Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 121005
En la ciudad de La Plata, a 13 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Genoud, de Lázzari, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 121.005, "Olivares, Raúl Daniel y Cretacotta, Fabio Romualdo. Recurso extraordinario de nulidad e inaplicabilidad de ley en causa nº 54.700 del Tribunal de Casación Penal, Sala I" y su acumulada P. 121.026, "Viva, Liliana Inés y Reitano, José María. Recurso extraordinario de nulidad en causa n° 54.700 y su acum. 54.822 del Tribunal de Casación Penal, Sala I."
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 18 de junio de 2013, rechazó los recursos de la especialidad interpuestos contra el fallo del Tribunal en lo Criminal N° 2 de La Plata que condenó a Raúl Daniel Olivares, Liliana Inés Viva, José María Reitano y Fabio Romualdo Cretacotta, por considerarlos coautores responsables del delito de administración fraudulenta, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional para cada uno de ellos, y costas, imponiéndoles como obligaciones, por el plazo de tres años, la de fijar residencia, someterse al cuidado del Patronato de Liberados y realizar trabajos no remunerados a favor del Estado o institución de bien público, en razón de cien horas mensuales (v. fs. 121/141 vta.).
Contra lo resuelto los defensores particulares de los señores Raúl Daniel Olivares y Fabio Romualdo Cretacotta -doctores Ramiro Pérez Duhalde, Emanuel F.R. Rives, Juan Isidro Pérez Duhalde y Cecilia María Anganuzzi- interpusieron recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (causa P. 121.005; v. fs. 187/239); la defensa particular de Liliana Inés Viva y José María Reitano -doctora Silvia Miguez Reinoso- dedujo recurso extraordinario de nulidad (causa P. 121.026; v. fs. 271/281), los que fueron concedidos por resolución de esta Suprema Corte de fs. 293/300 vta.
La Procuración General dictaminó a fs. 302/321 aconsejando que los recursos sean rechazados. A fs. 324 se dictó la providencia de autos. La defensa de Raúl Daniel Olivares y Fabio Romualdo Cretacotta presentó memoria a fs. 331/334 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto por los defensores de Liliana Inés Viva y José María Reitano?
2ª) ¿Lo es el recurso extraordinario de nulidad interpuesto por los defensores de Raúl Daniel Olivares y Fabio Romualdo Cretacotta?
Caso negativo:
3ª) ¿Lo es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por los defensores de Raúl Daniel Olivares y Fabio Romualdo Cretacotta?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La defensa de los imputados Liliana Inés Viva y José María Reitano, luego de aludir a los antecedentes de la causa y mediante denuncia del art. 171 de la Constitución provincial -y, a remolque de ello, de las garantías del debido proceso y la defensa en juicio- reputa nula la sentencia del Tribunal de Casación, en tanto -sostiene- omitió fundar legalmente la decisión adversa al pedido de nulidad que había formulado -a su vez- respecto del fallo de primera instancia; en razón de que en la parte resolutiva de la sentencia del juicio se especificó que se condenaba a sus asistidos a la pena de "...tres de prisión de ejecución condicional a cada uno" (v. copia, fs. 53).
Ante ese defecto su parte peticionó a la Casación que anulara la decisión, siendo ese reclamo rechazado con el argumento de que se trataba de un mero error de tipeo y que surgía del resto del fallo que la condena había sido a tres años de prisión, cuya ejecución fue dejada en suspenso (v. fs. 280 vta.).
La recurrente sostiene que esa respuesta negativa a su planteo no ha sido fundada en el texto de la ley, lo que a su entender viola lo dispuesto por el art. 171 de la Constitución de esta Provincia (v. fs. cit.), a la par que resiente las ya referidas garantías constitucionales (v. fs. 281).
II. Coincido con la Procuración General en que el recurso debe ser rechazado.
La objeción acerca de la falta de fundamento legal carece de base por cuanto la Casación citó expresamente las normas que entendió aplicables, y en particular el art. 371 del Código Procesal Penal, que es el que regula lo concerniente al dictado de la sentencia del juicio (v. fs. 141). De este modo resulta claro que basó en la ley su decisión.
Corresponde recordar que son materia ajena al recurso extraordinario de nulidad los agravios que se dirigen a cuestionar el acierto o profundidad de lo decidido (causas P. 111.732, sent. de 8-VII-2014; P. 122.756, resol. de 27-IV-2016; P. 118.033, resol. 25-VI-2014 y P. 118.256, resol. de 25-VI-2014; e.o.).
Y, muy en particular, que conforme la doctrina legal de esta Corte, la exigencia impuesta por el art. 171 de la Constitución local se satisface con la cita de las normas sustantivas o adjetivas que el sentenciante encuentre atingentes al razonamiento seguido para respaldar su decisión (doctr. causas P. 80.929, sent. de 4-VIII-2004; e.o.). Extremo que aquí aparece cumplido.
En cuanto a la afectación a las garantías del debido proceso y defensa en juicio, se trata de cuestiones que -en principio- pueden recibir eventual reparación merced al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (doctr. art. 494, CPP), siendo ajenas a la vía intentada.
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud , de Lázzari y Negri , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Los defensores de los imputados Raúl Daniel Olivares y Fabio Romualdo Cretacotta sostienen que la sentencia de Casación omitió tratar seis de las cuestiones que plantearon en el recurso formulado ante ese tribunal, según se pasa a detallar.
1. Las relativas a la autoría -expuestas en el recurso de casación bajo los números 8 y 9-, pues esa parte había objetado que se adjudicaron a sus asistidos hechos que les son ajenos, por haberse desvinculado de la administración antes de que ocurrieran o por tratarse de órdenes de pago que no suscribieron, en violación a las reglas que definen en nuestro sistema penal la atribución de responsabilidad exclusivamente por hechos propios.
2. Sobre la inversión de la carga de la prueba y consecuente violación al principio de inocencia -punto 12 del recurso de casación-, al poner en cabeza de los imputados la necesidad de acreditación del destino de los fondos obtenidos a través de un mutuo hipotecario, faltando la prueba de cargo de apoderamiento indebido o daño.
3. La arbitraria conclusión del tribunal de mérito que -tomando como ejemplo una cuadra cuya pavimentación no se ejecutó- "...tuvo por no hecha la obra" -motivo de casación identificado con el numeral "15"-, a pesar de que los expedientes municipales agregados por cuerda a la causa probaban lo contrario.
Sostiene que el a quo desconsideró que la obra de pavimentación para la que se obtuvo ese préstamo se construyó, con la excepción de esa cuadra. Bajo el acápite identificado como "3bis", indicó que su parte había alegado que la sentencia de condena pretendió suplir esa deficiencia argumental reprochando que se hizo un pago adelantado del precio de la locación, contra lo establecido contractualmente y sin justificación a tenor del avance de las obras; si bien luego el contrato fue rescindido, no se atendió a que finalmente se ejecutó (v. fs. 195).
4. El motivo expuesto bajo el número 7, relativo a la "...incongruencia autocontradictoria entre el lapso [...] de 6 meses que fijó la acusación y el veredicto entre noviembre de 2001 y abril de 2002 como temporalidad de los hechos delictivos" y la producción de tramos de esa conducta, derivados de la superposición de figuras de estafa y defraudación con que indiscriminadamente se manejó la sentencia, violando el principio de estricta legalidad en materia penal.
También estiman preterido el agravio que las defensas habían llevado a conocimiento de la Casación relativo a que hubo tramos de la supuesta acción delictiva que ocurrieron cuando ellos ya no formaban parte de la Comisión de Gobierno.
5. No trató su crítica respecto de la aplicación de las normas civiles relativas a las facultades de los administradores de las sociedades -motivo 13 del recurso casatorio-.
6. Desconsideró su objeción al reproche de haberse tomado el crédito en dólares, lo que era legítimo según había señalado su parte en el recurso de casación -ver punto 11 del recurso respectivo- (v. fs. 193 vta./197).
He seguido la numeración empleada por los recurrentes, con indicación de la que fuera utilizada en ocasión de articular el recurso ante aquella sede.
II. Coincido con la Procuración General en que el recurso debe ser rechazado.
II.1. La parte se ha ocupado de contrastar los argumentos que expuso en su recurso de casación con los fundamentos contenidos en la sentencia de ese órgano revisor. Sin embargo, para llegar al resultado de la nulidad debió además haber demostrado que el tratamiento de cada una de esas cuestiones, tal como fueron postuladas, era esencial para establecer si correspondía mantener o revocar la condena dictada en la instancia del juicio (arts. 161 inc. 3 letra "b", Const. prov.; 491, CPP).
Al respecto debe tenerse en cuenta que más allá de la mayor o menor profundidad con la que la Casación abordó las objeciones antes resumidas (cuestión que es ajena al marco de este recurso) lo cierto es que se encargó de tratar los hechos esenciales que consideró suficientes para sustentar la condena.
II.2. En efecto, y tal como se señala en el dictamen aludido, en lo que atañe al punto 1 el tribunal del recurso se explayó a fs. 128 vta./135 y 136 vta. y 137 sobre los hechos endilgados a los procesados y la atribución de responsabilidad; en lo que respecta al reseñado en el apartado 2, a fs. 134 vta./135 vta. abordó lo vinculado al perjuicio causado a la sociedad por los acusados y la prueba de cargo existente; a fs. 131 vta./135 vta. se refirió -entre otras cuestiones- respecto de la ejecución de la obra y el adelanto de dinero para tal fin (punto 3); luego el a quo trató lo concerniente a la plataforma fáctica y la figura típica endilgadas (v. fs. 127 vta./128 vta.; apdo. 4); y a fs. 137 y vta. analizó si la comisión resultaba facultada para constituir una hipoteca (punto 5).
Finalmente, en lo que concierne al último tópico (punto 6), no se logra demostrar que fuera un planteo autónomo necesitado de un abordaje escindible del resto de las consideraciones del fallo, en tanto del propio contenido del recurso llevado a la instancia intermedia surge que la circunstancia de haber sido el mutuo acordado en dólares, implicó un mero comentario insustancial de conveniencia económica (v. fs. 82/83), sin demostrar entonces la esencialidad que ahora pregona.
No debe perderse de vista que algunas de las críticas cuyo análisis -según los recurrentes- resultó preterido, por no reputarse decisivas a los efectos de acreditar el delito en juzgamiento, merecieron en rigor un tratamiento en el examen global del caso. Téngase presente que la Casación indicó que "...más allá de las consideraciones sobre las facultades de los miembros de la comisión, y de aquellos actos que gravaron la propiedad de la sociedad, surge palmario que el monto de U$S 20.000 no fue ingresado al patrimonio social..." (fs. 177 vta. y 178).
Y es doctrina del Tribunal la que establece que no procede el recurso extraordinario de nulidad si la parte no demuestra la esencialidad de la cuestión que se dice preterida (conf. causas P. 126.734, sent. de 11-X-2017 y P. 124.663, sent. de 29-XI-2017, e.o.).
Reiteradamente se ha resuelto que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones o argumentos bastando que se hagan cargo de los conducentes para la decisión del litigio (CSJN Fallos 291:62, 306:479; en igual sentido esta Suprema Corte, causas A. 70.972, sent. de 15-V-2013; A. 70.838, sent. de 22-V-2013; B. 58.938, sent. de 30-V-2012; P. 126.665, sent. de 6-XII-2017 y P. 123.497, sent. de 20-XII-2017, e.o.).
Por lo que se lleva dicho, los recurrentes no logran justificar que hubiera existido infracción al art. 168 de la Constitución provincial, quedando, por lo demás, el contenido de lo resuelto relegado de la competencia del Tribunal en el ámbito de la vía articulada.
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud , de Lázzari y Negri , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión también por la negativa .
A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley bajo estudio la defensa de los imputados Raúl Daniel Olivares y Fabio Romualdo Cretacotta denuncia la vulneración del art. 173 inc. 7 del Código Penal, pues hizo una aplicación laxa y confusa de su figura delictiva, contrariando así la garantía contra la aplicación analógica de la ley penal -arts. 18 de la Constitución nacional y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-; del principio de responsabilidad por el hecho propio y culpabilidad -arts. 18 y 19 de la Constitución nacional-, en tanto el fallo atribuyó autoría a un órgano de una persona jurídica: la Comisión de Gobierno del "Barrio Parque Gonnet Sociedad Civil", y por transición a todos sus integrantes, sin reparar en la actuación concreta que tuvo cada uno, achacándoles responsabilidad penal en hechos en los que -según dicha parte- no tuvieron intervención; los principios de motivación, convicción racional y razonabilidad de las sentencias -arts. 106, 210, 371 y 459 del Código Procesal Penal; 171 de la Constitución provincial y 18 de la Constitución nacional-, al incurrir en arbitrariedad.
Señala que se valoraron piezas procesales -en particular, la documental incorporada por lectura- de manera indiscriminada en cuanto a la intervención concreta que le cupo a cada imputado en el hecho. Considera que la evaluación de las constancias probatorias fue parcial, pues no se consideraron algunas vitales, tales como que la rescisión contractual con la empresa Synco S.R.L. nunca se hizo efectiva, que se reconvinieron los términos con dicha empresa, siendo informado en asamblea por lectura de la memoria, que se continuó con la pavimentación de las calles y que las obras pactadas se realizaron con el visto bueno de la Municipalidad, que las cuotas del mutuo se pagaron mientras sus defendidos pertenecieron a la Comisión de Gobierno y que hubo una reducción de hipoteca.
Aduce que se incurrió en contradicción al evaluar la declaración del contador que participó en el allanamiento dispuesto en la causa para suplir la ausencia de pericia contable. Pues, refirió que el profesional se limitó a declarar lo que vio en el allanamiento, y -a la par- se citó su declaración en cuanto se expidió sobre las irregularidades en la contabilidad de la sociedad civil.
También reputa violadas las garantías a ser oído y a ser juzgado por un tribunal imparcial, como consecuencia de la arbitraria valoración de la prueba (v. fs. 197/198).
Agrega que se quebrantaron los principios de cosa juzgada y non bis in idem , debido en que en la etapa intermedia la Cámara de Apelaciones elevó la causa a juicio por un objeto procesal más acotado que el hecho más extenso que había imputado el Fiscal durante la IPP, y el juicio versó sobre este último cuando -a su entender- existía cosa juzgada a su respecto. Sostiene que el apartamiento del objeto demarcado por la Cámara lo fue también con compromiso del principio de congruencia.
Reputa vulnerado el principio de igualdad ante la ley -art. 16 de la Constitución nacional-. Estima que al "...absolv[erse] anticipadamente" al escribano Acha, quien intervino profesionalmente en los actos investigados, otorgándosele ese trato diferencial, se afectó el principio enunciado (v. fs. 198 y vta.).
También denuncia afrenta al onus probandi , al invertirse la carga de la prueba, comprometiendo el principio de inocencia. Pues, la sentencia de condena sostuvo que los imputados no pudieron justificar si la obra se hizo con el dinero del mutuo hipotecario o con las cuotas de los socios, lo que además no fue materia de acusación. Sostiene que debió presumirse que todos los dólares obtenidos por la Comisión de Gobierno integrada por los imputados se emplearon en una obra de pavimentación y que lo contrario no ha sido probado por la Fiscalía, ante la falta de un peritaje contable al efecto, sin que ese déficit pueda suplirse con la declaración del contador que intervino en el allanamiento ya aludido (v. fs. 199 y vta.).
Tras una reseña de los antecedentes de la causa, de los planteos que formuló en su recurso de casación, y de las sentencias de ambas instancias precedentes, procede al desarrollo in extenso de los agravios antes enumerados, en particular en lo concerniente al reproche autoral que se les formulara a sus asistidos, todo lo cual considera incurso en el vicio de arbitrariedad.
II. Los reclamos no son de recibo.
Preliminarmente es preciso recordar que como los imputados fueron condenados a un monto de pena que no habilita la vía impugnativa intentada (art. 494, CPP), el recurso fue admitido al sólo efecto del abordaje de los planteos de pretenso cariz federal, y con ese acotado linde será examinado (v. fs. 300 y vta.).
II.1. Sentado ello, comenzaré por el planteo que alude a la lesión de la cosa juzgada y los principios de preclusión, non bis in idem y congruencia. Pues, si bien no es la primera de las objeciones en el orden que porta el escrito recursivo, tiene precedencia lógica sobre las demás, porque su progreso podría alterar sustancialmente la solución que corresponde dar a los otros agravios.
Y aun cuando tales alegaciones remiten al examen de temas de índole procesal, ajenos por regla al conocimiento de esta Corte en vía extraordinaria (doctr. art. 494, CPP), se ha admitido como excepción su trato en esta sede, merced a la doctrina emergente de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Strada" -Fallos 308:490- y "Di Mascio" -Fallos 311:2478- (conf. P. 92.824, sent. de 31-VIII-2011; e.o.).
La defensa critica que la Casación haya rechazado este planteo, lo que ese órgano revisor fundó afirmando que la decisión de Cámara que revocó el sobreseimiento y dispuso que la causa fuera elevada a juicio no había tenido el sentido adjudicado por esa parte; que ese fallo no tuvo por efecto restringir el objeto procesal del juicio; y que éste no había variado, en sustancia, respecto del comprendido en la acusación fiscal (v. fs. 224).
Señala la defensa que, al recurrir el sobreseimiento, el ministerio público fiscal reiteró todas las imputaciones que había hecho en su requisitoria de elevación a juicio y el Tribunal de Alzada acogió su planteo indicando que no era exacto que los hechos carecieran de tipicidad, por la ya aludida diferencia de USD20.000 entre lo recibido por el mutuo y lo destinado a la obra. Con esa base quienes aquí recurren insisten en interpretar que la Cámara -implícitamente- descartó los demás agravios del fiscal (v. fs. 224 vta.).
Añade esa parte que se basó en esa resolución y por ello limitó su defensa al único tramo de la acusación que permanecía como presuntamente delictivo (v. fs. 225 vta. y 226). Considera que había cosa juzgada material sobre los agravios fiscales que no habían pasado el filtro de la Cámara, y que al condenar por esos motivos se violó el principio non bis in idem (v. fs. 226 vta. y 227).
Respecto de la presunta indiscriminación en el hecho intimado se queja de lo decidido por la casación en cuanto c
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