Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136937
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza -por mayoría de fundamentos- el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (doctr. art. 493, CPP).
Difiérase, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales correspondientes a los doctores Juan Manuel Ripalda y H. Alejandro David, por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.937, "Tarraubella, Jorge Eduardo s/ Recurso extraordinario de nulidad en causa n° 32.429 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Matanza, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud, Maidana.
El Juzgado Correccional n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza, mediante la sentencia dictada el 25 de octubre de 2021, condenó a Jorge Eduardo Tarraubella a la pena de un año de prisión -cuya ejecución dejó en suspenso- y costas del proceso con la imposición de las reglas de conducta contenidas en el inc. 1 del art. 27 bis del Código Penal por el plazo de dos años, por resultar autor responsable del delito de usurpación.
Contra esa decisión, la defensa particular interpuso recurso de apelación, el que fue rechazado por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, mediante el pronunciamiento dictado el 5 de mayo de 2022.
Los defensores particulares del imputado, doctores Juan Manuel Ripalda y H. Alejandro David, dedujeron recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley siendo admitido únicamente el de nulidad, sin que se hubiere interpuesto queja (v. resol. de 23-VI-2022 de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías mencionada).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 28 de febrero de 2023), dictada la providencia de autos (el 8 de marzo de 2023) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Los defensores particulares de Jorge Eduardo Tarraubella denuncian que la Cámara no abordó los reclamos llevados a su conocimiento relativos a la inexistencia de una conducta contraria a derecho.
Refieren los recurrentes que oportunamente realizaron una pormenorizada explicación acerca de cuál era la realidad de lo acaecido en el caso, respecto de su defendido y del inmueble en cuestión, basado en pruebas que obran en el expediente a fin de evidenciar que la denunciante Cesana no ostentaba la tenencia al momento de los hechos. Sin embargo, aducen que la Cámara se limitó a citar las declaraciones testimoniales "...pasando totalmente por alto todo lo esgrimido por esta defensa sobre lo cual casi no se expide" y a afirmar que su asistido violentó la entrada del inmueble cuando oportunamente se había explicado que tenía un juego de llaves, y que el cambio de cerradura que efectuó, fue luego de ingresar, por razones de seguridad y sentido común.
Agregan que el órgano revisor tampoco trató la denuncia de arbitrariedad de la sentencia de origen esgrimida por su parte, en cuanto el juez fundamentó como "íntimas convicciones" muchas falacias que dio por ciertas sin sustento probatorio; ni se expidió sobre "...el derecho que alegó esta defensa, como heredero forzoso de Eduardo Tarraubella sobre el inmueble en cuestión. Se limitó a hacer una referencia a la falta de declaratoria de herederos, cuando en ningún momento de la investigación ni del debate oral se puso en cuestionamiento la condición de heredero de Jorge Tarraubella respecto a Eduardo Tarrabuella".
Sostienen que claramente el a quo omitió referirse sobre el argumento relativo a que "...no tiene fundamentos para contrariar que desde la muerte del causante los herederos continúan la posesión de lo que el causante era poseedor (art. 2280 del C. Civil y Comercial de la Nación)", y señalan que tampoco se dio respuesta a la alegada falta de acreditación de la tipicidad subjetiva.
Finalmente, refieren que "...Resulta violatorio al derecho de defensa en juicio que se desoigan las pruebas aportadas, se las ignoren como si no existieran y, por el contrario, se utilicen argumentos falaces para llegar a conclusiones arbitrarias, lo que sucedió al analizar el elemento subjetivo...".
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III. Al apelar la sentencia de origen, los defensores particulares denunciaron la ausencia de tipicidad objetiva y subjetiva del delito de usurpación por el que se condenó al imputado.
Por un lado, expresaron que para la configuración del tipo legal en cuestión se requiere la existencia de un despojo de la posesión o tenencia y que el mismo se produzca mediante violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o clandestinidad.
Explicaron que la única persona que ejerció la posesión sobre el inmueble involucrado en autos fue el padre del imputado y que al fallecer este, Jorge Eduardo Tarraubella heredó no solo la propiedad sino también la posesión. A su entender, en la sentencia de grado se interpretaron erróneamente los elementos que se consideraron actos posesorios para concluir que Adriana Cesana ejercía la posesión sobre el inmueble.
En referencia al medio comisivo, detallaron que de las constancias de la causa no se desprendía ningún elemento probatorio que acreditara la utilización de los medios tipificados, agregando que el imputado ingresó al inmueble con sus llaves y que luego de un tiempo procedió a cambiar las cerraduras.
Por otra parte, sostuvieron que el pronunciamiento recurrido no dio cuenta del conocimiento de los elementos del tipo por parte de su defendido, ni tampoco logró contrarrestar las aportadas por la defensa y que, según alegaron, demostrarían la inexistencia de dolo en su accionar. Añadieron que Tarraubella actuó con la íntima convicción de ser el dueño del inmueble, teniendo en su poder las acciones y libros societarios de Reylin S.A. y siendo heredero forzoso de quien ejerció la propiedad durante 28 años.
Concluyeron que en el caso concurrió un error de tipo invencible sobre los elementos esenciales, toda vez que el imputado no conocía "al otro" que había que despojar, ni tampoco sabía que estaba ejerciendo la posesión o tenencia del inmueble en cuestión.
En suma, los defensores consideraron que la sentencia atacada resultaba arbitraria por apartarse de las concretas circunstancias de la causa al tener por corroborado el tipo, dando por ciertos hechos que no sucedieron e ignorando la prueba aportada por esa parte.
IV. La Cámara, tras reseñar esos agravios, comenzó por establecer que el bien jurídico protegido por la figura del art. 181 del Código Penal resulta ser el uso y goce pacífico de un inmueble, lo que se representa en el ejercicio de la posesión, tenencia o de derechos reales a los que alude la norma. Es decir que no se protege a quien detente esos derechos, sino a quien efectivamente haga ejercicio de las facultades que emergen de los mismos y que luego se vea privado bajo las modalidades determinadas por la ley, siendo por tanto indistinto que la posesión o tenencia descansen en un título o que el mismo resulte legítimo.
De lo anterior, concluyó que si una persona cuenta con un derecho a la tenencia o posesión no puede actuar por su cuenta sin intervención de la autoridad competente para poder acceder a ese derecho; y que resultaba estéril la discusión tendiente a acreditar la propiedad de la vivienda, dado que la lesión recae sobre la privación del goce de la posesión o tenencia, añadiendo que tampoco se había presentado ninguna constancia en la causa que acreditara el derecho invocado por el imputado sobre el inmueble en cuestión.
Previo aclarar que no abordaría el análisis de cuestiones vinculadas con la sociedad familiar por considerarlo innecesario para la resolución del caso, detalló que el ingreso de Tarraubella a la vivienda no se encontraba discutido y que, conforme surgía de las declaraciones testimoniales prestadas por Cesana, Carlos Alberto Mosquera, Cristina Adriana Mendoza y Adriana Silvia Venier, la mencionada Cesana ejercía actos propios sobre el inmueble que se traducen en el goce de una tenencia, tales como acudir frecuentemente a la casa, mantenerla limpia, ventilada y segura, esto último mediante la contratación de un sistema de alarma, todos indicadores que permitían verificar que la misma resultaba titular del derecho de tenencia.
En lo tocante a la modalidad comisiva, el revisor destacó que de los testimonios de Cesana y Venier surgía que la primera de ellas recibió una alerta de la alarma instalada en la vivienda, por lo que se dirigieron al lugar y observaron dentro de la casa a dos hombres -siendo uno de ellos el imputado-, y las cerraduras violentadas. A ello, agregó que las placas fotográficas incorporadas daban cuenta de lo referido por las deponentes, entre otras cuestiones tales como una cerradura rota.
Añadió que de las declaraciones reproducidas se colegía que únicamente Eduardo Tarraubella y Cesana poseían llaves de la vivienda, pero no el imputado -atento a la mala relación familiar preexistente- y que, por tanto, al no contar ni con las llaves de acceso ni con el control remoto del portón de entrada de autos, el único modo de acceder era mediante la destrucción de esas barreras de seguridad. Consideró de esta manera, que aparecía claro que la actividad desplegada por Tarraubella fue ejecutada a los fines de asegurar su permanencia en el inmueble e impedir el ingreso de Cesana.
Juzgó que no se configuraba en el caso el error alegado por la parte, toda vez que el imputado realizó actos para repeler el ingreso de la damnificada a la vivienda -como el cambio de cerradura-, y ello porque sabía que Cesana ocupaba el inmueble y contaba con las respectivas llaves de acceso.
Finalmente, y para sellar la suerte del recurso, sostuvo que no encontraba fisuras en el desarrollo efectuado por el juez de grado, que la parte podía no compartir la argumentación brindada, pero que ello no tornaba arbitrario al fallo en cuestión. Asimismo, adicionó que el marco probatorio analizado resultaba suficiente para tener por debidamente acreditada tanto la materialidad ilícita como la participación del imputado.
V. De los planteos reseñados y del análisis de la sentencia recurrida, se observa que las cuestiones que se consideran preteridas han sido debidamente tratadas o bien han resultado implícitamente desplazadas por la decisión adoptada (art. 168, Const. prov.).
Se aprecia que el Tribunal de Alzada, tras destacar que la tarea emprendida por el a quo aparecía razonada y sin contradicción con las reglas de la lógica, fue dando respuesta a los cuestionamientos que la defensa reitera ante esta instancia acerca de quién detentaba el derecho de tenencia sobre el inmueble objeto del conflicto, el modo en el que el imputado había ingresado en la vivienda mediante la destrucción de sus barreras de acceso, la conducta desplegada por el imputado con la finalidad de asegurar su permanencia en el inmueble, impidiendo el ingreso de Cesana; descartando la concurrencia de error de tipo invencible y desplazando expresamente el tratamiento del carácter de heredero forzoso del imputado y el consiguiente derecho sobre el inmueble en cuestión. Así, entendió acreditada la concurrencia de los elementos necesarios para confirmar la calificación legal puesta en entredicho a partir de las pruebas invocadas, las que juzgó correctamente valoradas en la instancia e insuficientes los motivos de agravios formulados por la defensa.
VI. Los recurrentes, si bien denuncian que no se ha dado tratamiento a los planteos esgrimidos ante su sede, en rigor, sus reclamos se dirigen a criticar el modo en que fueron valoradas las pruebas y el acierto jurídico de lo decidido, todo lo cual resulta ajeno al acotado ámbito del recurso extraordinario de nulidad bajo examen (doctr. causas P. 70.824, sent. de 29-V-2002; P. 62.992, sent. de 13-III-2002; P. 80.176, sent. de 6-VII-2005; P. 124.038, sent. de 27-IX-2017; P. 132.314, sent. de 27-VIII-2020; P. 133.179, sent. de 21-II-2022; e.o.).
De todas maneras, cabe recordar que es doctrina de esta Suprema Corte que la obligación de los tribunales colegiados de resolver las cuestiones esenciales no implica la de contestar cada uno de los argumentos propuestos por las partes en apoyo de sus pretensiones si con lo dicho resulta suficiente para la atribución del delito en cuestión (conf. doctr. art. 168, Const. prov., por muchos, causas P. 125.631, resol. de 14-X-2015; P. 135.529, sent. de 15-XII-2022; e.o.).
Finalmente, la denuncia de arbitrariedad en la valoración de la prueba y falta de fundamentación, resulta una cuestión ajena a la vía intentada, siendo eventualmente atendible ese planteo mediante el carril de la inaplicabilidad de ley (cfr. doctr. P. 130.227, sent. de 27-II-2019; P. 134.740, sent. de 18-IV-2022; e.o.).
Conforme lo expuesto, corresponde desestimar por improcedente el recurso extraordinario de nulidad traído (art. 491 y concs., CPP).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Adhiero al rechazo que propicia mi colega el doctor Soria. Solo dejo a salvo mi criterio respecto a la introducción de agravios de naturaleza federal por una vía diferente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
En tal sentido tengo dicho (conf. causas P. 63.922, "Cáceres", sent. de 10-V-2006; P. 136.096, "Bono", sent. de 23-III-2023; e.o.), que por aplicación de la doctrina de "Strada" (Fallos: 308:490), "Di Mascio" (Fallos: 311:2478) y "Christou" (Fallos: 310:324), esta Corte, en su carácter de Superior Tribunal de la causa, no puede inobservar el deber de dar una respuesta -más allá de los límites formales que establece la regulación de la vía elegida- cuando se trate de agravios federales oportunamente interpuestos, pues ello es lo que le permite al impugnante cumplir con el indicado recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal (art. 14, ley 48).
II. De todos modos, aun con la salvedad apuntada la solución no varía, pues la denuncia de arbitrariedad en la valoración de la prueba y falta de fundamentación ha sido insuficientemente articulada. Es que, más allá de la invocación de dicha doctrina, así como también la transcripción de porciones de fallos alusivos, lo cierto es que el impugnante no formuló ningún desarrollo consecuente con tal anuncio.
III. En efecto, se trató tan solo de la declamación de dicha doctrina sin una explicación siquiera mínima de su pretensa configuración en el pronunciamiento atacado. Por lo demás, el recurrente insistió en señalar que en el caso no se configuró el tipo penal del art. 181 del Código Penal, cuestión de derecho común y ajena al agravio federal en examen, persistiendo en una mirada divergente respecto al peso otorgado a la evidencia reunida y valorada en la instancia -y ratificada por el revisor-(art. 495, en función del art. 15, ley 48).
Con este agregado, adhiero a mi colega y también voto por la negativa.
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Maidana dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria por sus mismos fundamentos.
Voto por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza -por mayoría de fundamentos- el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (doctr. art. 493, CPP).
Difiérase, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales correspondientes a los doctores Juan Manuel Ripalda y H. Alejandro David, por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/08/2023 15:06:57 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/08/2023 09:12:41 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/08/2023 16:19:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2023 10:53:10 - MAIDANA Ricardo Ramon - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2023 17:36:51 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/08/2023 08:10:25 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 22/08/2023 10:24:31 hs. bajo el número RS-98-2023 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia