Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138528
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza -por mayoría de fundamentos- el recurso extraordinario de nulidad deducido a favor de Nicolás Moreno, con costas (arts. 491 a contrario sensu , 493 y concs., CPP).
Asimismo, se difiere, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Gastón Maximiliano Nicocia por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.528, "Moreno, Nicolás. Recurso extraordinario de nulidad en causa n° 37.643 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan , Soria, Budiño, Maidana.
La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Nicolás Moreno contra la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 4 que condenó al nombrado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y siete de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores, por resultar coautor del delito de homicidio culposo agravado, y le impuso por el plazo de dos años las siguientes reglas de conducta: a) fijar domicilio y someterse al cuidado del Patronato de Liberados, debiendo presentarse en forma bimestral en la delegación correspondiente y b) realizar un curso de concientización en la conducción de vehículos automotores (art. 27 bis inc. 1, Cód. Penal; v. sentencia en causa CP 37.643 de fecha 16 de diciembre de 2022; copias digitalizadas en sistema Augusta).
Contra lo así decidido, el defensor particular, doctor Gastón Maximiliano Nicocia, dedujo recurso extraordinario de nulidad (v. copia en causa digitalizada). El Tribunal de Alzada, el día 16 de marzo de 2023, concedió la impugnación.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El defensor denunció la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial. Sostuvo que, al no tratar ni resolver todas las cuestiones que le fueron sometidas por la defensa, los magistrados no han dado su voto en todas las cuestiones a decidir.
Agregó que, a raíz de esa infracción, se incurrió en arbitrariedad en la valoración de los elementos probatorios rendidos en el debate, afectándose las garantías de debido proceso y defensa en juicio.
Afirmó que al interponer el recurso de apelación especificó los agravios que le generaba la sentencia de origen, puntualizando que había cuestionado la atribución de responsabilidad de su asistido en el suceso en análisis, como también la falta de tratamiento de la eximente prevista en el art. 34 inc. 3 del Código Penal y del planteo relativo a la aplicación al caso de la pena natural. Refirió que, además, había señalado la posible intervención de un tercer vehículo en la colisión.
Adujo que esas circunstancias no fueron tratadas por la Cámara —al menos en una forma que no sea puramente dogmática—, por lo que solicitó la nulidad del fallo en crisis.
Tras reseñar los reclamos esgrimidos sobre los puntos antes mencionados y lo resuelto a su respecto, expresó que el Tribunal de Alzada no hizo ningún esfuerzo por efectuar una concreta revisión de los denunciados vicios sobre la valoración de la prueba.
Ofreció un análisis sobre la naturaleza de la pena natural que había invocado, aludió a lo declarado por varios testigos que dieron cuenta del estado emocional en que se encontraba Moreno por las consecuencias del hecho y concluyó que la aplicación de la pena regulada desde el Estado violaría, en este caso, el principio de proporcionalidad que debe mediar entre el hecho y la pena, y el principio de humanidad.
En definitiva, afirmó que los agravios fueron tratados de forma arbitraria por falta de debida fundamentación y que, además, se violentó la normativa constitucional y convencional que citó.
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General: el recurso no procede (art. 493, CPP).
III.1. En las instancias previas se dio por acreditado que "...poco antes de las 23:00 horas del día 28 de julio del a 2017, un grupo de amigos se desplazaba en dos rodados por avenida 32 de esta ciudad, con sentido SO-NE, uno de ellos el Peugeot 306 dominio ATH 742 en el que se trasladaban como acompañantes David Cabrera, Juan Cruz Pereira y Rodrigo Molina Adrover, y otro el VW Bora dominio FMG 612, que lo hacía por la misma arteria y en igual dirección y sentido pero por detrás y en el cual se encontraba como acompañante Joaquín Bustamante Acosta.//Que ambos automotores circulaban a una velocidad imprudente y excesiva, teniendo en cuenta la nocturnidad y las características de una arteria como en la que se desplazaban, de tránsito fluido y en un día viernes.//Que al arribar al tramo comprendido entre las calles 10 y 11 el conductor del Peugeot, luego identificado como Nicolás Moreno, perdió el control hacia la izquierda lo que generó que el Volkswagen Bora, al mando de Carlos Esteban Vallines, lo embistiera con su frente de avance en el lateral izquierdo deteniéndose ambos rodados luego del impacto y posterior derrape sobre la rambla.//Que como consecuencia directa y exclusiva del hecho se produjo el fallecimiento de Rodrigo Molina Adrover y Juan Cruz Pereira. Los motivos de ambos decesos se encuentran acreditados con las autopsias de fs. 114/118 y 137/140" (sent. de 20-V-2022).
III.2. En el recurso de apelación la defensa había planteado que, teniendo en consideración la forma en que acaecieron los hechos y el comportamiento asumido por un tercer vehículo, no se había dado tratamiento a la eximente solicitada ni a la aplicación subsidiaria de la pena natural, ello por acudir la señora jueza correccional —dijo— a valoraciones parciales y fragmentadas de los testimonios, que habrían derivado en el absurdo valorativo de la prueba, con afectación del debido proceso y la defensa en juicio al no respetarse la exigencia de debida fundamentación.
III.3. Por su parte, la Cámara, en lo que interesa destacar, realizó un repaso de las pruebas valoradas y explicó que la magistrada a cargo del Juzgado Correccional n° 4 había ponderado —como prueba esencial a los fines de la reconstrucción del hecho— la declaración del perito Diego Juan Fassano, quien refirió las circunstancias del hecho antes reseñadas e indicó que, en virtud de los daños verificados en los automóviles y las fotos, los vehículos involucrados terminaron luego de la colisión sobre la rambla y uno de ellos contra un árbol, debido a la velocidad a la que circulaban, destacando que la calzada estaba seca, que era de hormigón y que había huellas de derrape, y que pudo calcular la velocidad mínima para el Bora en el rango de 72 a 99 km/h y de 97 km/h para el Peugeot, dando cuenta de que la velocidad genera mayor expectativa de riesgo y de daños, en tanto de haberse respetado la reglamentaria se hubiera evitado el hecho. Al mismo tiempo, el experto no encontró elementos que permitieran inferir la participación de otro vehículo en el luctuoso suceso.
El revisor señaló que conjuntamente con dicha prueba se meritaron las incorporadas por lectura al debate, entre ellas, la planimetría de fs. 80. Asimismo, se analizó el testimonio de Joaquín Acosta Bustamante, que iba de acompañante en el Volkswagen Bora, indicando que sus manifestaciones no encontraban corroboración en los restantes elementos de prueba colectados, y los dichos del testigo presencial Arnaldo Díaz, quien en su descripción sobre lo percibido expresó que no divisó ningún otro vehículo en el momento del hecho.
Luego, expresó su coincidencia con lo decidido por la sentenciante de origen en cuanto a que la velocidad a la que venía el automóvil conducido por Moreno era excesiva, desde que la máxima permitida para el lugar donde acaeció el suceso es de 60 km/h. Compartió también la conclusión de que el Peugeot 306 fue impactado por alcance en su lateral izquierdo en virtud de interponerse en el camino del Volkswagen Bora que avanzaba en forma recta sobre la misma arteria y en el mismo sentido de circulación, ambos a velocidad excesiva y antirreglamentaria, lo que provocó la pérdida de dominio de los vehículos conducidos por Vallines y Moreno, por lo que la conducción imprudente de ambos imputados fue la determinante de la colisión y su resultado dañoso.
Manifestó el tribunal que no advertía fragmentación en el análisis probatorio ni vicios que descalificaran esas apreciaciones, sino todo lo contrario: una decisión fundada en la que se dejó constancia de manera pormenorizada de los fundamentos en los que basó la condena, resultando una derivación razonada de la prueba colectada en autos.
El revisor destacó la conclusión del perito en cuanto afirmó que, pese a no haberse podido establecer el motivo que provocó el desvío de la trayectoria del Peugeot —pues no encontró falla técnica o desperfecto que pudiera producir el descontrol o falta de dominio del vehículo—, los daños hubieran sido menores si la velocidad hubiera sido la permitida —de hasta 60 km/h—, y que si bien el mencionado automóvil presentaba un golpe en la parte de atrás, este fue producto del mismo hecho. También apreció que lo testimoniado por Bustamante Acosta, así como lo declarado por Vallines y Moreno, no encontraba corroboración en otras constancias probatorias.
Concluyó este tramo afirmando la corrección de la decisión cuestionada, en tanto la tuvo por razonadamente derivada de la prueba producida y de la incorporada al debate, destacando que fueron respetadas las reglas de la sana crítica racional (conf. arts. 106 y 371, CPP).
Con relación a la supuesta omisión de tratamiento de cuestión esencial, la Cámara consideró que no se verificaba, dado que el pedido de aplicación de la eximente prevista en el art. 34 inc. 3 del Código Penal quedó desplazado por la forma en que se tuvo por acreditado que la acción imprudente —velocidad excesiva y antirreglamentaria— provocó la pérdida de dominio de los vehículos conducidos por los imputados y fue determinante de la colisión y del resultado dañoso, además de haber quedado descartada la hipótesis acerca de la existencia de un tercer vehículo.
La Cámara tampoco encontró que se haya omitido la alegada cuestión esencial referida a la pena natural. En ese sentido, afirmó que "...ello obedece a que la cuestión también aparece desplazada por el razonamiento expuesto en la sentencia y en particular, por la imposición de la pena de prisión de ejecución condicional y de inhabilitación especial".
IV. De las circunstancias reseñadas y del análisis de la sentencia recurrida, se observa que las cuestiones que se denunciaron como preteridas han sido debidamente tratadas o bien han resultado implícitamente desplazadas por la decisión que en definitiva adoptó el órgano intermedio (conf. art. 168, Const. prov.).
Por un lado, el planteo sobre la eximente alegada (art. 34 inc. 3, Cód. Penal) quedó claramente desplazado en el cuestionado fallo al tenerse como circunstancia directa del suceso a la imprudencia constatada en el accionar del acusado (excesiva y antirreglamentaria velocidad en la conducción de su vehículo) y en la falta de comprobación de la supuesta existencia de otro vehículo, ajeno al de los protagonistas mencionados en el fallo, que habría intervenido en la ocasión.
De otro lado, las restantes consideraciones desarrolladas en el recurso en examen evidencian el tenor del cuestionamiento traído por la defensa.
En efecto, el impugnante sustentó su reclamo en las declaraciones testimoniales de quienes describieron el estado emocional en el que se habría encontrado el acusado tras el desenlace fatal juzgado en estas actuaciones, formulando apreciaciones teóricas sobre la pena natural y los principios que garantizan la proporcionalidad debida entre el hecho y la pena, los que entendió que habrían sido conculcados en el caso.
Así entonces, resulta evidente que —en rigor— el impugnante criticó la manera en que fueron valoradas las pruebas invocadas en autos, el modo en que la Cámara rechazó los planteos sobre las omisiones alegadas, y el acierto jurídico de lo decidido, todo lo cual resulta ajeno al acotado ámbito del recurso extraordinario de nulidad bajo examen (doctr. causas P. 62.992, sent. de 13-III-2002; P. 70.824, sent. de 29-V-2002; P. 80.176, sent. de 6-VII-2005; P. 124.038, sent. de 27-IX-2017; P. 132.314, sent. de 27-VIII-2020; P. 133.719, sent. de 21-II-2022; P. 135.316, sent. de 24-X-2022; P. 137.245, sent. de 15-XII-2023; e.o.).
Por lo demás, resulta oportuno recordar que es doctrina de esta Suprema Corte que la obligación de los tribunales colegiados de resolver las cuestiones esenciales no implica la de contestar cada uno de los argumentos propuestos por las partes en apoyo de sus pretensiones si con lo dicho resulta suficiente para la atribución del delito en cuestión (conf. doctr. art. 168, Const. prov. y, por muchas, causa P. 125.631, resol. de 14-X-2015).
Finalmente, la denuncia de arbitrariedad en la valoración de la prueba y falta de fundamentación resulta una cuestión ajena a la vía intentada, siendo eventualmente atendible ese planteo mediante el carril de la inaplicabilidad de ley (conf. doctr. causa P. 130.227, sent. de 27-II-2019; e.o.).
En atención a todo lo expuesto, corresponde desestimar por improcedente el recurso extraordinario de nulidad traído (art. 491 y concs., CPP).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Torres por compartir sus fundamentos. Solo estimo necesario dejar a salvo mi criterio respecto a la introducción de agravios de naturaleza federal por una vía diferente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
En tal sentido tengo dicho (conf. causas P. 63.922, "Cáceres", sent. de 10-V-2006; P. 136.096, "Bono", sent. de 23-III-2023; P. 136.937, "Tarraubella", sent. de 22-VIII-2023; e.o.), que por aplicación de la doctrina de "Strada" (CSJN Fallos: 308:490); "Di Mascio" (CSJN Fallos: 311:2478) y "Christou" (CSJN Fallos: 310:324), esta Corte, en su carácter de Superior Tribunal de la causa, no puede inobservar el deber de dar una respuesta —más allá de los límites formales que establece la regulación de la vía elegida— cuando se trate de agravios federales oportunamente interpuestos, pues ello es lo que le permite al impugnante cumplir con el indicado recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal (art. 14, ley 48).
De todos modos, aun con la salvedad apuntada la solución no varía, pues la denuncia de arbitrariedad en rigor de verdad se corresponde con el planteo de la presunta omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, objeto de la vía de nulidad articulada. Es decir, el recurrente, a la vez de argumentar su agravio por el tasado motivo del art. 168 de la Constitución provincial, también alude a la causal de arbitrariedad que, en similar sentido, elaboró la Corte nacional a partir de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias. De modo que, la omisión denunciada redundaría en uno de los supuestos que la doctrina de la Corte federal ha edificado sobre el punto (omisión de tratamiento de cuestiones relevantes para la justa decisión del litigio, conf., en lo pertinente, mi voto en causa P. 126.827, sent. de 11-IV-2018).
De manera que, conforme lo dicho, se trata de un único motivo de nulidad simultáneamente argumentado por la doctrina de la arbitrariedad que entonces se ve alcanzado por la respuesta brindada por el colega al que estoy adhiriendo: respecto del agravio sobre la presunta falta de tratamiento sobre la eximente alegada (art. 34 inc. 3, Cód. Penal) la Cámara lo abordó y le dijo que se había constatado la imprudencia del acusado (excesiva y antirreglamentaria velocidad en la conducción de su vehículo) y la falta de comprobación de un tercer vehículo interviniente. En cuanto a la pena natural también dio respuesta, examinando que ese planteo —subsidiario— había quedado desplazado por el razonamiento brindado por la magistrada de primera instancia.
En lo demás, la mirada divergente en la valoración de las pruebas (puntualmente en las declaraciones testimoniales de quienes describieron el estado emocional en el que se habría encontrado el acusado tras la colisión) no abastecen de ningún modo un planteo autónomo en los términos de la pretoriana doctrina de la arbitrariedad de sentencias.
Con este agregado, adhiero a mi colega y también voto por la negativa .
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Budiño y el señor Juez doctor Maidana , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza -por mayoría de fundamentos- el recurso extraordinario de nulidad deducido a favor de Nicolás Moreno, con costas (arts. 491 a contrario sensu , 493 y concs., CPP).
Asimismo, se difiere, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Gastón Maximiliano Nicocia por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/02/2025 10:48:25 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/02/2025 10:48:27 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/02/2025 12:08:16 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/02/2025 18:01:08 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/02/2025 08:46:16 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/02/2025 08:53:58 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 18/02/2025 09:32:29 hs. bajo el número RS-20-2025 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia