Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138717
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (doctr. art. 493, CPP).
Se regulan los honorarios profesionales del letrado interviniente, doctor Marcelo Ernesto Ciarlantini, en la suma equivalente a dieciocho (18) jus, por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.717, "Acuña, Pablo Ezequiel. Recurso extraordinario de nulidad en causa n° 118.775 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres, Kogan, Soria, Carral.
Conforme se desprende de las copias digitalizadas, la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 29 de diciembre de 2022, rechazó el recurso homónimo deducido por el defensor particular de Pablo Ezequiel Acuña, doctor Marcelo Ernesto Ciarlantini, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial de San Isidro que, en el marco de un juicio abreviado, condenó al nombrado a la pena de tres años y cuatro meses de prisión, accesorias legales y costas, por ser autor responsable del delito de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda.
Contra lo así decidido, el mencionado defensor particular dedujo recurso extraordinario de nulidad, el que fue concedido por el órgano inferior (v. resol. de 17-IV-2023).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de 7-VII-2023), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La defensa del imputado Acuña denunció la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial por haberse omitido el tratamiento de una cuestión esencial y por la falta de fundamentación legal en que se habría incurrido en el fallo del tribunal anterior.
I.1. Alegó que "...la sentencia del a quo ha omitido una cuestión esencial y es la relativa a que el único objeto de prueba (huella) hallado en un objeto de naturaleza móvil que haya sido localizado en el lugar del hecho únicamente acredita que la persona estuvo en contacto con el objeto lo que puede concitar las más aventuradas conjeturas sobre la procedencia de ese objeto, siendo por ello insuficiente para construir, con este único dato, una decisión condenatoria...".
Sostuvo que ese planteo se trataba de una cuestión esencial que fue olvidada por el órgano casatorio y que debió ser tratada, máxime cuando con ese dato se tuvo por acreditada la intervención del acusado en el hecho juzgado.
I.2. En otro tramo de su presentación denunció la trasgresión del art. 171 de la Constitución provincial, desde que -en su opinión- el pronunciamiento impugnado tendría "...una fundamentación solo aparente, en realidad no está fundamentado e incumple el precepto constitucional...".
Aludió a que el Tribunal de Casación "...Ha dictado una sentencia condenatoria sin fundamentos. No se trata de la mera infracción a las reglas que regulan la carga de la prueba (art. 375 del CPCC [sic]) las que darían pie al recurso de inaplicabilidad de ley, se trata de que no hay sustento fáctico para estructurar normativamente a la sentencia. El error en la subsunción hace al fallo carente de todo fundamento legal".
I.3. Concluyó manifestando plantear una cuestión federal en los términos de la doctrina de la arbitrariedad, la que -adujo- "...ha sido sorpresiva" en caso de mantenerse el pronunciamiento del inferior. Denunció la vulneración de los arts. 16 y 18 de la Constitución nacional.
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General: el recurso no prospera.
II.1. En cuanto a la omisión de tratamiento denunciada, y tal como se puso de manifiesto en el dictamen referido, se advierte en la decisión recurrida el expreso tratamiento de la aludida cuestión llevada a conocimiento del a quo .
En efecto, ante el Tribunal de Casación la defensa había criticado que la autoría responsable de Acuña en el hecho en juzgamiento se comprobó -en opinión de esa parte- con una "...única prueba (huella dactilar)", argumentando que con solo ese dato no se podría arribar a una sentencia de condena.
Por su parte, en el fallo del órgano revisor, el juez ponente doctor Mancini -que concitó la adhesión simple de la doctora Budiño-, luego de describir la materialidad ilícita y el cuadro probatorio acreditante, expresó que "...en orden a la participación también se advierte que el magistrado detalló la prueba de la que se valió para conformar su convicción (arts. 106, 209, 210 y 373 del CPP)// En tal sentido consideró en el fallo que ‘ Los indicadores de presencia y participación del nombrado ACUÑA resultan elocuentes como consecuencia de detectarse -cfme. acta LEF fs. 17/27- un rastro de origen dactilar revelado de una caja de perfume ‘Paco Rabbanne’, que ingresado al Sistema AFIS se determinó que correspondía al dígito medio de la mano derecha de una persona identificada como Pablo Ezequiel Acuña, circunstancia que adquiere relevancia por tratarse el imputado de una persona que no frecuentaba la vivienda siniestrada, ni era conocida por la víctima conforme lo manifestara el propio Valentín Gutiérrez Yelma, a fs. 57/57vta. y 65/67' " (el destacado figura en el original).
Añadió que "...preguntado el damnificado para que diga si conoce a una persona de nombre Pablo Ezequiel Acuña, sostuvo puntualmente que: ‘No, no, para nada. Si la huella es de esa persona, ese debe ser uno de los ladrones, porque otro hombre no ingresa a mi casa. Y no tengo amigos con nombre Pablo’ ... Es más, mi prima me dijo que los perfumes los habían puesto en sábanas para llevárselos, pero evidentemente cuando yo empecé a gritar les quedaron en la casa ... ' ".
El revisor subrayó que "...se advierte que la sentenciante de grado, para conformar su convicción, siguió un camino que se encuentra respaldado por las razones que la condujeron a esa conclusión, las cuales se asentaron en la apreciación crítica de los elementos probatorios -incorporados a la causa por lectura- y en la evaluación lógica de un conjunto de indicadores que de manera unidireccional sirvieron para cimentar su juicio de certeza respecto de la ocurrencia del suceso y la coautoría responsable de Acuña, sin ninguna hesitación (art. 1°, en sentido contrario, CPP)".
A partir de ello, argumentó no poder compartir la alegación defensista mediante la cual se sostuvo un cuadro de orfandad probatoria en orden a la acreditación de la participación de Acuña en el evento en trato pues, surge "...razonablemente acreditada a partir de los datos aportados por el conjunto probatorio valorado".
Agregó que "En el caso, se advierte que la prueba se nutre al correlacionar los dichos de la víctima quien resultó clara al referir que en el evento participaron por lo menos tres personas y en narrar la modalidad comisiva, con el indicio de presencia en el escenario criminal derivado del hallazgo de su huella dactilar en la vivienda del damnificado, como también del contexto temporo-espacial en el que se produce dicho descubrimiento de indiscutible proximidad temporal con el momento del desapoderamiento".
De seguido señaló que la defensa se había limitado a plantear la supuesta "...orfandad probatoria" pero que "...no se encargó de refutar o contrarrestar de manera concreta y circunstanciada las conclusiones arribadas por el sentenciante", respecto de quien destacó que arribó a su decisión en el marco de la libertad probatoria y en observancia de los arts. 209 y 210 del Código Procesal Penal.
Continuó señalando que si bien en estas actuaciones se acordó un juicio abreviado, que constituye "...una opción que poseen el imputado y su defensa (conf. arts. 395, 396 y concs. del CPP), quienes previo a suscribir el acuerdo tienen la posibilidad de evaluar si dicho procedimiento resulta más conveniente a sus intereses siendo insoslayable que, al seleccionar este mecanismo de juzgamiento (con la necesaria -renuncia- a la celebración de un debate oral, marco más apropiado para habilitar discusiones amplias y profundas, según lo amerite cada caso particular), es lógico que -en gran medida- ceda terreno a la hora de contrarrestar las pruebas de cargo existentes en la causa y contra argumentar invocando las que estime más conducentes", y que "...en este tipo de procedimientos, de algún modo, cobra aún más entidad el principio de libertad probatoria (art. 209 del rito) predispuesto legalmente en cabeza del juez, justamente por la dimisión de las partes de someterse a un proceso oral donde podrían, eventualmente, discutir más ampliamente la pertinencia y conducencia de los elementos de prueba".
Concluyó diciendo que en estas actuaciones el magistrado conformó "...lógica y razonadamente su convicción sincera sobre la ocurrencia del suceso y la participación del encartado en grado de coautor, por sobre cualquier otra hipótesis [...], [con] los elementos probatorios incorporados a la causa y de evaluación lógica de un conjunto de indicadores que resultaron armónicos, contundentes y legalmente aptos para arribar a la condena del acusado [...], sin que las alegaciones defensistas logren controvertir el cuadro convictivo conformado por el a quo a partir de la valoración de la prueba reunida".
II.2. De todo lo antes transcripto, se advierte que el planteo casatorio formulado por la defensa fue expresamente abordado por el tribunal anterior.
Frente a ello, resulta evidente que el recurrente, lejos de argumentar sobre la argüida falta de tratamiento de una cuestión esencial, en rigor, pretende cuestionar el acierto o profundidad de lo decidido, extremos ajenos al acotado marco de la vía impugnativa intentada, lo que basta para desestimar el agravio sustentado en la supuesta trasgresión del art. 168 de la Constitución provincial (conf. doctr. causas P. 95.797, sent. de 31-X-2007; P. 93.939, sent. de 25-III-2009; P. 108.232, resol. de 4-VIII-2010; P. 106.347, resol. de 16-XI-2011; P. 123.902, sent. de 4-V-2016; P. 125.988, sent. de 14-VI-2017; P. 126.826, sent. de 11-IV-2018; P. 123.706, sent. de 13-VI-2018; e.o.).
II.3. Por otra parte, la sentencia impugnada se encuentra fundada en ley, conforme la manda establecida en el art. 171 de la Constitución local, siendo doctrina arraigada de este Tribunal que lo atinente a la denuncia de incorrecta, desacertada y/o deficiente motivación es materia inherente al remedio de inaplicabilidad de ley y eventualmente reparable por ese medio que, en el caso, la parte prescindió de interponer (conf. doctr. causas P. 125.841, sent. de 31-X-2016; P. 124.038, sent. de 27-IX-2017; P. 126.734, sent. de 11-X-2017; P. 124.577, sent. de 7-XI-2018; e.o.).
II.4. Finalmente, la denuncia de arbitrariedad del pronunciamiento impugnado, así como las referencias a la inobservancia de garantías constitucionales, tales como el principio de igualdad, resultan ajenas a la vía impugnativa intentada (conf. doctr. causas P. 106.057, sent. de 22-IX-2010; P. 110.072, resol. de 18-IV-2011; P. 107.461, resol. de 30-V-2012; P. 122.027, resol. de 8-IV-2015; P. 115.082, sent. de 15-VII-2015; P. 125.889, sent. de 14-IX-2016; P. 130.936, sent. de 20-III-2019; e.o.).
III. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar por improcedente la vía extraordinaria de nulidad deducida al no evidenciarse en el fallo recurrido la alegada infracción a los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial (art. 493, CPP).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Genoud. Sólo dejo a salvo mi criterio en lo referido a la introducción de una cuestión federal por el carril del recurso extraordinario de nulidad. En tal sentido tengo dicho (conf. causas P. 63.922, "Cáceres", sent. de 10-V-2006; P. 136.096, "Bono", sent. de 23-III-2023; P. 136.937, "Tarraubella", sent. de 22-VIII-2023; e.o.), que por aplicación de la doctrina de "Strada" (Fallos: 308:490), "Di Mascio" (Fallos: 311:2478) y "Christou" (Fallos: 310:324), esta Corte, en su carácter de Superior Tribunal de la causa, no puede inobservar el deber de dar una respuesta -más allá de los límites formales que establece la regulación de la vía elegida- cuando se trate de agravios federales oportunamente interpuestos, pues ello es lo que le permite al impugnante cumplir con el indicado recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal (art. 14, ley 48).
De todas maneras, aun con la salvedad apuntada la solución no varía, pues la denuncia de arbitrariedad así como también las referencias a la inobservancia de garantías constitucionales, tales como el principio de igualdad, no poseen un desarrollo mínimo que dé cuenta de la presencia de un agravio suficiente. Con este agregado, adhiero a mi colega y también voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria y Carral, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (doctr. art. 493, CPP).
Se regulan los honorarios profesionales del letrado interviniente, doctor Marcelo Ernesto Ciarlantini, en la suma equivalente a dieciocho (18) jus, por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/05/2024 13:17:29 - CARRAL Daniel Alfredo - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/05/2024 15:40:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/05/2024 17:16:22 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/05/2024 15:32:52 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 31/05/2024 23:26:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2024 08:23:24 - JOFRE Lucia - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 03/06/2024 08:42:12 hs. bajo el número RS-123-2024 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia