Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136360
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza -por mayoría de fundamentos- el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (arts. 491 a contrario sensu, 493 y concs., CPP).
Asimismo, se difiere, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales correspondientes al doctor Federico Luis Fourquet por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.360, "Fahey, José Luis s/ Recurso extraordinario de nulidad en causa n° RC 26 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres, Maidana .
Conforme se desprende de las copias digitalizadas, la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Dolores, mediante el dictado del pronunciamiento del 24 de noviembre de 2021, confirmó -por mayoría- la sentencia dictada con fecha 22 de abril de 2020 por la Sala I del citado órgano jurisdiccional que, haciendo lugar a los recursos de apelación interpuestos por el señor agente fiscal y el particular damnificado, revocó el veredicto absolutorio, condenó a José Luis Fahey por resultar autor responsable del delito de homicidio culposo y dispuso el reenvío de la causa al órgano de mérito para la determinación de la pena. En función de ello, el Juzgado Correccional n° 3 de dicha ciudad procedió a fijar el monto de la pena correspondiente a Fahey, la que estableció en seis meses de prisión de ejecución condicional y cinco años de inhabilitación especial para ejercer la medicina, con costas -ver resolución de 26-III-2021; conforme arts. 26, 29 inc. 3, 40, 41, 45 y 84 -texto según ley 25.189- y concordantes del Código Penal-.
Contra lo así decidido, el defensor particular, doctor Federico Luis Fourquet, el 14 de diciembre de 2021, presentó recurso extraordinario de nulidad, mientras que con fecha 15 de diciembre del mismo año dedujo un escrito titulado: " Amplía fundamentos que hacen al recurso extraordinario de nulidad deducido " -el destacado figura en el original-.
La Sala II de la Cámara departamental interviniente, el 16 de febrero de 2022, declaró admisible el recurso extraordinario de nulidad, tanto en lo concerniente a las causales ortodoxas específicas que prevé el art. 491 del Código de rito, como en lo que respecta a las cuestiones de índole federal denunciadas.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El defensor particular del procesado José Luis Fahey, doctor Federico Luis Fourquet, alega que el procedimiento mediante el cual se alcanzó la mayoría de votos en el fallo dictado por la Sala II del Tribunal de Alzada interviniente que fuera reseñado en los antecedentes -ver sentencia de 24-XI-2021-, configura un caso de gravedad institucional que habilitaría la vía pretendida y afecta la forma republicana de gobierno, el derecho de defensa en juicio, el debido proceso, legalidad, dignidad y control de judicialidad y, en sustento de su postura, cita -además- jurisprudencia sobre el tópico de la gravedad institucional alegada.
Indica que se incurrió en la omisión de fundar el voto que conforma la mayoría en la sentencia revisora dictada por la Cámara y que fuera emitido por el señor juez doctor Defelitto "...cuando remite al voto precedente, sin indicar a cuál de los dos votos precedentes menciona, si al absolutorio [respecto de Fahey] del Dr. Rezzónico o el de condena de la Dra. Raggio. Situación que lo torna además de arbitrario, confuso (se salva por el sentido de la mayoría expresado en la parte resolutiva)", y manifiesta que los votos que conforman la mayoría -por el tiempo en que fueron dictados- reflejan la falta de reflexión y estudio sobre el fondo del caso.
Sostiene que el señor juez integrante de la Sala II de la Cámara departamental, doctor Rezzónico, votó -en primer término- a favor del recurso de la defensa y confirmó la absolución de Fahey, mientras que luego la señora jueza Raggio -en segundo término- se pronunció en favor de desestimar la impugnación deducida por la defensa contra la condena. De seguido, recuerda -en prieta síntesis- los fundamentos expuestos tanto en el veredicto absolutorio al que se arribó en la instancia originaria como en los fallos dictados por las Salas I y II -esta última por mayoría- de la Cámara interviniente y entiende que el estado de duda insuperable afirmado por la jueza de mérito no se superó en las instancias revisoras, las cuales incurrieron -excepto lo referido al voto del doctor Rezzónico- en arbitrariedad y ejercieron su labor sin respeto a la inmediación en la producción probatoria ni a las garantías de la defensa en juicio y del debido proceso.
Expone las razones que permiten, a su criterio, sostener el veredicto absolutorio y detalla las diversas probanzas que respaldan su pedido para que, en definitiva, se dicte la nulidad del fallo en revisión y el reenvío de la causa a la instancia para el dictado de una nueva decisión.
En esa senda, resalta que ante la falta de mayoría de opiniones entre los jueces integrantes de la Sala II de la Cámara revisora, esta debió ser integrada por el señor juez Defelitto, miembro de la Sala I, que no había intervenido con anterioridad en el caso. Así, refiere que el mencionado magistrado manifestó al momento de emitir su sufragio -en tercer término- que "... adhirió al voto precedente por sus fundamentos ", siendo que -a su modo de ver- tanto el voto del señor juez Rezzónico como el de la señora jueza Raggio son precedentes, "... lo que conlleva a dudas sobre el sentido del voto[.] EN TANTO NUNCA DICE A QU [É] VOTO PRECEDENTE ADHIERE [...]. Dudas que se despejan en la parte dispositiva, donde se expresa por mayoría el rechazo de la apelación de la defensa y [se] confirma [...la] condena impuesta por la Sala I" -el destacado figura en el original-.
Puntualiza, una vez más, que el agravio se configura con la omisión de fundar el voto que conforma la mayoría en la sentencia recurrida, lo que conlleva a la afectación del debido proceso y del derecho de defensa en juicio.
Agrega que se revocó una absolución a pesar de no contar con la inmediación que sí tuvo la señora jueza de mérito, doctora Analía Pepi, y con sustento en una mera opinión discrepante en la valoración de la prueba, circunstancias que -a criterio de la parte- desvirtúan todo el procedimiento penal seguido al imputado Fahey.
Cita, en aval de su reclamo, el voto de la señora jueza de primera instancia -doctora Pepi- y el minoritario del fallo en crisis -doctor Rezzónico- vertidos en favor de la absolución del encausado Fahey, y sostiene que emana de ambas decisiones la falta de certeza positiva para condenar al nombrado, mientras que, de los pronunciamientos dictados tanto por la Sala I de la Cámara de Dolores como por la Sala II de ese mismo órgano jurisdiccional -reflejado en el sufragio mayoritario de sus integrantes- surge claro, bajo su óptica, que vulneraron las formas y principios procesales que gobiernan la instancia de revisión y control a la que estaban llamadas a desempeñar.
En ese marco, precisa que el voto mayoritario de la sentencia impugnada incurrió en el vicio de arbitrariedad en tanto se fundó "... en constancias probatorias de la [etapa] preliminar de instrucción y no en la prueba rendida en el juicio. Retrotrayéndose a una instancia previa donde no medió bilateralidad, contradicción, inmediación en la prueba ni discusión sobre el acierto convictivo que permita arribar a la certeza necesaria para habilitar una condena ", por lo que requirió la anulación de la sentencia en crisis por quebrantar el debido proceso, el derecho de defensa en juicio y el contradictorio -el destacado figura en el original-.
De seguido, sostiene que la revisión amplia conforme los lineamientos que surgen del fallo "Casal" de la Corte nacional no se aplica a las impugnaciones contra veredictos absolutorios, sino que solo rige a favor del imputado en caso de condena y aclara que, contrariamente a lo expuesto en el pronunciamiento cuestionado, no fue posible plantear antes la afectación del derecho al recurso, pues tal agravio nació recién con el alcance dado a la vía recursiva del señor fiscal por parte de la Sala I de la Cámara departamental.
Plantea, en cuanto a la actuación de su defendido en el caso que nos ocupa, que no se le puede hacer ningún reproche en la práctica quirúrgica realizada por Fahey (cesárea), así como tampoco en su actuación durante el postoperatorio inmediato y previo a la manifestación del cuadro de shock hipovolémico de la paciente, y resalta que delegó tareas de control en personal de enfermería -dos de las cuales contaban con más de veinte años de experiencia en el servicio y otras dos en carácter de practicantes- y que, a su favor, rigió el principio de confianza.
De seguido, detalla la actuación realizada por el doctor Fahey entre las 11:00 hs. y las 13:30 hs. del día del hecho, oportunidad esta última en que es convocado el nombrado de urgencia para atender el cuadro de descompensación de la paciente, verificado por personal hospitalario de las áreas de enfermería y obstetricia, y concluye frente al acontecimiento del súbito sangrado de la damnificada, que no resultaba esperable en una paciente sana, el Tribunal de Alzada -por mayoría- fundó la imputación normativa con base en cursos causales hipotéticos para motivar la condena.
Asevera, a modo de síntesis, que el acusado Fahey no abandonó a la paciente a su suerte, no le negó atención profesional, sino que confió el control evolutivo inmediato posterior a la práctica quirúrgica realizada a la víctima (cesárea), en personal de enfermería y que no negó ni rehusó sus responsabilidades.
Colige que la omisión que se le reprocha al imputado no es equivalente a un comportamiento que pueda equipararse al tipo penal de homicidio culposo previsto en el art. 84 del Código Penal, en cuyos términos resultó encuadrado el comportamiento enjuiciado, dado que no se alcanzó un grado de certeza necesario entre la citada " omisión " y el " resultado reprochado" - el destacado figura en el original-.
A su vez, cuestiona que la condena confirmada por el fallo revisor -por mayoría- se fundó sobre tres pilares que juzga débiles: i) "persuasión" de la patología (endometriosis sincicial); ii) "presunción" de la omisión de control posterior postoperatorio y iii) "incumplimiento" de obligación normativa. A su entender, ninguno de tales extremos se afirma con la contundencia necesaria para arribar a la certeza que exige una condena y analiza, en su apoyo, la prueba producida durante el juicio, la ley de enfermería 12.245 -su decreto reglamentario 2.225- y el Manual Breve para la Práctica Clínica en Emergencia Obstétrica.
En función de todo lo expuesto, concluye que la actuación de su asistido resulta ajustada a las circunstancias de tiempo, modo y lugar "... sin generar un riesgo que exceda el límite permitido para el ámbito de cuidados [...]. Lo que excluye el reproche penal a [su] asistido y torna arbitraria la sentencia [en revisión]" -el destacado figura en el original-.
Por último, bajo el título " Amplía fundamentos ..." -ver reseña en los antecedentes de la presente-, cita en lo medular el fallo "Cañete" de la Corte federal -sentencia de 7-XII-2021- y sostiene que lo allí decidido resulta aplicable al presente en razón de que la decisión recurrida "...adolece de vicios que la tornan descalificable por carecer de racionalidad, situación que vulnera el debido proceso legal, defensa en juicio, acceso a la justicia y derecho de revisión, a partir de lo cual, se torna admisible la instancia recursiva y la oportuna anulación del fallo que pretende ser de condena con estos defectos intrínsecos" -el destacado figura en el original-.
II. Coincido con la Procuración General en que el recurso no prospera.
III. El recurso extraordinario de nulidad es improcedente (conf. art. 493, CPP).
III.1. El agravio vinculado con el voto de adhesión simple del señor juez Luis Felipe Defelitto -tercer término- no puede ser atendido en razón de que la defensa particular no logra demostrar que dicho magistrado no se haya expedido del modo establecido en el texto constitucional o que no exista mayoría de opiniones (conf. causas P. 77.065, sent. de 20-VIII-2003; P. 77.468, sent. de 17-XII-2003; P. 120.878, sent. de 9-III-2016; P. 124.967, resol. de 14-XII-2016; e.o.).
En efecto, de la lectura del fallo en crisis emitido por la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Dolores -sentencia de 24-XI-2021- se advierte que frente a la primera cuestión planteada por dicho Tribunal de Alzada -que consistió en saber si el fallo de la Sala I de ese mismo órgano jurisdiccional, que revocó el veredicto absolutorio recurrido y remitió la causa a la instancia de origen para que el juez de grado determine la pena que correspondía aplicar al imputado Fahey, se ajustaba a los hechos y a derecho-, emitió su voto -en primer término- el señor juez Daniel Rezzónico por la negativa , por considerar que correspondía absolver al imputado por aplicación de la regla in dubio pro reo . En segundo término, se expidió la señora jueza Lía Regina Raggio quien luego de examinar los hechos y la prueba producida durante el debate, votó por la afirmativa . En tercer término en el orden de votación, el señor juez Luis Felipe Defelitto expresó: "Adhiero al voto de la Dra. Raggio, por sus fundamentos. A la primera cuestión, voto por la afirmativa ".
De lo expuesto se advierte que los alcances del voto de adhesión simple del señor juez Defelitto, contrariamente a lo expuesto por el recurrente, exponen con claridad y contundencia la postura a la que suscribe sin dejar margen de dudas, ambigüedad o confusión.
En definitiva, como se adelantara, los términos en los que se formuló la adhesión simple no evidencian vicio alguno que permita descalificar el pronunciamiento como acto jurisdiccional válido. Cabe recordar que esta Suprema Corte ha resuelto reiteradamente que es constitucionalmente válido el voto cuyos fundamentos no se expresan in extenso sino por adhesión a un voto anterior emitido en el mismo acuerdo -lo que ha ocurrido en la sentencia impugnada- desde que ninguna ventaja habría en repetir lo ya dicho. En suma, el voto de adhesión significa que existe voto del juez que lo emite con idénticos fundamentos a los que se remite (conf. causas P. 77.812, sent. de 28-V-2003; P. 102.430, sent. de 27-VIII-2008; P. 113.932, resol. de 28-VIII-2013; P. 119.336, resol. de 20-VIII-2014; P. 123.607, resol. de 7-XII-2016; P. 128.927, resol. de 23-V-2017; P. 127.873, sent. de 27-XII-2017; P. 135.701, resol. de 1-XII-2021; P. 136.313, resol. de 4-IV-2022; e.o.).
III.2. Finalmente, las denuncias de arbitrariedad, gravedad institucional y violación de diversas garantías constitucionales (v.gr. sistema republicano de gobierno, defensa en juicio, debido proceso legal, juez imparcial, dignidad de la persona, legalidad, reserva y derecho al recurso) son ajenas a la vía impugnativa intentada (conf. doctr. causas P. 106.057, sent. de 22-IX-2010; P. 110.072, resol. de 18-IV-2011; P. 107.461, resol. de 30-V-2012; P. 122.027, resol. de 8-IV-2015; P. 115.082, sent. de 15-VII-2015; P. 125.889, sent. de 14-IX-2016; P. 127.583, sent. de 4-IV-2018; P. 130.936, sent. de 20-III-2019; P. 134.758, sent. de 19-XII-2022; P. 136.096, sent. de 23-III-2023; e.o.).
Además, lo decidido por el tribunal revisor cuenta con fundamentación legal (art. 171, Const. prov.; v. fs. 545 vta. y 546 -copias digitalizadas del fallo cuestionado-).
Por todo lo expuesto, corresponde rechazar por improcedente la vía extraordinaria de nulidad deducida, al no evidenciarse en el fallo recurrido infracción a los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial (art. 493, CPP).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Adhiero al voto del doctor Genoud.
En lo referido a la denuncias de arbitrariedad, la Sala II de la Cámara de Dolores citó mi postura -minoritaria- en cuanto a que "...dada su repercusión constitucional, los agravios federales formulados, merecen una respuesta más allá de los límites formales establecidos por la vía recursiva elegida, a fin de permitirle al impugnante transitar por el Superior Tribunal de la causa como recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal (art. 14, ley 48), conforme lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de los precedentes 'Strada' (Fallos: 308:490), 'Di Mascio' (Fallos 311:2478) y 'Christou' (Fallos 310:324)" (cfr. causas P. 63.922, "Cáceres", sent. de 10-V-2006; P. 136.096, "Bono", sent. de 23-III-2023; P. 136.937, "Tarraubella", sent. de 22-VIII-2023; e.o.).
II. De todos modos, aun con la salvedad apuntada, la solución no varía. El recurrente, si bien invoca la doctrina de la arbitrariedad de sentencias, no se encarga de demostrar cuál o cuáles de las pretorianas causales de dicha doctrina, se habría presentado en el caso.
En efecto, se trata tan solo de la declamación sin una explicación mínima de su pretensa configuración en el pronunciamiento atacado. Con su planteo, en rigor, pretende inducir a que esta Corte en tercera instancia interprete los hechos objeto de controversia bajo la singular apreciación que le da a las pruebas producidas. Y ello, claro está, escapa a la excepcional doctrina invocada, nacida para evitar casos de decisiones definitivas irrazonables a causa de graves errores en el objeto, los fundamentos o los efectos de las sentencias. Lo mismo cabe señalar respecto de las aserciones que formula sobre el final del escrito (titulado: "Amplía fundamentos que hacen al recurso extraordinario de nulidad...").
Por lo demás, el argumento referido a que los jueces de la Cámara que dictaron la condena, no tuvieron inmediación con la prueba producida en el juicio, aparece aislado sin que se lo vincule en forma directa e inmediata con alguna garantía constitucional.
Por todo lo expuesto, también voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria , Torres y Maidana , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza -por mayoría de fundamentos- el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (arts. 491 a contrario sensu, 493 y concs., CPP).
Asimismo, se difiere, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales correspondientes al doctor Federico Luis Fourquet por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/02/2024 11:04:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/02/2024 11:24:41 - MAIDANA Ricardo Ramon - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2024 17:08:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/02/2024 09:18:57 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/02/2024 13:51:02 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/02/2024 14:13:23 - JOFRÉ Lucía - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 09/02/2024 14:40:21 hs. bajo el número RS-4-2024 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia