Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135567
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley interpuestos a favor de Gustavo David Bustos, con costas (conf. arts. 491 en sentido contrario, 493, 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.567, "Bustos, Gustavo David s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 95.769 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Kogan, Soria .
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 17 de diciembre de 2019, rechazó el recurso interpuesto por la defensa particular contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que había condenado a Gustavo David Bustos a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas, con más la declaración de reincidencia, por hallarlo coautor penalmente responsable del delito de robo calificado por su comisión mediante el empleo de arma de fuego y autor del delito de portación ilegal de arma de guerra sin contar con la debida autorización legal, en concurso real entre sí (v. fs. 57/62 vta.).
Contra esa decisión, la señora defensora adjunta ante el órgano casatorio -doctora Ana Julia Biasotti- interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 68/85 vta.).
El tribunal intermedio declaró admisible el primero de ellos e inadmisible el de inaplicabilidad de ley (v. fs. 86/89), cuya denegatoria motivó la queja pertinente, que fue concedida por esta Suprema Corte (v. fs. 102/104).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 111/115), dictada la providencia de autos (v. fs. 117) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. De modo preliminar, cabe aclarar que, si bien se denunció la omisión de tratamiento de una cuestión esencial y se tachó de arbitrario el fallo de Casación, del juicio de admisibilidad surge que el recurso extraordinario de nulidad se admitió argumentando que "...la alegación del impugnante fue vinculada con uno de los taxativos supuestos de viabilidad del recurso extraordinario de nulidad, esto es en cuanto a la denuncia de infracción al art. 168 de la Constitución provincial" (fs. 86 vta.); esto es, por la denuncia de omisión de tratamiento de una cuestión esencial y no por la tacha de arbitrariedad, pues esta última no es una de las causales taxativas previstas en los arts. 168 y 171 citados a los que la Casación hizo referencia para fundar la admisión.
II. Sentado lo anterior, se reseñará únicamente el agravio de omisión de tratamiento de una cuestión esencial llevado en la vía del art. 491 del Código Procesal Penal.
En tal sentido, la señora defensora oficial adjunta sostuvo que el Tribunal de Casación Penal, si bien reseñó los planteos llevados en el memorial del art. 458 del Código Procesal Penal referidos a la pérdida del carácter de tercero imparcial del juzgador, a la transgresión del acusatorio y a la imposibilidad de resolver ultra petita , omitió luego toda consideración sobre los mismos al momento de resolver (v. fs. 84).
De tal modo, denunció que el tribunal intermedio no se pronunció sobre una cuestión esencial, que había generado un perjuicio concreto para su defendido, ocasionando además el dictado de una sentencia arbitraria.
III. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
IV. En ocasión de interponer el recurso de casación, la defensa cuestionó, como planteo subsidiario, el monto de pena impuesto a Bustos por estimar que era desproporcionado y solicitó su reducción. Además, destacó que debió computarse como atenuante el buen concepto vecinal que debe presumirse por ley (v. fs. 37/39).
Luego de desistir de la audiencia de informes y presentar el respectivo memorial, la señora defensora adjunta acompañó los agravios planteados en el recurso de casación y agregó otros, relativos al monto de pena impuesto, desde la arista que ahora formula (v. fs. 49/51).
V. Ahora bien, esos planteos (afectación de la imparcialidad, transgresión del acusatorio y la imposibilidad de resolver ultra petita ) no fueron oportunamente introducidos ante la instancia intermedia y, por lo tanto, no generaban al tribunal la obligación de resolverlos teniendo en cuenta que era el recurso de casación -en el cual no fueron mencionados- y no la memoria la ocasión en la cual debían formularse (arts. 168, Const. prov. y 451, CPP; conf. causas P. 78.901, sent. de 7-XI-2001; P. 75.534, sent. de 21-XI-2001; P. 77.329, sent. de 10-IX-2003; P. 81.725, sent. de 16-IX-2003; P. 83.841, sent. de 9-X-2003; P. 89.368, sent. de 22-XII-2004; P. 125.891, sent. de 23-XI-2016; P. 132.304, sent. de 1-XII-2020; P. 133.697, sent. de 21-XII-2020; P. 134.740, sent. de 18-IV-2022; e.o.).
En efecto, el último párrafo del apartado cuarto del art. 451 del Código Procesal Penal marca el límite temporal para expresar los motivos de casación: hasta la interposición del recurso. Una vez vencido ese término, "el recurrente no podrá invocar otros motivos distintos".
Las posteriores ocasiones procesales a las que alude la impugnante están contempladas para que la parte complete, con argumentos y citas legales, el planteo originario del recurso, sin que quepa ampliar el espectro del material sobre el cual el Tribunal de Casación debe ejercer su control de legalidad.
Es decir que, vencido el plazo de interposición, cualquiera de las demás intervenciones de las partes ante dicho órgano jurisdiccional solo pueden estar dirigidas a enriquecer los originales agravios expuestos en el recurso, mas no pueden incorporarse cuestiones nuevas, ajenas a aquel.
En consecuencia, no se advierte omisión del Tribunal de Casación Penal en el tratamiento de las cuestiones oportunamente planteadas por la recurrente que estaba obligado a considerar, cumpliéndose en el caso el estándar fijado por los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial para dotar de validez a una sentencia definitiva.
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La recurrente denunció que la sentencia recurrida resulta arbitraria en el tramo correspondiente a la determinación de la pena, y que se transgredió el debido proceso, el derecho de defensa en juicio y los principios de imparcialidad del juzgador, del acusatorio, de la prohibición de la reformatio in pejus , de culpabilidad y de proporcionalidad de la pena (v. fs. 73 vta.).
Sostuvo que las dogmáticas afirmaciones del revisor no respondieron al planteo relativo a la falta de motivación suficiente de la sentencia de condena en punto a la decisión de imponer una pena más elevada que la pretendida por el señor fiscal.
Alegó que, en el memorial del art. 458 in fine del Código Procesal Penal, invocó en sustento de su postura la doctrina -minoritaria- de los señores ministros Lorenzetti y Zaffaroni sentada en el fallo "Amodio", pero el órgano intermedio no la tuvo en cuenta y resolvió que la requisitoria fiscal no limita al juez, salvo en los casos expresamente previstos, y que no existe norma que prohíba imponer una pena más gravosa que la requerida por la fiscalía.
Tras reseñar distintos fallos de la Cámara de Casación nacional y de la Corte federal, alegó que, más allá de que el Código provincial no lo imponga expresamente, "...considerar que sólo en el juicio abreviado el juez no puede exceder la pena que el representante fiscal considera proporcional a la culpabilidad del imputado para el supuesto de que sea condenado por su característica de procedimiento especial, no conlleva a contrario que en el pleno oral y contradictorio sea facultad del juzgador imponer una pena superior a la pretendida por el acuse..." (fs. 79 y vta.).
Afirmó entonces que no existió bilateralidad ni contradicción sobre este extremo, dado que no fue materia de debate y sorprendió al imputado sin poder ejercer su derecho de defensa y que, quien debía ser un tercero imparcial fijó un monto de pena que aumentó sensiblemente a la requerida por el señor fiscal, sin ningún tipo de fundamentación. Consideró que, de esta manera, no aceptar el trámite de juicio abreviado se constituyó en una agravante no escrita.
Concluyó que la sentencia impugnada era una copia textual del Acuerdo Plenario dictado en el marco de la causa n° 6.467; y solicitó que se case parcialmente esa decisión y se reenvíen los autos al inferior para que -debidamente integrado- dicte una nueva resolución conforme a derecho.
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General en cuanto aconsejó el rechazo del recurso deducido.
III. El Tribunal de Casación Penal, en lo que interesa, señaló que la "...determinación del quantum punitivo es una función propia de los magistrados de juicio siempre que se ajusten a los parámetros impuestos en la escala de la figura de que se trate, quienes deben valorar las particularidades del caso atendiendo a las pautas fijadas por los artículos 40 y 41 del CP, y en el caso particular del juicio abreviado no imponer una pena superior a la solicitada en el marco del pacto, sin que se advierta en el caso de autos violación a tales límites, por lo cual, siempre que se expresen las razones que justifiquen la decisión, en base a la íntima convicción, no hay obstáculo para que el sentenciante -si fuera el caso- determine qué circunstancias ponderables son las que concurren, y a partir de las mismas gradúe la pena respectiva" (fs. 60 vta.).
Juzgó que la sanción fijada en la presente -once años de prisión- se construyó considerando las agravantes postuladas por la acusadora, que se tuvieron por configuradas -conforme detalló el juzgador de origen en la cuestión quinta del pronunciamiento-, sin que las partes solicitaran atenuantes, ni el tribunal de origen las entendiera presentes.
De tal modo, rechazó la denuncia de transgresión de los arts. 40 y 41 del Código Penal por considerar que la atenuante solicitada recién ante esa instancia (buen concepto presunto) tenía estrecha relación con la omisión precedente de la defensa, de la que no podía agraviarse en ese entonces (v. fs. 61).
Luego, afirmó que la determinación de la pena se hallaba fundada; que no existe en nuestra ley impedimento para que el tribunal imponga una sanción mayor a la propuesta por la acusación y, con cita de lo resuelto en el Acuerdo Plenario dictado en el marco de la causa n° 6.467 del registro de ese tribunal, expresó que el ámbito legal resulta insoslayable para los magistrados sin riesgo cierto y grave de incumplir su deber (v. fs. 61 vta.).
Por un lado, destacó que el art. 40 del Código Penal señala a los tribunales el modo de fijar el monto de la condenación, finalizando con una remisión complementaria hacia la disposición que le sigue; y, por otro, que el Código de forma provincial expone en el primer párrafo del art. 375, y en el punto 2 del segundo, el cauce por el cual los magistrados provinciales deberán encarrilar su acatamiento al citado art. 40.
Agregó que "...lo importante es que el breve esquema legal antes presentado abastece [...] enteramente el principio general a partir del cual los sentenciantes deberán imponer la pena dentro del marco de la escala del tipo penal atribuido, fijándola de acuerdo con atenuantes y agravantes particulares del caso, y de conformidad con las reglas del art. 41 del Cód. Penal, sin que en tal franja que va del mínimo al máximo deban constreñirse a otros topes distintos de los que emerjan de normas específicas que obliguen a respetar determinadas dimensiones. Tales situaciones que podrían ser varias y dimanar a su vez de disposiciones procesales o de fondo (valgan como ejemplos, entre otros el juicio abreviado, la prohibición de la 'reformatio in pejus', la tentativa, la participación secundaria), no hacen sino confirmar el principio general ya explicado" (fs. 61 vta. y 62).
Concluyó, más allá de las genéricas afirmaciones del impugnante en el sentido de que la pena escogida era arbitraria, que el tribunal de juicio no había excedido las facultades conferidas por la ley.
Por último, y en cuanto a la afirmación de la defensa en punto a que la elección de la realización del juicio oral habría gravitado en el aumento del monto sancionatorio, respondió que -por fuera de parecer la postulación de una hipótesis de la parte- no se advertía del razonamiento explicitado por los jueces de la instancia en la oportunidad analizada.
IV. De lo antes reseñado, se advierte que el órgano intermedio abordó las críticas de la parte relativas a la determinación de la pena y las rechazó. De esa manera, confirmó el monto de pena impuesto en la instancia de origen y consideró que su determinación se encontraba fundada de conformidad con lo dispuesto en la normativa legal, además de desarrollar fundamentos propios en sustento de su postura. Así, las críticas dirigidas por el recurrente contra lo decidido, resultan imprósperas.
Los planteos vinculados a la afectación de la imparcialidad, la transgresión del acusatorio y la imposibilidad de resolver ultra petita , tal como se explicó al tratar la primera cuestión de la presente, fueron incorporados recién en el memorial por la defensa de Bustos, por lo que su introducción resultó tardía (art. 451, CPP).
Sin embargo, aun marginando cualquier consideración en orden a la oportunidad de los agravios, cabe recordar que en distintas oportunidades esta Corte ha resuelto que no resulta posible atribuir al sistema acusatorio consagrado por la ley 11.922 -y sus modificatorias- el alcance que el impugnante le asigna, y que la imposición de una pena más alta que la pretendida por la acusación no encuentra óbice legal puesto que cuando el legislador ha querido efectivamente fijar límites a la intensidad de la pena así lo ha establecido (por ejemplo, en el juicio abreviado), expresando también restricciones respecto al hecho contenido en la acusación, sus ampliaciones, o a las circunstancias agravantes no discutidas por las partes, pero nada semejante ha sostenido para el monto de pena, "...y no se advierte en esto una acumulación de funciones por parte de la jurisdicción que afecte el principio acusatorio" (conf. doctr. causas P. 87.253, sent. de 23-IV-2008; P. 126.000, sent. de 30-III-2016; P. 135.355, sent. de 27-X-2022; e.o.).
Por demás, el argumento que esgrime la defensa relativo a la interpretación del sistema acusatorio lo sustenta en una postura minoritaria (la expuesta por los señores doctores Zaffaroni y Lorenzetti en "Amodio"), sin que ello venga constitucionalmente impuesto ni surja de los restantes precedentes que cita.
En lo que hace a la denuncia de imparcialidad del juzgador, cabe señalar que conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "...la imparcialidad del juzgador puede ser definida como la ausencia de prejuicios o intereses de éste frente al caso que debe decidir, tanto en relación a las partes como a la materia" (CSJN causa "Llerena", sent. de 17-V-2005, voto de los señores jueces Zaffaroni y Highton, cons. 10°). Sin embargo, en el presente caso no se puso en evidencia que el tribunal actuara con falta de neutralidad, prejuicios o interés personal (arts. 18, Const. nac. y 495, CPP).
En rigor, la recurrente estructura su queja en una visión diferente sobre la manera en que debió llevarse a cabo la solución de la parcela con la que se disconforma, pero, como es sabido, el mero disenso o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo para demostrar la concurrencia de las infracciones que denuncia (conf. causas P. 130.029, sent. de 16-V-2018; P. 131.620, sent. de 4-XII-2019; P. 131.910, sent. de 19-IX-2020; P. 134.484, sent. de 30-VI-2022; e.o.).
La tacha de arbitrariedad dirigida contra este tramo del pronunciamiento -del modo en que ha sido traída- no fue articulada con la suficiencia y la carga técnica necesaria para evidenciar lo requerido, en tanto tampoco se ha desarrollado una referencia concreta entre los principios supuestamente afectados y el supuesto de autos (art. 495, CPP).
Cabe recordar que "...el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234), circunstancia que no se advierte en el caso de autos.
En consecuencia, y conforme lo resuelto, tampoco se evidencia la transgresión a los principios de raigambre constitucional que la señora defensora oficial alegó vulnerados.
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la segunda cuestión también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechazan los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley interpuestos a favor de Gustavo David Bustos, con costas (conf. arts. 491 en sentido contrario, 493, 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 31/10/2023 13:42:57 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/11/2023 09:29:01 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/11/2023 09:39:57 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2023 12:34:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2023 12:37:36 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 03/11/2023 13:00:46 hs. bajo el número RS-148-2023 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia