Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 124938
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario interpuesto, se revoca la sentencia impugnada y en consecuencia, se reenvía la causa al tribunal intermedio para que -debidamente integrado por jueces hábiles- se brinde debido tratamiento a los planteos de la defensa, conforme lo indicado en la presente (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Difiérese para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31 segundo párrafo, dec. ley 8.904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
En la ciudad de La Plata, a 12 de junio de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Soria, de Lázzari, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 124.938, "Maidana, Eduardo Sergio; Lattar, Diego Héctor S/ Recurso extraordinario de nulidad e inaplicabilidad de ley en causa n° 48.031 del Tribunal de Casación Penal, Sala I".
La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 21 de octubre de 2014, rechazó el recurso interpuesto por los defensores particulares de Diego Héctor Lattar y Eduardo Sergio Maidana, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial de General San Martín que los condenó a la pena de seis años de prisión, cuatrocientos pesos de multa ($400), accesorias legales y costas, por resultar coautores responsables del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio y su tenencia con fines de comercialización agravado -en decisión mayoritaria- por ser en perjuicio de un menor de edad (arts. 5, 12, 29 inc. 3 y 55, Cód. Penal; 5 inc. "c" y 11 inc. "a", ley 23.737; v. fs. 77/90 vta.).
Frente a ello, la defensa particular de los encartados dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 112/142 vta.), siendo este último el único concedido por esta Corte en el marco de excepción precisado por la resolución de fs. 147/150, decisión que no ha merecido objeción alguna de la parte.
A fs. 154 se tuvo por recibida -formándose anexo por separado- la presentación efectuada por el apoderado del Centro de Estudios Legales y Sociales solicitando ser admitido en calidad de amicus curiae , petición que este Tribunal desestimó por las razones dadas en la resolución que obra a fs. 176/178.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 165/172 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 173), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
En el recurso bajo examen los recurrentes desarrollan los agravios que siguen contra la sentencia de casación que impugnan.
I. En primer lugar sostienen que ante esa sede propiciaron la nulidad del acta de procedimiento (v. fs. 3/5) y de todo lo actuado en consecuencia por grave afectación de garantías consagradas en el bloque de constitucionalidad y su reglamentación a través del Código Procesal Penal vigente (v. fs. 116 del presente legajo); y que la respuesta dada resulta arbitraria, "...en la medida que no se independiza de la decisión del Tribunal Oral ni exterioriza cuál es su razonamiento y fundamentos", siendo que el motivo del recurso basado específicamente en la afectación de garantías constitucionales no fue materia de examen específico, alzándose de ese modo el órgano revisor contra la función de contralor que le compete de conformidad con la doctrina del fallo "Casal" de la Corte federal (v. fs. cit. y vta.).
Puntualizan que el argumento de la casación que sostiene que los planteos de naturaleza federal expuestos en el recurso no deben ser abordados porque en otras instancias ya tuvieron tratamiento es una clara demostración de que no han sido satisfechos los parámetros establecidos en el referido precedente, y un grosero déficit de fundamentación; máxime, en cuanto a lo primero, cuando para justificarlo se basa en la cita de un precedente de esa sala muy anterior al mentado fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. cit.).
Agregan que las consideraciones del fallo que pueden reflejar un mínimo abordaje del punto en cuestión no trascienden de meros enunciados dogmáticos, pues en ellas se afirma -sin demostración alguna- que se cumplieron con las normas adjetivas, aunque sin dar las razones para sostener que el procedimiento cuestionado cumplió con tales reglas, impidiendo la tarea de la defensa de confrontar esa línea argumental.
De ese modo, aseguran los impugnantes, el paso por el Tribunal de Casación se presenta como aparente. Pues, se le reclamó que examinara el real acontecer del actuar policial, y por el contrario respondió a lo planteado "...como si el personal policial hubiera actuado bajo las previsiones del art. 294 inciso 5º del C.P.P., cuando en realidad se encontraba realizando tareas investigativas desde hacía aproximadamente dos meses, con intervención del Ministerio Público Fiscal"; con lo cual, en el criterio de los defensores, no se trató de un supuesto de urgencia o rodeado de circunstancias excepcionales que impidiera obrar de conformidad con el procedimiento reglado en el ritual y respetuoso de las garantías constitucionales que aducen violentadas (v. fs. 118).
En función de lo resuelto por el Máximo Tribunal de la Nación en las causas "Daray", Fallos: 317:1985 y "Peralta Cano", sentencia de 3-V-2007; P. 1666.XLI; por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los expedientes "Gangaram Pandy" y "Suárez Rosero", y de la interpretación explicitada respecto de la normativa procesal que rige la materia, sostienen que la detención de sus defendidos, Diego Héctor Lattar y Eduardo Sergio Maidana, por las fuerzas de seguridad, sin la debida intervención judicial, no ha sido justificada, a tenor de las particulares circunstancias de la causa cuyo análisis fue pasado por alto en las instancias anteriores (v. fs. 118/120 vta.).
En esa línea, reprochan arbitrariedad al tribunal a quo por no haber dirimido el caso en el marco de los antecedentes fácticos propios de la investigación, pues habiéndose iniciado con una denuncia anónima y llevando la supuesta "pesquisa" más de dos meses, tras la inicial intervención del Ministerio Público Fiscal, ella debió haberse regido por lo que dispone el ordenamiento procesal; sin embargo, continúan, en el legajo no hay constancia de ningún tipo de instrucciones de la UFI 16 de General San Martín al recibir la notificación de fs. 41, sino sólo de que el personal policial siguió operando por su cuenta, realizando supuestas "tareas de investigación" durante esos meses sin recibir ninguna indicación del fiscal u otra autoridad judicial, contexto en el que en definitiva se produjo la detención y requisa de los imputados.
Por ello, en el decir de los recurrentes, deviene claro que la detención llevada a cabo el 12 de marzo de 2008 es el resultado de la IPP que estaba en curso y no de un actuar prevencional que "...pretendió ser disimulado abriendo el sumario con las constancias de la detención de ese día y agregando luego las constancias materiales de la investigación en trámite. Pero el orden material de un sumario ni condiciona su lectura ni altera la secuencia cronológica de los hechos" (fs. 121); concluyen entonces, que no fueron actuaciones prevencionales, como se hizo constar en el acta ni existía la situación de urgencia invocada, dado que ya había dos meses de investigación, por lo que debió obrarse en el marco de la IPP en trámite, bajo la conducción del Ministerio Público Fiscal; y, además, la restricción que padecieron los imputados debió haber emanado de una actuación judicial, con intervención del juez de garantías competente (v. fs. 122).
De otro lado, aducen que la investigación sólo se apoya en los dichos del teniente Delavedua, lo que no satisface el requisito de "constancias irreprochables", exigido por la Corte federal en el caso "Peralta Cano", que citan junto con otros (v. fs. 122 y vta.).
Solicitaron que se declare nula el acta de procedimiento documentada a fs. 3/5 y lo obrado en consecuencia, en la inteligencia de que la invocación de las facultades excepcionales del art. 294 inc. 5 del Código Procesal Penal no tiene relación alguna con las contingencias de esta causa, en que el personal policial actuó sin haber procurado la obligatoria intervención judicial antes que fuera puesta en curso la aprehensión y requisa de los acusados Lattar y Maidana, reclamando por ende que ambos sean absueltos (v. fs. 124 y vta.).
II. En los siguientes tramos de la pieza recursiva, la defensa expone las razones por las que considera que la sentencia incurre en arbitrariedad al desestimar el agravio basado en la falta de congruencia entre el lugar de comisión de los ilícitos establecido en la acusación y el indicado en la sentencia; entendiendo que la cuestión fue rechazada mediante un análisis escueto del revisor, con la invocación de fallos que de haber sido aplicados al caso habrían conducido a la solución pretendida (v. fs. 128).
El mismo vicio atribuye al pronunciamiento recurrido con base en que se habría limitado a afirmar la ausencia de absurdo acerca de los hechos y la prueba de materialidad ilícita y la autoría de los aquí acusados, pese a que esa defensa había demostrado a lo largo del debate "...el interés particular que motivó la intervención de Delavedua en el plan de persecución gremial que sufrieron los imputados [...] por parte de la empresa 'COTELCAM'", con vulneración al debido proceso, derecho al recurso y principio de inocencia (v. fs. 129).
Por último, los presentantes denuncian la errónea aplicación de los arts. 5 y 11 de la ley 23.737, en función del art. 40 que reformó el art. 77 del Código Penal, y su decreto reglamentario (299/10) y la afectación del principio de legalidad (art. 18, Const. nac.), alegando que la casación eludió responder los concretos cuestionamientos formulados sobre el informe pericial y la tesis de las "dosis umbrales" a efectos de cuestionar uno de los requisitos típicos de la figura aplicada (v. fs. 138 vta./142).
III. Conforme quedó indicado en la relación de antecedentes, la vía recursiva en estudio fue admitida por la resolución firme de esta Corte de fs. 147/150 para el examen únicamente de los agravios de índole federal que la defensa denunciara involucrados.
Circunscripta así la materia cuyo examen compete a esta sede extraordinaria, entiendo que la impugnación debe prosperar, a diferencia de lo que dictamina la Procuración General (v. fs. 165/172 vta.).
III.1. El Tribunal de Casación desestimó similar planteo de la defensa sobre la existencia de defectos del procedimiento en inobservancia de garantías constitucionales emanadas de la Cartas Magna nacional y de su símil provincial, y por tanto, que correspondiera la anulación del veredicto.
Argumentó que la adecuación a la legalidad del procedimiento en examen había sido controlada por el juez garante y su superior, lo que abastecía la salvaguarda de las garantías durante el proceso y agotaba la vía recursiva, salvo supuestos de absurdo o arbitrariedad; con el recordatorio de lo sostenido en fallos de ese tribunal respecto de que el procedimiento estatuido por la ley 11.922 tiene su eje central en el debate plenario "...sobre el cual converge todo el accionar (lo anterior es meramente preparatorio), [por lo que] cabe concluir que la validez de los actos [...] no debe verse al tiempo de ser producidos sino al momento de ser introducido en lo que constituye el plenario oral" (fs. 81 y vta.).
Dicho ello, coligió que la actuación de la prevención policial lo había sido "...en el marco brindado por el art. 294 inc. 5 del C.P.P. siendo inmediatamente comunicada a la autoridad judicial (fs. 14 vta./15), atento a la visualización de maniobras compatibles con la venta de sustancias estupefacientes. Nada de esto rezuma la arbitrariedad alegada, por lo que cabe repulsar el ataque en el punto" (fs. 81 vta. y 82).
El modo en que fue abordada la cuestión impide considerar que se haya dado cabal cumplimiento con el derecho al recurso, pues la decisión del a quo comportó una fiscalización superficial -en lugar de un examen integral del fallo condenatorio- que, por ende, no satisface la garantía de la doble instancia en los términos delineados por la Corte federal en el precedente "Casal" tantas veces mencionado (Fallos: 328:3399).
Es que el rechazo en tales términos de este primer planteamiento, de eventual repercusión en el resultado del caso, determinó que la casación dejara sin analizar la cuestión federal puesta en entredicho a tenor de los antecedentes relatados de la investigación.
Incluso siendo el agravio de tal naturaleza, pues aun cuando para ello hay que incursionar en las circunstancias fácticas del caso, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que aunque éstas resulten extrañas a dicha instancia, si se encuentran de tal modo ligadas al planteo constitucional que resulta imposible su solución sin considerarlas, (Fallos: 308:733; e.o.) deben ser atendidas en el abordaje del reclamo que involucra la eventual infracción de garantías constitucionales. Así debió explicar si respecto del caso, estaba en cuestión la doctrina emergente del precedente "Peralta Cano" que se esgrime, entre otros planteos evidentemente eludidos.
III.2. Debe igualmente tenerse en cuenta que en el recurso de casación la defensa controvirtió, entre otros puntos, el mérito otorgado al testimonio del teniente Delavedua para cimentar la condena. A tal fin detalló a fs. 52 vta. y 53 las circunstancias concretas que, en su entender, contradecían la versión de los hechos por un lado, y la credibilidad de las observaciones del referido testigo, de otro; poniendo de relieve que el mencionado oficial dirigió la IPP, realizó en solitario todas las constataciones previas al día de los hechos, y de igual forma observó la presunta venta de estupefacientes al menor Omar, al que detuvo junto con sus defendidos auxiliado por sus dos subordinados, y recién allí procuró testigos para las requisas. En cuanto al mencionado menor recordó que expresamente había declarado en el juicio no haber visto a los imputados en su vida, ni adquirido drogas a camionetas ni usando medios telefónicos.
En función de todas las críticas formuladas en aquella ocasión -más amplias de las aquí reseñadas- los defensores concluyeron que el sentenciante de grado había prescindido de toda esa evidencia objetiva e independiente contraria a la acusación por considerarla "neutra", lo que revelaba la falta de aplicación al caso de las reglas de la lógica y de la razón, optando en cambio, "...por limitarse a sostener la versión autoreferencial de un único testigo e ignorar el resto de las constancias que lo contradigan o pongan en crisis" (fs. 53 y vta.).
Tal como sostiene la defensa, en este punto tampoco se cumplió con la función revisora asignada a la instancia intermedia, pues para concluir válidamente que las determinaciones de la sentencia originaria no resultaban inconciliables con las constancias objetivas de la causa, debió efectuarse un juicio crítico que incluyera alguna definición respecto de aquellas que según la parte permitían descartar la condena.
Sin embargo, más allá de expresar su acuerdo general con el valor cargoso atribuido por su antecesor a los testimonios ponderados, la casación no hizo referencia concreta alguna a la discusión propuesta por la defensa acerca de las probanzas que contradecían la tesis acusatoria; por tanto, la postulación final de haberse optado por "la hipótesis más racional" carece del necesario respaldo argumental fáctico y jurídico que permita sostenerla.
Lo que se lleva expuesto deja en evidencia que el a quo no agotó su esfuerzo de revisar todo lo que puede ser revisado ni se avocó a tratar las cuestiones planteadas por la parte, esto es, a determinar la validez de la construcción de la sentencia del tribunal oral y sus fundamentos ("Casal", cons. 35° del voto de la mayoría).
Asimismo, si bien consideró que respecto de la prueba testimonial corresponde examinar "...los intereses, objetivos y creencias que pueden teñir y transformar la verdad en algo subalterno y sometido a las conveniencias personales e intereses del deponente", luego sostuvo que esa tarea excedía el marco revisor de los jueces de casación, pues no estando presentes en la audiencia, se hallaban "...impedido[s] de evaluar elementos gravitantes en la apreciación de los testigos" (fs. 87 vta.).
El razonamiento expresado magnifica lo que es puro producto de la inmediación, materia a determinar en cada caso; con ser cierto que respecto de la prueba de testigos, lo no controlable es la impresión personal que ellos pueden causar en el tribunal, de la cual debe dar cuenta circunstanciada si pretende que se la tenga como elemento fundante válido, a este respecto también el Tribunal de Casación puede revisar criterios, conforme lo resuelto por la Corte federal en el considerando 25° del voto mayoritario del precedente aludido.
Además que de acuerdo con lo allí sostenido en el considerando 28° siguiente, "...en materia de prueba, la casación debe entender en todos los casos valorando tanto si se ha aplicado la sana crítica, como si sus principios se aplicaron correctamente", perspectiva que en lo que atañe al presente caso fue específicamente puesta en jaque por la defensa.
IV. Por las razones hasta aquí vertidas, más allá de lo que se resuelva sobre el fondo del asunto, corresponde dejar sin efecto la sentencia impugnada y reenviar los autos a la instancia anterior para que el tribunal, debidamente integrado, dé adecuado tratamiento a los agravios que se le sometieron en el recurso de casación, lo que determina la innecesariedad de abordar en esta instancia los restantes planteos formulados (arts. 481 y 496, CPP).
V. Con relación a la regulación de honorarios y conforme los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, si bien debe diferirse la regulación, debe señalarse que resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8.904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I. 73.016, resol. de 8-XI-2017).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Soria , de Lázzari y Negri , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario interpuesto, se revoca la sentencia impugnada y en consecuencia, se reenvía la causa al tribunal intermedio para que -debidamente integrado por jueces hábiles- se brinde debido tratamiento a los planteos de la defensa, conforme lo indicado en la presente (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Difiérese para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31 segundo párrafo, dec. ley 8.904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia