme lo expuesto, corresponde desestimar por improcedente el recurso extraordinario de nulidad traído (art. 491 y concs., CPP).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Adhiero al rechazo que propicia mi colega el doctor Torres. Solo dejo a salvo mi criterio respecto a la introducción de agravios de naturaleza federal por una vía diferente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
En tal sentido tengo dicho (conf. causas P. 63.922, "Cáceres", sent. de 10-V-2006; P. 136.096, "Bono", sent. de 23-III-2023; e.o.), que por aplicación de la doctrina de "Strada" (CSJN Fallos: 308:490), "Di Mascio" (CSJN Fallos: 311:2478) y "Christou" (CSJN Fallos: 310:324), esta Corte, en su carácter de Superior Tribunal de la causa, no puede inobservar el deber de dar una respuesta -más allá de los límites formales que establece la regulación de la vía elegida- cuando se trate de agravios federales oportunamente interpuestos, pues ello es lo que le permite al impugnante cumplir con el indicado recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal (art. 14, ley 48).
II. De todos modos, aun con la salvedad apuntada la solución no varía, pues la denuncia de arbitrariedad en la valoración de la prueba y falta de fundamentación ha sido insuficientemente articulada. Es que, más allá de la invocación de dicha doctrina, así como también la transcripción de porciones de fallos alusivos, lo cierto es que el impugnante no formuló ningún desarrollo consecuente con tal anuncio.
III. En efecto, se trató tan solo de la declamación de dicha doctrina sin una explicación siquiera mínima de su pretensa configuración en el pronunciamiento atacado. Por lo demás, el recurrente insistió en señalar que en el caso no se configuró el tipo penal del art. 149 bis del Código Penal, cuestión de derecho común y ajena al agravio federal en examen, persistiendo en una mirada divergente respecto al peso otorgado a la evidencia reunida y valorada en la instancia -y ratificada por el revisor- con desconocimiento de los criterios de credibilidad de los testimonios y perspectiva de géneros aplicables al caso (art. 495 en función del art. 15, ley 48).
Con este agregado, adhiero a mi colega y también voto por la negativa.
El señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Mancini dijo:
Adhiero al voto del doctor Torres por sus mismos fundamentos.
Voto por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza -por mayoría de fundamentos- el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (doctr. art. 493, CPP).
Difiérase, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales correspondientes al doctor Carlos Sebastián Angeleri, por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/07/2023 16:24:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/07/2023 20:44:48 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/07/2023 09:53:11 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/07/2023 11:06:13 - MANCINI HEBECA Fernando Luis María - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/07/2023 02:53:58 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/07/2023 08:27:24 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia