Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137464
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 493, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.464, "N., M. A.. Recurso extraordinario de nulidad en causa n° 116.656 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria Genoud .
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 3 de mayo de 2022, rechazó el recurso de la especialidad deducido por la defensa oficial en favor de M. A. N. contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro que, en el marco de un juicio abreviado y con integración unipersonal, lo condenó a la pena de trece años de prisión, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarlo autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haberse cometido por el encargado de la guarda.
Contra lo así decidido, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, dedujo recurso extraordinario de nulidad, el que fue concedido por el órgano intermedio mediante decisorio dictado el 16 de septiembre de 2022.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La defensa denuncia omisión de tratamiento de cuestión esencial en los términos de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial.
Así, alega que no se dio tratamiento al reclamo vinculado con la falta de mensura, como pauta atenuante de la pena, de la carencia de antecedentes penales de N..
Sostiene que el órgano revisor se limitó a hacer un análisis general y dogmático de la sanción impuesta, sin expedirse sobre la pretensión defensista.
Agrega que la cuestión planteada resulta ser esencial, habida cuenta de que podría determinar la necesidad de retrotraer el proceso a fin de dictar un nuevo acto jurisdiccional.
II. Coincido con la Procuración General en que el recurso no prospera, a tenor de los fundamentos que expondré.
III.1. El Tribunal en lo Criminal n° 1 de San Isidro tuvo por probado que "...el 29 de noviembre de 2021, aproximadamente a las 00:05 horas, en el domicilio ubicado en la calle … … … piso ‘…’ de la localidad de Florida, partido de Vicente López, un sujeto abusó sexualmente de M. d. C. C.. Que dichos abusos consistieron en haberle tocado su zona genital -anal y vaginal- con su pene hasta accederla carnalmente, como así también haberla accedido con sus dedos en la misma zona. Que dichos actos ocurrieron encontrándose el hombre al cuidado y guarda de M. d. C. C., en tanto aquella padece de Esclerosis Lateral Amiotrófica y no puede valerse por sus propios medios. Que los actos mencionados significaron en la víctima un sometimiento gravemente ultrajante debido a las circunstancias de su realización, esto es, los distintos accionares abusivos [...] que provocaron una especial degradación y humillación, sumado a su particular situación derivada de su enfermedad".
Encontró a M. A. N. autor responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por el encargado de la guarda (art. 119 párr. tercero en función del párr. cuarto inc. "b", Cód. Penal) y lo condenó a la pena de 13 años de prisión, accesorias legales y las costas del proceso (acordada por las partes en la propuesta de juicio abreviado).
III.2. Frente a ello, la defensa interpuso recurso de casación, en el que denunció como único motivo de agravio la inobservancia de los arts. 40 y 41 del Código Penal y del art. 106 del Código Procesal Penal. Explicó que si bien la pena impuesta al imputado fue la acordada en el pacto de juicio abreviado, el juez de la instancia "...tenía un abanico de posibilidades", y no debía necesariamente homologar ese acuerdo de las partes. Aseveró que a la luz de las pautas mensurativas previstas en los arts. 40 y 41 del Código Penal la sanción impuesta resultaba excesiva e inútil para "...la reforma o readaptación" del acusado, conclusión a la que arribó tras efectuar un desarrollo general acerca de la finalidad de la pena y la actual situación del Servicio Penitenciario provincial. Concluyó que se había incurrido en una inobservancia de las normas contenidas en los arts. 40 y 41 del Código Penal, más teniendo en cuenta que N. no registra antecedentes penales (ver recurso digital).
III.3. La Sala II del Tribunal de Casación rechazó el recurso de la especialidad.
Para así decidir, tras señalar que llegaban incontrovertidas la materialidad ilícita y la autoría responsable de N., y que lo cuestionado era exclusivamente la pena dispuesta en el fallo -que se correspondió con la pactada por las partes en el acuerdo de juicio abreviado-, señaló que a la hora de fundar la pena el magistrado sentenciante explicó que, no habiendo valorado atenuantes ni agravantes, y a la luz de lo dispuesto por el art. 41 del Código Penal en atención a la impresión causada en la audiencia mantenida con el encausado, estimaba adecuado imponerle la sanción de 13 años de prisión.
Luego, la Casación entendió insuficiente el planteo de la defensa porque no aludía al caso puntual "...sino que se contenta con desarrollos de índole dogmático para dotar de fundamentación al agravio, lo que no resulta una adecuada técnica impugnativa en la que debe primar, en la labor de quien recurre, una crítica puntual y referida al caso concreto, analizándolo respecto del contenido puntual de la normativa que se dice infligida...".
De todas maneras, notó que existían motivos adicionales por los cuales también se imponía el rechazo del planteo.
Aseveró que se respetó el tope legal establecido por el legislador penal y el tope punitivo pactado por las partes en el procedimiento abreviado, por lo cual la pena dictada resultaba legal.
Asimismo, encontró motivada la sanción impuesta (art. 106, CPP) ya que aunque "...el juez no haya computado circunstancias atenuantes ni agravantes en el caso concreto, es dable destacar que tomó contacto de visu con el encartado, de conformidad con lo normado, justamente, en la normativa que se dijo inobservada, tras lo cual estimó adecuada la pena dispuesta, que por otra parte no hizo sino cumplir el pacto formulado por las partes".
Indicó que el procedimiento de adaptación de la pena legal al caso concreto es una actividad puesta en cabeza del juez de grado y que se encuentra regulada, en lo fundamental, por los arts. 40 y 41 del Código Penal, en función de los cuales los magistrados deberán fijar las penas aplicables dentro de los mínimos y los máximos legales previstos por las diferentes escalas; pero -añadió- dichos artículos en nada regulan el criterio con que los jueces deben realizar tal actividad.
Explicó que en el caso "...no puede decirse que la determinación del monto sancionatorio impuesto al procesado N. fuera inmotivado, pues el juez explicó las razones que fundaban la fijación efectuada [...] con arreglo a lo normado por los arts. 40 y 41 del [Código Penal]".
IV. De lo expuesto se advierte, tal como se puso de manifiesto en el dictamen de la Procuración, que el revisor abordó los temas propuestos por la defensa.
Conforme lo reseñado, el órgano intermedio se ocupó de la queja desarrollada por la defensa sobre el monto de pena impuesta, en su vinculación con los arts. 40 y 41 del Código Penal, teniendo en consideración que N. no contaba con antecedentes penales.
Específicamente, entendió la pena ajustada a derecho, dentro de los límites legalmente previstos y respetuosa del acuerdo de las partes, sin considerar ninguna circunstancia agravante ni atenuante -que tampoco fueron solicitadas por el Ministerio Público Fiscal ni por la defensa, conforme surge de autos- y meritando la audiencia de visu mantenida con el imputado.
Por ello, el razonamiento desarrollado por el revisor para confirmar la sanción impuesta por el tribunal de mérito desplaza el reclamo de la defensa, que se asentó en el monto de la pena impuesta con la alusión a la falta de antecedentes penales de N..
En ese sentido, cabe recordar que la jurisprudencia constante de esta Corte sostiene que, si las cuestiones que se dicen omitidas quedaron desplazadas como consecuencia de la resolución dictada por el Tribunal de Alzada, no hay infracción al art. 168 de la Constitución provincial; pues la preterición a la que se refiere esa norma ocurre cuando el órgano jurisdiccional ha excluido el tema por descuido, pero no cuando la materia se encuentra desplazada por el razonamiento expuesto en el pronunciamiento (art. 491, CPP; doctr. causas P. 121.865, resol. de 4-VIII-2016; P. 120.798, sent. de 19-IX-2018; e.o.).
Por todo lo expuesto, corresponde rechazar por improcedente la vía extraordinaria de nulidad deducida al no evidenciarse en el fallo recurrido infracción a los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial (art. 493, CPP).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 493, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/03/2024 11:07:06 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/03/2024 09:10:12 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/03/2024 15:30:31 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/03/2024 11:56:30 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/03/2024 12:15:18 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 06/03/2024 13:23:37 hs. bajo el número RS-23-2024 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia