Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135822
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.822-RC, "Loto, José Alberto s/ Recurso extraordinario de nulidad en causa n° 100.452 y su acumulada 100.759 del Tribunal de Casación Penal, Sala I" y su acumulada P. 135.692, "Loto, José Alberto s/ Queja en causa n° 100.452", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Kogan.
En lo que aquí importa, la Sala I del Tribunal de Casación Penal, el 18 de agosto de 2020, rechazó el recurso de la especialidad interpuesto por la defensa oficial de José Alberto Loto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que lo condenó a la pena de treinta y dos años de prisión, accesorias legales y costas, por encontrarlo coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por escalamiento, en lugar poblado y en banda, con el empleo de arma y con la utilización de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado por cometerse con el empleo de arma -este último hecho en carácter de autor- (arts. 55, 167 incs. 2 y 4, 163 inc. 4, 166 inc. 2 párr. 1 y 3 y 119 párr. 4 inc. "d", Cód. Penal; v. fs. 132/144 vta.).
Contra ello, el señor defensor oficial, doctor José María Hernández, dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 170/173; 160/169 vta.).
El Tribunal de Alzada, el 13 de abril de 2021, concedió la vía extraordinaria de nulidad y declaró inadmisible la de inaplicabilidad de ley (v. fs. 176/180).
La defensa oficial presentó queja contra la inadmisibilidad del carril del art. 494 del Código Procesal Penal (v. fs. 204/212).
Esta Suprema Corte, el 30 de diciembre de 2021, declaró procedente la queja y admitió el recurso en lo que respecta a la denuncia de errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal y de arbitrariedad por apartamiento de las constancias del caso en lo tocante al fin resocializador de las penas (conf. arts. 75 inc. 22, Const. nac.; 5.6, CADH y 10.3, PIDCP).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 224/230), dictada la providencia de autos (v. fs. 232) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En la vía extraordinaria de nulidad la defensa sostiene que ante Casación solicitó que se computara como pauta atenuante de pena "...la humilde condición social de su asistido"; y que el órgano de revisión, pese a reseñar el planteo, no lo abordó (v. fs. 171).
Así las cosas, entiende que debe anularse el fallo del Tribunal de Casación por haber inobservado las reglas del art. 168 de la Constitución provincial por omisión de tratamiento de una cuestión que estima esencial, siendo la pauta requerida -a su criterio- demostrativa de una menor necesidad de prevención especial en los términos del art. 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conf. art. 492, CPP; v. fs. 171 vta.).
Afirma que dicha omisión generó un perjuicio concreto a su asistido por lo que requiere se haga lugar a la impugnación y se reenvíe el expediente para el dictado de un nuevo fallo conforme a derecho (v. fs. 172 y vta.).
II. La Procuración General aconsejó rechazar la impugnación (v. fs. 224/230).
III. En coincidencia con lo dictaminado, la vía emprendida es improcedente (conf. art. 493, CPP).
III.1. El tribunal de primera instancia rechazó el pedido de la defensa de computar como atenuante la situación de pobreza de Loto por generar una mayor vulnerabilidad para cometer delitos. Al respecto señaló que "...no se ha probado de qué forma incidió [en la comisión del hecho] el haberse criado en un contexto humilde, sino que además no se trató de un hecho simple de robo, sino de un plan organizado para sustraer bienes de gran valor económico, así como contra la integridad sexual de A." (fs. 87 vta.).
III.2. Frente a ello, en el recurso de casación, la defensa oficial alegó que "...si se valoró como agravante del coimputado Gerardo Holze su holgada situación económica [...] la humilde condición social de [su] defendido debió haber operado como atenuante de la sanción" (fs. 114).
IV. Ahora bien, que el pedido de valorar como atenuante la situación económica de Loto no hubiera tenido un tratamiento explícito por parte del tribunal revisor, no presupone necesariamente la mentada infracción al art. 168 de la Constitución provincial, en tanto el recurrente no ha demostrado el carácter esencial de su planteo ni la incidencia que tendría en el resultado del proceso (conf. causas P. 41.162, sent. de 16-IV-1991; P. 76.228, sent. de 4-VI-2008; P. 132.095, sent. de 20-X-2020; e.o.).
En efecto, frente a los argumentos por los cuales el tribunal de mérito desestimó idéntico planteo, el señor defensor oficial en la vía extraordinaria en trato no demostró que las críticas llevadas en el recurso de casación -que lucen genéricas y sin sostén en un sólido desarrollo argumental- fueran esenciales ni pudieran tener incidencia en lo fallado merced a las constancias comprobadas del caso: que no se trató de un delito contra la propiedad vinculado a una situación de pobreza, y que excedió la afectación de ese bien jurídico, al atentar en carácter de autor contra la integridad sexual de la víctima A.
Es doctrina de este Tribunal que la esencialidad que se atribuye a una cuestión omitida debe ser cabalmente demostrada en el recurso de nulidad, así como la directa incidencia de tal preterición en el resultado del proceso (conf. causas P. 124.663, sent. de 29-XI-2017; P. 121.005, sent. de 13-III-2019; e.o.).
Los déficits expuestos evidencian la improcedencia del reclamo por no estar abastecidos los recaudos para la pretendida anulación de la sentencia de Casación (conf. art. 493, cit.).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Torres , Genoud y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el citado defensor oficial denuncia la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal por valorarse agravantes de manera inadecuada (v. fs. 164).
I.1. En lo que aquí importa, cuestiona la valoración como agravante del "alto grado de organización" de los intervinientes, en el entendimiento de que evidencia una contradicción lógica. Explica que no es posible ponderar esa circunstancia en contra de su asistido pues se demostró que los autores del robo incurrieron en un grave error en cuanto al destinatario del desapoderamiento. Por ello, sostiene que el pronunciamiento en crisis "...incurre en dos claros supuestos de arbitrariedad": en cuanto prescinde de las constancias comprobadas de la causa, y en tanto omite dar respuesta a uno de los cuestionamientos centrales esgrimidos por la defensa (v. fs. 166 vta. y 167).
También se agravia de la falta de respuesta por parte del sentenciante de los cuestionamientos relativos a que "...el hecho de haber sustraído armas de fuego en funcionamiento no necesariamente implica que los sujetos activos conocieran la aptitud de las mismas [...] toda vez que resulta lógico que no las dejaran en el escenario del hecho para evitar las represalias de las víctimas procurándose la impunidad en la huida. La falta de comprobación de ese conocimiento sin duda era obstáculo para valorar como aumentativo de la sanción la 'capacidad [de las armas] para poner en peligro la seguridad común', como lo hizo el Tribunal...". Entiende el recurrente que el apoderamiento de las armas se encuentra subsumido en la figura legal aplicada, no resultando una agravante en los términos del art. 41 del Código Penal (v. fs. 167).
En consecuencia, solicita la anulación del fallo y el reenvío para que se dicte uno nuevo conforme a derecho.
I.2. En lo que respecta a la tacha de arbitrariedad, alega que el pronunciamiento en crisis prescindió de las constancias de la causa.
Puntualiza que Casación ignoró el planteo vinculado a que la pena de treinta y dos años de prisión no respeta el principio de resocialización pues su defendido al momento de los hechos tenía treinta y tres años de edad por lo que cumpliría el resto de su vida privado de su libertad (conf. arts. 5.6, CADH y 10.3, PIDCP; v. fs. 167 vta. y 168).
En lugar de su debido abordaje, el a quo se limitó a afirmar que la condena impuesta resultaba proporcionada con relación a los injustos cometidos, pero nada dijo sobre el tiempo de privación de libertad y la finitud de la persona, todo lo cual -a criterio de la parte- evidencia la arbitrariedad del fallo por apartamiento injustificado del contenido del agravio (v. fs. 168 vta.).
Insiste en que el fallo en crisis evadió el referido embate al sostener "...'que la defensa tampoco ha ofrecido suficientes razones de crítica' [...] para sostener la alegada desproporcionalidad de la sanción impuesta".
Frente a ello, afirma que no puede considerarse válido un pronunciamiento que prescinde de los agravios llevados por lo que solicitó la anulación de la sentencia (v. fs. 169).
II. La Procuración General aconsejó rechazar la impugnación.
Nuevamente coincido con lo dictaminado.
III. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es insuficiente (conf. art. 495, CPP).
Veamos.
III.1. En primer lugar, teniendo en especial consideración que gran parte de las agravantes justipreciadas por el tribunal del juicio y convalidadas por la Casación, así como la sanción penal finalmente impuesta se fundaron, en gran medida, en la naturaleza de la acción, en los medios empleados, entre otros factores, resulta fundamental recordar el hecho por el que viene condenado Loto que llegó incontrovertido a esta Suprema Corte.
En lo que importa, se tuvo por probado que: " ...el día 17 de noviembre de 2014, siendo aproximadamente las 21:20 hs., al menos tres personas de sexo masculino y mayores de edad, dos de ellos a la postre identificado como José Alberto Loto y Gerardo Omar Holze, en cumplimiento de un plan previamente acordado entre ellos, se constituyeron en las cercanías del domicilio sito en la calle [...] de Esteban Echeverría, y previo escalar el nombrado Loto con el restante no identificado el paredón del inmueble mencionado, ingresaron al lugar y mediante el empleo de al menos un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada y un arma blanca tipo cuchillo, intimidaron a F. G., M.
L. V., A. M. y M. M. G. V., y los privaron ilegítimamente de la libertad durante aproximadamente una hora al maniatarlos e inmovilizarlos en las sillas de la cocina, y se apoderaron ilegítimamente de dinero en efectivo por un monto de $40.000 (pesos cuarenta mil), una Carabina de Repetición marca Winchester Calibre 30-30PLG N° 6070531, con mira telescópica marca Meopta 4x32 con funda negra y credencial de dicha arma, un revolver de acción doble marca Taurus calibre 22 PLG LR N°ik41226 con funda, binoculares marca Pentax 10x50 con funda negra y caja, linterna Mac Light negra con Led, caja de balas calibre 30/30 con punta de teflón, cortaplumas Victorinox con estuche de cuero marrón, aire comprimido Marac Gamo Calibre 4.5 mm con mira telescópica y funda negra, Notebook marca HP color ladrillo, Tablet marca Samnsung de 7, teléfonos celulares de los integrantes de la familia, anteojos RAYBAND de fibra de carbono con estuche, un perfume de mujer marca Millón, y una camioneta marca Volkswagen modelo Amarok dominio NUN-281, entre otros elementos, dándose a la fuga del lugar con el producto del ilícito, previo haberse comunicado en reiteradas oportunidades con [...] Gerardo Omar Holze que los aguardaba en la vía pública y quién prestó una colaboración sin la cual el hecho no se habría podido cometer al esperarlos asumiendo una actitud vigilante -'campana'- alertándolos de los movimientos del exterior, infundiéndoles así confianza a los otros con su presencia en el lugar para lograr consumar el hecho que estaban cometiendo, manteniendo con ellos constantes comunicaciones radiales y a quién consultaron previo a darse a la fuga con el producto del ilícito a los efectos de lograr consumar su accionar y lograr la impunidad.
Asimismo, en las circunstancias de tiempo y lugar antes reseñadas, uno de los dos masculinos que ingresó a la vivienda, abusó sexualmente en dos oportunidades de la menor A. G. V., quién a la fecha contaba con 17 años de edad, accediéndola carnalmente contra su voluntad, en la primera de las oportunidades vía oral al obligarla a succionar su pene, oportunidad en la que también le realizó sexo oral a la menor y le introdujo su lengua en la boca de ella, y en la segunda vía vaginal, cometiendo ello en las circunstancias en que permanecía la intimidación ejercida contra la misma y el grupo familiar antes referido por ambos sujetos que co-actuaban al mantener el dominio del hecho, manifestándole quién activamente ejerció el accionar contra la integridad sexual que si se negaba mataría o dañaría gravemente a alguno de los otros integrantes de la familia víctima que se encontraban en el lugar, maniatados y con las cabezas tapadas, y constituyendo dicho accionar por las características de su realización un sometimiento gravemente ultrajante para la víctima" (fs. 65 y vta.).
En particular, en lo que atañe a la determinación judicial de la pena, el órgano de mérito descartó la ponderación de atenuantes -tal como se reseñó en la cuestión primera de la presente- y tuvo por debidamente probadas las siguientes agravantes:
a) La circunstancia de que "...para atentar contra la propiedad de las víctimas [...] irrumpieron en la vivienda utilizada como hogar de la familia [...] con la grave vulneración al derecho a la intimidad que ello conlleva, donde los mantuvieron privados de su libertad por un largo tiempo, aplicando sobre los distintos integrantes de la familia [...] violencia contra la integridad física o intimidaciones, en especial para con los menores de edad [...] lo que sin duda demuestra la perversidad con que se condujeron, dirigiendo la peor agresión a las nenas con el deliberado fin que los padres se enteraran lo que les hacían" (fs. 87 vta. y 88).
b) El hecho se realizó con un alto grado de organización en tanto los sujetos intervinientes se valieron de la utilización de handys y con ello lograron ejecutar el hecho de manera extendida en el tiempo (más de una hora dentro del hogar) y, a su vez, asegurar su impunidad, de lo que se desprende un mayor grado de peligrosidad (v. fs. 89 y vta.).
c) La nocturnidad.
d) La extensión del daño causado debido al valor económico de los bienes sustraídos y el peligro al llevarse las armas de fuego de la víctima, una de ellas cargada con proyectiles.
En lo que aquí importa -teniendo en consideración las agravantes que hoy llegan discutidas a esta Suprema Corte- cuanto a la sustracción ilegítima de las diversas armas de fuego aptas para el disparo que pertenecían al damnificado, el órgano de mérito estimó que resultaba acertado valorar dicha circunstancia como pauta aumentativa de la pena pues revela un mayor grado de peligrosidad (v. fs. 89 vta. y 90).
e) El daño psicológico producido a la menor víctima del abuso sexual -que para ese entonces tenía diecisiete años de edad- y el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad (la niña estaba maniatada y con los ojos tapados) para la satisfacción de sus deseos sexuales mediante amenazas de atentar contra la integridad física o la vida de los restantes integrantes del grupo familiar (v. fs. 90 vta./91 vta.).
En función de todo ello y de la calificación legal asignada a los hechos, impuso a Loto la pena de treinta y dos años de prisión (v. fs. 93 vta.).
III.2. Por su parte, el Tribunal de Alzada descartó los planteos de la defensa y confirmó la sanción impuesta a Loto junto con todas las agravantes valoradas por la instancia.
En lo que respecta al "...alto grado de organización", desestimó los agravios de la parte por entender acertado el argumento consistente en que la utilización de handys durante todo el hecho les permitió a los coautores actuar sobre seguro en pos de obtener la impunidad. De igual manera, descartó las críticas consistentes en que dicha circunstancia implicaba una doble valoración con la primera agravante pues se contemplan dos aspectos diferenciados del injusto (conf. art. 41 inc. 1, Cód. Penal -v. fs. 142-).
Como segundo punto, en lo que concierne a la agravante vinculada con las armas de fuego sustraídas, señaló que "...tiene su razón de ser por tratarse de objetos con capacidad para poner en peligro la seguridad común" (fs. 142 y vta.).
De este modo, en función de lo así resuelto y teniendo en consideración las agravantes ponderadas respecto de Loto (extensión del daño causado -los sujetos activos ingresaron a la vivienda y mantuvieron privados de la libertad a sus integrantes durante un tiempo considerable, aplicando una violencia descomedida, tanto física como psíquica contra las víctimas, siendo dos de ellas menores de edad-; el alto grado de organización desplegado por la banda; la nocturnidad aprovechada para asegurar la impunidad; la extensión del daño causado -alto valor económico de los bienes sustraídos-; haber sustraído armas de fuego pues todas ellas funcionaban, una de las cuales estaba cargada, lo que implicó la puesta en peligro de la seguridad pública; el daño psicológico y la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la niña víctima del delito de abuso sexual) concluyó que la pena impuesta no resulta arbitraria, por ser respetuosa de los principios de culpabilidad y proporcionalidad en tanto se ajusta al disvalor de hecho y de resultado (v. fs. 143).
Por último, sostuvo que la noción de proporcionalidad no puede quedar limitada a un principio abstracto, sino que de esta se deben desprender criterios concretos al momento de fijar la pena. "Si el grado de proporcionalidad de la culpabilidad por el hecho pone el límite máximo en la individualización, razones de prevención especial e incluso prevención general pueden hacer recomendable una degradación a una escala inferior. Sin embargo, tras la fundamentación de los colegas de la instancia anterior, no encuentr[a] razones que tornan operativa esta posibilidad, especialmente si se atiende al grado de disvalor de hecho y el resultado" (fs. 143).
IV. De la reseña efectuada se advierte que las manifestaciones de la parte se exhiben inidóneas para conmover el temperamento adoptado.
IV.1. En efecto, las críticas relativas a la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal resultan insuficientes (conf. art. 495, CPP).
En cuanto al "grado de organización", el recurrente centra su reclamo en sostener que nada dijo el sentenciante respecto al error en que incurrieron los autores con respecto a la persona a quien querían robar. No obstante, deja incontrovertidos los motivos por los que el tribunal revisor confirmó dicho temperamento (la utilización de los handy les permitió actuar con seguridad y permanecer en la casa de las víctimas por más de una hora a la vez que les permitió huir del lugar en el momento oportuno).
De este modo, el solitario argumento de que el a quo no se expidió sobre dicho aspecto (la confusión sobre el sujeto pasivo del robo), no evidencia la errónea aplicación del art. 41 del Código Penal, sino un mero parecer discrepante respecto de las circunstancias que a su entender se debieron contemplar para aplicar la agravante en cuestión (conf. art. 495, cit.).
Igual suerte correspo
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.