Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138715
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza, por mayoría de fundamentos, el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (doctr. art. 493, CPP).
Se difiere, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales correspondientes al doctor Rodrigo Bentaberry por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.715, "Pueblas, Marcelo David s/ Recurso extraordinario de nulidad en causa n° 109.781 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Torres, Kogan, Carral.
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante sentencia del 27 de diciembre de 2021, en lo que importa, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la entonces defensa particular de Marcelo David Pueblas, contra el fallo del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Dolores que -en integración unipersonal y trámite de juicio abreviado-, lo condenó a la pena de cinco años de prisión, accesorias legales y costas del proceso por resultar autor responsable del delito de robo agravado por haber sido cometido mediante el empleo de arma (arts. 45 y 166, inc. 2, primer párrafo, Cód. Penal).
La defensa particular del imputado, ejercida por el doctor Rodrigo Bentaberry, dedujo recurso extraordinario de nulidad, que fue admitido por la Sala recurrida (v. resol. digital de 17-IV-2023).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 9 de octubre de 2023), dictada la providencia de autos (el 10 de octubre de 2023) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La defensa denuncia ausencia de voto individual en el pronunciamiento impugnado, atento que la doctora Budiño por simple adhesión, hace suyas las palabras del preopinante, corrompiendo de esta forma lo normado por el art. 168 de la Constitución provincial.
Asevera que de ningún modo la simple remisión a un voto individual precedente suple el requisito constitucional referido.
Como segundo agravio, se queja de la omisión de tratamiento de cuestiones que reputa esenciales. Postula que en el recurso de casación planteó la aplicación del principio in dubio pro reo a favor de Pueblas, pero el revisor lo rechazó sin brindar fundamentación suficiente, lo que constituyó un supuesto de arbitrariedad.
A su entender, la manifestación del órgano intermedio relativa a que "...no existió duda en el ánimo del sentenciante quien expresó su convicción sincera de los hechos, materia de juzgamiento", carece de la motivación suficiente requerida por el art. 106 del Código Procesal Penal.
De seguido, destaca que oportunamente planteó la deficiencia de los juzgadores en punto a la individualización de un tercer interviniente en el hecho, pues encontrándose ello acreditado no fue llevado a proceso, lo que entiende demostrativo de un dispar análisis de los elementos de cargo.
Indica que los casacionistas no se expidieron al respecto pese a haber identificado la crítica, lo que constituye un vicio lógico de razonamiento que, a la par, pone en evidencia la omisión de cuestión esencial.
Bajo el título "agravios de índole general" (mayúsculas en el original), postula que no se señalaron los elementos de prueba que concluyen en la decisión, obrando solo una enunciación de corte genérico, sin reparar en la afectación al derecho de defensa (art. 18, Const. nac.). Por ello sindica a esta cuestión como "...omitida de manera total por el [a] quo".
Denuncia la carencia absoluta del trabajo intelectual y lógico que importa una crítica razonada para dar certeza positiva sobre la autoría (art. 106, CPP - a contrario sensu -) y marcó que el fallo revisor no ingresó a los vicios lógicos expresados en el recurso, resultando una sentencia "...en todo injusta y arbitraria, no apegada a derecho".
Finalmente, peticiona la nulidad de lo resuelto por confrontar el art. 161, inc. 3, apartado "b", de la Constitución provincial.
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.1. En el recurso de casación la defensa se quejó de arbitraria valoración de los elementos de cargo para el dictado de la sentencia condenatoria. En prieta síntesis, sostuvo que no existe un solo argumento de sustento para la imputación y la sentencia dictada, que no sea la declaración indagatoria, a la que el mismo juez de grado le restó ese valor convictivo. Destacó, además, que -habiendo individualizado el imputado Pueblas al tercer interviniente en los hechos sucedidos desde casi el inicio de la investigación- la suerte de aquel no se encontró involucrada en el presente trámite, lo que debe entenderse en consecuencia como un dispar análisis de los elementos de cargo. Solicitó que se subsanen los errores incurridos, a los fines de su nueva sustanciación.
III.2. El tribunal intermedio, en lo que interesa, tras reseñar esos agravios, comenzó por establecer que la determinación de la materialidad ilícita del hecho objeto de juzgamiento y la participación que se tuvo por acreditada encontró suficiente y racional apoyo en la valoración armónica y conjunta del material probatorio que a tales efectos fue relevado por el a quo , brindando un adecuado desarrollo de las razones que guiaron su convicción.
Aseveró que el fallo atacado no presenta ningún déficit de motivación, ni vicio o defecto en el análisis del cuadro probatorio que importe una vulneración a las reglas consagradas en los arts. 106, 209, 210 y 373 del Código Procesal Penal.
Indicó que se tuvo por acreditado que "El día 26 de octubre del año 2.019, siendo aproximadamente las 15:30 horas, MARCELO DAVID PUEBLAS ingresó al comercio con razón social 'POTAGE S.R.L.', sito en calle 34 esquina calle 12 de la localidad de Santa Teresita, partido de La Costa, más precisamente al sector de depósito, y redujo al encargado del lugar, Señor Gastón Ariel Scelzo, a quien le colocó un cuchillo tipo 'Tramontina' en el cuello, mientras le refería 'DAME LA PLATA'. Ello, previo pergeñar un plan junto a PABLO EZEQUIEL FLORES, quien en su condición de empleado del lugar prestó a Pueblas información y cooperación en relación a los movimientos internos de la empresa, datos sin los cuales el delito no habría podido cometerse, apoderándose ilegítimamente de ese modo de la suma ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000), dándose a la fuga con la res furtiva en su poder, consumando de esta manera con el iter delictivo descripto (sic.)".
Específicamente respecto de la declaración brindada por Pueblas, coincidió con el a quo en cuanto a que, a la luz del conjunto probatorio valorado, su particular versión exculpatoria no alcanza para conmover la convicción conformada por el sentenciante con relación a su participación.
Tampoco advirtió, ni su defensa logra explicar, más allá de la alegación ensayada en orden a la ajenidad que invoca a partir de mencionar a "Maxi Toro", que ese dato resulte determinante como para desvirtuar el acaecer del suceso del modo como se lo tuvo por probado, "...en virtud de que tal manifestación, brindada en soledad por Pueblas, en realidad, no encuentra corroboración en ningún elemento de la causa".
Finalmente, y para sellar la suerte del recurso, afirmó que "...no se verifican las infracciones legales denunciadas por el impugnante a la hora de que el magistrado de grado justificara su convencimiento en cuanto a la ocurrencia del suceso y el protagonismo que en el hecho le cupo a los imputados, sin que las alegaciones defensistas logren controvertir el cuadro convictivo conformado por el a quo a partir de la valoración de la prueba reunida, pues, estimo que los cuestionamientos de los recurrentes no trascienden de una mera discrepancia subjetiva vinculada con la ponderación de las pruebas y al modo en que -a partir de tal valoración- el a quo fijó la materialidad y la autoría responsable de ambos encartados".
IV.1. El agravio vinculado a la ausencia de voto individual no progresa.
Del fallo en crisis surge que, con posterioridad al voto efectuado por el señor juez Mancini sobre la segunda cuestión planteada, la doctora Budiño, en referencia a aquella dijo: "Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos. Así lo voto".
Al respecto cabe recordar la inveterada jurisprudencia de esta Corte que sostiene que la simple adhesión a un voto precedente satisface el requisito constitucional de validez de las sentencias (conf. causas P. 130.227, sent. de 27-II-2019; P. 127.873, sent. de 27-XII-2017; P. 118.557, sent. de 22-X-2014; e.o.).
Así como que resulta válida la sentencia que ha sido dictada -sin disidencias- por dos de los jueces del tribunal cuestionado (conf. causas P. 121.259, sent. de 17-V-2017; P. 121.642, sent. de 26-X-2016; e.o.).
También ha dicho este Tribunal en reiteradas oportunidades que "...la adhesión significa que existe voto del Juez adherente con idénticos fundamentos a los del que se remite, pero por una razón de simplicidad obvia su repetición"; y que "...es constitucionalmente válido el voto cuyos fundamentos no se expresan en extenso sino por adhesión a un voto anterior emitido en el mismo acuerdo" (causas P. 34.304, sent. de 9-IV-1985; P. 49.097, sent. de 29-XII-1994; P. 59.393, sent. de 5-V-1998; Ac. 77.766, sent. de 3-V-2000; P. 86.665, sent. de 24-V-2006; P. 120.381, resol. de 6-V-2015; e.o.).
IV.2. Tampoco prosperan los restantes planteos.
Es dable recordar que el recurso extraordinario de nulidad solo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. prov.; cfr. doctr. causas Ac. 94.522, sent. de 12-VII-2006; Ac. 97.232, sent. de 13-XII-2006; Ac. 97.324, sent. de 18-IV-2007; Ac. 100.082, sent. de 18-VII-2007; Ac. 100.806, sent. de 16-IV-2008; Ac. 104.341, sent. de 25-II-2009; Ac. 103.584, sent. de 9-IX-2009; P. 105.206, sent. de 11-IV-2012; P. 113.118, sent. de 11-IX-2013; e.o.).
Como sostiene la Procuración en su dictamen, surge de los argumentos volcados en el recurso extraordinario en trato que, pese a denunciar en distintos pasajes "...la omisión de cuestiones esenciales", tales planteos en rigor se dirigen a poner de relieve la arbitrariedad en la sentencia en crisis.
Cabe destacar que las denuncias de arbitrariedad en la valoración de la prueba y falta de fundamentación, resultan cuestiones ajenas a la vía intentada, siendo eventualmente atendibles mediante el recurso de inaplicabilidad de ley (cfr. doctr. causas P. 130.227, sent. de 27-II-2019; P. 134.740, sent. de 18-IV-2022; e.o.).
Luego, si lo que se pretende objetar es el acierto o la manera en que se resolvieron las objeciones formuladas sobre tales extremos, ello es tema ajeno al recurso extraordinario de nulidad (causas P. 111.563, resol. de 22-IX-2010; P. 110.484, resol. de 28-XII-2010; P. 108.084, resol. de 6-IV-2011; P. 108.521, resol. de 1-VI-2011; P. 111.671, resol. de 13-VII-2011; P. 112.191, resol. de 21-IX-2011; P. 116.057 y acum. P. 116.334, resol. de 22-VIII-2012; P. 111.305, resol. de 12-IX-2012; P. 111.290, resol. de 3-X-2012; P. 108.865, resol. de 19-XII-2012; P. 113.257, resol. de 8-V-2013; P. 111.678, P. 114.563 y P. 116.102, resols. de 31-VII-2013; P. 114.008, resol. de 9-X-2013; P. 116.535, resol. de 30-X-2013; P. 114.631, resol. de 9-IV-2014; e.o.).
IV.3. En cuanto a la falta de respuesta sobre el argumento relativo al tercer partícipe del hecho, que no fue sometido a proceso penal, del análisis de la sentencia recurrida, se observa que ha resultado implícitamente desplazado por la decisión adoptada más allá de la falta de demostración de su esencialidad (v. punto III.2.; art. 168, Const. prov.).
En ese sentido, es doctrina de esta Suprema Corte que, aun cuando el a quo no haya respondido directamente cada uno de los argumentos de la parte, si el análisis valorativo en su conjunto conlleva un implícito rechazo del planteo, no se configura la indebida preterición que da lugar al recurso de nulidad (doctr. causas P. 93.196, sent. de 29-X-2008; P. 106.168, sent. de 17-III-2010; P. 116.699, sent. de 1-VI-2016; e.o.).
En atención a lo expuesto, corresponde rechazar la vía extraordinaria impetrada por improcedente (art. 493, CPP).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria por compartir sus fundamentos. Solo estimo necesario dejar a salvo mi criterio respecto a la introducción de agravios de naturaleza federal por una vía diferente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. En tal sentido tengo dicho (conf. causas P. 63.922, "Cáceres", sent. de 10-V-2006; P. 136.096, "Bono", sent. de 23-III-2023; P. 136.937, "Tarraubella", sent. de 22-VIII-2023; e.o.), que por aplicación de la doctrina de "Strada" (Fallos: 308:490), "Di Mascio" (Fallos: 311:2478) y "Christou" (Fallos: 310:324), esta Corte, en su carácter de Superior Tribunal de la causa, no puede inobservar el deber de dar una respuesta -más allá de los límites formales que establece la regulación de la vía elegida- cuando se trate de agravios federales oportunamente interpuestos, pues ello es lo que le permite al impugnante cumplir con el indicado recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal (art. 14, ley 48).
De todos modos, aun con la salvedad apuntada, la solución no varía, pues el recurso ha sido admitido por los motivos de nulidad planteados -en el caso- ausencia de voto individual y omisión de cuestión esencial, los que fueron abordados y descartados en el voto del colega ponente al que adhiero.
En cuanto a que -ciertamente- el recurrente también al pasar invocó la doctrina de la arbitrariedad de sentencias de la Corte federal (al sostener expresamente: "Que oportunamente se planteó la aplicación del principio in dubio pro reo a favor de nuestro asistido, el Tribunal resuelve sin dar fundamentación de sus dichos constituyendo dicho acto una arbitrariedad jurídica..." ), ello no abastece los recaudos mínimos que obliguen a este Tribunal en los términos de la doctrina citada en el párrafo anterior.
En efecto, de la lectura íntegra del recurso se advierte que solo se trató de la mención del término ("arbitrariedad") sin un acompañamiento de una explicación ni un desarrollo mínimo que permita interpretar que se trata de alguno de los pretensos supuestos reconocidos por la excepcional doctrina elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Con este agregado, reitero mi adhesión y también voto por la negativa.
El señor Juez doctor Carral , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza, por mayoría de fundamentos, el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (doctr. art. 493, CPP).
Se difiere, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales correspondientes al doctor Rodrigo Bentaberry por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/05/2024 13:15:02 - CARRAL Daniel Alfredo - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/05/2024 15:40:38 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/05/2024 17:16:22 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/05/2024 15:32:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 31/05/2024 23:26:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2024 08:23:23 - JOFRE Lucia - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 03/06/2024 08:45:18 hs. bajo el número RS-124-2024 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia