Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 142587
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de nulidad deducido por Néstor Gabriel Del Valle Luna, por derecho propio, con el patrocinio letrado del doctor Damián Alberto Martínez, con costas (arts. 491 en sentido contrario, 493 y concs., CPP).
Asimismo, se regulan los honorarios profesionales del doctor Damián Alberto Martínez por la labor desarrollada ante esta instancia en veintiséis (26) jus (art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 142.587, "Del Valle Luna, Néstor Gabriel s/ Recurso extraordinario de nulidad en causa n° RC 1028 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Kohan.
El Juzgado en lo Correccional n° 1 del Departamento Judicial de Dolores, mediante sentencia del día 3 de julio de 2024, absolvió a Néstor Gabriel Del Valle Luna en orden al delito de injurias, la que debe complementarse con la resolución aclaratoria del día 12 de julio del mismo año en el que se dispone imponer las costas del proceso en el orden causado.
Contra dichos pronunciamientos dedujo apelación el defensor particular de Néstor Gabriel Del Valle Luna, doctor Martínez, contra la sentencia absolutoria, con sustento en una incorrecta "causal de absolución"; y en cuanto a la imposición de costas, discutiendo la suma de honorarios regulada por bajos (v. presentación digital de 23-VII-2024).
La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías departamental confirmó parcialmente la sentencia en crisis en cuanto dispuso la absolución de Néstor Gabriel Del Valle Luna, aunque revocó parcialmente lo concerniente a los fundamentos, arribando a idéntica solución —pero no por el beneficio de la duda— sino por la atipicidad de la conducta reprochada (v. sent. digital de 13-IX-2024).
Frente a lo así decidido, Néstor Gabriel Del Valle Luna, por derecho propio con el patrocinio letrado del doctor Damián Alberto Martínez, presentó recurso extraordinario de nulidad, que fue admitido por la Sala recurrida (v. resol. de 3-X-2024).
Dictada la providencia de autos el día 6 de febrero de 2025 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El impugnante denuncia en el recurso extraordinario de nulidad violación del art. 168 de la Constitución provincial por omisión de tratamiento de una cuestión esencial.
Expresa que en el recurso de apelación interpuesto se planteó, como cuestión esencial, la incorrecta causal de su absolución, pues debía fundamentarse en la ausencia o falta de acusación por parte del señor Barrera en el debate llevado a cabo el día 19 de junio de 2024, conforme surge del acta agregada a este proceso (art. 368, CPP), haciendo aplicable la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según la cual sin acusación no existe posibilidad de condena (CSJN Fallos: 345:1259; 325:2019; 317:2043; 318:1123; 320:1891 y 327:120).
Denuncia que esta cuestión no fue abordada en la sentencia impugnada, toda vez que dispone su absolución "...en base al reproche de una conducta atípica pero no en base [...] a la falta de acusación, lo que tiene efectos jurídicos disimiles, especialmente en sede civil".
Agrega que esta petición no ha sido implícitamente desplazada con la absolución basada en la atipicidad de la conducta.
Requiere se haga lugar a la impugnación y se reenvíen los autos al Tribunal de Alzada, para que debidamente integrado, dicte un fallo ajustado a derecho.
II. Tal como a continuación se demostrará, la denuncia de omisión de tratamiento de una cuestión esencial es improcedente (conf. art. 491, a contrario sensu, CPP).
III.1. El Juzgado de origen absolvió a Gustavo Norberto Barrera, Intendente municipal de Villa Gesell y, a Néstor Gabriel Del Valle Luna, quienes se imputaron recíprocamente el delito de injuria, previsto y reprimido en el art. 110 del Código Penal; por haber sido alcanzado el hecho con el beneficio de la duda respecto del dolo (art. 1, CPP; v. sent. digital de 3-VII-2024).
III.2. Frente a ello Del Valle Luna, por derecho propio, con patrocinio letrado presentó recurso de apelación en el que peticionó, en lo que importa, se disponga su absolución por ausencia de acusación.
Relató que del juego armónico de los arts. 368 y 393 del Código Procesal Penal surge que en el marco de la discusión final, luego de producida la totalidad de la prueba, el querellante debe alegar sobre el mérito de la prueba, el modo en que a su criterio se ha configurado la materialidad ilícita y la autoría penalmente responsable, efectuar la acusación en contra del encartado y formalizar, en términos claros y precisos el alcance de su pretensión, es decir, la pena que se pretende se le aplique al imputado sometido a proceso, lo que no ocurrió en autos.
En esta senda alegó que al formular la acusación el doctor Martino —en representación del señor Barrera— no peticionó en su contra una pena cierta y concreta por la conducta que se le endilgaba, por lo cual, a su criterio, corresponde disponer su absolución por falta de acusación y no por duda en la configuración del dolo.
III.3. La Sala I de la Tribunal de Alzada señaló que los hechos descriptos en la sentencia —que no fueran cuestionados— podrían considerarse lesivos del bien jurídico que protege el art. 110 del Código Penal, en virtud de las manifestaciones vertidas por las partes en forma recíproca que deshonraron o desacreditaron al oponente. No obstante, discrepó parcialmente "...con los fundamentos dados por el magistrado de grado, como también por el recurrente en su libelo recursivo, toda vez que el accionar de las partes deviene en una conducta atípica, no existiendo duda, o compensación alguna que permita arribar a otra solución".
Indicó que la modificación efectuada al artículo en cuestión por la ley 26.551 restringe la tipicidad de la conducta reprochada excluyendo a las expresiones que guarden relación con un asunto de interés público. Destacó, con cita de doctrina, que el legislador quiso así proteger la libre expresión y la libertad de opinión en tanto critica a la actuación de funcionarios públicos o particulares inmersos en un asunto de interés colectivo social.
Advirtió que los dichos de ambas partes se dieron en el marco del conflicto generado en virtud de la falta de suministro eléctrico que afectó un barrio entero de la ciudad de Villa Gesell, viéndose afectados numerosos vecinos del lugar quienes reclamaban una solución tanto a los funcionarios estatales como a los empleados de la empresa energética.
Resaltó que el suministro de energía eléctrica a un gran colectivo de personas de una localidad se trata entonces, de un asunto de interés público. A ello sumó que Barrera, se desempeñaba al momento del hecho como Intendente comunal de dicha localidad, y Del Valle Luna como Asesor Legal de la empresa prestadora del servicio eléctrico. Las ofensas proferidas entre ambos fueron efectuadas atacando el desempeño funcional que cada parte tenía conforme a sus funciones, sin referirse a cuestiones personales ni de índole privada de los intervinientes, sino a cuestiones exclusivamente funcionales.
Destacó que ambos extremos —la función de ambas partes y el asunto de interés público— "...excluyen la tipicidad de la conducta desplegada por ambos intervinientes, no revistiendo importancia que las expresiones de ambos fueran proferidas en el marco de una acalorada discusión, como tampoco la reciprocidad (conf. arg. art. 116 del C.P.) que menciona el juez de la instancia en su sentencia".
Aseveró que ambas partes han sido correctamente absueltas, aunque por atipicidad de la conducta reprochada, no por la causal utilizada por el a quo al fundar idéntica solución, esto es por la duda respecto a la existencia y acreditación del elemento subjetivo dolo.
Concluyó que no revistiendo tipicidad las conductas analizadas, "...devienen abstractos los restantes agravios indicados por el recurrente en su escrito, no correspondiendo expedirse sobre los mismos".
IV. Del análisis de lo expuesto surge que el planteo efectuado por la parte fue desplazado en su fallo por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías de Dolores —a través del voto inaugural emitido por el doctor Defelitto, que concitó la adhesión simple del doctor Sotelo— al confirmar la absolución, aunque con sustento en la atipicidad de las conductas reprochadas.
En ese sentido, cabe recordar que la jurisprudencia constante de esta Corte sostiene que, si las cuestiones que se dicen omitidas quedaron desplazadas como consecuencia de la resolución dictada por el Tribunal de Alzada, no hay infracción al art. 168 de la Constitución provincial, pues para ello se requiere que el órgano jurisdiccional haya excluido el tema por descuido, pero no cuando la materia se encuentra desplazada por el razonamiento expuesto en el pronunciamiento (art. 491, CPP; doctr. causas P. 121.865, resol. de 4-VIII-2016; P. 120.798, sent. de 19-IX-2018; P. 135.316, sent. de 24-X-2022; P. 137.464, sent. de 6-III-2024; e.o.).
Por ello, corresponde rechazar por improcedente la vía extraordinaria de nulidad (art. 493, CPP).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Kohan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de nulidad deducido por Néstor Gabriel Del Valle Luna, por derecho propio, con el patrocinio letrado del doctor Damián Alberto Martínez, con costas (arts. 491 en sentido contrario, 493 y concs., CPP).
Asimismo, se regulan los honorarios profesionales del doctor Damián Alberto Martínez por la labor desarrollada ante esta instancia en veintiséis (26) jus (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/04/2025 15:32:20 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/04/2025 14:38:56 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/04/2025 14:50:53 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/04/2025 10:32:12 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/04/2025 10:52:16 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 28/04/2025 11:30:18 hs. bajo el número RS-61-2025 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia