Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136072
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (doctr. art. 493 y concs., CPP).
Se difiere, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Daniel Néstor Ceballos, por los trabajos desarrollados ante esta instancia (conf. art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.072, "Altamirano, Gustavo; Grosso, Elizabeth y Góngora, Franco s/ recurso extraordinario de nulidad en causa n° 75.594 y su acum. n° 95.458 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres.
El Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Quilmes mediante pronunciamiento dictado el día 19 de octubre de 2015, en lo que interesa, condenó a Elizabeth Fernanda Grosso a tres años y seis meses de prisión, siete años de inhabilitación especial para desempeñarse en cargos públicos, accesorias legales y costas; a Franco Manuel Góngora a tres años y cuatro meses de prisión, seis años y ocho meses de inhabilitación especial para desempeñarse en cargos públicos, accesorias legales y costas; y a Gustavo Daniel Altamirano a tres años y cuatro meses de prisión, seis años y ocho meses de inhabilitación especial para desempeñarse en cargos públicos, accesorias legales y costas, en orden al delito de apremios ilegales con víctimas plurales, en concurso ideal.
Ante el recurso casatorio presentado por la defensa particular de los imputados, la Sala III del Tribunal de Casación Penal, por sentencia dictada el 15 de febrero de 2018, hizo lugar parcialmente al recurso de casación, casó el veredicto impugnado y devolvió jurisdicción al tribunal de la instancia a fin de que a partir de lo allí decidido determinase la pena a imponer a Elizabeth Fernanda Grosso, a Franco Manuel Góngora y a Gustavo Daniel Altamirano por el delito de vejaciones con víctimas plurales en concurso ideal (v. sent. digital).
Frente a ello el doctor Ceballos, en representación de los imputados, presentó recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley los que fueron rechazados por haberse interpuesto contra una decisión que, para entonces, no era una sentencia definitiva ni resultaba un pronunciamiento que, por sus efectos, se debía equiparar a ella, ya que no concluía la causa ni provocaba un agravio de insuficiente o muy tardía reparación ulterior que requiriese tutela judicial inmediata.
Posteriormente, luego de la remisión efectuada por el órgano revisor, el Tribunal en lo Criminal n° 3 departamental, por sentencia de 14 de noviembre de 2018, condenó a Elizabeth Fernanda Grosso a la pena de tres años y tres meses de prisión, seis años y seis meses de inhabilitación especial para desempeñarse en cargos públicos, accesorias legales y costas; a Franco Manuel Góngora a la pena de tres años y un mes de prisión, seis años y dos meses de inhabilitación especial para desempeñarse en cargos públicos, accesorias legales y costas, y a Gustavo Daniel Altamirano a la pena de tres años y un mes de prisión, seis años y dos meses de inhabilitación especial para desempeñar cargos públicos, accesorias legales y costas, en orden al delito de vejaciones (con víctimas plurales, en concurso ideal).
Frente a esa decisión, la defensa particular de los imputados interpuso recurso de casación en el que denunció la errónea aplicación e inobservancia de los arts. 14, 16, 18, 28, 31, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 10, 15 y 171 de la Constitución provincial; 40 y 41 del Código Penal y 56, 106, 371 y 372 del Código Procesal Penal.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal mediante sentencia de 23 de junio de 2020 y su aclaratoria de 29 de noviembre de 2022, casó parcialmente la sentencia de origen, pero mantuvo, en definitiva, los montos sancionatorios oportunamente establecidos por el tribunal de la instancia.
Contra lo así resuelto, la defensa particular de los encausados interpuso recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad. La Sala de Casación interviniente declaró inadmisible el primero y concedió parcialmente el segundo, solo en cuanto a la denuncia de "omisión de tratamiento de cuestiones esenciales". Ante la queja presentada por la defensa (causa P. 135.598-Q), esta Corte, por resolución de 29 de septiembre de 2021, rechazó por inadmisible el tramo de la queja dirigido contra la desestimación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis, CPP, ley 14.647) y también la desestimó en lo relacionado con la denegatoria del recurso extraordinario de nulidad, con costas (art. 484, CPP).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. De conformidad con el auto dictado por la Sala recurrida, la concesión del recurso extraordinario de nulidad quedó ceñida al abordaje de las denuncias de "omisión de tratamiento de cuestiones esenciales" (pto. 2.b. segundo y tercer párr. de la resolución), de modo que con esos lindes cabe expedirse sobre los agravios traídos.
I.1. La defensa sostuvo que el a quo omitió tratar diversos tópicos esenciales que, de haberlos recogido, hubieran provocado la nulidad del fallo de condena.
En primer lugar, se refirió a la crítica sobre la actuación simultánea del señor fiscal como instructor en autos y como asesor-defensor del causante del incendio en el expediente de menores. Aseveró que el señor fiscal actuó en sede de mayores dirigiendo la instrucción de la causa y, simultáneamente, lo hizo ante el Tribunal de Menores n° 2 de Quilmes (causa 6.127/3) como asesor-defensor de uno de los autores del incendio (el menor W. G.), perdiendo, consecuentemente, la objetividad que la ley le asigna (art. 56, CPP).
Indicó que el menor acusado -antes mencionado- mantuvo la entrevista prevista en el art. 22 (según ley 10.067) con el juez, el asesor-defensor y el representante del Ministerio Público Fiscal -doctor Federico Nievas Woogate- siendo que, en su opinión, el señor fiscal no debió haber participado de la audiencia destinada a conocer las condiciones personales del imputado. Especificó que en esa entrevista se produjo una declaración incriminatoria del menor, imputado de causar el incendio en su calabozo, hacia los funcionarios policiales que lo sofocaron.
I.2. En segundo lugar, se refirió a la falta de tratamiento del agravio referente a la actuación simultánea de la señora asesora de menores, doctora Daroqui, y la posible comisión del delito de prevaricato.
Explicó que la citada asesora asistió promiscuamente a víctimas (menores del calabozo 2 y del 1 que no participaron en el incendio) y victimarios (los restantes menores).
Adujo que esa situación provocó una serie de irregularidades, ocasionando que los menores incurrieran en diversas mendacidades. Aseveró que no existe posibilidad procesal de intercambiar roles actuando en menores y en mayores, ni asesorar a personas con intereses contrapuestos, y que en el caso ello habría derivado en que los imputados "...no tuvieron derecho a un juicio justo...".
Afirmó que, llevadas estas quejas al tribunal de juicio, nada se logró a pesar de tratarse de nulidades absolutas e insanables y de haberse indicado el perjuicio concreto que ocasionaron. Entendió que igual omisión se produjo ante el tribunal casatorio pues tampoco se expidió sobre los referidos embates contenidos en el recurso de su especialidad.
Agregó que la única respuesta efectuada por parte de la Cámara interviniente en torno de las nulidades denunciadas fue que se trató de la formación de una "pre IPP".
I.3. Por último, se refirió al "Planteo ante Casación [del] estado de ACV de los testigos" del incendio y denunció su falta de tratamiento en el fallo en crisis.
Sostuvo que el doctor Gallardo en la audiencia oral declaró que "...los testigos menores de edad que fueron hospitalizados se hallaban todos en estado de ACV...", que el doctor Sapia se refirió a las reacciones derivadas de "...los compuestos de los colchones (cianuro), elemento tóxico que [...] afecta la captación de oxígeno, un estado de anoxia [...], de confusión mental...", circunstancias por las que "...el Tribunal [ a quo ] debió extremar el análisis de sus dichos y compararlos con el resto del plexo probatorio".
Afirmó que la denunciada omisión de tratamiento de ese reclamo encuadra en uno de los supuestos contenidos en el art. 168 de la Constitución provincial, puesto que el estado mental en que se hallaban los testigos -que dijo haber planteado oportunamente- evidenciaría la falta de adecuación entre los dichos de los ponderados testigos y las pruebas médicas producidas en el debate.
Solicitó la absolución de los imputados.
II. El señor Procurador General dictaminó propiciando el rechazo del recurso. Coincido con su opinión.
III. Conforme surge de los antecedentes, la sentencia dictada por la Sala III del Tribunal de Casación Penal el día 23 de junio de 2020, y su aclaratoria del día 29 de noviembre de 2022, completó el primer fallo pronunciado por esa Sala, y es contra esa decisión dictada el día 15 de febrero de 2018 que se articuló el recurso extraordinario en tratamiento.
III.1. En el recurso de casación que motivó el aludido pronunciamiento impugnado, la defensa técnica ejercida por la doctora Alejandra Vilma Rojo y el doctor Daniel Néstor Ceballos, en lo que interesa, en el capítulo XIX titulado "De la fundamentación de la sentencia en otra sentencia dictada contra los encartados sin su participación: conculcación del derecho de defensa", denunció que el señor juez de menores, doctor Entío, dictó en un proceso paralelo una sentencia el día 20 de abril de 2004, en la que sobreseyó a los menores imputados y que esa decisión no pudo ser controlada por esa parte.
Explicó que el magistrado tomó declaración a W. G., causante del incendio, so pretexto de mantener una audiencia de contacto, y que a partir de la misma imputó al personal policial. Remarcó que en esa audiencia participaron como asesores-defensores del menor el señor fiscal de instrucción de la causa y el señor asesor de menores.
Denunció que hubo ocultamiento de prueba colectada por el señor fiscal en extraña sede, y que tal circunstancia no obtuvo respuesta en ninguna de las instancias en las que fue planteada.
Aseveró que la señora asesora de menores defendió promiscuamente en la investigación de origen a víctimas y victimarios del incendio acaecido, asesorando tanto a los menores víctimas como a los generadores del incendio.
Resaltó que la funcionaria asistió a los reconocimientos en rueda de todos los imputados como asesora promiscua de los detenidos, víctima y victimarios, lo que se acreditó en el debate ante preguntas de la defensa a los testigos y a las víctimas.
Señaló irregularidades e incongruencias en la investigación que habrían derivado en una condena que estimó arbitraria.
Por otro lado, en el capítulo| XX titulado "Del humo y la visión: análisis parcial del tribunal" la parte indicó que, en base a los testimonios del hecho, la visibilidad era prácticamente nula en el sector del incendio, a lo que debía adicionarse la toxicidad del humo, producido por la quema de colchones, toda vez que el monóxido de carbono produce por vía inhalatoria síntomas de confusión mental, vértigo y enrojecimiento de los ojos.
En términos generales adicionó que el cianhídrico (cianuro) inhalado también genera confusión mental, tal como somnolencia, dolor de cabeza, enrojecimiento ocular, náuseas, convulsiones, jadeo, pérdida de conocimiento y muerte.
Apuntó que esos síntomas fueron detallados en los informes periciales efectuados por los doctores Herbstein y Maldonado, y aseveró que los testigos de cargo, que presentaron todos los síntomas indicados habida cuenta de su exposición al humo tóxico, al momento de testificar no se encontraban en condiciones de hacerlo, que ello no fue tenido en consideración por el juzgador y que, por el contrario, dio crédito a sus dichos.
III.2. El órgano intermedio en el punto IV del fallo, en lo relacionado con la utilización de elementos de prueba del expediente del tribunal de menores, expresó que "...el agravio resulta insuficiente. Los recurrentes no han fundado adecuadamente el agravio al no especificar cuáles fueron las pruebas y el perjuicio concreto que habrían sufrido". Destacó asimismo que "...en el debate oral tuvieron la posibilidad de citar a testigos y profesionales para interrogarlos o peticionar que se recree la prueba objetada".
Además, consideró que la evaluación que hizo el tribunal de grado sobre los relatos de los menores a los que calificó como sinceros y convincentes encontraba suficiente fundamento en la acreditación de sus dichos por otros medios de prueba, los que de seguido detalló.
IV. Como adelanté el recurso no prospera.
IV.1. En primer lugar, debo señalar que si bien la lectura del fallo en crisis evidencia cierta desprolijidad en la reseña de los agravios que, en lo que es de interés al caso, la defensa había llevado a conocimiento del tribunal revisor mediante el recurso de su especialidad, circunstancia que bien pudo obedecer a la pluralidad de imputados, de víctimas, de partes recurrentes, como a las sucesivas intervenciones jurisdiccionales, amén de otros factores aunque de exigua incidencia en lo que corresponde ahora resolver, lo cierto es que el recurso no logró conmover su validez intrínseca.
IV.2. Con esa aclaración, resulta pertinente recordar que es criterio de esta Corte que la preterición (omisión) a que se refiere el art. 168 de la Constitución provincial ocurre cuando el juzgador ha excluido el tema por descuido o inadvertencia, pero no cuando la materia aparece desplazada por el razonamiento expuesto en el pronunciamiento, o bien tratada implícitamente (conf. doctr. causas P. 70.692, sent. de 23-VI-1999; P. 101.608, resol. de 2-XII-2009; P. 109.775, resol. de 9-XII-2010; P. 111.516, resol. de 2-III-2011; P. 110.313, resol. de 16-V-2012; P. 107.598, sent. de 4-XII-2013; P. 114.109, sent. de 16-IV-2014; e.o.). Y esto último, conforme se verá, es lo que ha acontecido en este expediente.
IV.3. Coincido con la Procuración General en que al respecto de las dos primeras cuestiones que se denunciaron como omitidas, aunque el órgano intermedio no hizo expresa referencia a la denuncia de simultaneidad procesal y de promiscuidad en la labor de los funcionarios judiciales, de todos modos desechó las críticas efectuadas en ese capítulo del recurso de casación al atribuir a la parte no haber fundado adecuadamente su impugnación, por lo que se advierte que el planteo, lejos de ser preterido, fue tratado y descartado implícitamente.
Vale señalar, en refuerzo de la decisión de desestimar esos planteos, que de los propios términos del recurrente surge la alegación de haber incurrido el a quo en error o equivocación en su decisión, evidenciando así un disenso con lo resuelto y un claro cuestionamiento al acierto del fallo en ese sentido.
Además, en ese tramo del recurso la defensa reclamó la aplicación del art. 203 del Código Procesal Penal, por la afectación de las garantías del debido proceso y la defensa en juicio, invocando los arts. 18 y 28 de la Constitución nacional y 15 de su similar provincial, todo lo cual demuestra -también- que los planteos no configuran materia que deba ser analizada por esta Corte a través de la vía impugnativa en examen (conf. doctr. causas P. 106.057, sent. de 22-IX-2010; P. 110.072, resol. de 18-IV-2011; P. 107.461, resol. de 30-V-2012; P. 122.027, resol. de 8-IV-2015; P. 115.082, sent. de 15-VII-2015; P. 125.889, sent. de 14-IX-2016; P. 130.936, sent. de 20-III-2019; P. 136.096, sent. de 23-III-2023; e.o.).
En cuanto al otro reclamo que la defensa denunció como omitido referido al ACV que habrían padecido los testigos de cargo, no se advierte que ese agravio haya sido llevado a conocimiento del revisor en los términos que ahora fueron esgrimidos en la articulación en examen.
En efecto, de la lectura de la impugnación casatoria resulta que las únicas referencias que se hicieron sobre el estado de salud de los menores que testificaron aparecen en el apartado titulado: "Del humo y la visión. Análisis parcial del tribunal", donde la parte pretendió demostrar la escasa visión que los testigos tuvieron en aquel momento, producto de la gran cantidad de humo imperante y de las diversas afectaciones físicas, pero nada mencionó acerca de los padecimientos cerebrovasculares que mencionó en el recurso extraordinario en tratamiento y que denunció que fueron preteridos por el tribunal revisor.
De manera que los alegados padecimientos cerebrovasculares no fueron mencionados en la impugnación que la Casación debió analizar, no pudiendo -entonces- agraviarse la defensa por la pretendida omisión de tratamiento, cuando en términos de la mencionada patología no fueron planteados en la aludida ocasión.
Cabe agregar que también es doctrina de esta Suprema Corte que aun cuando el a quo no haya respondido directamente cada uno de los argumentos de las partes, si el análisis valorativo del fallo en su integridad conlleva un implícito rechazo del planteo no se configura la indebida preterición que da lugar al recurso extraordinario de nulidad (doctr. causas P. 93.196, sent. de 29-X-2008; P. 106.168, sent. de 17-III-2010; P. 137.099, sent. de 15-VIII-2023; e.o.).
Por lo que se lleva dicho, el recurrente no ha logrado demostrar que en la decisión en crisis se haya incurrido en la denunciada infracción del art. 168 de la Constitución provincial, toda vez que -en rigor- de la lectura de la impugnación se desprende que las críticas estuvieron dirigidas a cuestionar el acierto o a señalar el error de lo decidido y el modo en que se ponderaron los hechos y la prueba, extremos en todo ajenos al acotado marco de la impugnación bajo estudio (conf. causas P. 124.038, sent. de 27-IX-2017; P. 126.886, sent. de 6-VI-2018; P. 130.363, sent. de 20-III-2019; e.o.).
Por lo expuesto, voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (doctr. art. 493 y concs., CPP).
Se difiere, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Daniel Néstor Ceballos, por los trabajos desarrollados ante esta instancia (conf. art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/12/2023 17:59:25 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/12/2023 08:38:22 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/12/2023 09:27:24 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/12/2023 13:59:04 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/12/2023 15:00:02 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 22/12/2023 08:12:38 hs. bajo el número RS-181-2023 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia